La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) está obligada a cancelar el permiso otorgado a Banamex para operar como banco o, bien, llevar a cabo su intervención y expropiación. Independientemente del porcentaje de participación que tenga el gobierno de Estados Unidos en Citigroup, y que hasta el momento se conoce que es del 36 por ciento, las autoridades mexicanas deben cancelar el permiso a Banamex para operar como banco y aprovechar esta oportunidad para recuperar y democratizar a la banca mexicana y romper el oligopolio que se ha generado en nuestro sistema extranjerizado. Lo anterior, en virtud de que el artículo 13 de la Ley de Instituciones de Crédito establece claramente: “No podrán participar, en forma alguna en el capital social de las instituciones de banca múltiple, personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad”. De esta manera resulta obvio que al convertirse formalmente el gobierno estadunidense en uno de los principales accionistas de Citigroup, quien a su vez es el dueño y principal accionista de Banamex, se estaría violando abiertamente el artículo referido, por lo que la SHCP estaría obligada a la cancelación de la autorización que Banamex tiene para ejercer las funciones de banca en México. De hecho la participación del gobierno estadunidense sería de una magnitud equivalente a la de una nacionalización parcial del grupo bancario, ya que no sólo detenta el 36 por ciento del capital de Citigroup, sino que también participaría en el proceso de toma de decisiones, ya que las acciones, independientemente del porcentaje con el que participe el gobierno estadunidense, le darían el derecho a “voto en las asambleas”. Es importante señalar que desde que la inyección de recursos por parte del gobierno estadunidense hacia Citigroup –por un monto de aproximadamente 45 mil millones de dólares, lo que representa en estos momentos una participación inicial del 8 por ciento del capital de este consorcio financiero–, éste ya tenía una participación en el “capital” de Citigroup y por lo tanto participaba en el capital social de la filial mexicana (Banamex), por lo que no debe existir duda alguna de que se viola flagrantemente el artículo 13 de la Ley de Instituciones de Crédito. Esto en teoría obligaría a las autoridades mexicanas a “intervenir formalmente a Banamex”, en tanto se opta por buscar “nuevos accionistas” que no tengan ningún impedimento de ley para operar Banamex, es decir que ni Roberto Hernández, ni BBVA Bancomer o HSBC podrían adquirir este banco, en virtud de que se acentuaría aún más la concentración en el mercado mexicano. De esta manera, la opción sería llevar a cabo una estatización formal o expropiación de este banco, que permitiera al gobierno buscar “nuevos socios” o bien mantener bajo su control el banco, en virtud de que ni el gobierno de Estados Unidos ni la Reserva Federal ni tampoco las autoridades supervisoras de ese país pueden, de acuerdo con lo establecido en las leyes mexicanas, participar en “el capital social de las instituciones de banca múltiple en México”. Es importante advertir que el gobierno mexicano no puede aducir que es un asunto financiero en beneficio de la protección de ahorradores mexicanos, ya que Banamex no enfrenta problemas financieros, sino jurídicos, en virtud de lo dispuesto por el 13 de la Ley de Instituciones de Crédito, por lo que el gobierno mexicano no debe ni puede desembolsar dinero en esta operación.

*“Secretario de la Hacienda Pública” del “gobierno legítimo”

La crisis financiera en Estados Unidos obliga a las autoridades mexicanas a replantear el Programa Económico para 2009, y a adecuar el marco de supervisión bancaria y financiera en México. Todo, por la dependencia económica de este país con la unión americana y la extranjerización del sistema bancario.

Los efectos de la crisis económica en Estados Unidos no se limitarán a la disminución de las posibilidades de crecimiento y generación de empleo en México; también se verá afectada la solidez de los principales bancos que operan en el país, dado el deterioro de las carteras crediticias y en general de los activos que poseen las instituciones bancarias que operan en México.

Muchas de ellas, como Banamex, BBVA-Bancomer y HSBC, desde hace tiempo han recibido la orden de transferir sus utilidades hacia el exterior para apuntalar a sus matrices que han registrado pérdidas. Esto, por la situación generada en Estados Unidos. Sin embargo, el impacto más inmediato será sobre el comportamiento de la economía mexicana para el próximo año, que entre otras cosas incrementará el desempleo, la pérdida de poder adquisitivo y la cartera vencida en tarjetas de crédito o créditos al consumo.

Por ello, la administración de Felipe Calderón está obligada a retirar el paquete económico presentado el pasado 8 de septiembre y modificar el comportamiento de las principales variables macroeconómicas y también la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos; presentar en breve un nuevo marco regulatorio en materia bancaria y financiera que modifique desde la Ley del Instituto de Protección al Ahorro Bancario hasta la Ley de Mercado de Valores. Así se evitaría que la crisis  -como la que ahora atraviesa Estados Unidos- se repita en México.

