México, atractivo minero mundial, rebasa las inversiones internacionales cada año. Sus activos generan casi 14 mil millones de dólares anualmente para las grandes compañías nacionales y extranjeras, pero las ganancias para el país apenas superan 1%, con concesiones en una cuarta parte del territorio nacional.

Símbolo de “desarrollo centenario” en México, el sector minero supera las expectativas económicas de inversionistas. Con casi 14 mil millones de dólares, como valor de producción, rebasa las cifras del sector turístico en el país y se coloca a la delantera de este último, que ocupaba el segundo lugar de importancia en la generación de recursos.

No obstante, las cifras millonarias que deja el sector a sus compañías, el cobro por concesiones mineras que hace el gobierno federal a grandes empresas nacionales y extranjeras es pírrico. Apenas en marzo pasado,  la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dictaminó que el cobro es “simbólico”, pues de los 552 mil millones de pesos obtenidos entre 2005 y 2010, pagaron al país “derechos” por seis mil 500 millones. Es decir, sólo ingresó al erario el 1.18%.

A ello se suma que los cálculos elaborados con padrones de la Dirección General de Minas, dependiente de la Secretaría de Economía, revelan que más de la cuarta parte del país está concesionada a trasnacionales, encargadas de explorar y explotar oro y plata, principalmente. Éstas tienen derechos sobre 51 millones 994 mil 312.7 hectáreas, otorgadas en los gobiernos panistas de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa.

Transnacionales canadienses son las principales beneficiarias. Como en la época de la Colonia, la explotación del oro y la plata es el principal objetivo de las empresas extranjeras, indican documentos de la Secretaría de Economía, que encabeza Bruno Ferrari García de Alba.

Bonanza minera

El Informe anual 2011. Industria minera, sinónimo de crecimiento, de la Cámara Minera de México (Camimex), indica que en 2010 el valor de la producción ascendió a 13 mil 900 millones de dólares, aproximadamente 176 mil 113 millones de pesos (de acuerdo con el tipo de cambio al 28 de marzo de 2012, que es de 12.67 pesos).

La Camimex reporta que por tercer año consecutivo la minería se encuentra entre los sectores más importantes. Supera en dos mil 25 millones de dólares al turismo, que en años anteriores ocupaba el segundo lugar con 11 mil 875 millones de dólares y antecedido por la producción de Petróleos Mexicanos.

Datos de la Cámara Minera, presidida por Manuel Francisco Luévanos Sánchez, indican que 2010 fue un año en el que nuevas compañías se adhirieron al mercado.

En ese año se dio la apertura de ocho unidades mineras “entre las que destacan la entrada en producción comercial en enero, de la mina de oro Soledad–Dipolos, en Sonora, y Peñasquito, en Zacatecas, que en septiembre inició la producción comercial de oro, plata, zinc y plomo, operaciones que contribuirán a mantener la primera posición mundial de producción de plata para el país, y esta última que incrementará en 50% la producción anual de zinc.

“Asimismo, la empresa Mexichem inició en marzo, actividades en su mina de azufre en Jáltipan, Veracruz. Para julio, Gold Resources Inc comenzó la producción en la mina de oro y plata El Águila, en Oaxaca. En el último cuatrimestre del año, la mina Santa Elena, en Sonora, inició la producción de oro y plata, y Agnico Eagle fundió su primera barra doré, proveniente de la mina Crestón Mascota, en Chihuahua”, indica el informe anual 2011 de la Camimex.

Oro, principal objetivo

El reporte de la organización minera demuestra que el oro se ha convertido en el principal objetivo de inversión a nivel mundial. En 2010, por segundo año consecutivo, América Latina volvió a ser la región más atractiva en exploración, al recibir 27% del monto total.

México avanzó dos posiciones al colocarse en el cuarto destino más atractivo en el mundo y el primero en Latinoamérica para las inversiones de exploración minera, superado únicamente por Canadá, Australia y Estados Unidos.

De acuerdo con el Metals Economics Group, México atrajo 6% de la inversión mundial, lo que equivale a 641 millones de dólares. Del total de capital de riesgo invertido en exploración, 51% se orienta a la búsqueda de yacimientos de oro y sólo 33% a la exploración de metales base.

La predilección por el oro se mantiene desde 2003, debido al constante incremento del precio internacional. Sin embargo, durante 2010 la plata resultó ser más rentable que el metal precioso. La cotización promedio del oro anual se incrementó 25.9%, entre 2009 y 2010, mientras que el precio de la plata creció 37.6%, en ese periodo. La empresa canadiense Goldcorp Inc se consolidó como la mayor productora de ese metal noble en México, indica la Camimex.

Cuotas simbólicas

En México, las compañías dedicadas a la extracción de minerales no pagan al gobierno por el valor de los recursos extraídos, sino por hectárea concesionada. Las cuotas estipuladas van de 5 a 111 pesos semestrales, por cada hectárea.

Esta situación ha motivado iniciativas para reformar la Ley Federal de Derechos, que establece los montos de cobranza. Sin embargo, éstas permanecen en la congeladora de la Cámara de Diputados.

El informe de la ASF, correspondiente al ejercicio fiscal 2010, precisa que los pagos por explotación y exploración de minas son “simbólicos” y “contrastan” con el valor de los recursos extraídos del territorio nacional.

En el último año de gobierno de Vicente Fox (periodo analizado en la Cuenta Pública 2010) y en cuatro años de la administración calderonista, sólo se aportó poco más del 1% de los beneficios obtenidos por las compañías.

La Auditoría Superior de la Federación, cuyo titular es Juan Manuel Portal, indica que el valor de la producción en ese lustro ascendió a 552 mil 422 millones 429 mil 300 pesos, y el de los derechos cobrados a seis mil 543 millones 417 mil 400, los cuales equivalieron a 1.2% de la producción.

Canadienses acaparan al sector

Los dos últimos informes elaborados por la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía revelan que empresas de origen canadiense son las que acaparan las concesiones para la exploración, explotación y producción en minas mexicanas.

Los reportes oficiales revelan que en 2010 se encontraban en México 187 compañías de origen canadiense en la búsqueda de oro y plata (este último metal precioso ha colocado al país en el primer lugar de producción a nivel mundial). Secundan firmas estadounidenses en la búsqueda de la riqueza minera; seguidas por las originarias de Australia, Reino Unido, India, Japón, Corea, Luxemburgo, Perú y Chile.

El año pasado, la Secretaría de Economía indicó que existían 293 empresas con capital extranjero operando en México, ”las cuales manejan un portafolio de 808 proyectos en total” (esto durante el periodo fiscal 2011).

Del total de empresas con capital extranjero que operan en el país, 213 tienen sus oficinas centrales en Canadá; 45, en Estados Unidos; ocho, en la República Popular China; cinco, en Australia; cuatro, en Inglaterra; al igual que en Japón y Corea del Sur; y dos, en India y Perú. Y una en Luxemburgo, Chile, Italia, Bélgica, España y Holanda, respectivamente, indican las estadísticas sobre exploración minera, octubre de 2011.

Mario Di Costanzo Armenta, integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, opina que el “acaparamiento de las concesiones mineras en manos de trasnacionales es una absoluta pérdida de soberanía. Además de que no cumplen con las condiciones mínimas para que sus mineros desempeñen sus trabajos”.

El diputado priísta Guillermo Raúl Ruiz de Teresa, integrante de la Comisión de Economía, opina que no hay que “satanizar” a las transnacionales que han obtenido concesiones. “No hay que decir que son un demonio las empresas extranjeras; lo que debemos de tener es un esquema de regulación que permita que empresas extranjeras o mexicanas cumplan con todos los requisitos.

“Tenemos que preocuparnos por establecer los márgenes en los que se puedan manejar las empresas, no se trata de hacernos víctimas porque son extranjeros. Lo que debemos de hacer como diputados es modificar la ley que permite esto. Si cualquier empresa, mexicana o extranjera, se aprovecha de los empleados, no paga los suficientes impuestos, hace un uso mayor del que puede hacer de la mina a la que tiene derecho, el gobierno federal tendrá que actuar en contra de ello, pero no por su nacionalidad, sino porque cumplan o no con las leyes mexicanas”.

MINEROS

En nueve meses de operaciones, la Secretaría de Economía palomea más de 1,100 títulos de concesión para la explotación y exploración de minas. Los listados de la dependencia colocan a Industrias Peñoles como la de más proyectos aprobados en 2010. En tanto, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha tenido elevar en 72% el número de inspectores en la región carbonífera del país debido a la falta de condiciones laborales en las que están los trabajadores de esta industria

La Secretaría de Economía autorizó en 2010 más de 1,100 concesiones para la explotación de minas en México. Los trabajos estarán a cargo de multinacionales que podrán extraer oro, plata, cobre, hierro, zinc y carbón hasta 2060. La lista de concesiones es encabezada por la líder en la producción de plata, Industrias Peñoles, a través de una de sus subsidiarias.

En 2009, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y organizaciones civiles documentaron la falta de garantías laborales, por lo menos en la industria dedicada a la extracción de carbón en el norte del país, por lo que el gobierno federal ascendió en 72% el número de inspectores.

Listados de la Dirección General de Minas, dependiente de la Secretaría de Economía, arrojan que de enero a septiembre del año pasado, fueron aprobadas 1,112 concesiones para la exploración y explotación de minerales.

Los Títulos de concesión minera, expedidos durante 2010, muestran que Exploraciones Mineras Parreña, subsidiaria Industrias Peñoles, fue la que más títulos acreditó, al llegar a 47; le sigue Minera de Cordilleras, con 28; así como Invesmin San Miguel, que obtuvo 21. Todas, con vigencia de vencimiento hasta agosto de 2060.

La supervisión

En 2009, la STPS a cargo de Javier Lozano Alarcón documentó, a través de 30 actas de inspección de seguridad e higiene, que por lo menos en la zona carbonera del país “ningún” trabajador está a salvo: peligra su integridad y su vida. En 17 de ellas, la dependencia ordenó la suspensión de labores; no obstante, la extracción del mineral continúa. Los expedientes se encuentran en poder de la Secretaría de Gobernación para su análisis.

Según el informe Fortalecimiento de la inspección federal en seguridad y salud en el trabajo, para la región carbonífera, la STPS advierte que ha detectado “596 violaciones directas en materia de seguridad e higiene” en la zona Norte del país.

Entre las más relevantes, destacan que “no cuenta con constancia que acredite que el patrón promovió la integración de la comisión de reglamento interior de trabajo; se laboran más de nueve horas extras a la semana; no cuentan con comprobantes de fomento a las actividades deportivas y culturales. Las empresas que cuentan con más de 100 trabajadores no les otorgan becas, tampoco a sus hijos.

Además, la información oficial revela que, de las empresas revisadas, se encontró que hay “contratos de trabajo a prueba por 28 días sin la firma del patrón. Contratos individuales no cuentan con cláusula de capacitación y adiestramiento; no cuentan con lista de constancias de habilidades laborales y no cuentan con comisión mixta y cuadro de antigüedades”.

Suben inspecciones

El Cuarto informe de labores de la STPS, publicado en septiembre de 2010, destaca la necesidad de aumentar el número de inspectores en materia de previsión social, específicamente en el rubro de normatividad de inspección.

El documento indica que, actualmente, se cuenta “por primera vez con una Norma Oficial Mexicana en seguridad para minas subterráneas de carbón, lo que ha permitido realizar 88 inspecciones en esa materia, en 28 centros de trabajo, beneficiándose a más de 2 mil trabajadores”.

Asimismo, dice, “con el objetivo de vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral, en lo que va de la actual administración se ha incrementado el número de inspectores federales del trabajo de 218 a 376, un aumento de 72%”.

Se solicitó entrevista con el titular de la STPS, Javier Lozano Alarcón, a través de Daniel Lee, jefe de Información de la dependencia. Al cierre de esta edición, no hubo respuesta.

La industria

El Informe anual 2010, de la Cámara Minera de México, indica que la industria minera es la cuarta en importancia para la economía del país, después de la producción petrolera, las remesas y el sector turístico.

Durante 2009, el valor de la producción minerometalúrgica fue de 9 mil 616 millones de dólares; representó, en ese año, el 1.6% del producto interno bruto, según la organización que encabeza el productor de cobre Manuel Luévanos Sánchez.

Luévanos Sánchez indica, en su informe, que “luego de siete años de vigoroso crecimiento, se registró una contracción anual de 8% respecto de los resultados de 2008, provocada por la recesión económica global, pero también por la falta de las reformas fiscal y laboral, así como la aplicación de precios de mercado en los energéticos”.

Las más beneficiadas

Fuente: Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía

TABLA 2

Dirección de control documental, informática y estadística

Resumen de la producción minera por entidad y municipio 2008

Principales Productos

Fuente: Dirección General de Minas

Las finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social se encuentran bajo presión. Además, el desempleo y la escasa afiliación de los trabajadores por parte de las empresas deterioran aún más la salud financiera del organismo tripartita.

El gobierno federal debe incrementar el porcentaje de aportaciones contempladas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para que la viabilidad del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se sostenga por más tiempo.

Entre los gastos más representativos para la institución, se encuentra el pasivo por concepto de jubilaciones y pensiones, que debe responder a más de 190 mil extrabajadores.

José Luis de la Cruz, director del Centro de Investigación en Economía y Negocios del Tecnológico de Monterrey, explica que el Seguro Social “tiene fuertemente comprometidas sus finanzas por el problema de las pensiones y los altos costos operativos que tiene esta prestación”.

A principios de noviembre, el director general del IMSS, Daniel Karam, advirtió, en el marco de la 101 Asamblea General del organismo tripartita, que sí se quería dotar de viabilidad y larga vida al organismo se necesitaban reformas de mayor alcance.

En ese momento, Karam encendió la señal de alerta y aseguró que el IMSS vivía la situación más delicada de toda su historia porque el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los propios trabajadores contratados antes de 2008 implicaba una presión financiera equivalente a 11 puntos porcentuales del PIB.

Aún más, advirtió que el déficit proyectado equivalía a más de 45 punto del PIB con un gran riesgo real de insolvencia. Así, de no aplicarse cambios en el sistema en el corto plazo, la institución vería comprometida su capacidad de atender las necesidades de servicio de los derechohabientes.

La alarma se activó y los legisladores solicitaron la comparecencia del funcionario pero no se anunciaron medidas para resolver el problema estructural que enfrenta el IMSS.

La propia estructura de gastos, dice De la Cruz, no se encuentra equilibrada con ingresos que se generan por parte de los trabajadores afiliados y de las aportaciones de las empresas. Lo anterior, porque, en los últimos lustros, el número de afiliados a la institución no ha crecido de manera significativa como consecuencia de los problemas económicos del país.

Según datos de la Encuesta nacional de ocupación y empleo, el 45.7 por ciento de trabajadores que debe estar afiliado no lo está, y ello es uno de los mayores retos.

El texto La salud financiera del IMSS requiere cirugía mayor, escrito por Javier Moreno Padilla, especialista en relaciones industriales de la Universidad Iberoamericana, dice que, “por desgracia, para toda la población protegida en el Instituto, el gobierno federal aporta una cantidad inferior a los subsidios que entrega a los estados para el Seguro Popular; de suerte que ello es un aliciente perverso para la no inscripción de un segmento no indigente, que debería contribuir a la seguridad social y que se asimila a los sectores marginados”.

La estructura de gastos del IMSS no se encuentra equilibrada, pues en los últimos años el número de afiliados a la institución no ha crecido de manera significativa, esto a consecuencia de los problemas económicos del país.

Jubilados y pensionados

El Informe al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión sobre la situación financiera y los riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social 2009-2010, de la misma institución, dice que la nómina institucional del IMSS muestra que, a diciembre del año pasado, se registraban 190 mil 483 jubilados y pensionados. De éstos, 189 mil 57 ya habían hecho válida su prestación y 1 mil 426 trabajadores estaban por cumplir los requisitos para tener derecho a una pensión.

De los más de 190 mil jubilados y pensionados, resalta el Informe, el 89.1 por ciento corresponde a “pensionados directos” con una edad promedio de 60.5 años y una cuantía promedio mensual completa de 12.2 veces el Salario Mínimo General Vigente del Distrito Federal, a diciembre de 2009.

Un pensionado de más de 60 años recibe alrededor de 700 pesos al mes.

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos indica que, a esa fecha, la paga por día de un salario mínimo se encontraba en 54.80 pesos. Es decir, un pensionado de más de 60 años obtenía 668.56 cada 30 días. A la fecha, esa cantidad se eleva apenas a 701 pesos, según cálculos basados en los informes de la misma institución de seguridad social.

El 10.9 por ciento de los pensionados beneficiarios tienen una edad promedio de 54.9 años. Su cuantía promedio mensual completa es de 5.2 veces el salario mínimo. Las cifras oficiales muestran que un sujeto obtiene actualmente 298 pesos.

Con un universo superior a los 190 mil pensionados, las mujeres que han obtenido este beneficio a través del IMSS cuantifican 130 mil 290, el 68.4 por ciento. Cada una de ellas obtiene, aproximadamente, 614 pesos al mes. Esta cantidad se puede “elevar” a 712 pesos.

Respecto del 31.6 por ciento de los pensionados hombres, éstos tienen en promedio una pensión mensual completa de 746.98 pesos, que llega a ser de 14.5 veces (833.17 pesos) para los pensionados por jubilación o por edad.

El director del Centro de Investigación en Economía y Negocios del Tecnológico de Monterrey, José Luis de la Cruz, indica que la situación del IMSS se viene configurando en el transcurso de los últimos 20 años: “No es una sorpresa que pareciera que hay una mala gestión administrativa; no se planificó de manera adecuada lo que iba a ser el crecimiento de este gasto de operación”.

El especialista en economía del Tecnológico de Monterrey dice que “tiene que quedar muy claro el sistema de finanzas del IMSS, en aras de plantear cuáles han sido los errores y descuidos en el manejo administrativo. Debe hacerse cumplir la ley en el sentido que todos los trabajadores que están trabajando en México tengan una cobertura social y que, en este sentido, sus contribuciones inyecten nueva liquidez.

En el tema de manejo de pensiones, “el gobierno federal debe asumir el costo de las mismas. Esto, como resultado de que no se generó una estrategia financiera viable para manejar el manejo (sic) de pago de pensiones actualmente”.

Tabasco, Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Campeche son las entidades con mayor grado de marginación más apoyadas por Financiera Rural, dice Javier Warman, director General Adjunto de la institución crediticia, frente a las observaciones hechas por la ASF, en las que destaca la falta de democratización en la distribución del los préstamos para este sector.

La concentración de los créditos financieros en el Noreste del país se debe a que en esta zona se concentra la mayor parte de las actividades productivas del país. También, a que Financiera Rural ha tenido que ser más cautelosa con la aprobación de préstamos para financiar las actividades agropecuarias y pesqueras, dice en entrevista con Fortuna Javier Warman Diamant, director General Adjunto de la institución.

Y es que en el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), destacó que Sinaloa, Jalisco, Sonora, Chihuahua y Guanajuato son los estados que más créditos obtuvieron en 2008 a través de la entidad financiera. Los mismos acapararon más del 48% de los préstamos.

El director adjunto de Financiera Rural dice ante las observaciones del máximo órgano de fiscalización del país: “Tenemos una cartera concentrada en los estados porque la mayor parte de la actividad económica del país se desarrolla ahí. Desde el nacimiento de la financiera se han establecido una serie de medidas para incrementar el financiamiento en aquellos de mayor marginación, que se encuentran en el Sur.

“El país está dividido en muchos aspectos: sociales, económicos, de infraestructura entre Norte y Sur, lo mismo sucede aquí (con la aprobación de financiamiento). Por ende, son los que presentan una cartera menor”.

Sin embargo, agrega, que Financiera es la que mayores operaciones ha registrado en los estados más pobres del país, en comparación con otras instancias gubernamentales y privadas que financian el sector agroalimentario.

• Financiera Rural es la que mayores operaciones ha registrado en los estados más pobres del país, en comparación con otras instancias gubernamentales y privadas que financian el sector agroalimentario.
• La distribución del financiamiento que hizo FinRural en 2009 se concentró en las actividades agrícolas, no así en las ganaderas.
• Oaxaca es el que más porcentaje en créditos se aprobó, con 40.2% de la Financiera, 10.3% de los FIRA, y 3.1% de la banca comercial.
• El comercio agropecuario y pesquero del país pasó de 9 mil 577 millones de dólares a 15 mil 377 millones de dólares en nueve años.

La distribución del financiamiento

Del informe anual 2009, se desprende que Financiera Rural colocó recursos por 25 mil millones 41 mil 400 pesos. De éstos, Sinaloa fue el más beneficiado, con el 14.3%; Jalisco, 11%; Sonora, 7.8; Chihuahua, 7.6, y Guanajuato, 5.2%.

“Esta colocación representa un incremento del 5.7% respecto de 2008, que fue de 23 mil millones 696 mil 800 pesos”, indica el documento. “El crecimiento de la dispersión de recursos de Financiera Rural ha mantenido una tendencia creciente, situación que se ha traducido en recursos oportunos para el sector rural del país”, indica la institución.

Además, expone que la distribución del financiamiento se distribuyó de la siguiente manera: 10 mil millones 391 mil 600 pesos para actividades agrícolas; 6 mil millones 790 mil 400 pesos en créditos destinados a servicios; 3 mil millones 655 mil 400 pesos, en actividades comerciales; 1 mil 778 millones 400 mil pesos, en ganaderas, y 2 mil 425 millones 500 mil pesos, en otras actividades del sector rural.

No obstante, las organizaciones campesinas e investigadores de la materia indican que hace falta “democratizar” los préstamos en el sector, ya que los pequeños productores no cuentan con suficiente acceso al crédito, los insumos, los mercados y la tecnología adecuada (Fortuna 93).

“Ahora es más difícil porque, efectivamente, antes estas mismas organizaciones no pagaban el crédito y ahora lo tienen que hacer”, dice Warman Diamant. Añade que esto es consecuencia de que “en México existe mucho la cultura del no pago” y en el sector agropecuario no es la excepción.

Las observaciones

El 15 de octubre pasado, Fortuna hizo públicas las observaciones hechas por la ASF en las que destacó que Querétaro, Colima, Baja California Sur, Quintana Roo y Aguascalientes fueron los estados que menos montos crediticios obtuvieron, al alcanzar apenas el 2.5% de los préstamos financieros.

A partir de esta administración, dice, se llevan a cabo más acciones en el Sur por dos vías: una, la diversificación de los mecanismos de financiamiento a través “intermediarios financieros”, y dos, de la creación de sinergias con otras instancias de gobierno que también nos ayuden a entrar más en estos sectores.

Información institucional muestra que Tabasco, Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Campeche son los estados que han sido más apoyados por la Financiera, comparado con los préstamos otorgados por los cuatro fideicomisos constituidos por el gobierno federal en el Banco de México, concentrados en los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) y la banca comercial.

Tabasco concentró el 51.3% de la participación de Financiera Rural en el sector primario, en tanto que a través de los FIRA se le asignó el 8.1%.

Del llamado triángulo de la miseria, Oaxaca es el que más porcentaje en créditos se aprobó, con 40.2% de la Financiera, 10.3% de los FIRA, y 3.1% de la banca comercial. Le sigue Guerrero, con 36. 5%; 9 y 14.3% en el mismo orden.

