El consorcio texano Energy Maintenance Services Group, que entre sus asociados tiene a exejecutivos de Enron, incumplió con Pemex el mantenimiento y operación de ductos. Hoy está en riesgo la infraestructura que transporta el 95% de los hidrocarburos del país

Villahermosa, Tabasco. Detrás del consorcio texano Energy Maintenance Services Group (EMS), está la peculiar historia de un exejecutivo de la Marathon Oil Company que, asociado con exdirectivos de Enron, creó la firma que en 2007 llegó a México con un capital social de 3 mil pesos para recibir uno de los contratos por servicios más caros en la historia de Petróleos Mexicanos: 400 millones de dólares para el aseguramiento, mantenimiento y operación del Sistema 4 de la red de ductos, contratación que hoy representa una de las defraudaciones más costosas para la paraestatal.

En 2007, el Ejecutivo federal, a través de Pemex Exploración y Producción (PEP), que encabeza Carlos Arnoldo Morales Gil, suscribió con EMS Energy Services México, subsidiaria de Energy Maintenance Services Group, el contrato 420407836. En éste, PEP le transfirió al consorcio el mantenimiento y operación del 57% de su red de ductos.

Aunque el Senado de la República ordenó cancelar la contratación por determinarla inconstitucional, la secretaria de Energía, Georgina Kessel, en su calidad de presidenta del Consejo de Administración de Pemex y los directivos de la petrolera la mantuvieron, con el argumento de que EMS tenía la capacidad técnica y económica para eficientar la red de ductos. Ni capacidad técnica ni solvencia económica, se contrató a un corporativo de portafolios.

Empresa de papel

Por mandato constitucional, el aseguramiento, mantenimiento y operación de los ductos es potestad del Estado, al tratarse de una parte medular de la industria petrolera, además de que son áreas de seguridad nacional. En PEP, su mantenimiento y operación estaba a cargo de 300 especialistas y técnicos altamente calificados ?en su mayoría con dos o tres décadas de experiencia?, y 57 compañías mexicanas contratadas para algunos suministros o servicios.

Para privatizar su operación, se diseñaron modelos de contrato semejantes a los Contratos de Servicios Múltiples (CSM), que sirvieron para entregarle a Repsol, Petrobas, Lewis Energy Group y Teikoku Oil, Co, la operación y explotación de la Cuenca de Burgos, la reserva de gas natural no asociada más importante de México; esquemas contractuales que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Auditoría Superior de la Federación determinaron ilegales.

Para las asignaciones, los 63 mil 340 kilómetros que integran la red de ductos –terrestres y marinos? se agruparon en cuatro “sistemas” (1, 2, 3 y 4) para adjudicarse en igual número de contratos. Con el argumento de que EMS consagraría su know how para optimizar el sistema 4, se le asignó la red que transporta el crudo de exportación, 95% del que se refina en México, y el 56% del gas que abastece las industrias petroquímica y eléctrica.

En realidad, nunca trajo maquinaria, infraestructura ni personal especializado. Simplemente alquiló oficinas en la ciudad de México y Tabasco para subcontratar a las mismas compañías que trabajaban para Pemex, pagando precios menores, que les dejaran márgenes más amplios de ganancias. Es decir, Pemex transfirió las venas de la industria energética a un corporativo de portafolios.

De Enron a Pemex

Energy Maintenance Services System es una de las cientos de compañías asentadas en Houston, corazón económico y financiero de la industria energética estadunidense.

En su oficina sede, en la suite 600 de Bering Drive, se anuncia como “un corporativo a nivel internacional dedicado a la prestación de servicios para la industria energética de México y América Latina, reconocida por su alto nivel de compromiso y la satisfacción de sus clientes”.

El contrato 420407836 fue el único que obtuvo EMS como contratista del gobierno mexicano, y es también el más lucrativo en la historia de esa compañía: 4 mil 312 millones 553 mil 088.14 pesos ?antes, apenas facturaba entre 17 y 20 millones de dólares anualmente?, según declaraciones de su accionista mayoritario y director Timothy Harold Nesler a la prensa texana.