Para corroborar lo anterior, sólo basta señalar que los Criterios de política económica, también llamados marco macroeconómico, constituyen las proyecciones de los principales indicadores macroeconómicos sobre los cuales se hacen las estimaciones de ingresos y gastos públicos; por ello, de la consistencia y veracidad que tengan las proyecciones macroeconómicas dependerá el comportamiento de las finanzas públicas y por tanto de los principales indicadores macroeconómicos.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó el pasado 8 de septiembre a la Cámara de Diputados el llamado paquete económico para 2009, el cual prevé un marco macroeconómico que, debido a los recientes acontecimientos financieros, resulta ya inconsistente.
El crecimiento de 3 por ciento de la economía mexicana, que se ha proyectado para el próximo año, resultará inalcanzable, mucho más, ahora que los recientes acontecimientos hacen ver que la economía norteamericana entrará en una profunda fase de desaceleración que podría terminar en una prolongada recesión económica.

Basta señalar que durante el presente año la economía estadunidense crecerá cuando mucho 1.6 por ciento, y esta situación es la que ha provocado que la economía mexicana apenas logre un crecimiento de aproximadamente 2.4 por ciento. Entonces resulta ilógico que si para 2009 se proyecta un crecimiento aún menor en Estados Unidos, en México se proyecte un crecimiento superior al que se registrará durante el presente año.

A este respecto conviene señalar que las principales corredurías del mundo, que han presentado problemas financieros en Estados Unidos, han reducido sus pronósticos de crecimiento para México y lo ubican en un rango de 2 por ciento.

Por ejemplo, Merril Lynch ha estimado que la situación en ese país obligará a esa economía a reducir su demanda, con los consecuentes efectos para México. Y con la política monetaria restrictiva impulsada por Banxico empujará a México a un crecimiento de apenas 1.9 por ciento en 2009. Standard and Poors lo bajó de 2.6 a 2 por ciento; JP Morgan lo hizo a 2.2 por ciento; GF Bancomer lo disminuyó de 2.6 a 2 por ciento y la Comisión Económica para América Latina lo ubicó en 2.4 por ciento.

Las proyecciones oficiales también señalan que para el próximo año habrá menos inflación (3.8 por ciento), contra el 5.5 por ciento que habrá en 2008; pero se sostiene que los incrementos al precio de la gasolina, gas y electricidad continuarán, y en los mercados internacionales ya se proyectan incrementos para algunos granos básicos como el arroz, el maíz y el frijol.

En los Criterios de política económica y en la Ley de Ingresos para 2009, se establece que las finanzas públicas contarán con ingresos suficientes; sin embargo, se proyecta un precio del petróleo que será inferior en más de 10 dólares por barril al observado en el presente año y la cantidad de petróleo exportado disminuirá en poco más de 100 mil barriles diarios.

Cabe señalar que el precio internacional del petróleo ya registró una caída de 10 dólares en promedio y es de esperar que ante una recesión mundial el precio de este energético tienda a disminuir por una menor demanda.

Hay que recordar que la producción de Cantarell continúa desplomándose y que será imposible que en el corto plazo esta declinación sea compensada con la producción obtenida de otros campos petroleros del país.

Al cierre de agosto, la extracción de crudo se situó por debajo de 1 millón de barriles diarios, por primera vez desde 1995, al producir solamente 988 mil barriles al día. Mientras, en diciembre de 2003 alcanzó su nivel máximo de producción estimado en 2 millones 210 mil barriles por día.
En materia de impuestos, no propone acabar con los paraísos fiscales en los que tributan las grandes empresas, aun cuando el propio subsecretario de Ingresos ha aceptado que la recaudación de impuestos derivada del famoso IETU no evoluciona como se esperaba, ya que existen más de 30 mil amparos interpuestos contra el pago de esta contribución.

Tampoco propone reducir el tremendo gasto burocrático gubernamental, a pesar de que para el próximo año el pago de “servicios personales” será de 790 mil millones de pesos, cifra similar a las aportaciones de Pemex al fisco federal.

En materia de tipo de cambio, el programa económico presentado por Agustín Carstens establece que el tipo de cambio se ubicará en 10.6 dólares en promedio; sin embargo, tan sólo un día, y como consecuencia de la inestabilidad mostrada por los mercados financieros mundiales, el peso perdió más de 25 centavos frente al dólar.

Por el lado del sistema bancario financiero, las autoridades mexicanas están obligadas a modificar el marco de supervisión: la crisis por la que atraviesan los bancos en Estados Unidos se podría extender a nuestro país, para ello basta recordar que la cartera vencida de la banca, la cual se compone principalmente de créditos al consumo, se ubica en 51 mil millones de pesos, cifra muy superior a la observada en 1995, cuando fue de 5 mil millones de pesos.
Por ello, y desde ahora, es preciso que se atienda y solucione el problema de la cartera vencida y se limite fuertemente las condiciones de discrecionalidad y relajamiento que se han observado durante los últimos dos años en materia de otorgamiento de plásticos (tarjetas de crédito), así como los costos de uso de los servicios bancarios.
Es evidente que, ante los efectos de la situación estadunidense, nuestra economía debe modificar sus condiciones estructurales, y para ello se debe de ejercer un combate frontal contra los monopolios, aplicar un programa de austeridad en el gobierno que libere recursos que permitan establecer un programa de inversiones en infraestructura, así como un programa emergente de subsidios a los productores agropecuarios y de nueva inversión en sectores como el de la energía y la infraestructura. Ello debe ir acompañado de una reforma fiscal que acabe con los paraísos en que tributan las grandes empresas.