Chiapas ocupa el cuarto escaño en la distribución del financiamiento, con el 33.1%, asignado por Financiera Rural; 9% de los FIRA y 17.4% de la iniciativa privada. Campeche cierra el renglón de los primeros cinco con 32.1%; 11.3% y 5.8%, respectivamente.

Altas y bajas de la balanza comercial

El documento El principal recurso de México, nuestra gente. Informe anual 2009, de Financiera Rural, muestra la caída de la balanza comercial agropecuaria en el porcentaje de las operaciones. No obstante, las autoridades financieras resaltan un incremento monetario del 60%, de 2000 al ejercicio fiscal pasado.

Las importaciones de alimentos fueron las principales promotoras del crecimiento económico. El comercio agropecuario y pesquero del país pasó de 9 mil 577 millones de dólares a 15 mil 377 millones de dólares en nueve años.

Según el informe oficial, la tasa media anual de crecimiento (TMAC) indica que las importaciones ?en el periodo mencionado? fueron del 6.2%, mientras que las exportaciones mantuvieron el índice del 5.1%. “Éstas son menores a las obtenidas al cierre de 2008, de 10.3% de las importaciones y 5.8% en las exportaciones”.

La baja en la TMAC, explica, es efecto de la crisis internacional, que impactó la demanda interna de nuestro principal destino de exportaciones, Estados Unidos, y que repercutió en la propia demanda doméstica, lo que disminuyó las importaciones agropecuarias y pesqueras. “El déficit de la balanza comercial del sector disminuyó de un saldo de 3 mil 687 millones de dólares en 2008 a un saldo negativo de 762 millones de dólares en 2009”, expone Financiera Rural.

Sinaloa, Jalisco, Sonora, Chihuahua y Guanajuato son los estados que más créditos obtuvieron en 2008 a través de la Financiera Rural. La zona Norte del país alcanzó la cifra de 11 mil 467 millones 614 mil pesos, lo que significa más del 48 % de los préstamos.

Cinco estados del país acaparan casi el 50% de los créditos autorizados por la Financiera Rural. Ubicados como entidades productivas, Sinaloa, Jalisco, Sonora, Chihuahua y Guanajuato obtuvieron 11 mil 467 millones 614 mil pesos de los más de 23 mil millones autorizados en 2008, revela la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La auditoría de desempeño que se hizo al Otorgamiento de Apoyos y Servicios Financieros al Sector Rural documenta que, contrario a las operaciones autorizadas a los estados del Norte del país, Querétaro, Colima, Baja California Sur, Quintana Roo y Aguascalientes fueron las que menos montos crediticios obtuvieron, al alcanzar apenas el 2.5 % de los préstamos financieros.

En el capítulo “Economía Competitiva y Generadora de Empleos”, del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, se establece como objetivo: “Democratizar el sistema financiero sin poner en riesgo la solvencia del sistema en su conjunto, fortaleciendo el papel del sector como detonador del crecimiento, la equidad y el desarrollo de la economía nacional”.

El Plan ordena como estrategia: “Promover la competencia en el sector financiero a través de la entrada de nuevos participantes, y la promoción de una mayor diversidad de productos, vehículos y servicios financieros”.

Carlos Rodríguez Wallenius, coordinador del posgrado en desarrollo rural de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco (UAM), dice que la reforma del sistema financiero que se llevó en México a finales de la década de 1980 resultó ser la paradoja de la modernización del sistema financiero rural.

El investigador de la UAM explica que los objetivos planteados en dicha reforma fueron: diferenciar claramente lo que es el crédito de los apoyos subsidiados con el fin de sanear y hacer transparente el financiamiento rural. Luego, precisar el universo de acción de las distintas instancias responsables de ofrecer recursos financieros al campo; dejar la definición de las tasas de interés al mercado; operar los créditos mediante la banca de segundo piso, y promover nuevas intermediarios financieros no bancarios, uniones de crédito y sociedades de ahorro.

Disparidad crediticia

Los datos presentados al máximo órgano fiscalizador por parte de Financiera Rural ?a través del oficio DG/DECI/317/2009, del 27 de octubre de 2009? indican que, en 2008, se realizaron 44 mil 560 operaciones de crédito, que significaron un importe total de 23 mil 698 millones 802 mil pesos, otorgados a intermediarios financieros rurales y productores rurales de las 31 entidades federativas del país.

Sinaloa fue la entidad con mayor financiamiento en el país, al autorizar 7 mil 426 operaciones, que significan una deuda de 3 mil 378 millones 135 mil pesos con la financiera.

Respecto del monto aprobado, le sigue Jalisco, con 3 mil 61 millones 341 mil pesos. Sin embargo, este estado se encuentra hasta el cuarto lugar de los que más operaciones realizaron, con 3 mil 752.

El tercer lugar en importancia de los recursos prestados lo ocupa Sonora, con 1 mil 800 millones 703 mil pesos. La información de Financiera Rural muestra que el estado del Norte no ocupa la misma posición en el número de operaciones que realizó ese año, al contabilizar 1 mil 692, que lo coloca hasta la sexta posición.

Chihuahua, la segunda entidad con más operaciones ?5 mil 226? es el cuarto en la lista con un importe de 1 mil 754 millones 803 mil pesos. Mientras, Guanajuato (el quinto más beneficiado con préstamos de Financiera Rural) obtuvo 1 mil 472 millones 630 mil pesos por 2 mil 102 operaciones, que lo hacen el séptimo en actividad crediticia.

Además, la ASF identificó que sólo el 25.7% (1 mil 540 operaciones) se ubicaron en los municipios de alta y muy alta marginación, contrario a los que más recursos tienen, en donde se dispersaron el 74.3 % de los créditos, con 4 mil 448.

Operaciones

El libro Subsidios para la desigualdad. Las políticas públicas del maíz en México a partir del libre comercio ?coordinado por Jonathan Fox y Libby Haight, investigadores de la Universidad de California, Santa Cruz? indica que los productores agrícolas a pequeña escala no cuentan con suficiente acceso al crédito, los insumos, los mercados y la tecnología adecuada agroecológicamente como para aumentar su productividad y generar más empleo. No obstante, el 63% del empleo agrícola en México sigue encontrándose en granjas de menos de 5 hectáreas, de acuerdo con el Censo agrícola 2007.

Caída del crédito

El Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008 revela, también, una caída del 70.4% de las colocaciones crediticias de 2004 a 2008, al pasar de 150 mil 485 a 44 mil 560, respectivamente.

No obstante, los recursos colocados se incrementaron en 104.1%, al pasar de 11 mil 613 millones 862 mil pesos a 23 mil 698 millones 802 mil pesos en el mismo periodo.

Al inicio de operaciones de la institución bancaria, el importe comprometido con los sujetos a crédito se incrementaba respecto del número de operaciones. Así ocurrió en 2005, cuando se aprobaron préstamos por 15 millones 67 mil 70 pesos, con 176 mil 921 movimientos financieros.

La caída de las operaciones se observó en 2006, cuando por 15 mil 155 millones 997 mil pesos se registraron 58 mil 578. Es decir, hubo 118 mil 343 operaciones menos, que representan una disminución del 66.89% por más recursos comprometidos.

Lo mismo ocurrió al año siguiente, con 18 mil 176 millones 560 mil pesos por 50 mil 679 movimientos; lo que significa 7 mil 899 menos que un año antes y un incremento financiero de 3 mil 20 millones 563 mil pesos, con respecto de 2006.

Según los promotores de la reforma, dice Rodríguez Wallenius, “con la liberalización del mercado de dinero en el sector rural se lograría una asignación más eficiente del ahorro, se ampliaría la disponibilidad de recursos para financiar el desarrollo rural, se alcanzaría una mejor inversión y se tendría una menor disponibilidad de crédito a menores costos. Sin embrago, a 20 años de la reforma, esto no ha sido así y ha resultado falso”.

“Si analizamos los créditos, confirmamos esta tendencia y podemos ver que entre 2000 y 2008 solamente Sinaloa y Sonora captaron el 30% del crédito que le había otorgado la Financiera Rural, mientras que Chiapas, Guerrero, Oaxaca, el 6% en promedio cada año.

“El desmantelamiento de Banrural y la creación de Financiera Rural en realidad significó la puesta en marcha a privilegiar la rentabilidad e ineficiencia; por eso, al igual que la banca comercial, una buena parte del capital de Financiera Rural está colocada en inversiones en valores y no en cartera de crédito.”

Distribución de los créditos otorgados por financiera rural, 2008

(número de operaciones / miles de pesos)

Fuente: Auditoría Superior de la Federación

Distribución de los créditos otorgados por vez primera a los acreditados de Financiera Rural, por tipo de productor y grado de marginación, 2008 (miles de pesos)

Fuente: Auditoría Superior de la Federación; base de datos de Financiera Rural al 27 de octubre de 2009

Créditos asignados en 2008 (miles de pesos)

Colocaciones crediticias y monto de recursos otorgados por financiera rural, 2004-2008 (miles de pesos)

Fuente: Auditoría Superior de la Federación

Las Leyes de Adquisiciones y de Obras Públicas, modificadas en mayo del año pasado, siguen sin reglamentar. En un país que se registra con los más altos índices de corrupción en el mundo, urgen las directrices que garanticen la inalterabilidad de las compras y las inversiones de infraestructuras gubernamentales, indica experto

A siete meses de que se reformaran las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, continúan pendientes los reglamentos que permitirán garantizar la inalterabilidad de las compras gubernamentales.

Roberto Hernández García, presidente del Comité Anticorrupción de la Cámara de Comercio Internacional Capítulo México, dice, en entrevista con Fortuna, que la Secretaría de la Función Pública (SFP) debe apresurar la aplicación de herramientas que brinden certeza legal a todas las medidas adoptadas para transparentar el uso del dinero del erario.

Autor del libro Contratación pública internacional, una guía a las mejores prácticas (International, public procurement: a guide to best practice), Hernández García asegura que mientras la reglamentación no exista, no se podrán instrumentar muchas de las prácticas relacionadas con las licitaciones públicas, como por ejemplo, los medios de solución de controversias.

De acuerdo con la misma ley de Adquisiciones, la SFP está encargada de “establecer las directrices conforme a las cuales se determinarán los perfiles de puesto de los servidores públicos correspondientes en materia de contrataciones públicas”, indica su artículo siete.

La reglamentación de estas reformas, precisa Rodríguez García, es indispensable porque la contratación pública, que implica el uso de los recursos de los contribuyentes, está en manos del Estado.

En consecuencia, dice el exasesor de la Organización de las Naciones Unidas en materia de derecho mercantil, “es importante una guía en el caso mexicano, porque entre menos recursos tenga un país, es necesario que se manejen de forma adecuada, que no estén mal aplicados o no se dediquen a los objetivos que se deben de cumplir y se deben de perseguir”.

El abogado enfatiza que es “a través de las contrataciones públicas, licitaciones, concursos, adquisiciones y obra pública, que los gobiernos compran todo aquello que necesitan para su funcionamiento y para el cumplimiento de su labor”.

Corrupción en México

Los índices internacionales que miden la corrupción en el mundo han ubicado, “lamentablemente”, a México en una posición desfavorable, añade el experto en derecho mercantil. “Pensamos que por ello, instrumentos como la Guía (publicada bajo el sello internacional de Globe Law and Busines) sirven para que la gente se concientice de la importancia que tiene la contratación pública, y así proporcionar herramientas concretas para decir cómo aplicar: la subasta en reversa, los acuerdos marco y la contratación pública electrónica, utilizados actualmente en todo el mundo”.

El Índice de percepción de la corrupción 2009, elaborado por la organización Transparencia Internacional, indica que México, Brasil, Perú y Colombia se han visto “sacudidos por escándalos sobre impunidad, pagos irregulares, corrupción política y captura del Estado”, de los 31 países analizados.

“La puntuación baja de la mayoría de países latinoamericanos refleja el hecho de que las instituciones débiles, las prácticas de gobernabilidad deficientes y la excesiva injerencia de los intereses privados continúan frustrando las iniciativas tendientes a promover un desarrollo equitativo y sostenible”, indica el organismo internacional.

En el Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 2008-2012, elaborado por la SFP, indica que los resultados de la Encuesta nacional de corrupción y buen gobierno de transparencia mexicana “muestran que en 2007, en el 10 por ciento de los casos se pagó un soborno para obtener el servicio, lo que implica una reducción marginal de la corrupción respecto de la registrada en 2005, que fue de 10.1 por ciento”.

Las cifras de la SFP indican que en 2007 se registraron 197 millones “actos de corrupción”, que “costaron” al erario un aproximado de 138 pesos cada uno.

Áreas de opacidad

Otro de los organismos que ha hecho énfasis en la aplicación de prácticas de transparencia en el uso del erario es la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que en el documento Áreas de opacidad y riesgo. Oportunidades de mejora, indica: “No obstante los avances logrados con la aprobación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la Ley del Servicio Profesional de Carrera y la reforma al artículo sexto constitucional en materia de transparencia, existen todavía muchos pendientes que requieren atención urgente con el fin de abatir la opacidad existente y reducir el riesgo de hacer mal uso de los recursos públicos”.

Entre las observaciones de la ASF, se destacan las figuras de fideicomisos, fondos, mandatos y contratos análogos registrados en el sistema. De éstos, el 49 por ciento no se encuentran ya vigentes por haberse dado de baja, por haberse extinguido, o bien, por encontrarse en su proceso de terminación. Del resto de instrumentos que aún están vigentes, el 85 por ciento tiene vigencia indefinida, debido a que la normatividad presupuestaria no establece plazos de vigencia, situación que contraviene su propia naturaleza relativa a la anualidad.

En consecuencia, la ASF observó que no se cuenta con un adecuado control y seguimiento global de los recursos federales aportados a estos instrumentos, así como de su adecuado reintegro al erario cuando son extinguidos o cancelados.

Recuadro

La Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés), con sede en París, Francia, es la mayor organización empresarial y más representativa del mundo. Los intereses de sus empresas asociadas ?diseminadas en más de 130 países? cubren todos los sectores posibles del sector privado.

El Capítulo Mexicano de la Cámara Internacional de Comercio (ICC México) lleva a cabo las siguientes comisiones: Arbitraje Comercial Internacional; Competencia Económica Internacional; Comercio Internacional, Técnicas y Prácticas Bancarias; Ecología y Medio Ambiente; Publicidad, Mercadotecnia y Negocios Electrónicos; Propiedad Intelectual; Servicios Financieros y Seguros.

También realiza diversos análisis mediante comités como: Anticorrupción, Gobierno Corporativo, Transporte, Aduanas, Responsabilidad Social Empresarial e Impuestos.

Las Leyes de Adquisiciones y de Obras Públicas, modificadas en mayo del año pasado, siguen sin reglamentar. En un país que se registra con los más altos índices de corrupción en el mundo, urgen las directrices que garanticen la inalterabilidad de las compras y las inversiones de infraestructuras gubernamentales, indica experto

A siete meses de que se reformaran las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, continúan pendientes los reglamentos que permitirán garantizar la inalterabilidad de las compras gubernamentales.

Roberto Hernández García, presidente del Comité Anticorrupción de la Cámara de Comercio Internacional Capítulo México, dice, en entrevista con Fortuna, que la Secretaría de la Función Pública (SFP) debe apresurar la aplicación de herramientas que brinden certeza legal a todas las medidas adoptadas para transparentar el uso del dinero del erario.

Autor del libro Contratación pública internacional, una guía a las mejores prácticas (International, public procurement: a guide to best practice), Hernández García asegura que mientras la reglamentación no exista, no se podrán instrumentar muchas de las prácticas relacionadas con las licitaciones públicas, como por ejemplo, los medios de solución de controversias.

De acuerdo con la misma ley de Adquisiciones, la SFP está encargada de “establecer las directrices conforme a las cuales se determinarán los perfiles de puesto de los servidores públicos correspondientes en materia de contrataciones públicas”, indica su artículo siete.

La reglamentación de estas reformas, precisa Rodríguez García, es indispensable porque la contratación pública, que implica el uso de los recursos de los contribuyentes, está en manos del Estado.

En consecuencia, dice el exasesor de la Organización de las Naciones Unidas en materia de derecho mercantil, “es importante una guía en el caso mexicano, porque entre menos recursos tenga un país, es necesario que se manejen de forma adecuada, que no estén mal aplicados o no se dediquen a los objetivos que se deben de cumplir y se deben de perseguir”.

El abogado enfatiza que es “a través de las contrataciones públicas, licitaciones, concursos, adquisiciones y obra pública, que los gobiernos compran todo aquello que necesitan para su funcionamiento y para el cumplimiento de su labor”.

Corrupción en México

Los índices internacionales que miden la corrupción en el mundo han ubicado, “lamentablemente”, a México en una posición desfavorable, añade el experto en derecho mercantil. “Pensamos que por ello, instrumentos como la Guía (publicada bajo el sello internacional de Globe Law and Busines) sirven para que la gente se concientice de la importancia que tiene la contratación pública, y así proporcionar herramientas concretas para decir cómo aplicar: la subasta en reversa, los acuerdos marco y la contratación pública electrónica, utilizados actualmente en todo el mundo”.

El Índice de percepción de la corrupción 2009, elaborado por la organización Transparencia Internacional, indica que México, Brasil, Perú y Colombia se han visto “sacudidos por escándalos sobre impunidad, pagos irregulares, corrupción política y captura del Estado”, de los 31 países analizados.

“La puntuación baja de la mayoría de países latinoamericanos refleja el hecho de que las instituciones débiles, las prácticas de gobernabilidad deficientes y la excesiva injerencia de los intereses privados continúan frustrando las iniciativas tendientes a promover un desarrollo equitativo y sostenible”, indica el organismo internacional.

En el Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 2008-2012, elaborado por la SFP, indica que los resultados de la Encuesta nacional de corrupción y buen gobierno de transparencia mexicana “muestran que en 2007, en el 10 por ciento de los casos se pagó un soborno para obtener el servicio, lo que implica una reducción marginal de la corrupción respecto de la registrada en 2005, que fue de 10.1 por ciento”.

Las cifras de la SFP indican que en 2007 se registraron 197 millones “actos de corrupción”, que “costaron” al erario un aproximado de 138 pesos cada uno.

Áreas de opacidad

Otro de los organismos que ha hecho énfasis en la aplicación de prácticas de transparencia en el uso del erario es la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que en el documento Áreas de opacidad y riesgo. Oportunidades de mejora, indica: “No obstante los avances logrados con la aprobación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la Ley del Servicio Profesional de Carrera y la reforma al artículo sexto constitucional en materia de transparencia, existen todavía muchos pendientes que requieren atención urgente con el fin de abatir la opacidad existente y reducir el riesgo de hacer mal uso de los recursos públicos”.

Entre las observaciones de la ASF, se destacan las figuras de fideicomisos, fondos, mandatos y contratos análogos registrados en el sistema. De éstos, el 49 por ciento no se encuentran ya vigentes por haberse dado de baja, por haberse extinguido, o bien, por encontrarse en su proceso de terminación. Del resto de instrumentos que aún están vigentes, el 85 por ciento tiene vigencia indefinida, debido a que la normatividad presupuestaria no establece plazos de vigencia, situación que contraviene su propia naturaleza relativa a la anualidad.

En consecuencia, la ASF observó que no se cuenta con un adecuado control y seguimiento global de los recursos federales aportados a estos instrumentos, así como de su adecuado reintegro al erario cuando son extinguidos o cancelados.

Recuadro

La Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés), con sede en París, Francia, es la mayor organización empresarial y más representativa del mundo. Los intereses de sus empresas asociadas ?diseminadas en más de 130 países? cubren todos los sectores posibles del sector privado.

El Capítulo Mexicano de la Cámara Internacional de Comercio (ICC México) lleva a cabo las siguientes comisiones: Arbitraje Comercial Internacional; Competencia Económica Internacional; Comercio Internacional, Técnicas y Prácticas Bancarias; Ecología y Medio Ambiente; Publicidad, Mercadotecnia y Negocios Electrónicos; Propiedad Intelectual; Servicios Financieros y Seguros.

También realiza diversos análisis mediante comités como: Anticorrupción, Gobierno Corporativo, Transporte, Aduanas, Responsabilidad Social Empresarial e Impuestos.

La poca accesibilidad a servicios financieros tradicionales ha conducido a una ausencia de servicios de ahorro en el sector agropecuario, a una baja penetración del sistema de pagos y a un sistema de financiamiento caro, poco eficiente y compuesto por una multiplicidad de fuentes, indica un reporte del Banco Interamericano de Desarrollo

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) advierte que en los próximos 10 años habrá en el sector rural unos 17 millones de habitantes que podrían ser bancarizados. Sin embargo, el Estado mexicano no tiene afianzados mecanismos que permitan a la población más pobre del país obtener créditos que les proporcionen una mayor producción.

El Informe de consultoría servicios financieros rurales en México, bajo el proyecto ME-P1033, indica que en México, el sector financiero formal tiene una muy baja penetración en la economía rural. A la fecha, amplios segmentos de la población y, destacadamente, de los productores agropecuarios de ingresos medios y bajos, no cuentan con acceso a servicios sostenibles.

Consecuencia de ello, el BID propone al gobierno mexicano que la oferta de servicios de crédito sea provista por entidades que no pertenecen al sistema financiero regulado, tales como dispersoras de crédito, parafinancieras y entidades financieras populares que todavía no operan bajo la Ley de Ahorro de Crédito Popular.

“Causa especial preocupación que sus clientes no son reportados a los burós de crédito y que por lo tanto quedan incapacitados para construir una historia financiera que les dé acceso a una mayor gama de instituciones financieras y de servicios”, dicen los investigadores Juan Buchenau y Gustavo A. del Ángel, encargados del proyecto.

Entre las principales deficiencias que resalta el BID a la promoción del financiamiento rural del Estado mexicano, están la falta de coordinación entre las entidades y dependencias con programas similares, que resulta en una menor efectividad; carencias en el monitoreo y evaluación de los programas con respecto de los resultados esperados y en especial con respecto de la sostenibilidad de los mismos en el tiempo y su relación costo-beneficio; carencias en el diseño de algunos de los mecanismos, de tal manera que existe duplicidad y se generan distorsiones, incertidumbres y desincentivos a la oferta privada.

“La magnitud de la tarea pendiente queda de manifiesto si se considera que alrededor del 74 por ciento de los municipios mexicanos, en los que habita el 22 por ciento de la población, no cuenta con acceso a una sucursal bancaria”.

Las acciones tendientes a fortalecer la demanda “deja mucho que desear”. Los mecanismos empleados, como garantías líquidas, subsidios a los costos de las entidades y de productores agropecuarios de ingresos medios y bajos, subsidios a las tasas de interés, entre otros, no generan por sí solos las condiciones para el acceso permanente de los campesinos a servicios financieros, dice el informe de consultoría.

Pobreza, sin accesos

De acuerdo con la consultoría del BID, la población ocupada en el sector agropecuario es principalmente de bajo ingreso, y estima que hasta las cifras contabilizadas en 2004 había un total remunerado de 5.13 millones, de los cuales 2.7 millones ganaban menos de un salario mínimo. “Esto ha estado relacionado con la pobreza en la que ha permanecido sumergida la población de este sector.