Los antecedentes de Nesler en el sector energético lo ubican como un ejecutivo que durante 25 años trabajó para la Marathon Oil Company, otra contratista de Pemex en la Cuenca de Burgos. Entre 2001 y 2003, en Marathon, Nesler fungió como vicepresidente de Desarrollo de Negocios en el área internacional.

Salió de la compañía en 2003 y fundó su propia firma: Energy Maintenance Services. Simplemente montó una oficina en un apartamento y un portal en internet en el que anuncia que Tim Nesler es un ejecutivo senior con más de 31 años de experiencia en el negocio de la energía mundial, “y ha sido responsable de un crecimiento rentable en mercados de clientes difíciles, competitivos y volátiles”.

Para “pasar de la planeación en la sala de juntas a la fase operativa del sector energético” con EMS (según su propia reflexión), Nesler se asoció con exejecutivos de Enron para adquirir algunas divisiones de la quebrada corporación: Hannover Servicios de Medida (HMS) de Enron Norte Latina y el compresor de la empresa Hanover.

La adquisición, por un monto no revelado, se hizo a través de la corte de bancarrotas en Nueva York encargada de los activos de Enron desde que se oficializó su quiebra tras el escándalo al develarse las prácticas contables fraudulentas, apoyadas por su empresa auditora, el afamado despacho Arthur Andersen.

HMS era una de las empresas con mayor viabilidad de Enron y, a pesar del escándalo internacional que la envolvió, no dejó de operar. Facturaba, según Nesler, 17 millones de ingresos anuales. Al adquirirla, Nesler obtuvo la cartera de clientes de la compañía que hoy opera como EMS Pipeline Services, convirtiéndose en su principal activo.

Varios directivos de EMS fueron ejecutivos de Enron. Los principales cargos los ocupan Jon Simunek, vicepresidente comercial; John Jones, vicepresidente de la división de gas; Sumner Warner White, presidente de la subsidiaria EMS LNG & Power Services; Dario Deferrari, vicepresidente de administración y servicios; William McCormick, vicepresidente de financiamiento; Harvey Lee Schnitzer, jefe de la oficina de operaciones; y otros directivos como Oswald Cunningham, James Steve Schroder, Robert Andrade, John Nixon, Robert Greer, Sharon Hendry, Mike Perdue, Rhonda Warren y Kevin Holfeld.

El 17 de febrero de 2006, Nesler registró en México la subsidiaria EMS Energy Services México. El trámite se hizo ante la notaría pública 94 del Distrito Federal, con dos abogados del despacho Thompson & Knight como apoderados: María Cecilia Gutiérrez Sansano Diego Fernádez y Rafael Corres Brasdefer, éste último, exfuncionario de la Comisión Federal de Electricidad (hasta junio de 2005) y asesor jurídico en Arthur Andersen, el despacho contable vinculado al fraude de Enron.

EMS Energy Services México se creó con un capital social de 3 mil pesos, según indica su acta constitutiva, en la cual el notario especifica que los socios residentes en el extranjero optaron por no inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes. Aparecen como accionistas Timothy Harold Nesler, presidente del consejo y presidente de la sociedad; Sumner Warner White, consejero y primer vicepresidente; y Harvey Lee Schnitzer, consejero y segundo vicepresidente.

Se registró con los giros operación, mantenimiento, administración, diseño ingeniería y construcción de sistemas para transportar, conducir y entregar gas natural por medio de ductos… solicitar y obtener concesiones o licencias ante la Comisión Reguladora de Energía y/o dependencias o autoridades federales, estatales o municipales competentes, así como organismos públicos desconcentrados, incluyendo a Pemex para la transportación almacenamiento distribución de gas natural.

EMS por EMS

En su sitio de internet, EMS asegura que es una sociedad de responsabilidad limitada comprometida a maximizar el valor de los inversionistas participantes.

Al referirse a los antecedentes de la compañía, EMS refirió que a inicios de 2003 un grupo de profesionales de la industria energética dirigidos por Tim Nesler, “tuvieron la visión de crear una compañía que fuera un “centro integral” de servicio a ductos, y que cambiara la manera de administrar la operación y el mantenimiento a líneas en los Estados Unidos (llegando a operar a todo lo largo y ancho de Norte América). La compañía sería conocida con el nombre de Energy Maintenance Services (EMS)”.