*Secretario de la Hacienda Pública del “Gobierno Legítimo”

Las declaraciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en las que señala que el esquema fiscal de Petróleos Mexicanos (Pemex) no es confiscatorio y que la inversión pública directa en la paraestatal se ha incrementado, resultan mentirosas y absurdas.

Actualmente las ventas anuales de esta empresa superan 1 billón de pesos, es decir, sus ingresos representan el equivalente a 50 años del presupuesto anual de la Universidad Nacional Autónoma de México, por ejemplo; o al presupuesto del Seguro Social durante casi todo un sexenio.

El problema que enfrenta la paraestatal tiene su origen en el tratamiento fiscal y presupuestario que se le ha dado a la empresa, mismo que se deriva de las fallas que presenta el sistema hacendario del país.

Así, por ejemplo, de acuerdo con datos de Pemex, se observa que de 2000 a la fecha, mientras que esta empresa ha registrado ventas acumuladas por 6 billones 307 mil millones de pesos, ha entregado ingresos a las arcas nacionales por 5 billones 200 mil millones de pesos, cifra que significa 81 por ciento de sus ventas.

Contrariamente, si revisamos los recursos presupuestarios que para el mismo periodo se han destinado a la inversión pública directa en Pemex –sin incluir Pidiregas– nos damos cuenta que éstos ascienden aproximadamente a 180 mil millones de pesos, cifra que representa, apenas, 3 por ciento de sus ventas totales.

Es pertinente señalar que la elevada carga fiscal a la que Pemex es sometida tiene su origen en el sistema tributario, mismo que tiene grandes “huecos”, es decir, que mantiene la existencia de “regímenes fiscales especiales” que permiten que las grandes empresas prácticamente no paguen impuestos.

Para corroborar lo anterior, sólo basta mencionar que mientras que las empresas aportan entre 55 y 60 por ciento del ingreso nacional, su contribución al pago sobre el impuesto sobre la renta como porcentaje del PIB ha sido de 2.5 por ciento en promedio durante los últimos siete años.

En tanto, la contribución fiscal de los asalariados que generan 25 por ciento del ingreso nacional ha sido en promedio de 2.25 por ciento, en ese mismo lapso.

Aunque la contribución de las empresas debería ser al menos del doble de la de los asalariados, en virtud de que contribuyen con el doble a la generación de ingreso, no sucede así gracias a los “regímenes fiscales especiales”.

Estos “huecos”, combinados con la deficiente administración tributaria, han obligado a que a Pemex se le tengan que confiscar prácticamente todos sus ingresos para financiar un creciente y desmesurado gasto público corriente, que se ha privilegiado por encima del gasto en infraestructura productiva.

Así, por ejemplo, en 2005, a pesar de que Pemex tuvo ventas por 925 mil millones de pesos, registró una pérdida de 76 mil millones de pesos, mientras que Telmex, que tuvo ventas por 162 mil millones de pesos –es decir, 17 por ciento de lo que vendió Pemex–, registró una utilidad neta de 28 mil millones. Otro ejemplo: Wal Mart tuvo ventas por 165 mil millones de pesos y su pago de ISR representó sólo 2.4 por ciento de sus ventas totales.

Impacto de la carga fiscal en Pemex

Esta situación fue advertida por la propia Auditoría Superior de la Federación, la que aun antes de que este Congreso aprobara la mal llamada reforma fiscal, señaló que durante 2005 (cuando Pemex registró una pérdida de operación por haber entregado todos sus ingresos al fisco), 50 grandes contribuyentes pagaron en promedio 74 pesos por concepto del impuesto sobre la renta. Señaló textualmente:

“Se detectaron 50 grandes contribuyentes, cuyos pagos individuales de ISR en 2005, deducidas las devoluciones, fueron menores a 74 pesos; esto debido a que las devoluciones efectuadas en el periodo 2001-2005, por 604 mil 300 millones de pesos, superaron en 216 por ciento al incremento en la inversión privada que fue de 279 mil 832 millones de pesos, lo que contradice la hipótesis de que una menor tributación –como en rigor implican las devoluciones– que libera recursos a los particulares para incrementar la inversión en capital. Por ello se genera una situación de privilegio para unos cuantos contribuyentes que contraviene el principio de equidad fiscal”.

Estos privilegios, lejos de corregirse, se han acentuado. Para 2007, de acuerdo con los informes presentados a la Bolsa Mexicana de Valores y que no incluyen las devoluciones de impuestos hechas a estas empresas y bancos, se observa que 13 grandes empresas, seis instituciones bancarias y tres grupos aeroportuarios, a pesar de registrar ventas o ingresos que en conjunto ascendieron a 1 billón 600 mil millones de pesos, su pago de impuestos apenas ascendió a 72 mil 641 millones de pesos; lo que representó, en promedio, apenas el 4.4 por ciento de sus ingresos.