“Desde hace ya varios años, las actividades agropecuarias representan una parte menos importante de los ingresos, mientras que el ingreso no agropecuario y las remesas han ganado relevancia. Además ha habido una tendencia a obtener ingresos en trabajos no agrícolas, muchos de ellos temporales”, indica.

En la población rural, los bajos niveles de ingreso, así como la pobreza y la marginación van asociados a una alta dispersión de las localidades. Según el BID, el 67.8 por ciento de las localidades rurales registra menos de 50 habitantes.

Precisa: “Esto se explica, en parte, que la mayor parte de la población agropecuaria se concentre en tierras de alto rendimiento. No obstante, hay una proporción importante de la población que vive en comunidades remotas y áreas marginadas. El aislamiento de las comunidades rurales va asociados a altos grados de marginación”. Entre los estados que destacan con estas características, se encuentran: Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz.

Además, menciona que la dispersión y la marginación en la que subsisten las comunidades de estos estados implican una tasa muy baja de bancarización y acceso a los servicios financieros formales o tradicionales. Consecuencia de ello, el 74 por ciento de los municipios que incluyen 22 por ciento de la población nacional no tiene acceso a sucursales bancarias. Y menciona que el crecimiento de las sucursales bancarias de los últimos 10 años ha estado concentrado en poblaciones que no son agropecuarias y que tienen mayor concentración de la población.

“La banca no suele ubicar sucursales en localidades con menos de 2 mil 500 habitantes. En 2006, el país contaba con alrededor de 10 mil 800 sucursales bancarias y de entidades de ahorro y crédito popular, siendo los principales la banca múltiple y las cajas populares y solidarias y Bansefi (Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros)”, dice.

Los investigadores explican que la demanda de servicios financieros en el medio rural, tanto para empresas e individuos, es distinta de su contraparte urbana. En primer lugar, por la naturaleza de los riesgos de la actividad agropecuaria y por la estacionalidad de las actividades. En segundo lugar, por la diversificación de fuentes de ingreso de los hogares rurales. En ese sentido se considera que hay un desfase en los servicios financieros que se ofrecen en el país, tradicionalmente de corte urbano, con las necesidades del sector rural.

Las condiciones generadas por ingresos estacionales, ausencia de salario fijo, altos riesgos de salud y exposición a riesgos naturales hacen a esta población particularmente vulnerable. Esto incrementa la necesidad de mecanismos de ahorro y aseguramiento adecuados a esta población.

El BID estima que en los próximos 10 años habrá en el país 17 millones de personas por bancarizar, la mayoría de éstas estará en zonas urbanas y semiurbanas.

Estructura de servicios

Según las investigaciones de Buchenau y Del Ángel, la estructura de servicios financieros al sector agropecuario y rural está caracterizada por bajos niveles de penetración de la banca comercial, una alta multiplicidad de organizaciones y mecanismos de financiamiento, y una fuerte presencia de programas del Estado que inciden sobre los mecanismos de financiamiento.

En el caso de las economías rurales, éstas continúan con niveles de bancarización bajos o nulos, poco acceso a servicios financieros y un panorama futuro incierto sobre este tema.

La principal fuente de crédito de las empresas agropecuarias son las compras a crédito; éstas representan alrededor del 80 por ciento de las transacciones crediticias y alrededor del 45 por ciento de los montos otorgados.

Otras fuentes relevantes son los socios o accionistas, la banca comercial y la banca de desarrollo. En el caso de los individuos empresariales, las compras a crédito representan aproximadamente el 60 por ciento de las transacciones de crédito y alrededor del 45 por ciento de los montos otorgados. Otras fuentes relevantes son los préstamos de amigos y parientes y de intermediarios financieros no regulados.

En cuanto a la banca comercial, el financiamiento al sector agropecuario ha disminuido como proporción de la cartera total de la banca comercial, tanto de la cartera total, como de la cartera del sector privado.

La poca bancarización del sector rural y la baja participación del crédito agropecuario en la cartera de la banca comercial en México han sido tendencias seculares a lo largo del siglo XX, explicadas en parte por la menor participación del sector agropecuario del Producto Interno Bruto, pero también por el historial de riesgos del sector (las gráficas siguientes muestran esta tendencia). El financiamiento otorgado por la banca privada ha caído por debajo del 2 por ciento del financiamiento bancario total.

Los riesgos de la banca

Uno de los aspectos más importantes para explicar la tendencia decreciente de la cartera agropecuaria de la banca es la covarianza de riesgos que enfrentan los intermediarios financieros en el sector agropecuario, dice el organismo financiero.

Ello aunado a un conjunto de inhibidores del financiamiento bancario y, en general, del financiamiento por intermediarios tradicionales, así como factores que elevan el costo de financiamiento.

“Un aspecto fundamental para explicar este fenómeno ha sido la historia reciente de crisis en el sector bancario. Esto, combinado con los problemas del sector agropecuario, ha generado altos niveles de cartera vencida en el sector. No obstante, la ausencia de financiamiento al sector en México es un problema que siempre ha estado presente.

“Esto se debe a la existencia de mercados más atractivos como el de consumo y vivienda, así como una serie de factores que incrementan el riesgo y que son inhibidores del financiamiento”, concluye.

Factores de riesgo:

Fuente: Servicios Financieros Rurales en México, BID.

“Preocupado por el descontento social y la potencial oposición política”, el Banco Mundial autoriza al gobierno de Felipe Calderón un endeudamiento de más de 4 mil 300 millones de dólares, cantidad que representa casi el 50 por ciento de los compromisos totales que tiene el país con el organismo financiero internacional: 9 mil 500 millones de dólares. Investigadores en la materia cuestionan la transparencia con que se utilizan dichos recursos

El gobierno de Felipe Calderón Hinojosa endeuda al país con 4 mil 300 millones de dólares, es decir, unos 57 mil millones de pesos. Se trata de recursos comprometidos con el organismo financiero internacional más importante del mundo: el Banco Mundial (BM), que tiene una cartera de créditos con México por 9 mil 500 millones de dólares.

Apenas en la mitad de su administración, el presidente supera en 900 por ciento los préstamos asumidos en todo el sexenio de su antecesor, Vicente Fox Quesada, revelan cifras de la institución bancaria.

Los proyectos y programas activos de México con el Banco Mundial –encabezado desde el 1 de julio de 2007 por Robert Zoellick? indican que los créditos del país en los últimos tres años suman ya 4 mil 332 millones 600 mil dólares, a través de 18 “productos”, que supuestamente fueron asumidos para contribuir al combate a la pobreza, impulsar el crecimiento en el campo y crear estrategias que mitiguen los efectos del cambio climático, en su mayoría.

La deuda se incrementó 919 por ciento respecto de los compromisos asumidos por su antecesor, el guanajuatense Vicente Fox, quien cargó 471 millones de dólares en números rojos a la economía del país. En suma, durante las administraciones panistas la deuda pública con dicha institución ascendió a 4 mil 804 millones 200 mil dólares.

En el primer sexenio administrado por el Partido Acción Nacional (PAN), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) e investigaciones de Fortuna dieron cuenta de supuestas irregularidades en el manejo de los recursos de la deuda.

México, segundo deudor del BM

Los informes de los “programas activos” del Banco Mundial indican que de los más de 4 mil 300 millones de dólares –que deberán ser pagados en un promedio de 15 años–, el proyecto más ambicioso de este periodo de gobierno tiene que ver con la “protección al medio ambiente”, por el cual la institución prestó al gobierno federal 1 mil 504 millones de dólares, el equivalente aproximado a 19 mil 897 millones de pesos.

Bajo el nombre de Framework for Green Growth Development Policy Loan (marco para un crecimiento ambientalmente adecuado), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que encabeza Agustín Carstens Carstens, obtuvo el monto millonario para echar a andar un proyecto cuyo costo total alcanzará los 2 mil 3 millones de dólares, según estimaciones hechas por las autoridades hacendarias.

Los recursos autorizados el 20 de octubre pasado, con la clave P115608, colocaron a México como el segundo país más endeudado con el organismo financiero, y su pago obligatorio está programado para 2026. El reportero Víctor Cardoso, del periódico La Jornada, precisa que la deuda de México con el organismo internacional, a la fecha, asciende a 9 mil 500 millones de pesos.

El préstamo pretexta “respaldar el programa del gobierno de México dedicado al fortalecimiento del marco normativo, financiero y de seguimiento de la reducción de emisiones en los sectores de transporte y energía. Para hacer frente a los desafíos que plantea el cambio climático, México se ha comprometido públicamente a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero”.

En tanto, la investigación Los flujos y reflujos de préstamos sociales y ambientales del Banco Mundial en México, elaborada por Jonathan Fox, académico de la Universidad de California, Estados Unidos, indica que “la estrategia del organismo en México responde a la evidente preocupación respecto del impacto del descontento social y la potencial oposición política contra las reformas que favorece.

“Específicamente, el crecimiento de la cartera del BM para cuidar del medio ambiente formó parte de un esfuerzo para mellar la oposición política doméstica contra el TLC (Tratado de Libre Comercio con América del Norte, firmado por Estados Unidos, Canadá y México) en Estados Unidos, mientras que el crecimiento de la cartera contra la pobreza se justifica como un esfuerzo por amortiguar las posibles amenazas sociales y políticas contra la estrategia macroeconómica dominante”, indica el investigador del Centro de Investigaciones Chicanos-Latinos de la Universidad de California, en Santa Cruz.

Préstamos a Calderón

Apenas habían transcurrido 12 días de la administración de Felipe Calderón cuando la Comisión Federal de Electricidad comprometía al país con 12.29 millones de dólares, que con la paridad de 13.23 pesos por dólar, la cifra podría ascender a 162.59 millones de pesos, calculada con los indicadores del Banco de México al 9 de noviembre pasado.

Nombrado México-Wind Umbrella, fue el primer proyecto autorizado por la junta de gobierno del Banco Mundial. De éste se derivaron 17 más, relacionados con el supuesto combate a la pobreza, desarrollo rural, cambio climático, entre otras. El plan gubernamental conocido en el país como La Venta fue iniciado ese mismo año en el municipio de Juchitán, Oaxaca.

El Manual de vigilancia de la fauna (aves y quirópteros) en la zona influencia de la central eólica La Venta II indica que ante el impacto potencial de la colisión de aves con los equipos aerogeneradores de electricidad, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Instituto de Ecología pretenden “instrumentar los mecanismos de interacción entre el personal de CFE (equipos de seguimiento y operación de la central eólica) y del Instituto de Ecología (equipo de vigilancia de la fauna), para evaluar las situaciones de riesgo y establecer las medidas de prevención y mitigación del impacto de la central eólica sobre la fauna”.

No obstante, información publicada en la revista Contralínea. Periodismo de Investigación, muestra el descontento social que ha provocado este proyecto federal en la zona del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. En ese lugar, los lugareños mostraron al subcomandante Marcos, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, durante su recorrido por el país en marzo de 2006, los estragos que ha dejado la estrategia gubernamental.

“En tierras de este poblado y en los de La Ventosa, los gobiernos federal y estatal han puesto en marcha el ‘Parque’ o ‘Corredor Eólico’. Sin consultar a los campesinos sobre lo que se proponían hacer, las autoridades ahora les ofrecen 13 pesos diarios a los posesionarios de las milpas donde se encuentran los generadores eléctricos. La zona es parte de la ruta de aves migratorias más importante del mundo. Los campesinos se quejan de que los trabajos de la CFE no generan empleo alguno en su comunidad, pero sí ocasionan la muerte de miles de aves y la desecación de mantos acuíferos” (Contralínea 51).

De éste y todos los compromisos adquiridos, académicos e integrantes de la sociedad civil solicitaron al organismo internacional ampliar los mecanismos de transparencia y divulgación, pues “el gobierno federal no quiere mostrar abiertamente el uso de los recursos, que recaen en una deuda para la sociedad”, dice Valeria Enríquez, investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

Maestra en estudios regionales por el Instituto de Investigaciones José María Luis Mora, Valeria Enríquez cuestiona la eficacia y el impacto que han tenido estos préstamos. “Es necesario que la sociedad pueda tener la herramienta para evaluar si los recursos están sirviendo con el objetivo que se propone. Se supone que el Banco Mundial apoya al combate a la pobreza, pero llevamos 50 años endeudándonos para erradicar este problema y no vemos avance. ¿Por qué seguimos endeudándonos?”

Créditos a la pobreza

De las 18 estrategias deficitarias para las finanzas públicas, el segundo proyecto que mayores recursos compromete, y que llama la atención de los investigadores, es Support to Oportunidades Project (respaldo al proyecto Oportunidades), que significa un adeudo de 1 mil 503 millones 76 mil dólares ?unos 19 mil 894 millones 744 mil 800 pesos?; condicionado a su pago para el 15 de abril de 2025, y que deberá ser cubierto en una sola emisión.

La estrategia, ejecutada por la Secretaría de Desarrollo Social, que encabeza Ernesto Cordero Arroyo, pretende “mejorar los niveles de salud, nutrición y educación de las familias pobres mediante inversiones en capital humano, forjar conexiones sostenibles entre el proyecto Oportunidades y otros programas sociales del gobierno de México a fin de mejorar los resultados de salud y educación para los participantes”.

Con la clave P115067, dice la información institucional, este plan “financiará estudios y servicios de consultoría en respaldo de actividades destinadas a mejorar las conexiones entre Oportunidades y otros programas sociales e iniciativas a fin de mejorar el funcionamiento del programa, especialmente la aplicación del plan sobre pueblos indígenas”.

Paulina Monroy, reportera de Fortuna, evidenció que un préstamo por 5 mil 374 millones 665 pesos ?autorizado por el organismo internacional el 2 de marzo de 2006 para el combate a la pobreza? mostró irregularidades en el manejo de los recursos, administrados por la Secretaría de Desarrollo Social.

La investigación, publicada el 15 de mayo de 2008, dio cuenta de que “el manejo del crédito no atiende las mejores prácticas de administración de deuda que aseguren que la orientación de éste alcance los propósitos deseados. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) –según observaciones de la ASF– se sirvió del préstamo para completar las estimaciones de recursos del gobierno federal. Así, el dinero del BM no se destinó a proyectos de inversión o actividades productivas afines con la política de desarrollo económico y social ni que generaran recursos suficientes para el pago del crédito”.

En tanto, el Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2006 nota que la Unidad de Crédito Público de la SHCP manifestó que el préstamo “apoyó acciones que ya habían sido realizadas por el gobierno federal antes de suscribirse el mismo”.

Los 162.59 millones de pesos que prestó a México el Banco Mundial se suman a los 243 mil 725.6 millones de pesos destinados por el gobierno federal en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, en el rubro “Superación de la pobreza”, incluido en el Tercer informe de gobierno del presidente Felipe Calderón.

Tal ha sido el fracaso de la aplicación de estos recursos, que apenas el mes pasado, el primer mandatario pedía al Congreso de la Unión la aprobación en el incremento de impuestos, para el Paquete Económico 2010, so pretexto de beneficiar a “los que menos tienen”.

Campo, un buen pretexto

De los 18 créditos otorgados a México, cuatro se encuentran enfocados a impulsar el desarrollo en el agro nacional. Éstos suman 150 millones de dólares (unos 1 mil 984 millones 500 mil pesos), que aparentemente reforzarán los mecanismos de financiamiento a este sector.

Los proyectos son: Sustainable Rural Development, clasificado con el crédito 106261, por 50 millones de dólares (661 millones 500 mil pesos, aproximadamente); le sigue Savings and Rural Finance, con el folio P111839, por la misma cantidad; Savings and Rural Finance SAGARPA Additional Financing, con el número P106682, por 21 millones de dólares (277 millones 83 mil pesos); y Savings and Rural Finance (Bansefi) Additional Financing Project, P103491, por 19 millones de dólares (251 millones 370m mil pesos).

No obstante, el capítulo “Sector rural”, incluido en el Tercer informe de gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, muestra cifras nada halagüeñas respecto del incremento de la pobreza en el campo mexicano, que hasta 2008 afectaba a 27 millones de mexicanos, una cuarta parte de la población de todo el país.

El documento, presentado ante la Cámara de Diputados el 1 de septiembre pasado, indica que 12.2 millones de personas que subsisten en ese sector viven en condiciones de pobreza alimentaria. La cifra corresponde a los datos recabados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), apenas un año antes.

Para 2006, el mismo Coneval registraba 9.4 millones de personas que no contaban con ingresos suficientes para acceder a la compra de alimentos básicos.

La justificación oficial para el incremento de pobres en 2.8 millones de personas es que esta situación se debe, “en gran medida, al adverso entorno nacional e internacional en materia económica, especialmente por el alza de precios de la canasta básica”.

De la población que padece “pobreza de capacidades”, el informe presidencial dice que en hay 15 millones, contabilizadas en 2008, que dos años antes sumaban 12.6 millones de campesinos. De estos 27 millones de jornaleros, la población desprotegida de “patrimonio” asciende a 23.3 millones de mexicanos.

Irregularidades, botón de muestra

Fortuna documentó en abril del año pasado que el préstamo 7061-ME – aplicado a través del Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud (Procedes)– “no contaba con reglas de operación ni mecanismos que permitan un control financiero de la deuda adquirida con el organismo internacional; los principales beneficiados son estados gobernados por el PAN”.

A través de este plan, la Secretaría de Salud (Ssa) ejerció 350 millones de dólares, asignados principalmente a gobiernos estatales del partido en el poder. Muestra de ello es que mientras que Guerrero –que tiene un índice de marginación “muy alto”, según datos del Consejo Nacional de Población (Conapo)– recibió 38 millones de pesos, Guanajuato obtuvo 106 millones 100 mil pesos en 2006 –cuando era gobernador el panista Carlos Romero Hicks–, pese a que la entidad tiene un índice de marginación “medio”.

“Durante la gubernatura de Francisco Ramírez Acuña (afiliado también al PAN), Jalisco fue beneficiado con 80 millones 252 mil pesos. La entidad, dice el Conapo, tiene un índice de marginación ‘bajo’. Sin embargo, Veracruz, que tiene un índice de marginación ‘alto’, obtuvo 47 millones 100 mil pesos”.

Además, el Procedes ?entonces a cargo del funcionario de la Ssa Eduardo Pesqueira Villegas? presentó un supuesto daño al erario público de más de 2 mil millones de pesos, según el Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2005.

El documento elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, máximo órgano de fiscalización del país, destacó que la Secretaría de Salud no realiza el seguimiento de los recursos “a fin de vigilar la correcta aplicación y comprobación” del dinero destinado al préstamo del Banco Mundial.

Se solicitó entrevista con Fernanda Zavaleta, encargada de la oficina del Banco Mundial en México, para hablar del tema, quien por correo electrónico se limitó a enviar enlaces de los proyectos publicados en la página de internet del organismo financiero.

Deudas durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa (1 de diciembre de 2006-actual)

Fuente: Banco Mundial. México. Proyectos y Programas Activos

[TABLA 2]

Créditos obtenidos de 2000 a 2006

Fuente: Banco Mundial. México. Proyectos y Programas Activos

Los gobiernos panistas no sólo autorizan a la agroindustria trasnacional la siembra de maíz transgénico, sino que le otorgan casi 200 millones de pesos en estímulos fiscales. Monsanto, Híbridos Pioneer, Dupont y Dow Agrosciences obtienen 21 permisos y más de media centena de proyectos de inversión tecnológica, revelan documentos oficiales. No importó a las autoridades federales que México sea país de origen de una semilla que es patrimonio de la humanidad ni que se coloque en riesgo inminente a 31 de las 59 razas de maíz mexicano

Fabricante del Agente Naranja –herbicida utilizado en la guerra de Vietnam para la destrucción de cosechas y vegetación–, Monsanto obtiene la mayoría de los permisos solicitados por las industrias agropecuarias ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), para la siembra experimental de maíz transgénico en los campos mexicanos.

Además, la empresa originaria de Saint Louis, Missouri, Estados Unidos, ha sido beneficiada –junto con Híbridos Pioneer, Dupont y Dow Agrosciences– con casi 200 millones de pesos en “estímulos fiscales” durante las administraciones de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, revelan documentos oficiales.

El 29 de octubre pasado, las empresas Monsanto, Dow Agrosciences y PHI México fueron notificadas que sus patentes podrán ser sembradas de “modo experimental” en tierras de Sonora, Chihuahua, Tamaulipas y Sinaloa, según muestra el Estatus de solicitudes de maíz 2009, emitido por la Dirección de Bioseguridad para Organismos Genéticamente Modificados (OGM), dependiente de la Sagarpa.

En estos estados, indica la organización ambientalista Greenpeace México, se encuentran 31 de las 59 razas de maíz que existen en México, lo que expone al riesgo de contaminación transgénica al 52 por ciento de las semillas originarias del país.

Las resoluciones se dieron apenas siete meses después de que Dow Agrosciences y PHI México manifestaran formalmente su interés por sembrar el organismo genéticamente modificado DAS-01507-1. Se aprobó la siembra de la patente en el Valle del Yaqui, Sonora, donde también se encuentran unas nueve variedades del maíz nativo de México.r

En un comparativo de la lista de solicitudes de la Sagarpa, con el mapa de los territorios de los pueblos indígenas y las razas y variedades del maíz que existen en ellos (contenido en la edición Maíz transgénico en México, riesgos y costumbres de la revista Ciencias, de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México), se puede observar que en el Valle del Yaqui, Sonora, donde se encuentra asentada la población indígena con el mismo nombre, existe el Maíz Blando de Sonora, Chapalote, Dulce Norteño, Dulce, Dulcillo Noreste, Elotes Occidentales, Harinoso, Onaveño, San Juan y Tuxpeño.

Eduardo Pérez Pico, representante de Monsanto México, dice en entrevista con Fortuna que cada uno de los permisos avalados por la dependencia que encabeza Francisco Mayorga Castañeda y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a cargo de Juan Rafael Elvira Quesada, costarán a la agroindustria cerca de 1 millón de pesos por proyecto.

El ingeniero agrónomo, egresado del Instituto Tecnológico de Monterrey, anuncia que “si las investigaciones avanzan pronto”, la etapa comercial podría iniciar en tres años, con una inversión inicial de 400 millones de dólares, de los que Monsanto pretende asumir unos 250 millones de dólares.

Negocio redondo

Además del mercado de negocios que significa México para la agroindustria, el gobierno federal ha financiado a tres de las grandes en el ramo. Desde el primer año de la administración foxista, las trasnacionales han obtenido estímulos fiscales del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que preside el guanajuatense Juan Carlos Romero Hicks, hasta por 193 millones 859 mil 598 pesos.

Información publicada en el Diario Oficial de la Federación indica que los “estímulos”, otorgados bajo el pretexto de inversión en innovación tecnológica, iniciaron en 2001 con tres proyectos de la empresa Híbridos Pioneer de México, que significaron al erario 10 millones 927 mil 500 pesos.

Los montos y las participaciones fueron en aumento anualmente y, de los más de 10 millones registrados el primer año, se pasaron a los 12 millones 131 mil 642 pesos en 2002 para PHI México –empresa de Dupont, además de representante y subsidiaria de Pioneer Hi-bred Int–; 11 millones 545 mil 891 pesos en 2003 y otros 13 millones 994 mil 763 pesos en 2004.