Y continúa: “Durante los primeros meses de operación, EMS se enfocó en realizar una adquisición clave que le permitiera pasar de la planeación en la sala de juntas a la fase operativa del sector energético”.

La compañía estadounidense documenta además en su información corporativa su decisión de comprar empresas sin mencionar, por supuesto, que se trataba de compañías que formaron parte de Enron como fue el caso de Hanover.  “Se tomó entonces una decisión estratégica al comprar Hanover Measurement Services, LP, y crear EMS Pipeline Services. A partir de ese momento, quedó claro que se daba inicio a un agresivo programa de expansión. Se formaron alianzas y se realizaron nuevas adquisiciones”.

Además asegura: “A medida que la parte operativa de la empresa crecía rápidamente, su reputación por proporcionar operaciones y servicios de mantenimiento de calidad dentro de la industria aumentó significativamente”.

Ni en sus oficinas de Houston o de México, EMS respondió a las solicitudes hechas por Fortuna para conocer su versión sobre los problemas que han enfrentado los contratos con PEMEX.

¿Licitación a la medida?

La licitación 18575111-006-07 en la que la compañía fue beneficiaria fue hecha a la medida, denunciaron integrantes del Comité Nacional de Estudios de la Energía (CNEE) que presenciaron el proceso en calidad de asesores de la Comisión de Energía del Senado.

El senador Graco Ramírez Garrido secretario de dicha Comisión dice que, desde el proceso de licitación, al que acudió como testigo social, quedó claro que EMS no tenía capacidad técnica ni económica para una contratación de esa envergadura.

Una vez que se firmó el contrato, EMS alquiló la oficina 1902 en el piso 19 de Rubén Darío 281, colonia Bosque de Chapultepec, en el Distrito Federal, donde despacha sólo una telefonista. Y una casa en el número 1727 de una concurrida avenida de la colonia Atasta, en Villahermosa donde, desde noviembre de 2007, sujetos al nuevo esquema de subcontratación, deambularon los representantes de las mismas compañías que antes suscribían con Pemex sus contratos en las oficinas del llamado Edificio Pirámide.

Según se estipuló en el contrato, mensualmente Pemex le pagaba una iguala. Al parecer Nesler sacó todo el dinero del país puesto que no le pagó a los subcontratistas. Éstos a su vez comenzaron a recortar sus costos reduciendo la calidad de los insumos y los trabajos, lo que impactó directamente en el estado físico de los ductos.

En mayo de 2009 las subcontratistas de Tabasco y Veracruz de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción denunciaron el “fraude” de EMS. Al menos, 44 empresas de Veracruz, Tabasco y Chiapas reclamaban adeudos de 30 millones de dólares, y su falta de liquidez dejó sin empleo a 3 mil 500 obreros en las áreas de los ductos a cargo de EMS, el know how que la texana facturaba a Pemex. (Ana Lilia Pérez)

Este año cerrará como un año negro para la industria marítima y el comercio internacional. Ante la falta de acción de los gobiernos, la incidencia de ataques piratas se ha generalizado en numerosas regiones del mundo, convirtiéndose en un peligro latente no sólo para los marinos, sino para el comercio internacional, por ello, armadores y organizaciones marítimas de 147 países han solicitado a la ONU tomar cartas en el asunto

Lejos del intrépido y cautivador Sandokán, el célebre Tigre de Malasia inmortalizado por Emilio Salgari en 11 de sus novelas o del ensoñador Jack Sparrow de las cintas de Disney, los piratas de carne y hueso son hoy salteadores implacables, armados hasta los dientes y perfectamente coordinados por los cuatro puntos cardinales, lo que les ha permitido alcanzar un nivel de operación que tiene en jaque al comercio internacional, secuestrando cargueros, graneleros, petroleros, y hasta navíos que transportan armamento, por los cuales demandan estratosféricos rescates al ejecutar a tripulantes como medida de presión.