Sin embargo, los impuestos diferidos ascendieron a poco más de 130 mil millones de pesos, lo que significa que debido a la existencia de tratamientos fiscales especiales, como lo son la consolidación fiscal o la depreciación acelerada de activos, durante 2007, por cada peso que estas empresas e instituciones bancarias le entregaron al fisco, este último les permitió “diferir” en promedio 51 centavos.

De estas empresas sobresale el caso de Cemex, que registró un incremento de 20 mil 188 millones de pesos en sus impuestos diferidos, al pasar de 30 mil 119 millones en 2006 a 50 mil 307 millones en 2007; esto significó que por cada peso de impuestos que pagó, se le permitieron diferir 10.5 pesos.

También resaltan los casos de Telcel, Telmex y Grupo Carso, quienes en conjunto aumentaron sus impuestos diferidos entre 2006 y 2007, para ubicarlos en 38 mil 197 millones de pesos, lo que en promedio significó que por cada peso pagado difirieran 1.32 pesos.

Cabe señalar que las recientes reformas fiscales aprobadas, que incluyen al impuesto empresarial de tasa única (IETU), no resolvieron esta situación, por lo que la política tributaria sigue siendo altamente adversa para Pemex.

Para mostrar lo anterior sólo basta mencionar que, de acuerdo con el Presupuesto de Gastos Fiscales 2008, entregado por la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados, se observa que de los 772 mil 364 millones de pesos que se dejarán de recaudar por concepto de tasas diferenciadas en los distintos impuestos, exenciones, subsidios y créditos fiscales, condonaciones, facilidades, estímulos, deducciones autorizadas, tratamientos y regímenes especiales, el 26 por ciento, es decir, 202 mil 144 millones de pesos, corresponde directamente a conceptos relacionados con prácticas fiscales elusivas que llevan a cabo las “grandes empresas”.

Lo anterior, a pesar de que tanto Agustín Carstens como Felipe Calderón en su momento señalaron que el IETU tenía como objetivo “acabar con los paraísos fiscales en que tributaban las grandes empresas”; la realidad refleja que no fue así y que la falta de recaudación por este concepto es lo que ha impedido disminuir de manera significativa el régimen fiscal confiscatorio que Pemex enfrenta.

Al respecto, conviene subrayar que, de acuerdo con información de Pemex, se observa que es una de las empresas petroleras con mayor carga fiscal en el mundo.

La inversión pública directa en Petróleos Mexicanos –excluyendo Pidiregas, ya que es inversión privada– se ha reducido al mínimo, ya que pasó de representar 2.9 por ciento del PIB en 1982 a 0.57 por ciento del PIB en 2007.

Contrario a lo que debería hacerse, se han diseñado esquemas poco transparentes, costosos financieramente y con nulo impacto para la demanda de insumos nacionales y de mano de obra, llamados Pidiregas, que han permitido sustituir a la inversión pública por inversión privada y que, paradójicamente, han generado “deudas para Pemex”.

A todo esto hay que añadir que las aportaciones fiscales de Pemex no se reducen al pago de impuestos y derechos, sino que incluyen el llamado superávit primario, restricción que se le impone con el único fin de incrementar la capacidad de endeudamiento del gobierno sin que se refleje en su balance presupuestal.

Por ello y si bien el Congreso decidió modificar el régimen fiscal de Pemex a partir de 2006, lo cierto es que en la práctica el alivio que ese cambio suponía para la paraestatal fue completamente nulificado, por la imposición del “superávit primario” que fue de 147 mil millones en 2007 y será de 135 mil millones para 2008, con lo que se le habrán congelado recursos a Pemex por más de 270 mil millones de pesos en los dos últimos años.

En materia de excedentes petroleros nadie sabe con precisión en dónde se encuentran o a qué han sido destinados.

Se dice que gran parte de ellos se han esfumado en la importación de gasolinas y en el “subsidio a la gasolina”.

Sin embargo, datos de Pemex muestran que durante el primer trimestre del presente año, el precio al que se importó la gasolina fue inferior al precio de venta a los distribuidores del país.

De tal manera que, para el primer semestre del año, el costo neto total de la importación de gasolinas, descontado el precio al que se vende internamente, apenas representó el 8.4 por ciento de los excedentes petroleros, que se ubicaron en 92 mil 276 millones de pesos.

Cabe destacar que durante los primeros 18 meses de la administración calderonista, los excedentes petroleros ascienden ya a 236 mil millones de pesos.

*Secretario de la Hacienda Pública del “Gobierno Legítimo”

Las 10 medidas anunciadas por Felipe Calderón y por Agustín Carstens para promover la actividad económica, la inversión y el empleo son demagógicas, absurdas y resultarán absolutamente insuficientes para revertir el precario desempeño que ha tenido la actividad económica y el empleo.