Es en 2005 cuando las ahora permisionadas por el gobierno federal, Dow Agrosciences y Monsanto se allegan de “estímulos fiscales” por 20 millones 447 mil 766 pesos, mediante 15 proyectos de investigación. En el penúltimo año de la gestión de Vicente Fox, el proyecto que más recursos representó a la hacienda pública fue el de “Desarrollo de líneas puras y producción de híbridos experimentales de Maíz (Invernadero)”, que costó a la hacienda 7 millones 782 mil 861 pesos.

Durante el año de transición de la administración de Fox a la de Calderón, las trasnacionales obtuvieron un incremento global superior a los 11 millones de pesos. De los más de 20 millones de 2005, los estímulos se incrementaron a 31 millones 666 mil 153 pesos. Y, aunque las cifras indican que PHI fue la que obtuvo mayores beneficios, con 21 millones 442 mil 51 pesos, Monsanto también incrementó sus “apoyos” al pasar de 5 millones 780 mil 906 pesos a 7 millones 978 mil 795 pesos en un año fiscal.

Anualmente la empresa de Saint Louis ganaba mayores recursos, que pudieron ingresar a las arcas de la hacienda pública vía impuestos, pues la primera productora de semillas a nivel mundial era estimulada con recursos millonarios. De acuerdo con el informe publicado en el Diario Oficial de la Federación, con fecha del 3 de marzo de 2008, SAM750414HN4-2007-2 fue el proyecto que mayores beneficios tuvo, con 5 millones 374 mil 154 pesos. No obstante, ninguna de las claves de Monsanto, que aparecen registradas en las listas oficiales, especifica cuál fue el uso de los recursos.

El salto cuantitativo se dio durante 2008 y 2009, cuando las exenciones para las empresas de la agroindustria se centraron en Monsanto y Dow Agrosciences. Ambas acapararon 30 millones 896 mil 157 pesos. Del segundo año de la administración de Felipe Calderón al primer semestre del año en curso alcanzaron la suma de 26 millones 263 mil 532 pesos.

Adelita San Vicente Tello, ingeniera agrónoma por la Universidad Autónoma Metropolitana y representante de la asociación civil Semillas de Vida, critica la entrega de “estímulos fiscales” a la agroindustria, pues “la tecnología de Monsanto ha sido muy cuestionada en los mercados europeos, donde se les ha impedido la entrada. Además, es absurdo que hablen de una inversión cuando es el gobierno quien les está financiando investigación a través del Conacyt, en tanto que el campo permanece en abandono. Lo que ellos buscan es apropiarse de los recursos genéticos de nuestras semillas”.

Sin embargo, para el representante de Monsanto, Eduardo Pérez Pico, los apoyos sirven para “invertir en el desarrollo de la tecnología que pueda tener el país y así redituar en el mismo”. Dice que todo lo que a la fecha ha invertido Monsanto en investigación está dedicado a maíces convencionales, sorgo, algodón, soya y otro tipo de cultivos donde desarrollan mejoramiento genético.

Los permisos y el juicio

De acuerdo con los 21 permisos autorizados por la Sagarpa y la Semarnat –hasta el 29 de octubre pasado–, nueve corresponden al interés de Monsanto, el resto representa una asociación entre las empresas Dow Agrosciences y PHI México. No obstante, la patente MON, propiedad intelectual de Monsanto, aparece en 17 de las peticiones, bajo la solicitud de sus supuestas competidoras en el ramo de la agroindustria.

Este tipo de prácticas, donde Monsanto promueve su patente a través de otras compañías, ha llevado a la empresa a los tribunales estadunidenses. De acuerdo con información del periodista Christopher Leonard, de la agencia internacional de noticias The Associated Press (AP), el Departamento de Justicia en Saint Louis, Missouri, investiga si “Monsanto ha violado las normas de defensa de la competencia en su intento por ampliar su dominio del mercado de los cultivos genéticamente modificados”.

“Los cuestionamientos son sobre cómo la compañía de semillas más grande del mundo vende y otorga licencias de sus genes patentados. Monsanto tiene acuerdos de licencia con empresas de semillas que permiten a dichas empresas insertar genes de Monsanto en el 96 por ciento de los cultivos de soya de Estados Unidos, y el 80 por ciento de todos los cultivos de maíz. Los rivales de Monsanto alegan que la empresa utiliza los acuerdos de licencia para exprimir a sus competidores y controlar a las empresas más pequeñas de semillas, acusación que Monsanto niega”, informa el periodista especialista en agronegocios.

Entre las empresas que han entablado juicios contra Monsanto se encuentran Syngenta y Dupont, quienes “han alegado que viola la ley de competencia de Estados Unidos. Syngenta presentó su demanda en 2004 y resolvió el caso el año pasado. Dupont presentó una demanda el pasado verano, el caso está pendiente en un tribunal federal en San Luis”, dice AP.

Pérez Pico, director de desarrollo de tecnologías y asuntos regulatorios para Monsanto en Latinoamérica Norte, dice desconocer del juicio que lleva la empresa en Estados Unidos; no obstante, confía en que las autoridades “sabrán llevar el caso”.

Contaminación transgénica

Además de la permanencia de la patente, en los permisos de las empresas ajenas a Monsanto, los representantes de las organizaciones civiles que se oponen a la siembra experimental de transgénicos señalan que las autorizaciones se han otorgado en zonas donde prevalecen las semillas nativas del maíz; en consecuencia, advierten, existe el riesgo de perder especies en el norte del país a causa de la contaminación transgénica o “flujo génico” como lo llama la agroindustria.

Las autorizaciones de Sagarpa y Semarnat, publicadas por la Dirección de Bioseguridad para OGM, indican que las autorizaciones se dieron en el Valle del Yaqui, Huatabampo, San Ignacio Río Muerto, Cajeme y Bácum, Sonora; Cuahutémoc y Delicias, Jiménez, Chihuahua; Río Bravo y Díaz Ordaz, Tamaulipas; y Los Mochis, Culiacán, Angostura, Novolato, Ahome y Guasave, Sinaloa.

En esta zona se encuentra el Maíz Blando de Sonora, Chapalote, Dulce Norteño, Dulce, Dulcillo Noreste, Elotes Occidentales, Harinoso, Onaveño, San Juan y Tuxpeño, entre otras especies.

Aleira Lara, coordinadora de la Campaña Agricultura Sustentable y Transgénicos de Greenpeace México, indica que es imposible la coexistencia de cultivos transgénicos con convencionales y orgánicos. “Esto se agudiza aún más si hablamos de la liberación al medio ambiente en el centro de origen y diversidad genética del maíz, México, pues tenemos las plantas madre, 59 razas, cerca de 200 variedades adaptadas a nuestras tierras. Esta riqueza genética es lo que se está poniendo en riesgo con la introducción de maíz transgénico”.

Hasta el momento, la organización ambientalista tiene documentados casos de contaminación de transgénicos en Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Yucatán, Guanajuato, Distrito Federal, y Chihuahua, por lo que “es realmente una mentira que el gobierno mexicano diga que se va a preservar nuestra riqueza genética cuando ya tenemos casos de contaminación”.

La ambientalista dice que a partir de las importaciones que el gobierno mexicano hace de Estados Unidos, se inicia una fuente de contaminación, ya que Estados Unidos no segrega sus cultivos convencionales de sus cultivos transgénicos, y “el maíz forrajero que estamos sembrando viene revuelto con estas variedades genéticamente modificadas”.

Aleira Lara critica que en México no hay un sistema de rastreabilidad que señale si el maíz que se está importando para la alimentación de ganado vaya destinado específicamente a ello; de lo contrario, “va a tener fugas de transgénicos”.

“El cultivo del maíz es de los más promiscuos porque tiene polinización abierta; las ráfagas de viento pueden trasladar el polen de un cultivo transgénico a uno no transgénico y contaminarlo. Éste ha sido el problema con la posible coexistencia.

“En México no sólo existe ese factor de polinización abierta, sino que nuestros campesinos tienen la práctica común de intercambiar sus mejores semillas para irlas mejorando. Ése es el mejoramiento tradicional entre variedades de una misma especie. Gracias a ello, hay variedades resistentes a cualquier variación agronómica”, explica.

Herbicida asesino

Para Eduardo Pérez Pico, director de desarrollo de tecnologías y asuntos regulatorios para Monsanto en Latinoamérica Norte, la oposición de las organizaciones sociales, campesinas y ambientalistas no tiene razón de ser, pues hay que abrir paso a la tecnología.

Monsanto, dice, ha venido operando en el país desde hace 50 años en diferentes negocios, y de 2000 a la fecha se ha convertido en una empresa ciento por ciento dedicada a la agricultura. “El maíz es uno de los cultivos más importantes para México y hoy en día tenemos participación importante en las semillas mejoradas de híbridos que los agricultores utilizan en muchas partes del país”, presume.

No obstante, la empresa que ahora dice querer ayudar al campesinado mexicano tuvo un pasado oscuro con la fabricación del herbicida llamado Agente Naranja. Documentos desclasificados del gobierno estadunidense, que posee Fortuna, muestran la demanda interpuesta por los veteranos de la guerra de Vietman contra Monsanto y otras empresas del ramo.

Bajo el expediente 05-1953-CV, la Asociación de los Veteranos de Guerra denunció a Down Chemical, Uniroyal, Hercules, Diamond Shamrock, Thompson Chemical, TH y Monsanto por la fabricación del llamado Agente Naranja, químico que causó cerca de 400 mil muertos y otros 500 mil nacimientos de niños con malformaciones.

Los demandantes son el ex Viet Cong, soldados de Vietnam del Norte y los ciudadanos vietnamitas. “Ellos buscan la recuperación de las lesiones supuestamente sufridas como resultado de las operaciones militares durante la guerra de Vietnam, en la que Estados Unidos utilizó el Agente Naranja y herbicidas similares para la defoliación y la destrucción de los cultivos”, dice el documento.

Oportunidad de negocio

Con el argumento que querer ayudar a los campesinos mexicanos, la agroindustria inicia con la siembra experimental de transgénicos. No obstante, Víctor Suárez Carrera, dirigente de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras del Campo, indica que la entrada de las trasnacionales a los campos mexicanos representa un negocio de 300 o 400 millones de dólares por semilla de maíz transgénico.

Las cifras corresponden a los cálculos del empleado de la trasnacional, Pérez Pico, quien indica que esperan obtener un mercado con 280 millones de dólares y cerca de 2 millones de campesinos productores de maíz, ubicados en el norte del país.

Esta decisión, dice Suárez Carrera, “representa la forma en la que la actual administración se desenvuelve. No como servidores públicos ni secretarios de Estado, sino como agentes de ventas de Monsanto. Es preocupante ver cómo en México se están tomando estas decisiones de grave impacto social, económico y ambiental, y que incluso pueden representar daños irreversibles”.

Los hombres de maíz

Alfredo López Austin, historiador especialista de la antigua religión mesoamericana e investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dice que el maíz para los mexicanos no sólo es el sustento económico, sino parte de su cosmovisión, es la vida misma.

“El maíz es el alimento principal de los mexicanos, pero a partir de ello adquiere un sentido en todos los ámbitos de la vida. Por ejemplo, en la cosmovisión viene a ser una de las figuras más importantes para representar el árbol cósmico, el eje del mundo y en relación con el hombre viene a ser el paradigma para la vida del ser humano: es la semilla”, dice el exconferencista en París en la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales.

El investigador universitario explica que como país de origen y diversificación genética de por lo menos el 15.4 por ciento de las especies que componen el sistema alimentario mundial, México tiene responsabilidad de preservar las especies, por lo que la autorización de siembra experimental de maíz transgénico podría representar grandes pérdidas.

“Esto va a afectar la cosmovisión y nuestros intereses económicos, porque el campesino se verá seriamente afectado. La cultura no se crea de la nada, no es producto de la intención del hombre, descansa en la vida cotidiana, es el arma que tiene el ser humano para vivir, defenderse como individuo inserto en colectividades de distintas dimensiones; el maíz es parte de ello”.

El académico del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM indica que en la cultura maya, como en otras culturas indígenas, se cree que el hombre nace de la pasta del maíz; los huastecos repiten lo mismo. Toda la geometría del cosmos no es nada más una curiosidad, sino un esquema con que el hombre está construyendo los elementos particulares de su propia interpretación del mundo en el que vive y de sí mismo, “todo esto está impregnado por el maíz”. (ER)

Concentrado anual de los estímulos fiscales a la agroindustria

Fuente: Conacyt

Fuente: Conacyt

Distribución de las razas y algunas variedades de maíz en los territorios de los pueblos indígenas

Fuente: revista Ciencias, número 92-93, octubre de 2008-marzo de 2009, Facultad de Ciencias de la UNAM

La liquidación de Luz y Fuerza del Centro y el golpe al sindicato más aguerrido de México aglutina a las corrientes más disímbolas del centro y la izquierda del país. Lo que se percibe como el inicio del desmantelamiento de la industria energética nacional ya permitió el reencuentro del SME con la CNTE, sectores de La Otra Campaña, la UNT, el Frente Sindical Mexicano, el lopezobradorismo y hasta organizaciones del viejo corporativismo priista. Además, reactivó el movimiento estudiantil en la UNAM, las normales rurales, la UAM y el Politécnico. “Todo eso se esperaba”, declaró el secretario del Trabajo Javier Lozano ante un escenario de 80 millones de pobres –20 de ellos en pobreza alimentaria–, 1 millón de nuevos despedidos y la peor debacle del PIB de la que se tenga memoria. Un estallido social está a punto de ocurrir, advierten investigadores

Érika Ramírez / Mayela Sánchez

Pudieron más los compromisos de Felipe Calderón con quienes lo llevaron a la Presidencia de la República que el riesgo de generar un estallido social, señala Carlos Antonio Aguirre Rojas al explicar las causas de la liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LFC).

“Es una medida desesperada” para acatar los acuerdos a los que llegó con el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, la Asociación de Bancos de México y los sindicatos patronales desde la campaña electoral de 2006.

El posdoctor en historia por la École des Hautes Etudes en Sciences Sociales de París explica que la medida contra la empresa paraestatal y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) no viene sola. Otras más llegarán en cascada: un paquete económico que incremente los impuestos, una reforma laboral que elimine el derecho de asociación de los trabajadores y el inicio de la recta final de la privatización del sector energético.

Sin embargo, el cálculo político pudo haber fallado al gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. El movimiento sindical que se ha aglutinado entorno al SME podría capitalizar el desastre económico y social en el que se encuentra el país.

Aguirre Rojas, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y especialista en movimientos sociales en América Latina, explica que con el decreto del 11 de octubre pasado –con el que el gobierno federal liquida LFC– y el asalto de la Policía Federal a las 104 instalaciones de la paraestatal, la administración de Felipe Calderón comienza a pagar las facturas a los grupos económicos que lo llevaron a la Presidencia “y que luego han buscado legitimarlo, aunque sea por la fuerza”.

Junto a la firma del presidente aparecieron las de 10 secretarios de Estado. Con ellas, el “presidente del empleo” cancela más de 40 mil fuentes de trabajo de LFC y 95 años de vida del SME.

En menos de 12 horas, miles de electricistas perdieron sus salarios, su derecho a la atención médica, a la vivienda y demás prestaciones laborales conquistadas por el SME, liderado por Martín Esparza Flores. Así ocurrió con Jorge Méndez, un joven de 34 años que apenas había logrado una antigüedad de tres años en la empresa regulada por la Secretaría de Energía.

De Jorge dependen siete personas, que sobreviven con los 152 pesos que obtiene diariamente: cuatro hijos, su esposa ?que le apoya con la venta de zapatos? y sus dos padres diabéticos. Él, al igual que su familia, dice estar dispuesto a todo, a cambio de recobrar su trabajo: “Ya no tenemos más qué perder”.

Como él, otras 44 mil personas recibieron azoradas la noticia de que más de 500 policías federales habían tomado sus puestos de trabajo el 10 de octubre pasado antes de la media noche.

Dos horas más tarde, la madrugada del domingo 11, los secretarios de Gobernación, Fernando Gómez Mont; de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens; de Desarrollo Social, Ernesto Cordero Arroyo; de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira Quesada; de Energía, Georgina Kessel Martínez; de Economía, Gerardo Ruiz Mateos; de Agricultura, Francisco Mayorga Castañeda; de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas; de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, y del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, apoyaban la decisión presidencial de “extinguir” LFC.

Estallido social

Alejandro Vega, miembro directivo del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), coincide con el académico de la UNAM, y agrega que el gobierno “está jugando con fuego”, porque pocas organizaciones tienen una presencia social y una penetración como el SME (que agremia a 44 mil trabajadores en activo y 22 mil jubilados), y que ha sido opositor del modelo económico que prevalece en el país.

Con la liquidación de LFC, los electricistas “han mantenido una posición prudente, que privilegia los causes legales. Sin embargo, si se empiezan a cerrar esas vías, los trabajadores no se van a quedar cruzados de brazos y se puede llegar al estallido social”, advierte el investigador del CILAS.

Aguirre Rojas alude al descontento generado por el “fraude electoral” de 2006, en el que Calderón Hinojosa asumió la Presidencia de la República a menos de un punto porcentual de diferencia de su opositor Andrés Manuel López Obrador. “En este caso también hubo un agravio a la ciudadanía, no sólo al sindicato”.

Extinción “perversa” e “ilegal”

Alfonso Bouzas Ortiz, doctor en derecho por la UNAM, opina que el decreto presidencial es “perverso”, pues las autoridades no debieron utilizar la palabra extinción, como se hiciera en el artículo 1, que dice: “Se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, el cual conservará su personalidad jurídica exclusivamente para efectos del proceso de liquidación”, ya que se puede extinguir un fideicomiso, pero no una persona moral o una empresa”.

El gobierno federal, explica, debió estipular la liquidación desde el principio del decreto. Sin embargo, “no lo hicieron porque con ello se verían obligados a seguir con el procedimiento marcado en la Ley Federal del Trabajo, que indica que se debe dar derecho de audiencia al sindicato, y éste, a la vez, alegar la certeza legal”.

Bouzas Ortiz refiere el capítulo VIII “Terminación colectiva de las relaciones de trabajo”, que indica que si se trata de “la incosteabilidad notoria y manifiesta de la explotación”, “el patrón, previamente a la terminación, deberá obtener la autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje, de conformidad con las disposiciones para conflictos colectivos de naturaleza económica”.

Reforma laboral proempresarial

Coordinador del libro Contratación colectiva de protección en México –informe realizado para la Organización Regional Interamericana de Trabajadores–, Bouzas alerta que la liquidación de los trabajadores es prácticamente la liquidación del derecho colectivo en México. Con esto, “el gobierno nos dice que quiere una economía en la que no haya ni sindicatos ni contratos colectivos de trabajo”.

Agrega que “esto debe alarmar incluso a los sindicatos corporativos, porque la amenaza va para todos; cuando no le sea útil Romero Deschamps (secretario general del sindicato petrolero) será pateado de la misma manera”, dice el doctor en derecho laboral por la UNAM.

Néstor de Buen Lozano, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coincide con Bouzas Ortiz y agrega que el SME todavía tiene el derecho de tramitar un amparo, pues la decisión del presidente de liquidar LFC “es un decreto totalmente infundado que se puede demandar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje (JCA)”.

De Buen Lozano, especialista en derecho social, observa que para que se haya terminado una relación de trabajo, entre la compañía y el sindicato debió manifestarse un conflicto ante la JCA: “Se tiene que dar vista a los interesados para que expresen lo que a su derecho convenga, por lo tanto esta medida es un acto de fuerza que no tiene fundamentos”.

Privatización del sector energético

Alberto Montoya Martín del Campo, académico de la Universidad Iberoamericana, doctor en políticas públicas sobre revolución tecnológica y especialista en estudios estratégicos y a largo plazo a nivel nacional, advierte que el gobierno “busca un enfrentamiento con los sindicatos que no son afines a su concepción política, del desarrollo nacional, y abre nuevos espacios a la privatización de funciones, tareas y responsabilidades que corresponden al Estado mexicano”.

Además, indica que hay una alta probabilidad de que se privatice el sector energético. Refiere que el artículo 27 de la Constitución faculta únicamente a la nación para la generación, transformación, distribución y abastecimiento de energía eléctrica para la prestación del servicio público.

Sin embargo, en los hechos se constata lo opuesto, explica: “En 2008, el 38 por ciento de la electricidad estatal fue producida por empresas extranjeras. Esto, además, bajo un proceso en el que se ha hecho una sobreinversión en el sector de parte de estas empresas privadas, con un extraordinario costo financiero para el país, porque la Comisión Federal de Electricidad paga a estas trasnacionales a una tasa de 12.5 por ciento anual en dólares, que de haberlo hecho la propia CFE habría tenido una tasa anual de interés de 6 por ciento. De forma tal que hay una sobreinversión, porque están por encima de la demanda actual”.

Por otro lado, dice, aplican una política “antinacional” de sustituir las tareas sustantivas de los organismos, que la propia Constitución establece como tareas exclusivas del sector público. “Se ha llevado a cabo en la práctica, con modificaciones a las leyes secundarias, para que sean las empresas particulares nacionales y extranjeras las que lleven a cabo estas tareas exclusivas del Estado”.

Explica que esto tiene costos, porque la forma de producción de electricidad de los inversionistas privados se ha orientado al establecimiento de plantas de ciclo combinado, que funcionan con gas natural, y esta opción tecnológica ha sido “crecientemente costosa, pues el precio del gas natural determina el precio de la tarifa eléctrica”, de manera que si la Comisión Federal de Electricidad hubiera utilizado combustóleo, el precio de la electricidad habría sido menor.

“En México, el 42 por ciento de los energéticos utilizados para producir electricidad corresponde al gas natural”, indican datos del ingeniero José Luis Apodaca Villarreal, exgerente general divisional de la CFE por más de 30 años.

Apodaca también ha señalado el desaprovechamiento de carbón para generar electricidad, una opción mucho más barata, disponible en Coahuila con reservas para unos 30 años. “A todas estas opciones se han dejado de lado con el propósito de abrir las inversiones a empresas extranjeras que utilizan tecnología de plantas de ciclo combinado y que nos han resultado muy caras”, dice Montoya Martín del Campo.

El SME

Alejandro Vega dice que la intención del gobierno federal de acabar con el SME corresponde a que este tipo de organizaciones “democráticas e independientes” se han mantenido, desde hace 20 años, en contra de los procesos de privatización del sector público. Entre ellos, destaca el investigador del CILAS, la imposición de una reforma laboral lesiva para los trabajadores y la privatización del sector energético.

La afectación laboral y económica para la gente es terrible y brutal, en una situación de crisis de empleo en el país, de cada vez menos oportunidades, “lanzar a más de 42 mil gentes a la calle es una acción criminal”.

Agustín Rodríguez, secretario general del sindicato de la UNAM y presidente colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores, advierte que el gobierno está “limpiando” el camino para generar las condiciones de la reforma laboral, “que no va a dar pie para que se formen organizaciones sindicales, ya que la individualización del trabajo y la contratación temporal lo que menos requiere es la organización de los trabajadores”.

La consecuencia de ello sería la violación flagrante de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 123 señala: “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley”.