En este boyante ilícito, la carga de los barcos secuestrados se contrabandea en todo el mundo y, eventualmente, los navíos son repintados y puestos a operar en algún punto del planeta, con documentos apócrifos o despachos portuarios emitidos por funcionarios involucrados en las mafias.

Desde 2008, detonaron los ataques en las proximidades de Somalia, aguas por las que, cada año, unos 25 mil buques entran al Canal de Suez rumbo a cualquiera de los puertos europeos, pues es la vía más rápida para llegar de Oriente a Occidente. A partir de aquella fecha, más de 1 mil 500 marinos han sido secuestrados, algunos durante meses, en condiciones infrahumanas y sometidos a torturas sicológicas extensivas a sus familias, utilizados como carnada para que sus patrones paguen los rescates.

Las organizaciones marítimas alertan que la inmovilidad de los gobiernos para combatir el ilícito provocó que éste se extendiera por mares de los cinco continentes. El resultado: la piratería es hoy una de las principales amenazas para el comercio, en razón de que el 90 % de las mercancías que se venden en todo el mundo se trasiegan vía marítima, dice The Heritage Foundation, renombrado centro de estudios económicos con sede en Estados Unidos.

El impacto más visible hasta ahora es el incremento de las tarifas de transporte marítimo y servicios en las zonas consideradas como focos rojos en África y Asia: el Golfo de Andén, el Océano Índico, el Mar Rojo, y el Estrecho de Malaca, todas ellas, rutas cruciales para el comercio mundial.

De acuerdo con la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos, el Estrecho de Malaca, que separa el Norte de la isla de Sumatra en Indonesia, Malasia y Singapur, es la ruta que utilizan los petroleros para transportar el crudo del Golfo Pérsico a los países del Pacífico. En total, por esos mares se transporta más de la mitad del petróleo que consume el mundo.

Singapur, por ejemplo, es nada más y nada menos que el puerto que maneja el mayor volumen de carga anual, tanto en tonelaje como en número de contenedores del mundo. Además de ser el cuarto centro financiero más importante del planeta.

Los seguros para las mercancías y navíos que trasiegan por esos mares alcanzan ya niveles estratosféricos (particularmente en el Oceáno Índico y el Golfo de Adén), costos que comienzan a ser cargados a los consumidores.

Algunas navieras empezaron a reencauzar sus rutas, aunque ello les implica viajes más largos y costos más altos. Por ejemplo, la Frontline LTD, el gigante de los buquetanques petroleros, estima que sus costos de operación para evitar las costas de Somalia se han incrementado hasta 40 %.

Tan lejos que parecería de México, muchas de las importaciones que aquí se reciben navegan por las rutas dominadas por los piratas, sobre todo las asiáticas, así que, tarde o temprano, se resentirá el efecto.

El saldo humano es siempre el más dramático. Actualmente, 400 marinos de todo el mundo se encuentran cautivos en manos de piratas, en espera de que sus patrones paguen por su rescate, de acuerdo con la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF, por sus siglas en inglés), organización con sede en Londres, Inglaterra.

Flagelo del siglo XXI

En términos del artículo 101 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la piratería se define como “todo acto ilegal de violencia, detención o de depredación cometido con un propósito personal por la tripulación o los pasajeros de un buque o aeronave privada, dirigido contra otro buque, aeronave, personas o bienes a bordo, en la alta mar o en un lugar no sometido a jurisdicción de ningún Estado”.

Tan antigua como la navegación, los anales de la historia marítima ubican el auge de la piratería entre los siglos XV al XVIII, periodo en que el barco era el principal medio de transporte de personas y mercancías, y que los pueblos se conquistaban a través de sus mares.

La piratería implicaba a corsarios y filibusteros, con cierto honor y mucha fama, enfrascados en duelos con la tripulación que, encabezada por su capitán, defendía el barco blandiendo la espada, disparando cañones y, si acaso, una que otra arma de fuego. Escena que, por supuesto, evoca navíos que advierten su paso ondeando, en lo más alto del mástil, la clásica bandera pirata: un cráneo con dos espadas cruzadas, invento del pirata británico John Rackham, mejor conocido como Calico Jack.