Para corroborar lo anterior podemos dividirlas en tres grupos: el primero de ellos, de naturaleza fiscal; el segundo, de naturaleza administrativa, y el tercero, relativo a la inversión productiva.

Medidas fiscales

1) Reducción de 3 por ciento en los pagos provisionales del impuesto sobre la renta (ISR) y del impuesto empresarial a tasa única (IETU). Esta propuesta implica que las empresas que hasta el momento están haciendo sus pagos provisionales en función de su coeficiente de utilidad de 2006 –dado que es el más reciente– podrán descontar de este el 3 por ciento de lo que pagarían en condiciones normales. Es decir, si la base gravable fueron 100 pesos, el IETU a pagar sería de 16.5 pesos. A esta cantidad se le descontaría el 3 por ciento (50 centavos) y la empresa pagaría 16.

Sin embargo, esta disposición sólo aplicará entre febrero y junio y únicamente será aplicable a los pagos provisionales, de tal manera que en el mes de abril de 2009, cuando las empresas hagan su declaración final tendrán que reponer el 3 por ciento que ahora se les descuenta.

Además, introduce una mayor inequidad al sistema tributario, ya que no aplica el mismo tratamiento a los asalariados (causantes cautivos) quienes continuarán con la mayor carga fiscal derivada de la aplicación del IETU.

2) Estímulo fiscal de 1 mil pesos a las personas físicas con actividades empresariales. Estos contribuyentes que hacen su declaración de impuestos en abril de 2008 podrán descontar 1 mil pesos del monto que pagarán del impuesto sobre la renta. Cabe destacar que esta medida es una mala copia de lo que se está haciendo en Estados Unidos, pero con la peculiaridad de que, mientras que en ese país la devolución fue de 1 mil 600 dólares, en México será de menos de 100 dólares.

A decir del propio Carstens, esta medida beneficiará a 1 millón de “personas físicas con actividades empresariales”. Esto implica que tendrá un costo fiscal de 1 mil millones de pesos, cifra que representa sólo el 6.5 por ciento de lo que se recaudó por este segmento de contribuyentes durante el año pasado, ya que fue de 15 mil 100 millones de pesos. Esto nos da una idea del insignificante impacto que tendrá sobre el poder adquisitivo de los contribuyentes, más aun cuando la canasta básica ha tenido un incremento del 50 por ciento comparada con el mes de enero de 2006.

3) Descuentos del 5 por ciento en las cuotas patronales del IMSS. Esta medida no es más que la ampliación del fracasado programa de “primer empleo” aplicado el año pasado y que no tuvo ningún impacto sobre la generación de empleo en la economía y, en cambio, sí tendrá un costo para el Instituto Mexicano del Seguro Social de 6 mil millones de pesos que afectarán severamente las precarias finanzas del instituto y repercutirá en la atención médica.

4) Descuento de 20 por ciento a tarifas eléctricas en horas punta y de 10 por ciento aplicable al sector comercial. Esta propuesta realmente no significa ningún estímulo verdadero para el sector productivo, más aun si consideramos que por ejemplo las tarifas para consumo de “alta tensión” en horario intermedio se habían incrementado desde diciembre de 2007 a la fecha en casi 20 por ciento, al pasar de 0.7827 pesos el kilowat hora en a 0.9314 para marzo de 2008. Lo mismo sucede en las tarifas de “media tensión”, que registraron un incremento de 8.2 por ciento desde diciembre de 2007, al pasar de 0.932 pesos por kilowat hora a 1.008 pesos en marzo.

5) Otorgar estímulos fiscales a empresas que se establezcan en los 1 mil municipios más pobres del país. Esta propuesta resulta realmente absurda: en la gran mayoría de los municipios más pobres del país no se cuenta con ningún tipo de servicio público, como agua, electricidad, carreteras, etcétera, luego entonces difícilmente habrá empresas que se quieran ir a establecer a esos lugares, aun cuando les otorguen todo tipo de créditos y facilidades; por ello, Calderón y Carstens debieron proponer infraestructura en dichos municipios y así contribuir a la generación de empleos para que en un futuro puedan y quieran las empresas ir a establecerse.

Medidas administrativas

1) Simplificación Arancelaria. Esta propuesta no tendrá ningún impacto en la actividad económica. Para la simplificación arancelaria se requiere modificar reglamentos –y en muchos casos leyes–, que deben de ser aprobadas por el propio Congreso; además en algunos casos se corre el riesgo que esta misma simplificación acelere los procesos de importación de productos agropecuarios que han dañado al mercado nacional.

2) Portal de Empleo Gratuito. Resulta aberrante que una persona que no tenga empleo tenga que pagar al gobierno para poder acceder a un portal de internet.

3) Destinar 650 millones de pesos al Sistema Nacional de Empleo.

4) Acelerar la entrega de 3 mil millones de pesos a la Banca de Desarrollo. La asignación de recursos a la Banca de Desarrollo sólo se “acelerará”, lo que no quiere decir que se incrementarán los recursos presupuestados para este fin.