El dirigente de los trabajadores universitarios explica que el asunto de Luz y Fuerza del Centro “no es algo novedoso, en 1995 se creó para entrar en el proceso de liquidación y fusión de las compañías de luz que existían en aquella época. Todo iba en la orientación de fusionarlas para tener una sola de carácter nacional, administrada por el Estado”. No obstante, es “preocupante para todos los sindicatos ver cómo se desarticula a un sindicato, cancela una fuente de trabajo y desestima a un instrumento bilateral como lo es un contrato colectivo de trabajo. Los trabajadores debemos unirnos en un gran frente sindical que pueda hacer frente a este tipo de acciones y represión hacia las organizaciones sindicales”.

Aguirre Rojas, investigador del IIS de la UNAM, añade: “Se está queriendo volver al viejo modelo sindical de Fidel Velázquez, de domesticación absoluta, donde la clase obrera y todos los sindicatos tienen que apoyar acrítica e incondicionalmente cualquier decisión del Estado, y quien no se alinee en esa perspectiva, será golpeado”.

Max Correa, secretario general de la Central Campesina Cardenista dice que el decreto presidencial es una “provocación” a la población, y es hora de que todas las organizaciones obreras y campesinas “defendamos a una de las empresas estratégicas del Estado, desmantelada por sus propios administradores y no por los trabajadores”.

El líder agrario que caminó junto con los electricistas en la primera manifestación de rechazo a la “extinción” de LFC opina que la administración “fascista” de Calderón Hinojosa no puede más que sostenerse con el apoyo del “garrote”, representado por las fuerzas armadas.

El decreto es “una confesión de la incapacidad administrativa de los gobiernos panistas; aceptan su incapacidad de hacer productiva una empresa como administradores desde el sexenio de Vicente Fox”, dice.

“Se pretende dar un golpe a un sindicato democrático y revolucionario. Debería ubicar las empresas y empresarios que no pagan las tarifas eléctricas para destapar toda la podredumbre que están en las altas esferas de la compañía.”

Gobernar con el “garrote”

Alejandro Vega, miembro directivo del CILAS, coincide con el académico universitario y dice que, con la entrada de la Policía Federal a los puestos de trabajo de los electricistas, Felipe Calderón muestra su fuerza, y el mensaje es: “Cualquier tipo de protesta social, en oposición al gobierno, va a ser respondida con la fuerza militar”.

El pretexto para expandir al ejército a lo largo del país, dice, ha sido el combate contra la delincuencia organizada, pero los avances son “nulos”. Una nota del reportero Gustavo Castillo García, del periódico La Jornada, indica que hasta el mismo 10 de octubre se habían registrado más de 5 mil 500 ejecuciones en el país. Castillo García documenta, con informes de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de la Defensa Nacional, que de enero a octubre de este año habían sido asesinadas 5 mil 570 personas “por presuntos vínculos con el crimen organizado”.

La cifra supera las 15 mil 400 en lo que va de la administración de Calderón Hinojosa, mientras que en toda la administración de Vicente Fox se contabilizaron 13 mil homicidios de este tipo.

Prestaciones “de ley”

Entre los argumentos del gobierno federal para proceder a la liquidación del organismo descentralizado, se expone que registra un pasivo laboral de 240 mil millones de pesos, de los cuales solamente 80 mil millones corresponden a trabajadores en activo y 160 mil millones al personal jubilado, indica el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, Alejandro Vega, investigador del CILAS, dice que los trabajadores de Luz y Fuerza sólo tienen salarios que les permiten sobrevivir. “Pudieran parecer altos, si los comparamos con los dos salarios mínimos que tienen los obreros en México y con jornadas dignas, comparadas al modelo de 12 horas laborales que se está imponiendo, como antes de la Revolución”.

El problema para la administración pública, dice, es que los electricistas tienen condiciones de trabajo “medianamente decentes. El gobierno quisiera que estuvieran en las condiciones infrahumanas en que está la gran mayoría de los trabajadores del país. No es que sean privilegiados, sino es que tienen todo lo que debiéramos tener todos”.

Olivier De Schutter, relator especial del Derecho a la Alimentación de la ONU, advierte que 2010 será el escenario de una profunda crisis alimentaria en el mundo. Esto, derivado de los privilegios económicos y comerciales que otorgan las políticas públicas a la agroindustria, y que dejan de lado a los pequeños productores. Informes oficiales revelan cómo en México los subsidios de la Sagarpa son depositados en cuentas de trasnacionales como Bachoco, Cargill, Archer Daniels Midlan, Minsa, Maseca. Además, muestran la miseria extrema de más de 20 millones de campesinos

Iniciado 2010, el mundo se verá inmerso nuevamente en una crisis alimentaria. Ello, resultado del constante incremento en los precios de los productos, así como la disparidad en el otorgamiento de los subsidios entregados a las corporaciones del sector agropecuario, advierte el relator especial del Derecho a la Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Olivier De Schutter.

México no será la excepción. Informes oficiales muestran una tendencia a concentrar los subsidios otorgados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) en manos de trasnacionales, y en detrimento de los millones de campesinos.

En entrevista con Fortuna, el representante de la ONU critica el impacto que ha tenido la liberación de las políticas agropecuarias a través de la firma de tratados comerciales, ya que actualmente los países instrumentan políticas públicas que apoyan al sector agroexpotador y “dejan de proteger a los sectores menos competitivos; lo que incrementa la desigualdad”.

De Schutter explica que de las 1 mil 20 millones de personas que padecen “hambre crónica” en el mundo –la sexta parte de la población mundial–, más de la mitad son pequeños productores marginados de las políticas gubernamentales.

Los pobres de México

En México, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) estimó, a finales de 2008, que la población en condiciones de pobreza alimentaria en el sector rural (es decir, que no tiene ingresos ni para comer) es de más de 27 millones de mexicanos.

Apenas el año pasado, la miseria de los campesinos acaparaba al 62.8 por ciento de la población que subsiste de la producción de alimentos, esto es, 12.2 millones de personas. Mientras, en 2006 era del 65.3 por ciento, 9.4 millones de campesinos. En apenas dos años de la administración de Felipe Calderón, la cifra se incrementó en 3 millones de personas, indica el Coneval.

“El aumento de la pobreza alimentaria durante el periodo 2006-2008 se debe, en gran medida, al adverso entorno nacional e internacional en materia económica, especialmente por el alza de precios de la canasta básica”, según el capítulo 2.8 “Sector rural” del Tercer informe de gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

Del documento de la Presidencia también se desprende que otros 15 millones de campesinos se enfrentan a la pobreza de capacidades (incapacidad para cubrir el patrón de consumo básico de alimentación, salud y educación).

No obstante, Calderón Hinojosa arguye que su administración “contribuye a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza extrema, favoreciendo el desarrollo de las capacidades en educación, salud y nutrición de las familias beneficiarias”, a través del Programa Oportunidades.

A junio de 2009, reporta el informe presidencial, de los 27 millones 253 mil pobres alimentarios y de capacidades en zonas rurales reportados por el Coneval, Oportunidades atiende a 21 millones 239 mil personas que representan cerca de 80 por ciento del total de los más pobres y significan 4 mil 247 millones 900 familias.

Los “apoyos” destacados por el mandatario mexicano son: 210 pesos mensuales por familia “para mejorar la alimentación”, 120 pesos más (derivado del Apoyo Vivir Mejor) “para compensar la disminución del poder adquisitivo por causa del incremento internacional de los precios en alimentos”.

También menciona el apoyo al gasto en energéticos, de los que se entregan 55 pesos mensuales por familia. En tanto que para educación se dotan entre 140 y 890 pesos mensuales por becario.

Los ricos del campo

Contrario al apoyo mensual de poco más de 200 pesos por familia que ofrece a los más pobres el Programa Oportunidades, el padrón de beneficiarios del Programa de Atención a Problemas Estructurales de la Sagarpa entregó más de 4 mil 800 millones de pesos a las agroempresas, apenas el año pasado.

Los subsidios fueron “compensatorios” para la comercialización de maíz, trigo, sorgo, café y porcinos, y se canalizaron a través de las oficinas de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, órgano administrativo desconcentrado de la Sagarpa.

El informe, actualizado al 5 de septiembre de 2008, indica que se asignaron 4 mil 804 millones 558 mil 664 pesos mediante 4 mil 337 transferencias monetarias a empresas nacionales y trasnacionales. En la lista destacan: Bachoco, Cargill, Archer Daniels Midlan, Minsa y Molinera de México, entre otras. Esta última, afiliada al Grupo Maseca (Gruma, compañía dedicada procesar tecnológicamente el maíz), propiedad del empresario Roberto González Barrera.

“González Barrera, presidente del consejo de administración de Gruma, recibió de la revista londinense World Finance el premio World Finance 100, el cual reconoce a las 100 empresas globales que han alcanzado los más altos niveles de desempeño en sus campos de acción y que, con su liderazgo, han impulsado el desarrollo de su industria en el mundo”, dice una nota de la redacción del periódico La Jornada, fechada el 29 de septiembre pasado.

Federico Ovalle Vaquera, secretario general de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos y diputado federal, asegura que el gasto rural tiene un “uso perverso” del que “trasnacionales y grupos poderosos, nuevos despachos, fundaciones, consultoras y uniones conformadas en los últimos nueve años se apoderan de más del 80 por ciento de los recursos asignados al agro nacional”.

Algunas organizaciones civiles privilegiadas, acusa el legislador por el Partido de la Revolución Democrática, no tienen que enfrentar “montañas” de requisitos y reglas de operación, como lo tienen que hacer las centrales agrarias del sector social, para tener acceso a los recursos presupuestales.

Riesgo: insuficiencia alimentaria

Olivier De Schutter, relator especial del Derecho a la Alimentación de la ONU, explica que uno de los errores del sistema neoliberal es que algunos países del mundo no fortalezcan su producción interna, por lo que se exponen a la volatilidad de los precios internacionales.

El representante del organismo internacional –con sede en Nueva York, Estados Unidos– explica que la elección de algunos países de promover la exportación de ciertos productos, a cambio de “ganar” rentas y monedas extranjeras, y así contar con recursos para importar los alimentos que necesitan para su población, tiene mucho sentido.

Hay un gran número de países, dice, que han exportado azúcar, café, té, plátano o algodón, etcétera, para después comprar arroz y trigo para su gente. “Ese modelo puede funcionar, el problema es la vulnerabilidad que sufren los precios de los productos, estipulados en los mercados internacionales”, critica.

Una evaluación de desempeño –elaborada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF)–, aplicada al Programa de Fomento Agrícola (a cargo de la Sagarpa), indica que México se ha convertido en un país dependiente de la importación de alimentos básicos hasta en un 42 por ciento.

La valoración más reciente del órgano fiscalizador muestra que la caída en la producción de alimentos del 61.9 por ciento en 2002 fue de la obtención de granos y oleaginosas, alimentos básicos en la canasta de los mexicanos, mientras que al cierre de 2006 las cifras bajaron al 59.4 por ciento (Contralínea 104).

Luego, a finales de 2007, subió el precio de la tortilla severamente, también prioritaria en la canasta básica de alimentos de los mexicanos. El incremento fue consecuencia de “la caída de la producción mundial de maíz durante los últimos años; el uso del grano se ha intensificado para producir biodiesel, en Estados Unidos y China se disparó el uso del maíz para producir etanol, en tanto que en México pasaba por una mayor especulación ante la situación internacional”, indica el periodista Jorge Zepeda Patterson en su página www.jorgezepeda.net.

Los escenarios de riesgo

—¿La dependencia alimentaria o la falta de soberanía alimentaria podrían significar un problema de seguridad nacional en cualquier país del mundo? –se le pregunta a Olivier De Schutter.

—El tema merece una discusión muy seria, primero debemos hablar de la necesidad de buscar la independencia en la producción de los biocombustibles. Luego, plantear la misma situación en los alimentos, pues la comida es un producto que depende mucho del precio del petróleo. Ya vimos que las reservas del petróleo van a llegar a la baja, en consecuencia, de un momento a otro la demanda superará la oferta y subirán los precios. No sabemos cuándo ni cuánto. Tal vez en abril del próximo año. Los países que han decidido vincular su soberanía alimentaria con la importación van a tener que asumir más y más este riesgo.

Y es que, explica, no se han atendido las causas del aumento de los precios en 2008, tampoco del fenómeno de la especulación; no se ha regulado la diversidad de la producción para los biocombustibles y diversificar la producción hacia los mercados.

Se ha cometido el “grave error”, critica, de enfocar el nivel de los precios de los productos en los mercados internacionales, cuando un pequeño agricultor no vende su producto en el mercado de comercio de Chicago, y un pequeño consumidor de Guadalajara o Chiapas no compra en el mercado de Valores de Chicago.

Oposición a transgénicos

La discusión sobre la aplicación de biotecnología y los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) en alimentos es uno de los temas que también destaca el especialista en materia de derechos humanos. De Schutter dice que a nivel internacional se ha creído equivocadamente que es la solución para enfrentar la crisis alimentaria, “se ha centrando como si fuera la bola mágica para solucionar todos los problemas que vienen”.

No obstante, añade, el hambre crónica de una sexta parte de la población deriva de un “conflicto” entre la oferta y la demanda. “El problema no es que haya una baja producción de alimentos, sino que los ingresos de la población son muy bajos, mientras que en otros grupos pasa lo contrario. Siempre el grupo con más dinero tiene la posibilidad de pagar más por los alimentos, en consecuencia se quedan excluidos los que menos tienen”.

El relator especial de la ONU asegura que la discusión sobre la aplicación de biotecnología en la producción de alimentos debe analizarse desde la perspectiva de quienes realmente se beneficiarían de ella. Pregunta a quiénes se va a privilegiar y cuáles serían las ventajas para los pequeños productores, de los más pobres y marginados.

Explica que cuando se habla con los campesinos dicen que ellos necesitan mayores tecnologías para el manejo del agua, mejores vías de comunicación y capacitación técnica.

“También dicen que las semillas criollas son las más productivas para sus necesidades y las más estables. Entonces, ¿la pregunta no debería ser cómo producir más alimentos, sino cómo podemos mejorar la producción de alimentos para los sectores más vulnerables, para aumentar sus ingresos?”, comenta De Schutter.

Pese a la oposición de organizaciones sociales ante la siembra de maíz transgénico en México, la Sagarpa ha anunciado que de aprobarse los estudios necesarios, los OGM podrían comenzar a sembrarse este mismo año.

La investigadora Catherine Marrielle, coordinadora de programas del Grupo de Estudios Ambientales, advierte que entre los riesgos a largo plazo que existen con la siembra de transgénicos se encuentra la pérdida de semilla criolla –que es con la que actualmente trabajan los campesinos mexicanos–, y la pérdida de identidad, ya que México es centro de origen de producción de maíz. Además de que las patentes que producen empresas como Dow AgroScience, PHI de México y Monsanto Comercial obligan a los productores más pobres a pagar a las grandes corporaciones.

A través de un comunicado oficial, la Sagarpa ­–encabezada por Francisco Mayorga– informa que hasta el 28 de septiembre pasado ha recibido 31 solicitudes para obtener el permiso de siembra experimental de maíz genéticamente modificado en Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Jalisco y Tamaulipas.

El director en jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Enrique Sánchez Cruz, dijo que “estas 31 solicitudes se encuentran en espera del dictamen vinculante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), cuyo proceso también deben cumplir.

Los sitios propuestos para realizar las siembras experimentales son: Valle del Yaqui, Huatabampo, San Ignacio, Río Muerto y Cajeme, Sonora; Los Mochis, Culiacán, Angostura, Navolato, Ahome y Guasave, Sinaloa; Cuauhtémoc, Delicias y Jiménez, Chihuahua; Valle Hermoso, Matamoros, Díaz Ordaz, Río Bravo, Tamaulipas, y Puerto Vallarta, Jalisco”.

Las empresas que presentaron sus solicitudes a la Sagarpa son: Dow AgroScience, PHI de México y Monsanto Comercial. “En caso de que las empresas cumplan con los requisitos legales y de sanidad vegetal, correspondientes a lo que marca la ley, se podrá autorizar la siembra experimental, siempre y cuando cuenten con el dictamen vinculante de la Semarnat”.

Respecto del atraso tecnológico en el sector agropecuario nacional, la evaluación de desempeño realizada por la ASF expone “que en 1996 la superficie con potencial de tecnificación era de 5 millones 77 mil 100 hectáreas, de las cuales en una década sólo se tecnificaron 936 mil 500 hectáreas, esto es el 18.4 por ciento de la superficie. Para atender las más de 4 millones de hectáreas pendientes, a un ritmo anual de 85 mil hectáreas, se requieren 48.6 años”.

Amenaza del cambio climático

Apenas en septiembre pasado, la agencia internacional de noticias Inter Press Service informaba que unas 54 mil familias guatemaltecas padecían de hambre como consecuencia de la falta de alimentos por sequías. Mientras, otras 400 mil personas se encontraban en riesgo.

La crisis alimentaria obligó al presidente de Guatemala, Álvaro Colom, a declarar el “Estado de Calamidad Pública, lo cual permitiría al gobierno comprar alimentos de emergencia y movilizar recursos sin los requisitos ordinarios de ley de licitaciones”.

La gravedad de la situación en Guatemala provocó la llegada al país del relator especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación, Olivier De Schutter, quien lamentó: “Siendo un país rico (en recursos naturales y producción de bienes), Guatemala tiene desigualdades muy marcadas, que generan pobreza, y hay hambre, que afecta sobre todo a los campesinos y pequeños productores agrícolas”.

Cambio climático

El relator de la ONU dice a Fortuna que el problema del cambio climático se ha convertido en una situación “muy preocupante”. Alerta que para 2080 habrá una baja en los niveles de producción del 3 al 4 por ciento sobre los niveles de producción registrados en 2000. Además, se registrará una mayor desertificación, erosión en los suelos e impredecibilidad sobre el clima.

Debido a que la crisis se incrementará en el futuro, sugiere: “Deberíamos enfocarnos en las formas de producción agropecuaria sustentables, que no contribuyen al cambio climático, sino que lo mitigan. Esto, con base en las tecnologías agroecológicas y no agroindustriales. El monocultivo es otro de los riesgos en el cambio climático, por lo que es necesario promover la diversidad de la producción en un mismo terreno”.

El “peligro” que significa la monoproducción, dice De Schutter, debería tener mayores capacidades de respuesta ante las contingencias (sequías, inundaciones, desastres, naturales, etcétera). Esto, a través de reservas estratégicas de alimentos para compartir con otros países.

En México, el panorama es poco alentador. “El deterioro excesivo del suelo provoca la desertificación, fenómeno asociado con la disminución de la capacidad productiva; sus principales causas son la deforestación en pendientes pronunciadas en suelos frágiles… además del arado excesivo de la tierra en sistemas de agricultura tecnificada, sobre todo en las zonas y distritos de riego. Los principales procesos de degradación son la erosión hídrica, eólica y química”, reconoce la Sagarpa ante el diagnóstico de la ASF.

Agustín Carstens Carstens, secretario de Hacienda y Crédito Público, habría incurrido en ilícitos al dotar de 100 millones de pesos más a la Auditoría Superior sin autorización de la Cámara de Diputados. Una denuncia penal, interpuesta ante la PGR por exlegisladores, indica que el acto “deja evidencia de la disposición indebida de los valores, recursos federales que tiene bajo su guardia y custodia”

Exlegisladores denuncian penalmente al secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens Carstens, por supuesto uso “discrecional” del erario: fuera del Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 y del conocimiento de la Cámara de Diputados, entregó 100 millones de pesos a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Así lo indica la denuncia interpuesta ante la Procuraduría General de la República por quienes fueran diputados en la LX Legislatura: José Luis Varela Lagunas, Elías Cárdenas Márquez y Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, y por el senador Carlos Sotelo García.

En su artículo 74, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica que son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: “Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificar el proyecto enviado por el Ejecutivo federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar en dicho presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes presupuestos de egresos”.

El documento, presentado ante la procuraduría, dice que el secretario de Hacienda “incurrió en conductas constitutivas de delito, consistentes en la autorización discrecional de la ampliación del presupuesto de la ASF, por 100 millones de pesos, sin que existiera autorización alguna por parte de la Cámara de Diputados…”

Según consta en el Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre de 2008, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009 indica la asignación de 1 mil 27 millones 700 mil pesos para el máximo órgano de fiscalización del país.

No obstante, el 27 de febrero de este año, el titular de la Unidad General de Administración de la ASF, Raúl Esquerra Castañeda, informó a la Cámara de Diputados que luego de que se autorizara una cifra inferior de 69 mil 100 pesos, “con respecto del proyecto de presupuesto básico… se gestionó ante la SHCP un incremento de 100 millones de pesos para poder alcanzar la meta de entidades a fiscalizar en este ejercicio”.

Varela Lagunas, exsecretario de la Comisión de Vigilancia en la Cámara de Diputados, dice: “No podemos hablar de transparencia”. Además, indica, con este tipo de acciones también se pone en duda la ética del auditor Arturo González de Aragón, encargado de vigilar el uso adecuado de los recursos, y de Carstens, quien maneja los dineros públicos”.

Agrega que una vez que se conforme la comisión en la Cámara a la que perteneció “voy a ratificar la denuncia, como un compromiso cívico. Es parte de la responsabilidad que nos confirieron los votantes”.

Los gastos de la ASF

El promotor de la denuncia en contra del secretario de Hacienda también cuestiona los gastos de la ASF, misma que debe ajustarse a las políticas de austeridad que se promueven en tiempos de crisis económica.

El Informe del ejercicio presupuestal, al 30 de junio de 2009, contenido en el Portal de Transparencia de la ASF, registra una partida anual “autorizada” por 1 mil 127 millones 700 mil pesos. Según el comparativo con el año fiscal anterior, la diferencia asciende a 45 millones 722 mil 561 pesos menos.

La relación entre el ejercicio autorizado y el modificado, al concluir el primer semestre de este año, muestra que los “Servicios generales” –gastos programados en el capítulo 3000– se incrementaron al 141 por ciento, luego de que el presupuesto autorizado por 61 millones 453 mil 306 se modificara a 148 millones 384 mil 488 pesos.

Los cambios superan en 86 millones 931 mil pesos la propuesta original. En este rubro se contemplan contrataciones de personal de vigilancia, mantenimiento y servicios, grabado, publicación, difusión e información. Al cierre del informe, su ejercicio era de 66 millones 610 mil pesos.

El capítulo 7000 –correspondiente a “Inversión financiera, provisiones económicas, ayudas, otras erogaciones y pensiones, jubilaciones y otras”– obtuvo un incremento del 115 por ciento, al pasar de 650 mil pesos a 1 millón 128 mil 250 pesos. El 30 de junio pasado, los gastos en este renglón ya habían alcanzado los 940 mil pesos.

Del capítulo 2000, “Materiales y suministros”, la ASF reporta cambios al 109 por ciento, las cifras van de 4 millones 730 mil 603 pesos a 10 millones 485 mil 937 pesos. Entre las adquisiciones que se hacen bajo este rubro se encuentra la compra de consumibles de cómputo y material eléctrico. Al cierre del informe se habían gastado 6 millones 32 mil 752 pesos.