Medidas de inversión productiva

1) Destinar 10 mil millones de pesos para rehabilitación del sistema de ductos de Pemex. Desafortunadamente ésta es la única medida que pudiera impactar ligeramente a la economía y, de hecho, resulta altamente insuficiente, más aun si consideramos que Petróleos Mexicanos cuenta con una red de 63 mil 610 kilómetros con una antigüedad promedio de 30 años, de los cuales aproximadamente 10 mil 500 kilómetros se encuentran sin operar por falta de mantenimiento. Los 10 mil millones de pesos destinados a rehabilitar ductos, implica la asignación de apenas 952 mil pesos por kilómetro actualmente sin operación.

*Secretario de la Hacienda Pública del “Gobierno Legítimo”

Resulta totalmente absurdo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de Agustín Carstens haya modificado a la baja las expectativas de crecimiento económico para 2008 de 3.5 a 2.7 por ciento sin haber modificado sustancialmente los demás indicadores macroeconómicos del país. Así, por ejemplo, el menor crecimiento esperado ya no es consistente con la inflación esperada, la cual permaneció sin modificación a pesar de que el crecimiento en Estados Unidos será menor y la inflación en ese país será mayor, debido al efecto de los precios internacionales del petróleo.

Vemos que los programas de inversión e infraestructura recientemente anunciados por Felipe Calderón no son “nuevos”, ya que prácticamente la totalidad de ellos ya estaban contemplados en el Presupuesto para 2008, que fue aprobado en noviembre del año pasado por los diputados.

Por ello, el impacto de los programas anunciados sobre el empleo y el crecimiento económico será prácticamente nulo. Y los 600 mil empleos que se pretenden generar serán imposibles de alcanzar.

Hay que recordar que los Criterios de Política Económica –también llamados marco macroeconómico– constituyen las proyecciones de los principales indicadores macroeconómicos sobre los cuales se hacen las estimaciones de ingresos y gastos públicos; por ello, de la consistencia y veracidad que tengan las proyecciones macroeconómicas dependerá el comportamiento de las finanzas públicas y de la economía en general.

Más aún, cuando parece que –con excepción de los altos niveles en el precio del petróleo– la mayoría de las condiciones económicas que enfrentó la economía estadunidense a principios del sexenio anterior se están repitiendo. Pero éstas son aún peores que durante el primer trienio de Vicente Fox.

Entonces el crecimiento promedio de la economía estadunidense fue de apenas 2.0 por ciento, y de la economía mexicana, del 1 por ciento. Además, la generación de empleo fue negativa: entre 2001 y 2003 se observa que los empleos disminuyeron en 39 mil 413 personas.

Lo anterior, a pesar de que entre 2001 y 2003 la economía mexicana tuvo ingresos excedentes por concepto de petróleo por aproximadamente 80 mil millones de pesos y el gobierno realizó una inversión pública en esos tres años por casi 400 mil millones de pesos.

Desde que Calderón anunció la incorporación de Agustín Carstens como encargado de su Programa Económico, se generaron diversas reacciones y opiniones en prácticamente todos los sectores económicos y políticos del país. Y si bien es cierto que en los círculos financieros del poder, la designación del exsubdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) causó buenos comentarios, también planteó fuertes críticas por parte de analistas y académicos, quienes manifestaron duramente su inconformidad al señalar que Felipe Calderón se supeditó nuevamente a las instrucciones del FMI y de Roberto Hernández.

Lo cierto es que desde que Carstens tomó el control de las finanzas del país se ha dedicado a aplicar la misma estrategia que su antecesor Francisco Gil Díaz; por ello, la economía mexicana sigue enfrentando el principal problema del sexenio foxista, es decir, falta de crecimiento y de empleo.

Carstens, al aplicar las mismas medidas económicas que la administración foxista, no podrá obtener resultados diferentes a los que hasta ahora se han obtenido.

Durante la gestión de Agustín Carstens como subsecretario de Hacienda del gobierno foxista (2001-2003) se logró la aprobación por parte del Congreso de la llamada reforma financiera y buena parte de la reforma fiscal, pero fue también cuando se obtuvo un menor crecimiento económico.

La situación se repite, ya que Carstens aparentemente ha logrado obtener “un parche fiscal” con la mal llamada “reforma fiscal calderonista”; sin embargo, hasta ahora, nada muestra que la economía mexicana pueda retornar al camino del crecimiento y del empleo.

Lejos de eso, durante 2007 y de acuerdo con los datos reportados en los Criterios de Política Económica, la economía mexicana apenas registró un crecimiento de 3.3 por ciento, cifra que se compara desfavorablemente con el 4.7 por ciento registrado en 2006.

Cabe destacar que para 2007 los empleos generados disminuyeron en más de 139 mil personas respecto de los generados durante 2006. Y, de acuerdo con las cifras dadas a conocer por Agustín Carstens, la generación de empleos será aún más precaria para 2008, al ser inferior en más de 239 mil puestos de trabajo con relación a 2006.

Más aún, la crisis inmobiliaria en Estados Unidos y las consecuencias que ésta ha tenido sobre los mercados financieros y económicos estadunidenses hacen prever que resultará prácticamente imposible que los norteamericanos se salven de una recesión en 2008, lo que sin duda alguna traerá consecuencias desastrosas para nuestro país.