En tanto, “Bienes inmuebles” (capítulo 5000) pasó de 6 millones 932 mil 909 pesos a 11 millones 72 mil 549 pesos, lo que implica un incremento de 60 por ciento en su presupuesto. Los consumos de este renglón competen a bienes informáticos, instalación de aire acondicionado, así como la puesta en marcha de una planta de tratamiento de aguas residuales.

“Servicios personales” (capítulo 1000) es la partida de mayor importancia en el gasto programable –se incrementó 6 por ciento, con las adecuaciones de la ASF–, pasó de 454 millones 248 mil 482 pesos a 482 millones 183 mil 453 pesos. Bajo este renglón está considerado el gasto por salarios, bonos, celebraciones correspondientes al Día del Niño y de la Madre, entre otras. El avance a la mitad del año fue de 432 millones 709 mil 265 pesos.

En este renglón se contempla el salario de González de Aragón, por 151 mil 869 pesos al mes, apenas 598 pesos menos de los 152 mil 467 pesos que percibe el presidente de la República. Además, prestaciones como: estímulos, reconocimientos, recompensas, incentivos, entre otros.

El gasto por concepto de “Obras públicas”, del capítulo 6000, fue el único que disminuyó de su presupuesto autorizado en un 112 por ciento, al pasar de 12 millones 400 mil pesos a 5 millones 423 mil 931 pesos.

Querella penal

La denuncia interpuesta por los exlegisladores expone que la ampliación presupuestal de la ASF ya había sido negada en 2003 por la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), como consta en el oficio 801.1.0223, del 4 de marzo de ese año. “Se concluyó que las ampliaciones presupuestales las podrán autorizar solamente los respectivos órganos competentes con cargo a los ingresos excedentes que, en su caso, generen durante el ejercicio fiscal y, por lo que corresponde a los poderes Legislativo y Judicial, los entes públicos federales, así como las dependencias y entidades están obligados a cubrir las contribuciones que les correspondan con cargo a sus respectivos presupuestos”.

El documento también especifica que todo procedimiento para la elaboración, aprobación y modificación del presupuesto anual de la ASF debe llevarse por conducto de la Cámara de Diputados, según lo ordenado en la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

Dicha ley menciona en su artículo 66 que para hacer válido lo dispuesto en el artículo 74 constitucional, “la Cámara contará con una comisión que tendrá por objeto coordinar las relaciones entre ésta y la Auditoría Superior de la Federación, evaluar el desempeño de esta última y constituir el enlace que permita garantizar la debida coordinación entre ambos órganos”.

Entre las atribuciones de la Comisión de Vigilancia de la ASF, indica la misma ley, está el “conocer el proyecto de presupuesto anual de la Auditoría Superior de la Federación, así como el informe anual de su ejercicio, y turnarlo a la Junta de Coordinación Política de la Cámara para los efectos legales conducentes”.

Con estos argumentos, los exrepresentantes populares muestran que la SHCP actuó “fuera de todo procedimiento establecido, y violentando la normatividad constitucional y legal otorgó a la ASF una suma adicional de 100 millones de pesos”.

Ante ello, Varela Lagunas, Cárdenas Márquez, Sandoval Ramírez y Sotelo García presumen que Carstens Carstens incurrió en una conducta “ilícita”, misma que “a todas luces deja evidencia de la disposición indebida de los valores, recursos federales que tiene bajo su guardia y custodia”.

Indican que la dotación de recursos por 100 millones de pesos, hecha por la autoridad hacendaria, trae como consecuencia que “los servidores públicos involucrados dejaron de observar en todo momento la legalidad, la honradez, la lealtad, la imparcialidad y la eficiencia en el manejo de recursos federales, en virtud de ser la SHCP la encargada de resguardar y custodiar los recursos de la federación”.

En tanto que observan una “conducta presumiblemente ilícita” de los servidores públicos del máximo órgano de fiscalización, encabezado por Arturo González de Aragón, al solicitar los recursos millonarios sin que mediara la autorización del Poder Legislativo.

Facultades y obligaciones de la Auditoría Superior de la Federación

1. Es un órgano técnico perteneciente a la Cámara de Diputados que tiene el mandato de revisar la Cuenta Pública.

2. Debe elaborar su proyecto de presupuesto anual que contenga de conformidad las previsiones del gasto y los recursos necesarios para cumplir con su encargo.

3. Por el conducto de la Comisión de Vigilancia de la ASF, el proyecto de presupuesto anual debe ser remitido a la junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, para su inclusión en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

Gastos comprendidos en el capítulo 1000

Fuente: Portal de Transparencia de la ASF

En el primer trienio de Calderón, el fisco mexicano deja de recaudar 1 billón 818 mil 402 millones de pesos, revelan los presupuestos de gastos fiscales para los ejercicios 2007, 2008 y 2009. Al tiempo que la administración federal otorga estímulos fiscales multimillonarios a trasnacionales, pugna por los impuestos a medicinas y alimentos

En sus tres primeros años, el gobierno de Felipe Calderón deja de percibir recursos fiscales por 1 billón 818 mil 402 millones de pesos, consta en los presupuestos de gastos fiscales para los ejercicios 2007, 2008 y 2009, elaborados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La información oficial da cuenta de “los montos que deja de recaudar el erario federal por concepto de tasas diferenciadas en los distintos impuestos, exenciones, subsidios y créditos fiscales, condonaciones, facilidades, estímulos, deducciones autorizadas, tratamientos y regímenes especiales establecidos en las distintas leyes que en materia tributaria aplican a nivel federal”.

La pérdidas para el erario federal por año se desglosan de la siguiente manera: 2007, 581 mil 123 millones 300 mil pesos; 2008, 772 mil 364 millones 500 mil pesos; 2009, 464 mil 914 millones 700 mil pesos.

Además, en su Presupuesto de gastos fiscales 2009 el SAT prevé que la merma ascenderá a 502 mil 533 millones 400 mil pesos. Con esta proyección, las pérdidas para el cuatrienio ascenderán a 2 billones 320 mil 935 millones 900 mil pesos.

Pérdidas por rubro

El pasado 24 de julio, el secretario de Hacienda y Crédito Público Agustín Carstens declaró que el gobierno federal enviará al Congreso una iniciativa de reforma fiscal, con el proyecto de presupuesto 2010.

En el contexto de la crisis financiera que padece México, se prevé que ésta buscará –entre otras cosas– gravar los artículos más sensibles para la población: alimentos y medicinas. Ello, pese a que el SAT admite un multimillonario “hoyo” en el fisco.

En sus informes, el órgano recaudador revela que las mermas correspondientes al Impuesto Sobre la Renta (ISR) son las más elevadas, al totalizar en estos tres años 752 mil 720 millones 400 mil pesos.

Sin especificar que porcentaje corresponde a evasión fiscal, los reportes del SAT indican que 450 mil 636 millones 500 mil pesos corresponden al ISR empresarial. Esto es el 59.86 por ciento del total de las pérdidas registradas en ese impuesto.

Le sigue el déficit que registra el Impuesto al Valor Agregado, por 579 mil 512 millones 200 mil pesos. En tercer lugar se ubican las mermas en los llamados impuestos especiales, que suman 254 mil 185 millones 200 mil pesos.

Entre 2008 y 2009, el recién creado Impuesto Empresarial de Tasa Única presenta pérdidas por 181 mil 873 millones 700 mil pesos. Mientras que en el primer trienio, los estímulos fiscales –que benefician a trasnacionales y grandes corporativos– suman 50 mil 111 millones de pesos.

Estímulos del Conacyt: 9 mil MDP

Tan sólo los estímulos fiscales otorgados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que preside el guanajuatense Juan Carlos Romero Hicks, suman 9 mil millones de pesos en los tres años del gobierno de Calderón.

Éstos han beneficiado a trasnacionales como Monsanto, Pfizer, Kimberly-Clark, Chrysler, Ford, Procter & Gamble, Shering Plough, Bimbo, Telmex, Barcel, indican informes publicados en el Diario Oficial de la Federación.

Entre las más beneficiadas se encuentran las empresas de la industria automotriz, como las estadunidenses Ford Motor, General Motors y Chrysler, la japonesa Nissan y la alemana Volkswagen.

De acuerdo con los informes, más de 1 mil empresas han sido favorecidas bajo la justificación de incentivar los gastos en inversiones en investigación y desarrollo de tecnología. De éstas destaca General Motors, que en el periodo 2007-2008 obtuvo más de 800 millones de pesos para promover 88 proyectos en sus plantas.

También se encuentran trasnacionales vinculadas a la industria farmacéutica, que en años anteriores han obtenido contratos del gobierno federal para la distribución de medicamentos.

Tal es el caso de Laboratorios Senosiain que, según el portal de compras del gobierno federal Compranet, había facturado de 2002 a 2005 1 millón 511 mil 536 pesos. De los estímulos autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público obtuvo más de 13 millones de pesos en tan sólo dos años: 2 millones 17 mil 642, en 2007, y 11 millones 110 mil 47, en 2008.

La actual administración también ha estimulado a empresas que se dedican a la experimentación de semillas transgénicas, como Monsanto y Dow Agrosciences. Ambas esperan la autorización de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, dependiente de la Secretaría de Salud, para iniciar con la siembra de maíz transgénico en el país.

Asimismo, destaca la presencia de la principal empresa de telefonía del país, Telmex, propiedad de uno de los hombres más ricos del mundo, Carlos Slim. La telefónica recibió incentivos, durante el primer año de la administración en curso, por 11 millones 877 mil 692 pesos del Conacyt, mediante seis proyectos de innovación tecnológica.

No obstante, una investigación de la reportera de Fortuna Paulina Monroy demostró que en 2007 los Fondos Sectoriales para la Investigación Científica con Dependencias y Entidades y los Fondos Mixtos para el Desarrollo Científico y Tecnológico Estatal y Municipal, del Conacyt, no fueron utilizados al ciento por ciento para la promoción de la ciencia y la tecnología.

Resultado de ello, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló un subejercicio de 4 mil 65 millones 985 mil 300 pesos en secretarías y entidades federativas. Entonces se perdieron 6 mil 314 proyectos.

Automotrices consentidas

La compañía estadunidense General Motors ganó en dos años incentivos fiscales por 800 millones 641 mil 586 pesos, destinados a la aplicación de 88 esquemas de innovación tecnológica. En el primer año de la administración de Romero Hicks al frente del Conacyt, la automotriz recibió estímulos por 549 millones 681 mil 586 pesos. Un año más tarde, por 315 millones de pesos.

El proyecto más ambicioso que presentó la trasnacional al Conacyt, para obtener 217 millones 153 mil 681 pesos, está relacionado con el desarrollo de nuevas herramientas de bajo consumo de energía, que permitan la fabricación de 10 versiones vehiculares de la serie GMT 166/168.

Pero éste no ha sido el único esquema que ha tenido la trasnacional para beneficiarse del erario, ya que en 2006 obtuvo, “de manera irregular”, más de 300 millones de pesos extraídos del Fondo para Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) operado por la Secretaría de Economía (SE), documentó la ASF en el Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2006.

Ford Motor Company, la segunda armadora más importante del mundo, obtuvo estímulos por casi 75 millones de pesos, correspondientes a 35 proyectos. En 2007, la compañía obtuvo 31 millones 660 mil 799 pesos, mientras que al año siguiente le fueron asignados 43 millones 309 mil 782 pesos.

El proyecto que más estímulos fiscales exigió, según el archivo de internet del Conacyt, es el denominado “Desarrollo de dispositivos de alta precisión para verificación de lámina automotriz”, que significó un monto de 14 millones 5 mil 106 pesos.

Esta empresa ha sido una de las más beneficiadas por el gobierno federal desde la administración de Vicente Fox, bajo el argumento de que es una generadora de empleos. Al igual que General Motors, durante 2005 y 2006 obtuvo de la SE subsidios por más de 1 mil millones de pesos a través del Fondo Pymes.

De dichas operaciones, la ASF demostró irregularidades por 200 millones de pesos en la revisión de la Cuenta Pública 2005. Las inconsistencias se reflejaron en el FP2005-2413, denominado Revitalización del Cluster de Innovación Automotriz del Valle de México, por lo que el máximo órgano de fiscalización del país exigió la recuperación de dicho monto (Fortuna 61).

La empresa armadora alemana Volkswagen México, que en el primer trimestre de este año llevó a cabo paro técnico en su producción por la crisis económica mundial, recibió en los primeros años de esta administración incentivos por 334 millones 581 mil 739 pesos para 37 esquemas.

Un mil 33 millones 652 mil pesos más fueron entregados en 2007 a Chrysler de México, sólo para ocho proyectos. A esta entrega se suma la de la japonesa Nissan con 161 millones 184 mil 489 pesos y la sueca Volvo, con 12 millones 354 mil 903 pesos.

Multinacionales

Entre las empresas que han cruzado el mercado mundial y que se encuentran enlistadas en los subsidios del Conacyt están: Kimberly-Clark y Procter & Gamble. La primera –compañía líder en productos de consumo para el cuidado e higiene personal–, adjudicó más de 100 millones pesos en 2007 y 2008 a la elaboración de 12 proyectos de investigación.

Colocada para cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores, la empresa registra ventas anuales superiores a los 23 mil millones de pesos, según indica su información interna. Esta misma obtuvo estímulos del Conacyt por 101 millones 946 mil 785 pesos, bajo la permisividad de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, según indica el Diario Oficial de la Federación.

La multinacional estadunidense Procter & Gamble, encargada de elaborar bienes de consumo como pilas, rastrillos y jabón, entre otros, ganó de la hacienda pública más de 10 millones de pesos.

La empresa, de la que forma parte en su cúpula directiva el expresidente Ernesto Zedillo, sugirió a la institución encargada de la innovación tecnológica en México que llevaría a cabo 21 proyectos de investigación a cambio de 10 millones 988 mil 894 pesos en estímulos.

Las farmacéuticas

La industria de los medicamentos y los avances médicos también fue susceptible de obtener incentivos fiscales millonarios a través del programa de estímulos fiscales, que llevó el Conacyt hasta enero de este año. Entre las que destacan, por importancia en monto y presencia en el mercado internacional, Astrazeneca, Bayer, Baxte, Schering Plough.

Con más de 32 mil empleados en todo el mundo y prescencia en más de 125 países, Shering Plough obtuvo beneficios fiscales por 34 millones 663 mil 151 pesos, de los que se desprenden sólo cinco proyectos de “avance tecnológico”, de los que no aparece información específica en el portal del Conacyt, donde se encuentran registrados los proyectos.

AstraZeneca –compañía anglosueca que desarrolla fármacos para tratamientos de enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, neurológicas, psiquiátricas, infecciosas, respiratorias y oncológicas– ganó más de 22 millones de pesos con 25 proyectos. Bayer también obtuvo 7 millones 699 mil 206, y Baxter sumó 930 mil 387 pesos.

La agroindustria

De la industria alimentaria también se desprendieron diversos beneficios para empresas como Bachoco, propiedad de la familia del gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo. A esta última le fueron asignados 98 millones 413 mil 176 pesos en el periodo 2007-2008.

La empresa dedicada a la crianza de aves y sus derivados obtuvo su mejor presupuesto para el esquema “Diseño y desarrollo de tecnología de proceso para el corte, cristalizado y empacado y para el desarrollo de nuevos productos, procesos y servicios tecnológicos para la industria avícola”, al que le fueron asignados 18 millones 852 mil 252 pesos en 2008.

También hubo subsidios para Bimbo, empresa que se ha identificado con el Partido Acción Nacional a través de sus directivos. La compañía de la familia Servitje registra en los documentos del Conacyt subsidios por 5 millones 777 mil 265 pesos.

El listado de propuestas tiene proyectos como el de “Diseño y desarrollo de sistema de alimentado y colocado automático de producto a contenedores plásticos”, al que se incentivó con 1 millón 70 mil 316. Barcel, también propiedad de Grupo Bimbo, obtuvo otra cantidad millonaria. Los recursos estimulados a la empresa ascendieron a 18 millones 589 mil 426 pesos.

Entre las trasnacionales que han entrado al mercado de la alimentación, se encuentran Monsanto, conocida por producir el herbicida más vendido en el mundo y por la oposición de organizaciones sociales para la siembra de maíz transgénico, y Dow Agrosciences de México, “líder en soluciones químicas, biológicas y genéticas para la agricultura”.

Según los documentos del Conacyt, Monsanto resultó beneficiada con 30 millones 800 mil 771 pesos, en tanto Dow Agrosciences de México obtuvo estímulos por 5 millones 195 mil 713 pesos.

Pérdidas fiscales del primer trienio calderonista

Otras trasnacionales beneficiadas a través del esquema de estímulos fiscales, instrumentado por el Conacyt en 2007 y 2008 (pesos)

Boehringer Ingelheim Promeco: 24,293,545

Cementos Apasco: 72,192,450

Bombardier Transportation México: 35,138,807

Bristol Myers Squibb de México: 39,992,513

Cementos Moctezuma 78 millones: 317,000, 561

Compañía Mexicana de Aviación: 242,760,502

Comunicaciones Nextel de México: 29,404,864

Cconductores Monterrey: 22,190,500

Mabe: 92,267,251

Comercial. Acros Whirlpool: 21,050,803

Dl Médica: 17,778,760

Fábrica de Galletas la Moderna: 69,512,839

Corporación GEO: 31,622,694

Danone de México: 1,940,745

Du Pont México: 1,395,612

Eli Lilly y Compañía: 13,814,046

Henkel Capital: 16,941,897

Industrias John Deere: 23,158,253

Johnson Controls Automotriz: 42,503,827

Minsa: 960,322,

Sabritas: 39,103,976

Laboratorios Senosiain: 8,598,304

Sanitarios Lamosa: 11,076,047

Laboratorios Silanes: 14,407,489

Schering Plough: 9,473,974

Televisa: 28,423,466

Tiendas Chedraui: 19,469,599

Unilever: 8,229,099

La disolución del llamado “banco de apoyo al campo mexicano” cuesta casi 40 mil millones de pesos al erario, 400 por ciento más de los créditos asignados por esta institución en su último año de operaciones. Además, los libros contables del organismo liquidador (Sae) registran casi 7 mil millones de pesos en cartera vencida y otros 6 mil millones de pesos en juicios laborales y mercantiles, indica la ASF

La decisión de Vicente Fox de liquidar Banrural cuesta al erario casi 40 mil millones de pesos en tan sólo cuatro años. A ello se suma la cartera vencida de la extinta institución, por más de 6 mil 800 millones de pesos, los más de 2 mil juicios laborales interpuestos por exempleados y jubilados, así como otros 3 mil 300 asuntos jurídicos en materia mercantil, revela la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Y es que de acuerdo con el Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2007, el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (Sae) –órgano dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público– ha empleado 39 mil millones 213 mil 986 pesos en el proceso de disolución y liquidación del Sistema Banrural (Banco Nacional de Crédito Rural), costo “histórico” para el cierre de una institución, califica el máximo órgano de fiscalización.

La cifra es 400 por ciento más del monto otorgado en créditos al sector más pobre del país, durante su último año de operaciones. Según el comparativo con el Tercer Informe de Gobierno de la administración foxista, a diciembre de 2002, el llamado banco de apoyo al campo mexicano otorgó créditos por 9 mil 783 millones 300 mil pesos.

De la fiscalización de la ASF también se desglosa el tipo de liquidaciones realizadas por el Sae, de lo que se desprende: 25 mil 262 millones 11 mil pesos de pasivos y contingencias; 1 mil 32 millones 489 mil pesos por contingencias y cumplimiento de obligaciones laborales, y 12 mil 919 millones 486 mil pesos en la liquidación de las obligaciones con los trabajadores jubilados y pensionados.

Los montos erogados a partir de enero de 2003 a diciembre de 2007, y que comprometen la disolución del Banrural, dice el informe, corresponden a 32 mil 969 millones 172 mil pesos de recursos fiscales y 6 mil 244 millones 814 mil pesos de recursos propios, y no será sino hasta 2010 cuando se dejen de asignar recursos para concluir el proceso.

A mediados del sexenio foxista, la liquidación de la institución crediticia se justificaba con la reducción de la plantilla laboral, que a 2002 era de más de 3 mil empleados activos y más de 8 mil jubilados, “lo que representaba una importante demanda de recursos del erario”. Con la creación de la Financiera Rural, como instrumento de financiamiento a los “agronegocios”, se ocuparían menos de 1 mil empleados.

Los juicios contra el Sae

Luego de que el gobierno federal se congratulara de la reducción presupuestaria en nómina, los juicios laborales en contra de la institución iniciaron también su proceso. De los 8 mil jubilados del Banrural que se registraban al cierre, actualmente existen más de 2 mil demandas para exigir los derechos laborales contraídos con el banco.

La cuarta parte de los trabajadores que prestaron sus servicios por más de 25 años han interpuesto 2 mil 45 juicios contra el SAE, que representa un gasto de 1 mil 771 millones de pesos para el erario. Del informe de la ASF se contempla que en 2007 no fue asignado ningún monto a este rubro, por lo que quedan pendientes de resolver los compromisos que en algún momento adquirió el Estado con su burocracia.

José Ángel Izaguirre, presidente de la Asociación Nacional de Empleados Jubilados de la Banca Rural (Anejub), contradice las cifras oficiales, pues asegura que son más de 3 mil 800 las demandas interpuestas en contra del organismo liquidador, y que en su mayoría exigen el cumplimiento de los servicios médicos.

“No se nos ha otorgado todo lo que por derecho nos corresponde, principalmente el acceso a los servicios médicos, vales de despensa y espacios deportivos; los servicios médicos son la prestación reina para nosotros”, dice el exservidor público que representa a nivel nacional a más de 8 mil extrabajadores que rebasan los 60 años de edad.

También lamenta la liquidación de Banrural ya que, dice, “respondió a los intereses políticos de Vicente Fox. Este banco era importante, principalmente para los ejidatarios y pequeños propietarios que son los que realmente producen los alimentos de este país; los mismos campesinos que desde el 1 julio de 2003 no tienen acceso a créditos bancarios”.

El informe de la ASF también incluye los juicios en contra del Sae interpuestos por extrabajadores, que al cierre de 2007 sumaban 408 por 149 millones 587 mil pesos. Según el informe presentado en 2006, los asuntos de estos exburócratas eran 427, que significaban 153 millones 241 mil pesos. Las cifras indican que en un año, el Sae solucionó sólo 19 asuntos con un arreglo monetario de 3 millones 654 mil pesos. Ello significa que apenas se cubrió el 4.4 por ciento de los casos.

El exgerente en diversas sucursales de Puebla, durante los últimos años de funcionamiento del banco, critica que la solución de los casos es muy lenta, “la burocracia y el gobierno no quieren resolver, y nosotros estamos haciendo gestiones por todos lados para ver quién nos hace caso”, comenta.

La Ley Orgánica de la Financiera Rural, por la que se rige el banco en liquidación, establece que “los jubilados y pensionados de las sociedades nacionales de crédito que se liquidan continuarán recibiendo sus pensiones y jubilaciones conforme a las condiciones generales de trabajo y convenios jubilatorios respectivos”.

Además, “tendrán derecho a recibir atención médico-quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria (…) Los beneficios al fallecimiento seguirán otorgándose a los derechohabientes de los jubilados y pensionados”.