Por ello, el propio Fondo Monetario Internacional ha advertido que se espera un menor crecimiento mundial y ha revisado a la baja tanto el crecimiento de Estados Unidos como de la economía mundial en general.

A esto se añade que si bien es cierto que un precio elevado del petróleo es conveniente para nuestras finanzas públicas, también lo es que en la medida en que estos máximos históricos se mantengan, el costo de muchas materias primas que no son producidas en nuestro país empezarán a incrementarse. Y con ello empezaremos a “importar inflación” que acelerará aún más el crecimiento de los precios y que se combinará con los altos precios de los alimentos.

El único camino para mitigar los efectos de la recesión estadunidense es modificar las condiciones estructurales de nuestra economía. Y, para ello, se debe ejercer un combate frontal contra los monopolios, aplicar un programa de austeridad en el gobierno que libere recursos que permitan establecer un programa de incentivos fiscales para empresas, así como un programa emergente de subsidios a los productores agropecuarios y de nueva inversión en sectores como el de la energía y la infraestructura.

*Secretario de la Hacienda Pública del “gobierno legítimo”

Inútil e ineficiente resultará el acuerdo entre la Secretaría de Economía (SE) y la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) para aplicar un programa de descuentos a productos de consumo básico.La Secretaría de Economía y el gobierno espurio eluden su verdadera responsabilidad al anunciar un “pacto” para establecer descuentos en 300 productos de consumo básico en vez de atacar los problemas de fondo.
Cabe destacar que la medida propuesta por la SE es el reconocimiento tácito de que la mal llamada reforma fiscal y los incrementos en la gasolina, diesel, energía eléctrica y granos básicos han tenido y tendrán un efecto negativo sobre el poder adquisitivo y el bienestar de la gente.
Los encargados de las políticas económicas tendrían que retomar las propuestas del gobierno legítimo que se basan en el combate frontal a los monopolios y oligopolios, mediante la aprobación de la Ley de Precios Competitivos y la aplicación de un vasto programa emergente de producción y subsidios a la producción de granos básicos en el campo mexicano, cuya estrategia completa fue propuesta desde febrero de 2007, en el programa denominado “Cuidado de la economía nacional y defensa de la economía familiar frente a la carestía”.
El “pacto o acuerdo” anunciado por Eduardo Sojo resultará ineficiente y económicamente inviable, ya que en la mayoría de los comercios establecidos y en las tiendas de autoservicio, la retiquetación de precios se mantuvo vigente a lo largo de 2007, por ello no se logrará revertir el incremento en los precios de los productos que integran la canasta básica y que entre diciembre de 2006 y la primera quincena de 2007 mostraron un crecimiento del 35 por ciento.
Más aún, la medida de Sojo causará distorsiones en la economía, ya que desde hace muchos años se estableció la liberalización de los precios, por lo que cualquier intento de control de precios implicará importantes desajustes en las cadenas productivas, al mandar señales equivocadas en los precios del mercado, tal y como sucedió en el caso de la tortilla cuando se “formalizó su incremento a principios de 2007”, en vez de haber recurrido a políticas de subsidio y de fomento a la producción y comercialización del maíz.
Los pactos o acuerdos se establecieron en México en la época de Miguel de la Madrid y al principio de la administración de Carlos Salinas de Gortari, y formaron parte de los llamados “planes de choque” que buscaban contener la elevada inflación; se aplicaron también en algunos países de Latinoamérica, por ejemplo en el Plan Austral en Argentina o el Plan Cruzado en Brasil.
Estos programas se acompañaban de otro tipo de medidas encaminadas a reducir el déficit público, y de fuertes restricciones monetarias que limitaban el crecimiento económico, el poder adquisitivo de la gente y el empleo.
A lo anterior hay que añadir que dicho acuerdo o pacto se llevará a cabo durante la segunda quincena de enero, cuando comerciantes, productores y tiendas de autoservicios ya hayan incrementado los precios.
En el caso del gasolinazo, prácticamente la totalidad de los productores y comerciantes ya reflejaron en sus precios el efecto que tendrá esta medida, por lo que, en teoría, no tendrían que modificar sus precios en enero.
Sólo basta señalar que en julio de 2007, cuando se lanzó la propuesta de incrementar el precio de la gasolina, el costo de una muestra de 42 productos básicos se ubicó en 1 mil 45.15 pesos. Para la primera quincena de octubre, cuando se formalizó su aprobación en el Congreso, el costo de esta canasta ya ascendía a 1 mil 102.28 pesos.
De esta manera, entre julio y octubre del año pasado se observaron incrementos que reflejaban el impuesto a la gasolina. Por ejemplo, el kilo de frijol pasó de 16 pesos a 20; la bolsa de 500 gramos de lenteja, de 7.90 a 8.91; el paquete con 12 huevos, de 14.70 a 16; el pan de caja Bimbo, de 18.90 a 20; el kilo de pollo entero, de 23.95 a 26 pesos.
Esto muestra claramente que entre julio y la primera quincena de octubre, el crecimiento en costo de esta canasta básica registró un incremento de 5.46 por ciento, cifra que es similar al incremento total que tendrá la gasolina, gracias al impuesto propuesto por Acción Nacional y avalado por los diputados priistas.
Desde hace varios años no se observaba un incremento de tal magnitud en los precios de los productos que integran la canasta básica. Entre enero y diciembre de 2006, el crecimiento de los precios de estos 42 productos fue de 10.53 por ciento, al pasar de 740.44 a 818.44 por ciento.
Y si revisamos lo ocurrido durante 2007, nos damos cuenta de que entre diciembre de 2006 y diciembre de 2007 el costo de esta canasta de 42 productos pasó de 818.44 a 1 mil 103.63 pesos, lo que significó un incremento de 34.85 por ciento.
Así, con base en el salario mínimo mensual, el costo de estos productos pasó de representar el 50.8 al 73 por ciento de un salario mínimo de un trabajador.
Esta situación se ha visto recrudecida en el caso de los productos alimenticios que forman parte de la canasta básica. Se observa que el costo de los alimentos que la integran pasó de 485.4 pesos en enero de 2006, a 540.46 en diciembre de 2006, y a 732.71 pesos en la primera quincena de diciembre de 2007, cifra que representa un incremento de 50.94 por ciento respecto a enero de 2006, y un crecimiento de 35.6 por ciento durante 2007.
Es importante destacar que en el caso de los alimentos, prácticamente todos los productos que integran la canasta básica han registrado incrementos muy superiores al del salario mínimo. Así, respecto a diciembre de 2006, el crecimiento de los precios ha sido: frijol, 87.5 por ciento; lenteja, 102.5; salchicha, 68.9; leche condensada, 32.9; leche en polvo, 51.28; mantequilla, 56.03; arroz, 40.52; huevo, 60.5 por ciento.
Mientras que en enero de 2006 un obrero requería de 15.24 días de trabajo –con una jornada laboral de ocho horas y percibiendo un salario mínimo– para adquirir 42 productos de la canasta básica, en la primera quincena de diciembre pasado requirió de 22 días de trabajo para adquirir la misma canasta de productos.
En la actualidad, un obrero que percibe el salario mínimo tiene que destinar casi 22 días de trabajo para poder obtener una canasta de 42 productos básicos, por lo que con lo que le resta (ocho días de trabajo) tiene que hacer frente a los costos de transporte, vestido y vivienda, lo cual resulta prácticamente imposible, ya que el incremento del salario mínimo en 2007 fue de sólo 3.9 por ciento.
Un obrero que percibe el salario mínimo requería en enero de 2006 de 9.55 horas de trabajo para adquirir un kilo de bistec, de 6.59 horas de trabajo para adquirir un kilo de carne molida, de 0.82 horas de trabajo para adquirir un kilo de tortilla o de 2.47 horas de trabajo para adquirir dos kilos de azúcar.
Para la primera quincena de diciembre de 2007, el mismo obrero requiere de 11.56 horas de trabajo para adquirir un kilo de bistec, 10.14 horas de trabajo para adquirir un kilo de carne molida, 1.27 horas de trabajo para adquirir un kilo de tortillas, 4.12 horas de trabajo para adquirir un pollo y 9.40 horas de trabajo para adquirir un kilogramo de jamón.
El sólo anuncio del incremento a la gasolina y diesel se reflejó en los incrementos en los precios de prácticamente todos los productos, ya que quienes perciben que en algún momento del tiempo los precios se incrementarán, prefieren adelantarse y llevar a cabo el ajuste de inmediato, por ello, los comerciantes y productores de servicios se previenen incrementando los precios hoy, y no hasta mañana.
Por esta razón, diversos productos alimenticios –carne, huevo, leche, pan bolillo– aumentaron y de seguro lo volverán a hacer.
Éste primer mes de 2008 cerrará con incrementos en la mayoría de los granos básicos, así como de la gasolina y de la energía eléctrica, por lo que se estima que la canasta básica tendrá un incremento de cuando menos 15 por ciento.
Esta situación sugiere, además, que el seguimiento de los precios que realiza el Banco de México –para obtener la inflación o el crecimiento de los precios en la economía– ya no refleja la realidad del poder adquisitivo de las familias, esto debido a que la ponderación que realiza para calcular el crecimiento de los precios contiene sesgos que tienden a subestimarlo.
Finalmente, la cifra que se recaudará en 2008 por el impuesto a la gasolina (8 mil millones de pesos) equivale al gasto del gobierno por concepto de seguro de gastos médicos mayores para funcionarios de alto nivel, al gasto en seguro de separación individualizada para funcionarios de alto nivel y al gasto en servicios de asesoría que tendrá el gobierno federal, por lo que, resulta, estos ingresos podrían ser compensados con un programa de austeridad.

* Secretario de la Hacienda Pública del gobierno legítimo

Año V No. 60 Enero de 2008