De los juicios mercantiles que reporta el Sae, 3 mil 732 se registraron en 2007 e implican un monto de 5 mil 149 millones 503 mil pesos. Un año antes, la cifra ascendía a 7 mil 22 juicios por 7 mil 612 millones 877 mil 500 pesos.

Estos abarcan: “cartera vencida de habilitados” y demandas penales, administrativas y fiscales, que fueron resueltos en un 46.9 por ciento. Ello implicó la asignación de 2 mil 463 millones 374 mil 500 pesos, por 3 mil 290 asuntos.

Las deudas campesinas

Además de los recursos asignados a los litigios con exempleados y empresas acreedoras de Banrural, la extinta institución aún no recupera su cartera vencida, es decir, la deuda que tienen aproximadamente 200 mil sujetos de crédito desde diciembre de 2002.

Según el informe de la ASF, son 6 mil 887 millones 509 mil pesos los números rojos del Banrural. La cartera vigente, y que todavía podría ser recuperable, apenas representa el 5.33 por ciento, con 367 millones 220 mil pesos.

En tanto, la cartera vencida por 6 mil 520 millones 289 mil fue reducida respecto del año anterior, en 870 millones 747 mil, que significa el 11.2 por ciento con relación al reportado en 2006.

Rafael Galindo Jaime, dirigente de la Central Campesina Independiente, dice que las deudas que tienen millones de campesinos impiden la obtención de nuevos créditos con instituciones de la banca comercial o incluso de la misma Financiera Rural (instrumento financiero que suplió a Banrural).

Entre las observaciones que hace la ASF, destaca un probable daño a la hacienda pública por 8 millones 945 mil pesos, derivado de estados financieros dictaminados del Sistema Banrural al 31 de diciembre de 2007, por 6 mil 887 millones 509 mil pesos, con las relaciones analíticas por acreditado de 6 mil 878 millones 564 mil pesos, “que obedeció a errores y omisiones en la información financiera”.

El Mandato

El 4 de junio de 2003, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público formaliza el mandato a través de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público y Nacional Financiera, en su carácter de fiduciaria en el Fideicomiso Liquidador.

Con ello se pretendía continuar “por cuenta y orden del gobierno federal, pero en nombre propio, con la administración, cobranza y, en su caso, venta de la cartera cedida por Banrural, así como de los activos recibidos con motivo de la cobranza de dicha cartera, enterando el producto de las recuperaciones y venta a la Tesorería de la Federación, previa deducción de los gastos originados por el encargo”.

El Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2007 indica que el Sae tiene 23 recomendaciones pendientes de solventar respecto de los ejercicios fiscales de 2005 y 2006, según se registró hasta noviembre de 2008.

El documento dice que en 2005 el máximo órgano de fiscalización emitió 16 observaciones con 24 acciones y recomendaciones, de las que sólo quedó una por atender.

No obstante, en 2006 quedaron pendientes de atender 22 de las observaciones de la ASF, mismas que derivaron de 17 observaciones con 31 acciones, que se dividen en 17 recomendaciones y 14 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria de servidores públicos, de las que sólo se atendieron nueve por parte del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (ER)

Integración de juicios 2006-2007

Fuente: Sistema Banrural, saldos y montos de juicios 2006-2007

Mientras 29 millones de campesinos subsisten en condiciones de miseria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público falla en la capitalización del sector rural. Casi 400 millones de pesos destinados a esta tarea muestran irregularidades en la cuenta pública 2007, dice la ASF. El Colegio de Postgraduados revela que el programa de capitalización ni siquiera cuenta con un padrón de beneficiarios

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) fracasa en la capitalización del campo mexicano. El Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (Focir), operado por la dependencia que encabeza Agustín Carstens Carstens, presenta irregularidades por 389 millones 346 mil 800 pesos en el primer año de la administración de Felipe Calderón Hinojosa.

De acuerdo con el Informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2007, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fiscalizó 476 millones 261 mil 200 pesos, de los que detectó que el 81 por ciento de los recursos presentaba inconsistencias.

El fondo, constituido una vez que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con Estados Unidos y Canadá, incumplió con los propósitos de apoyar proyectos y empresas; generar empleos, beneficiar a productores, promover la capitalización del sector rural e incentivar la inversión de largo plazo en la agroindustria.

Ello significa que el Focir no respondió a la situación del campo mexicano, en donde habitan 29.9 millones de personas en condiciones de pobreza. El documento El sector rural del siglo XXI –elaborado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) de la Cámara de Diputados–, indica que 18.1 millones de personas que habitan en este sector viven en los municipios de muy alta y alta marginación.

Sólo 5 millones 338 mil personas cuentan con una ocupación en los sectores agropecuario, forestal y pesquero.

De estas cifras, 3.8 millones de jornaleros agrícolas “se distinguen por su inseguridad laboral; elevadas cargas de trabajo en condiciones inapropiadas de seguridad e higiene en sus lugares de estancia y trabajo”, precisa el CEDRSSA.

Sujeto a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que establece que el Estado promoverá la capitalización del sector por medio de obras de infraestructura básica y productiva, servicios a la producción y apoyos directos a los productores, entre otros, el Focir no cuenta con definición de estrategias y prioridades de mediano y corto plazo ni con la organización de recursos para alcanzarlas, dice la ASF.

El fondo, creado como entidad de primer piso, es decir que tenía la capacidad de entregar apoyos directos a los productores del campo, cambió su “modelo de negocios” en 2004 para crear un fondo de inversión de capital de riesgo mixto, preferentemente con capital privado, y otorgar servicios integrales de inversión a la agroindustria.

Las observaciones

En el desglose de cifras por 389 millones 346 mil 800 pesos, el 54 por ciento (212 millones 250 mil pesos) del presupuesto comprometido para inversión financiera ni siquiera apareció en los libros contables del fondo. Así como otros 5 millones 346 mil 800 que aparecían como disponibilidades, “sin localizarse en el estado de cuenta bancario”.

La ASF hace hincapié en que, de acuerdo con el artículo 114 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se sancionará a los servidores públicos que “no lleven los registros presupuestarios y contables en la forma y términos que establece esta ley, con información confiable y veraz”.

Otros 53 millones 250 mil pesos asignados para el servicio de cobertura no contaron con el contrato que formalizara la operación. Las Reglas de Operación del Focir establecen que para acceder al apoyo que se brinda mediante la modalidad de servicios de cobertura, se debía cubrir, entre otros, el procedimiento siguiente: “Si el solicitante acepta los términos y condiciones de autorización, se procede a elaborar el contrato en el cual se establecen las condiciones en que se formalizará la operación… Una vez formalizada la operación, Focir realizará los asientos contables que sean pertinentes”.

Por este motivo, la ASF promueve que el Órgano Interno de Control en el Focir realice las investigaciones pertinentes y finque responsabilidades derivadas de las omisiones de los servidores públicos que realizaron el registro contable de más de 53 millones de pesos, sin contar con el contrato que formalizara la operación del servicio de cobertura.

Con respecto del capital de riesgo del Focir, en 2007 la ASF detectó que, por cada 100 pesos registrados, el 92.3 por ciento se encontraba en cartera vencida.

La ASF indica que ese año Focir registró una cartera total de 407 millones 211 mil pesos, de los cuales 221 millones 86 mil pesos corresponden a capital de riesgo y 186 millones 125 mil pesos en crédito.

El máximo órgano de fiscalización indica que la cartera de capital de riesgo representó el 52.8 por ciento del presupuesto otorgado. Lo que significó una minusvalía del 47.2 por ciento, es decir 197 millones 905 mil pesos para el fondo.

Empresas beneficiadas

El Focir documentó como beneficiarias a ocho empresas, a las cuales aportó recursos por 83 millones 504 mil 500 pesos. La ASF detectó que hay inconsistencias por el 89 por ciento de los beneficios.

Entre las que podrían representar una irregularidad en el manejo de los recursos, se encuentra Frigorífico de Occidente, con 38 millones 875 mil pesos.

Le siguen Oleosur, con 25 millones 919 mil 200 pesos, y Plantaciones del Soconusco, con 10 millones 38 mil 200.

Para la asignación de recursos de estas últimas empresas, el Focir señaló –mediante el oficio FCR.DGAFSI.016.01/09, del 29 de enero de 2009– “que las metas programadas se establecieron conforme al porcentaje estimado a utilizar en las fases iniciales de inversión de los proyectos apoyados en dichas empresas; sin embargo, la entidad no proporcionó evidencia suficiente para sustentar lo anterior”.

Otras de las que obtuvieron recursos del fondo fueron Nafta Fund of Mexico Management, 5 millones 884 mil 100 de pesos; Servicios de Empaque y Comercialización de la Ganadería Sonorense, 2 millones 198 mil pesos; Biofábrica Siglo XXI, 340 mil pesos; ADM Bebidas Naturales, 170 mil pesos, y Genética Cuka, 80 mil pesos, de ésta no se acreditaron las evidencias suficientes para determinar las metas por las que les fueron asignados los recursos.

Focir reprobado

La Evaluación externa 2007 para el Programa de Capital de Riesgo y para el Servicio de Cobertura que opera el Focir con recursos fiscales 2007, elaborada por el Colegio de Postgraduados, indica que dicho programa carece de una definición de su población objetivo.

“La población objetivo y la población potencial, que presentan el problema que es la falta de capitalización en el sector rural, no están claramente definidas, debido que no existe un padrón de beneficiarios potenciales”, precisa.

El Colegio de Postgraduados indica que según las Reglas de Operación del Programa la población objetivo está definida como todas las “personas físicas o morales y grupos dedicados a las actividades agropecuarias y agroindustriales de todo el país que lleven a cabo proyectos para acopio, comercialización y transformación, preferentemente en regiones que presentan potencial productivo como son: ejidatarios, comuneros, propietarios rurales, asociados entre sí, o con inversionistas que cuenten con proyectos productivos en el medio rural”.

Suma a los inversionistas de capital privado nacionales y extranjeros que realicen inversiones de capital de riesgo en empresas agroindustriales mexicanas o establecidas en territorio nacional.

Con la revisión del documento, la ASF verificó que “la población objetivo y potencial del programa no están claramente definidas, debido a que no existe un padrón de beneficiarios potenciales, además de que el programa no cuenta con información sistematizada que permita conocer la demanda total de apoyos”.

Asimismo, que no cuenta con instrumentos que permitan medir el grado de satisfacción de la población objetivo a la que atiende.

Las cifras del campo

Mientras los recursos millonarios destinados a la “capitalización” del campo mexicano carecen de estrategias y planeación, según la ASF, las remesas (tercera entrada de divisas al país) que envían los emigrantes del sector también caen ante la recesión económica que padece el principal socio comercial del país, Estados Unidos.

El Fondo Monetario Internacional advirtió en su documento Perspectivas económicas. Las Américas: los fundamentos más sólidos dan dividendos que “en el caso de México se estima que las remesas –calculadas en dólares– disminuirán 10 por ciento y sólo se recuperarán gradualmente a medida que se recupere el crecimiento en Estados Unidos”.

El país recibió en 2008 remesas por 25 mil 145 millones de dólares, una cantidad menor en 3.6 por ciento a la de 2007, según reporta el organismo internacional.

A ello se suma, según el centro de estudios de la Cámara de Diputados, que, en los últimos 15 años, los 5 millones 338 mil personas dedicadas a alguna actividad agrícola, forestal y pesquera “no han generado mayores empleos” y se encuentran en una situación de “estancamiento”.

Más de 1 millón de usuarios del crédito bancario no pueden cubrir sus deudas. De éstos, sólo 12 mil 500 han intentado negociar con sus acreedores. Mientras, el cobro de intereses en las tarjetas de crédito rebasa hasta el 113 por ciento. Ningún deudor puede ser encarcelado por morosidad o falta de pago: Condusef

Más de 12 mil 500 usuarios de la banca buscan salir de sus deudas, acentuadas con el incremento en las tasas de interés durante 2008 y el primer trimestre de 2009. El año pasado, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) registró que 1 millón 300 mil usuarios de préstamos al consumo cayeron en cartera vencida.

El informe Negociación de créditos –elaborado por la Condusef y la Asociación de Bancos de México (ABM)– indica que, en el periodo fiscal anterior, 8 mil 600 sujetos de crédito buscaron cambios en las tasas y plazos de sus créditos.

A finales de marzo de 2009, la Condusef lleva el registro de 4 mil peticiones para la negociación de deuda. Lo que significa que en los tres primeros meses del año ya se alcanzó el 50 por ciento de las demandas del periodo anterior, explica Sara Gutiérrez López Portillo, directora de la Unidad de Desarrollo y Evaluación del Proceso Operativo.

Los meses de la crisis económica han provocado que, cada vez más, los usua rios de las instituciones financieras acudan a la Condusef con el afán de encontrar un apoyo que los oriente a no caer en morosidad, obtener condonaciones y disminución en las tasas de intereses de sus deudas, dice la funcionaria.

Y es que de acuerdo con la última evaluación de institución (al 31 de diciembre de 2008), de los más de 8 mil 600 usuarios, el 72 por ciento manifestó sobreendeudamiento en sus créditos, lo que implica que más de 6 mil 192 personas se encuentran en esta situación.

La Condusef también indica que 1 mil 118 sujetos de crédito dijeron tener dificultades económicas para cumplir con los pagos bancarios o se encuentran desempleados. Otro de los rubros por los que se ha acudido a la negociación de cartera son los problemas de salud, enfermedad o accidente. De este último, se presentaron 602 casos, lo que equivale al 7 por ciento de las solicitudes.

El reconocimiento de atrasos en el pago de sus cuentas implicó que 516 personas acudieran a la oficina dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los casos de intimidación y amenazas (en un solo renglón) por parte de los despachos de cobranzas y fraude fueron del 1 por ciento, que involucran a 86 personas en cada caso.

Por ello, a mediados de 2007 fue establecido el proceso de gestión electrónica, donde el cliente expone su situación y éste es turnado a la unidad especializada (Unes) de los bancos. De esta manera se analizan propuestas para sus clientes.

Los bancos y los estados

El documento refleja que la Condusef recibió más peticiones de apoyo por parte de los clientes de BBVA Bancomer (de capital mexicano-español), de los que contabilizó 3 mil 642 solicitudes. Le sigue otro banco español, Santander, con 1 mil 630 asuntos; Banamex (propiedad del consorcio estadunidense Citigroup) tiene 1 mil 310 asuntos.

Fueron 755 tarjetahabientes del HSBC los que en 2008 también entraron en números rojos y pidieron ayuda a la Condusef. Banco Azteca –del empresario Ricardo Salinas Pliego– registró 670 peticiones ante la misma instancia; GE (General Electric) Money, 365; Grupo Scotiabank, 175, e Ixe Banco, ocho solicitudes.

De las 32 entidades federativas la de mayores problemas crediticios es el Distrito Federal, con 1 mil 419 casos, en el nivel más alto. La delegación de la Condusef que recibió menos peticiones es la de Baja California, con apenas ocho.

Chihuahua se sitúa en segundo lugar con 531; Puebla, 625; Tamaulipas, 509; Guanajuato, 470; Aguascalientes, 411; Colima, 369; Coahuila, 360; Jalisco, 336; Sinaloa, 316, y Michoacán, 314.

Usuarios rechazados en negociación

Según el capítulo “Resolución por institución financiera”, de los 7 mil 933 asuntos concluidos en 2008, se resolvieron 5 mil 77 a favor del usuario, mientras 2 mil 856 fueron declinados para una renegociación de su deuda.

Como causales de propuesta de negociación declinadas se encuentran: no existe alternativa por el momento, el cliente no es susceptible de negociación, el cliente no cumplió con negociaciones anteriores y/o tiene su crédito en proceso judicial.

De las casi 3 mil resoluciones rechazadas, HSBC fue el que menos respuestas favorables dio a sus tarjetahabientes, pues de los 723 casos solicitados, sólo aceptó la negociación con 103, que representan el 14 por ciento de su demanda. En tanto, 620 clientes del banco de origen británico fueron declinados, es decir, el 86 por ciento de las personas que acudieron a la Condusef para solicitar su apoyo.

Grupo Scotiabank fue el segundo en negar la negociación con sus usuarios.

De un total de 175 asuntos, 136 fueron declinados. Los 39 restantes fueron a favor, mismos que representaron tan sólo el 22 por ciento de los casos.

La empresa financiera que mayores solicitudes recibió fue BBVA Bancomer, con 3 mil 511 casos. Fue una de las que más resultados positivos registró para sus clientes, con 2 mil 579, contrario a los 932 rechazados.

Sara Gutiérrez López Portillo dice que es indispensable que el usuario tenga claro el tipo de negociación que lleva con el banco, ya que de lo contrario se puede caer en incumplimiento. Esto provocaría el rechazo de un segundo convenio y el posible incremento de la deuda.

Además, explica, cuando se lleva a cabo un trámite de negociación vía telefónica con el banco, el usuario debe exigir que ésta le sea entregada por escrito, así no podrá haber alguna “confusión”, además de que se tendrá un respaldo del acuerdo, como un número de conformidad o expediente.

Tarjetas con mayores intereses

Según el simulador de tarjetas de crédito, de la Condusef, Spira Clásica del banco Invex es la tarjeta de crédito más cara en el mercado, pues cobra un costo anual total (CAT) del 113.4 por ciento. Le siguen las de Santander: Black, 107.07 por ciento; Clásica, 99.16 por ciento, y Uni-k, 86.21 por ciento. También Scotiabank Inverlat figura entre las primeras cinco, con su tarjeta NFL, que cobra 83.59 por ciento.

El mismo simulador coloca a la tarjeta Clásica Mastercard Internacional, de la institución Afirme, con un CAT del 47.58 por ciento. Continúa EFE Clásica, de Inbursa, con el 50.72 por ciento; la tarjeta Visa Clásica, del Banco del Bajío, tiene un costo del 52.34 por ciento; la Clásica de Ixe Banco, 57.12 por ciento, y la Santander Light, 58.25 por ciento.

Las tarjetas que además cobran comisiones por “anualidad” son: Aeroméxico, por 750 pesos, y Blue, 459 pesos, de American Express; Black, 690 pesos, y Click Mexicana, por 490 pesos, de Santander. Además, NFL de Scotiabank Inverlat, por 450 pesos, y Rayados de Bancomer, 450 pesos.

Respecto del cobro de la deuda de las tarjetas de crédito vía telefónica, que supuestamente realizan abogados de los bancos, Gutiérrez López Portillo alerta que los despachos de cobranza no pueden amenazar a los tarjetahabientes. Las llamadas a altas horas de la madrugada y bajo amenaza deben ser reportadas ante la Condusef, indica.

La funcionaria aclara que ningún tarjetahabiente que haya caído en morosidad o que definitivamente deje de pagar sus tarjetas por falta de recursos puede ser encarcelado. La máxima penalidad aplicable es el embargo de los bienes, asegura.

El Inegi desembolsa más de 68 millones de pesos en equipos Palm y en el pago a trabajadores eventuales, contratados injustificadamente, para levantar el Censo Agropecuario 2007. El monto podría significar un daño al erario, indica la Auditoría Superior de la Federación. La empresa beneficiada es Telecomunicaciones Modernas, a la que el órgano fiscalizador recomienda auditar fiscalmente.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) gasta injustificadamente más de 68 millones de pesos en la aplicación del VIII Censo Agropecuario. Durante la administración de Gilberto Calvillo Vives se compraron más de 31 mil equipos Palm y se pagaron salarios a más de 1 mil 700 personas, mismos que no fueron justificados y contravinieron la política de “austeridad” de la administración pública, indica la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La “falta de presupuesto” fue el argumento de Calvillo Vives para no actualizar las estadísticas del sector más pobre del país en 2006.

Ese mismo año, legisladores y líderes de organizaciones campesinas se inconformaron públicamente, pues desde 2001 se esperaba la aplicación de este conteo. Con las cifras actualizadas se permitiría reorientar la política de Estado en torno a los programas del gobierno federal que atienden al campo mexicano.

El Informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2007 indica que el Inegi erogó de manera injustificada 68 millones 829 mil 100 pesos: 49 millones 293 mil 900 pesos corresponden a la compra de 31 mil 753 equipos Palm y 19 millones 535 mil pesos al pago de sueldos para 1 mil 734 trabajadores eventuales, de los que no se encontró evidencia de la función desarrollada.

Del informe desarrollado por la ASF se destaca la empresa del bajío Telecomunicaciones Modernas –con domicilio fiscal en Aguascalientes–, que obtuvo 109 millones 845 mil 800 pesos, derivados del contrato de compraventa de equipos de cómputo móvil PDA, marca Palm, con folio INEGICA- 03/2007. Esta misma compañía podría haber reportado un ejercicio menor al adjudicado ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por lo que la ASF recomendó sea auditada.

Las invitaciones del Inegi

De los más de 100 millones de pesos asignados a Telecomunicaciones Modernas, 25 millones 780 mil 300 pesos (una cuarta parte) correspondieron a la adquisición de 14 mil 678 equipos Palm con características que no eran indispensables para levantar el VIII Censo Agropecuario, indica la ASF.

Compranet –sistema electrónico de contrataciones gubernamentales, que depende de la Secretaría de la Función Pública– informa que Telecomunicaciones Modernas ha obtenido 137 millones 143 mil 271 pesos, mediante 18 invitaciones directas del Inegi, y nueve contratos más a través del proceso de adjudicación directa. De estos últimos, participó el órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Aguascalientes.

Los datos de Compranet indican que en años previos al contrato de más de 100 millones de pesos, la compañía facturó cifras menores a los 10 millones de pesos. En 2002, por el mismo proceso de invitación, obtuvo 333 mil 620 pesos; otros 2 millones 281 mil 652 pesos en 2004 y 5 millones 454 mil 760 pesos más en 2006.

No fue sino hasta 2007 que la empresa que dirige Enrique Mancilla Leal elevó sus ganancias a 118 millones 207 mil 24 pesos como proveedor del Inegi.

El mismo sistema electrónico registra tres nuevos contratos, por un total de 8 millones 870 mil 290 pesos, firmados en 2008.

Telecomunicaciones Modernas también ganó 1 millón 995 mil 882 pesos en cuatro años fiscales distintos (2002, 2004, 2006 y 2008). Mediante el proceso de adjudicación directa obtuvo 341 mil 674 pesos de la Secretaría de Finanzas y Administración de Aguascalientes, y 7 mil 82 pesos del ISSSTE. El resto, 1 millón 647 mil 476 pesos, fue entregado por la administración de Gilberto Calvillo Vives.

Ante diversas inconsistencias detectadas en la operación de esta empresa, la ASF recomendó que el SAT instruya a quien corresponda para que audite a la compañía, “a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que se considera que no es razonable la utilidad fiscal reportada para efectos del Impuesto Sobre la Renta, en relación con los ingresos obtenidos en el ejercicio fiscal de 2007…” Se solicitó la versión de los representantes de la empresa Telecomunicaciones Modernas a través de su gerente general Beatriz Romero, sin que se haya obtenido respuesta al cierre de esta edición.

Innovación rompe austeridad

Según el informe de la ASF, la Direc ción General de Innovación y Tecnologías de la Información (DGITI) del Inegi fue la encargada de determinar la compra –por más de 25 millones de pesos– de 14 mil 878 equipos de características propias de los llamados Smartphone o teléfonos inteligentes.

Entre las características que requería el área de innovación del instituto se encuentran las de: teclado interconstruido, batería adicional, y procesador Intel 312, entre otras. La DGITI no pudo comprobar a la ASF que las características del equipo fueran indispensables para el levantamiento del Censo Agropecuario.

Ante ello, el máximo órgano de fiscalización señaló que las adquisiciones del Inegi contravienen los Lineamientos Específicos para la Aplicación y Seguimiento de las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal, que señalan: “Las dependencias y entidades deberán abstenerse de comprar TIC (tecnologías de la información y la comunicación).

“No obstante lo anterior, se podrá realizar la adquisición de TIC en los siguientes casos en que: por la naturaleza de los requerimientos se justifique que es inoperante o más oneroso realizar contrataciones consolidadas de servicios de cómputo; se trate de seguridad pública o nacional; el suministro de bienes se realice fuera del país; sean proyectos de interés nacional de corto plazo sin comprometer recursos de ejercicios fiscales subsecuentes, o resulte necesaria la adquisición de refacciones, adecuaciones o actualizaciones para el equipo ya existente, entre otros”.

secretario de Hacienda, Agustín Carstens Carstens

Héctor Padilla, presidente de la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados por el Partido Revolucionario Institucional, dice que el Censo Agropecuario nos da “información fresca de la situación del cam po, que nos servirá como herramienta de planificación importante. El gobierno federal se había negado a realizarlo, aunque se programaron recursos cuantiosos en la administración de Vicente Fox”.

El diputado priista justifica el gasto en tecnología porque dice que la forma de captar información actualmente varía de cómo se hacía hace 10 años. Se tiene que utilizar la tecnología moderna para hacer más eficaz el proceso de información. Son equipos necesarios.

Significan herramientas que aceleran el proceso de conteo”.

Palm en demasía

Otros 1 mil 857 equipos Palm –del mismo contrato con Telecomunicaciones Modernas, INEGI-CA-03/2007–, significaron un gasto de 13 millones 7 mil 200 pesos. Los productos fueron comprados en “demasía”, según registra la ASF.

El informe indica que la Dirección General de Estadísticas Económicas del Inegi se encargó de solicitar la compra de 16 mil 535 equipos, de los que 14 mil 678 fueron asignados a entrevistadores, y 1 mil 857 a personas “distintas” a los entrevistadores.

Los equipos, justificó el Inegi, fueron asignados para “reserva” en caso de posibles contingencias.

Con el pretexto de que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el Inegi realizaban estadísticas al mismo tiempo –el Padrón de Productores de Caña de Azúcar y el Censo Agropecuario 2007, respectivamente–, el convenio con Telecomunicaciones Modernas fue modificado. A los 100 millones 709 mil 724 pesos que estaban comprometidos en un principio le fueron aumentados otros 9 millones 136 mil 50 pesos.

Tras dicha modificación, el 10 de septiembre de 2007 fueron adquiridas 1 mil 500 computadoras de mano PDA (personal digital assistant).

La ASF registró que el “equipo era requerido para atender el incremento de la carga de trabajo y la reducción de productividad diaria por entrevistador en 15 entidades donde se atendería simultáneamente el Censo Agropecuario 2007 y el Padrón de Productores de Caña de Azúcar”.

No obstante, el Inegi “no pudo acreditar que el censo cañero se aplicara a través de equipos PDA como originalmente se tenía planeado”, indica la ASF. Esta acción también se opone a las medidas de austeridad.

Empleados fantasma

De las observaciones realizadas por el máximo órgano de fiscalización se desprende la contratación de 1 mil 708 entrevistadores, por un importe de 18 millones 961 mil 500 pesos. La ASF “no encontró evidencia del trabajo que desarrollaron (entrevistas aplicadas electrónicamente), lo que constituye la falta de documentación justificativa del gasto”.

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria indica en su artículo primero: “Los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de esta ley deberán observar que la administración de los recursos públicos federales se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género”. El Inegi, indica el informe, contravino dicha ley, por lo que se presume un daño al erario mayor a los 18 millones de pesos.

De los recursos asignados al Censo Agropecuario se contrataron a otras 26 personas como auditores, quienes apoyarían al Órgano Interno de Control en el Inegi. Los recursos destinados a sus retribuciones ascendieron a 573 mil 500 pesos.

No obstante, la ASF dictaminó que “dentro de las funciones y atribuciones del referido órgano no se tenía comprendida la citada actividad, ya que al estar jerárquicamente subordinado a la Secretaría de la Función Pública, no estaba dentro del ámbito de su competencia el participar en las actividades sustantivas del Inegi, así mismo no proporcionó evidencia de los trabajos desarrollados ni de los resultados obtenidos de las actividades en comento”.

Víctor Suárez Carrera, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, dice que “hay una característica de descuido y opacidad en el manejo de los recursos públicos”.

El Censo Agropecuario es muy importante, explica, “porque desde 1991 no se tenían las estadísticas exactas de este sector. El campo ha sido prescindible para los gobiernos neoliberales desde 1982 a la fecha, y sólo por la presión de las organizaciones y los diputados fue que se presupuestaron recursos para llevarlo a cabo. Al gobierno no le interesaba aplicarlo, se le impuso desde la Cámara de Diputados”.

Se solicitó conocer la versión del Inegi –ahora dirigido por Eduardo Sojo– respecto de las observaciones hechas por la ASF a través de la directora de Comunicación Social, Martha Cabrera. La funcionaria comentó que el asunto está en revisión y se elaboraría una respuesta, pero al cierre de esta edición la ficha informativa no fue proporcionada.

La deuda de más de 7 mil millones de pesos que mantienen miles de campesinos con el Banrural continúa pendiente desde 2002. Otros 7 mil millones corresponden a más de 2 mil juicios interpuestos por extrabajadores de la institución –que exigen el pago de sus pensiones y servicios médicos– y otras demandas de índole penal, administrativa y fiscal. La ASF determinó que funcionarios del SAE, institución encargada de cumplir con el proceso de liquidación, han incurrido en omisiones.

La extinta institución financiera “de apoyo al campo mexicano”, Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural), mantiene una cartera vencida de más de 7 mil millones de pesos. La deuda involucra más de 200 mil créditos otorgados por la institución al sector más pobre del país, dice el Informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2006, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Los libros contables del banco en liquidación indican que, al 31 de diciembre de 2006, los pasivos corresponden a 7 mil 758 millones 56 pesos. De los números rojos, 419 millones 942 mil pesos son de cartera vigente y 7 mil 338 millones 114 mil pesos de cartera vencida. Las cifras disminuyeron apenas en un 18.3 por ciento, respecto del año anterior, cuando se tenían registros por 9 mil 494 millones 200 mil pesos. Desde el 26 de diciembre de 2002, la ASF revisa el cumplimiento de las operaciones realizadas por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) en el proceso de liquidación del sistema Banrural. De los resultados obtenidos, la cartera vigente –de más de 400 millones de pesos– se divide en: comercial, 265 millones 787 mil pesos; a entidades financieras, 849 mil pesos; de consumo, 4 millones 133 mil pesos; de vivienda, 47 millones 265 mil pesos, y de entidades gubernamentales por 101 millones 908 mil pesos. En tanto, la cartera vencida de 7 mil 338 millones 114 mil pesos consiste en los rubros: comercial, 7 mil 66 millones 763 mil pesos; a entidades financieras, 270 millones 815 mil pesos; de consumo, 346 mil pesos, y de vivienda, 190 mil pesos.

Las demandas

Mientras Banrural continúa con los cobros de cartera, exempleados de la institución han interpuesto más de 2 mil demandas para reclamar el pago de su pensión y jubilación, otorgamiento de servicio médico, los beneficios al fallecimiento y otras prestaciones. Estas acciones legales representan para la institución bancaria un monto cercano a los 2 mil millones de pesos, destaca la ASF. La Ley Orgánica de la Financiera Rural, por la que se rige el banco en liquidación, establece que “los jubilados y pensionados de las sociedades nacionales de crédito que se liquidan continuarán recibiendo sus pensiones y jubilaciones conforme a las condiciones generales de trabajo y convenios jubilatorios respectivos”. Además, “tendrán derecho a recibir atención médico-quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria (…) los beneficios al fallecimiento seguirán otorgándose a los derechohabientes de los jubilados y pensionados”. Las demandas que encabezan los jubilados, con 2 mil 45 asuntos, significan 1 mil 771 millones de pesos. Los exempleados interpusieron 427 asuntos por 153 mil pesos. Ambos sectores suman 2 mil 472 pleitos, por 1 mil 924 millones de pesos. Del resto de los juicios, 4 mil 318 son de “cartera vencida de habilitados”, que implican 4 mil 920 millones de pesos; las demandas en contra de Banrural son 112 por 414 millones de pesos. Los procesos penales llegaron a 95 e implicarían el gasto de 214 millones de pesos; en tanto que los juicios administrativos suman 6 millones de pesos, por 15 asuntos; los fiscales son 10, por 134 millones de pesos. Estos “otros” juicios suman 5 mil 688 millones de pesos. El monto total de los casos es de 7 mil 612 millones de pesos.

Malas estrategias

Una de las estrategias que siguió el SAE, encargado de la liquidación del Banrural, fue la de contratar un despacho “especializado” para llevar a cabo la venta de la cartera de exempleados de la institución, y así cumplir con el Plan de trabajo para la liquidación del sistema Banrural. La empresa ganadora fue Sayco. Acerca de ésta, la ASF no encontró evidencia documental de las políticas, bases y programas generales que regularon su contratación. Por esta acción, el órgano fiscalizador solicitó que fueran fincadas responsabilidades administrativas a los servidores públicos que durante su gestión incumplieron con el artículo 81 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, que indica: “Aprobar con sujeción a las disposiciones aplicables, las políticas, bases y programas generales, que regulen los convenios, contratos, o acuerdos que deba celebrar el SAE con terceros para obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios. El director general y, en su caso, los servidores públicos que sean competentes en términos de la legislación de la materia, realizarán tales actos bajo su responsabilidad y con sujeción a las directrices que les hayan sido fijadas por la Junta de Gobierno”. La ASF constató que el 28 de marzo de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria para participar en la licitación de la contratación de servicios de un tercero especializado. El 2 de mayo, el SAE suscribió un contrato de prestación de servicios profesionales con Sayco. “Con el análisis de los documentos contenidos en el expediente del ganador, se constató que no se localizó la información y documentación que integra el procedimiento de contratación, tales como: el registro de participantes, las bases de licitación, el pago de las bases, el comparativo de ofertas, el acta de fallo de la licitación, la fianza de cumplimiento, la documentación legal de los participantes, el registro del cuarto de información, el acta de la junta de aclaraciones, la facturación o recibos de honorarios del tercero especializado ganador”. Asimismo, el documento señala supuestas irregularidades en la subasta electrónica SEBI-13-06, relativa al edificio comercial en Ciudad Victoria, Tamaulipas. El inmueble pertenecía al entonces Banrural y el ganador fue el gobierno de Tamaulipas, con una oferta de 8 millones 562 mil pesos. Sin embargo, los auditores de la ASF no localizaron el avalúo vigente que determinara que el precio del bien fuera igual o superior al ofrecido por el mercado. Así lo indica el artículo 36 de la ley: “El SAE podrá vender los bienes que le sean transferidos, cuando el precio sea igual o superior al determinado por un avalúo vigente, o bien sea el ofrecido por el mercado, siempre y cuando, en este último supuesto, la venta se realice mediante los procedimientos de licitación pública o subasta”.

La burocracia en el SAE

Para el proceso de liquidación que lleva a cabo el SAE, la institución está obligada a presentar informes mensuales de su avance ante las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de la Función Pública y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. No obstante, la ASF documentó que esta práctica tiene atrasos hasta de cuatro meses. Lo anterior incumple con el artículo 8 del Reglamento de la Ley Federal las Entidades Paraestatales que indica que “el liquidador designado informará mensualmente a las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Programación y Presupuesto y de la Contraloría General de la Federación, así como a la Coordinadora Sectorial sobre el avance y el estado que guarde el proceso”. Esta acción provocó la promoción de “responsabilidad administrativa sancionatoria” por los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su gestión no informaron en forma mensual el avance del proceso de desincorporación del sistema Banrural en liquidación”. El Análisis de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2006, elaborado por la Unidad de Evaluación y Control de la ASF –encabezada por Roberto Michel Padilla–, señala que los “intermediarios financieros”, como el sistema Banrural, “continúan posponiendo y ampliando fechas de los procesos de liquidación, con el consiguiente incremento en costos”. “Se requiere que el Congreso de la Unión formule e implemente, en coordinación con la ASF, una estrategia para que haya una revisión integral de los activos administrados por el SAE y se evalúe la procedencia de acelerar los procesos de liquidación, disolución, venta y/o transferencia de aquellos en los cuales se han extendido demasiado los plazos y están significando un elevado costo financiero y administrativo para las finanzas del gobierno federal”, dice el documento. Se solicitó la posición del SAE a través de su Coordinación de Comunicación y Transparencia, cuyo titular es Víctor González Peña. Hilario Monroy, asistente en la citada coordinación, recibió las solicitudes de entrevista de Fortuna. Sin embargo, al cierre de edición, no se obtuvo respuesta.

La Secretaría de Salud y Banobras pagan más de 60 millones de pesos por servicios de “asesoría” en la privatización del sistema de salud nacional. Compañías extranjeras son contratadas para respaldar el modelo de financiamiento Proyecto de Prestación de Servicios, con el cual el gobierno entrega hospitales y servicios a la iniciativa privada. Las consultorías Currie & Brown y White & Case se embolsan 29 millones 145 mil 596 pesos por justificar la realización de proyectos fracasados en Europa.

La Secretaría de Salud (Ssa) y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) contratan servicios de consultoría por más de 60 millones de pesos, para respaldar la “privatización” del sistema de salud en México. Entre las firmas se encuentran las trasnacionales Currie & Brown, de origen inglés, y la estadunidense White & Case, que obtuvieron casi el 50 por ciento del dinero. Desde la administración de Vicente Fox se comprometieron recursos por 61 millones 885 mil 139 pesos, con ocho consultorías, para que avalaran el Proyecto de Prestación de Servicios (PPS). El esquema financiero se basa en la firma de contratos multianuales entre el gobierno federal y la iniciativa privada para la construcción de hospitales, tramos carreteros y universidades, sin que el Estado tenga el control total de las obras. De acuerdo con una línea de investigación que lleva a cabo la “Secretaría de Salud” del llamado “gobierno legítimo de México”, a cargo de Asa Cristina Laurell, los PPS han fracasado económica, social y laboralmente en los sistemas sanitarios de España e Inglaterra. En el sector salud, el gobierno federal ya ha entregado más de 7 mil millones de pesos (revista Contralínea, periodismo de investigación, número 122) para los Hospitales Regionales de Alta Especialidad (HRAE) de Ciudad Victoria, Tamaulipas, y del Bajío (León, Guanajuato). Las compañías ganadoras, Infraestructura Hospitalaria del Noreste y Acciona, están relacionadas con los partidos políticos de derecha en México y España: el Partido Acción Nacional y el Partido Popular. La Ssa, actualmente encabezada por José Ángel Córdova Villalobos, ha anunciado que el esquema de inversión público-privado está trazado para los 10 HRAE, que al año 2012 podrían detonar en una deuda de más de 40 mil millones de pesos, con sus respectivos intereses.

El gasto

Para la asignación de recursos, el gobierno federal utilizó 17 millones 62 mil 581 pesos del capital del Fondo de Inversión en Infraestructura (Finfra), que opera Banobras. En tanto que del presupuesto asignado a la Ssa fueron empleados 44 millones 882 mil 558 pesos. El Finfra fue creado el 7 de diciembre de 1995 para apoyar “temporalmente” proyectos nuevos dedicados, directa o indirectamente, a actividades productivas. Establece en sus Reglas de operación que podrá apoyar, cuando así se requiera, la elaboración de contratos, convenios, estudios y documentos de carácter legal, técnico, socioeconómico y financiero, mediante la contratación de especialistas. Ambas instituciones fueron asesoradas para instrumentar los PPS por las empresas extranjeras Currie & Brown International Limited y White & Case. De las empresas y bufetes de capital nacional se negoció con Mancera, Ernest & Young; Forma y Concepto; Imagen, Mantenimiento y Arquitectura; Desarrollo, Tecnología y Planeación; Bufete de Arquitectos y Urbanistas, y Jauregui, Navarrete, Nader y Rojas.

Las firmas

Currie & Brown fue la que más ganancias obtuvo. Es la encargada de asesorar todos los PPS que pretende instrumentar la Ssa. Según el contrato DGDIF/DEEF/S/AD/002/2005, se le asignaron 20 millones 998 mil 996 pesos, con vigencia del 5 de abril de 2005 al 31 de diciembre del mismo año. La compañía inglesa fue representada en México por David Arthur Broomer. Mientras, por parte de la institución pública, los responsables de celebrar el contrato fueron los directores generales de Desarrollo de la Infraestructura Física, Arturo Pérez Estrada; de Evaluación de Proyectos, Carlos Eduardo Mar Pérez; de Evaluación Económica Financiera y Evaluación Técnica-Jurídica, Orso Nunez Ruiz, y el director general adjunto de Evaluación y Proyectos, Carlos Juan Aguilera Flores. El compromiso que signaron corresponde a la realización de servicios consistentes en asesoría especializada, coordinación, supervisión e integración de las actividades y productos requeridos para el desarrollo e instrumentación de los proyectos de HRAE. Información de Currie & Brown indica que “la participación de los sectores público y privado es vital para expandir la infraestructura económica y social que requiere el desarrollo sostenido del país”. Le sigue White & Case con 8 millones 146 mil pesos, provenientes del presupuesto de la Ssa, para prestar asesoría legal para el desarrollo e instrumentación de los HRAE en Acapulco, Culiacán, Chihuahua, Ecatepec, Querétaro, Tampico y Torreón. El contrato DGDIF/DGAEP/DEEF/S/I/004/009/2005 fue convenido para realizarlo del 23 de mayo de 2005 al 31 de diciembre de ese año. Mancera, representado por Gabriel Mancera Arrigunaga, ganó 7 millones 769 mil 597 pesos. El pago fue cubierto mediante recursos del Finfra, para los estudios de factibilidad, costo-beneficio social, estructuración técnica, financiera y asesoría jurídica de los PPS. Bufete de Arquitectos y Urbanistas fue el encargado de proporcionar a la Ssa asesoría técnicafinanciera, lo que significó un costo de 6 millones 114 mil 550 pesos. Así lo indica el documento DG- DIF/DGAEP/DEEF/S/I/001/006/2005, que tuvo una duración de 221 días, a partir del 23 de mayo de 2005. Desarrollo, Tecnología y Planeación pactó con la Ssa el pago de 4 millones 945 mil pesos para la prestación de servicios de asesoría técnica financiera de los HRAE de Ecatepec y Tamaulipas. Más de 9 millones de pesos se los llevaron otras dos empresas mexicanas. De la Ssa, Imagen, Mantenimiento y Arquitectura recibió 4 millones 617 mil 412, por la asesoría técnico-financiera para los HRAE de Querétaro y Acapulco. Forma y Concepto obtuvo del Finfra 4 millones 292 mil 986 pesos por la asesoría, participación revisión y supervisión de los PPS. En tanto, el despacho Jauregui, Navarrete, Nader y Rojas, representada por Gabriel Navarrete Alcaraz y Michell Nader Schekaiban, fue contratado por 4 millones 999 mil 998 pesos, para la prestación de servicios en asesoría legal, que respaldara los “programas piloto” de los PPS.

Proyecto mexicano

El 23 de marzo de 2003, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), entonces a cargo de Francisco Gil Díaz, y la Secretaría de la Función Pública (antes Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo), bajo el mando de Francisco Barrio Terrazas, hicieron oficial la aprobación de los PPS. Los argumentos fueron: “Optimizar el gasto público federal y encausar la participación de la iniciativa privada en los proyectos de desarrollo que se requieren en el país y que, por razones presupuestales, el gobierno federal está impedido para efectuar directamente”. Los contratos, de los que tiene copia Fortuna, indican que los proyectos son considerados por el gobierno federal como “programas piloto”, en razón de que no se tienen antecedentes al respecto. Ésta fue la justificación para que se contrataran consultorías de “prestigio internacional” que hayan participado en la instrumentación de los PPS en otros países. Asa Cristina Laurell asegura en entrevista que la entrega de los proyectos a la iniciativa privada es un gasto excesivo, pues un hospital del mismo tipo podría significar el pago de 500 millones de pesos bajo el control total de la administración pública. La exsecretaria de Salud del gobierno del Distrito Federal, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, critica que los argumentos para entregar los servicios de salud a las empresas se sustenten en un problema de liquidez, pues el Seguro Popular tiene un fideicomiso para gastos catastróficos e infraestructura, que a finales de 2008 contaba con 14 mil millones de pesos de superávit. Con ese presupuesto, dice, “se pudieron edificar 28 hospitales de la misma magnitud en todo el país”.

“Desarrollo” institucional

De acuerdo con el documento Desarrollo de infraestructura en salud 2007-2012, presentado en agosto de 2008 por el secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, la dependencia tiene proyectada una inversión pública-privada para la construcción de 10 HRAE en el país, mediante el esquema de los PPS. El plan de la Ssa indica que mientras los PPS del Bajío (León Guanajuato) y Ciudad Victoria (Tamaulipas) están en operación y desarrollo, los de Querétaro, Torreón, Culiacán, Acapulco y Chihuahua se encuentran en vías de autorización; el de Ixtapaluca (Estado de México), en proceso de licitación; y los de Cancún y Mexicali se encuentran en estudio. Información de la SHCP dice que los PPS corresponden al modelo de Iniciativa de Financiamiento Privado (PFI), “un esquema de inversión en el cual se asocian el sector público y privado”, que se comenzó a desarrollar en el Reino Unido a partir de 1992. “En los proyectos PFI, el sector público firma un contrato a largo plazo para la prestación de servicios de apoyo proporcionados por el sector privado, quien diseña, financia, construye y opera los activos necesarios para prestar dichos servicios”, indica la SHCP en su página de internet. A cambio de los servicios, explica la SHCP, el inversionista recibe un pago registrado como “gasto corriente” por el gobierno federal, y tiene “prioridad” en el proceso de presupuestación. Asa Cristina Laurell, integrante del Sistema Nacional de Investigadores de 1988 a 2001, asegura que éste es el inicio de un proyecto de privatización de los servicios de salud, que responde a las recomendaciones del Banco Mundial para incluir al sector privado en la prestación de servicios sanitarios y, también, en la administración de los recursos. Se solicitó entrevista con el titular de la Ssa, Córdova Villalobos, y con las empresas Currie & Brown, White & Case, Mancera, Bufete de Arquitectos y Urbanistas, Imagen Mantenimiento y Arquitectura; sin que hasta el cierre de edición se obtuviera respuesta. Vanessa Franyutti, asesora legal de los PPS por el despacho Jauregui, justifica a estos proyectos como “benevolentes”. Asegura que el esquema abarata la construcción de obra pública con mayor calidad. Respecto de los eñalamientos de la privatización del sistema de salud, indica que son “una tontería”.