Los piratas de hoy están muy lejos de esa onírica efigie. Sin otro leitmotiv que el dinero, son inclementes con sus víctimas.

Para rastrear a su blanco, utilizan computadoras y sofisticados sistemas de posicionamiento global GPS (global positioning system). Para llegar a él, viajan en lanchas rápidas que alcanzan una velocidad de 40 nudos (72 kilómetros por hora), que en el mar es una velocidad altísima, similar a la de las patrulleras más modernas de Estados Unidos. Para la ofensiva, ametralladoras, granadas propulsadas por cohetes y hasta misiles.

Atacan a cualquier hora del día: lo mismo en aguas internacionales, nacionales y hasta en los puertos, zonas de seguridad nacional.

Las ofensivas son directas, o bien, se abren paso lanzando granadas propulsadas por cohetes (RPG) desde a bordo de “buques nodriza” que navegan a una distancia considerable del blanco, mientras un “buque madre”, del que descenderán las lanchas motoras, llega al navío para secuestrarlo.

Su nivel de organización y modus operandi echa por borda la versión de que los actos de piratería, sobre todo en las costas de Somalia, son delitos famélicos, o la de que se trata de ataques aislados de rebeldes islámicos, lastre de la guerra civil que desde 1991 azota ese país.

Entrevistado por Fortuna, el ugandés Joseph Katende, secretario regional de la ITF para África, región con la mayor incidencia de ataques piratas, asegura que las redes de piratería están encabezadas por “hombres de negocios” que han hecho del ilícito una industria.

“Los somalíes, yemenitas y todos los que ejecutan los ataques, solamente están al servicio de estos hombres. Ellos son quienes tienen las conexiones con la gente de Europa y Asia, que es donde se hace el trabajo de inteligencia; luego coordinan a los grupos que ejecutan los secuestros y el movimiento del dinero que se cobra por los rescates.”

Se trata de redes internacionales con gente infiltrada en mar y tierra en las industrias, puertos, aduanas, instituciones financieras y hasta algunos gobiernos. Así lo explica Jon Whitlow, secretario mundial de la Sección de Gente de mar de la ITF y representante de dicha coalición (que agrupa a 147 países) ante la Organización Internacional del Trabajo:

“Es una verdadera industria que involucra no sólo a los piratas que ejecutan un secuestro, sino toda una infraestructura que opera alrededor de ellos, desde aquéllos que planean los ataques, los que se encargan de la logística, y así, hasta los que se encargan de las transferencia de dinero, porque es imposible mover 5, 10, 15 millones de dólares de los rescates sin tener complicidades en las instituciones financieras, sin que se sepa quién los recibe, en qué cuentas se mueven y dónde van a parar.”

Whitlow destaca que el nivel de infiltración de las mafias que controlan la piratería en el mundo hace que tengan acceso a la ruta exacta que lleva un navío, el número de tripulantes, el tipo de carga y hasta el detalle de cómo y con quién se negociará el rescate.

El caso del MV Faina, carguero ucraniano secuestrado el 25 de septiembre de 2008 cuando trasegaba el Golfo de Adén, es un ejemplo de ello. El Servicio de Inteligencia de Ucrania hizo público que había un topo al interior del Centro anticrisis que el gobierno de ese país creó para negociar con los piratas la liberación del buque, que transportaba un cargamento bélico (33 tanques T-72, seis ametralladoras antiaéreas, 150 lanzagranadas, 15 mil municiones, y 18 mil unidades de protección dinámica para los tanques) vendido al gobierno de Kenia.

Cada detalle de las reuniones entre funcionarios del gobierno de Ucrania, desahogadas como secreto de Estado, se filtró a los piratas. La operación de espionaje del topo inició desde el momento mismo en que el MV Faina zarpó del puerto de Odessa hacia Kenia.

Cero tolerancia

Ante los intolerables niveles que la piratería ha alcanzado, armadores y organizaciones de marinos de 147 países, entre ellas la ITF; The Baltic and International Maritime Council; International Chamber of Shipping; International Federation of Shipmasters, Associations; International Maritime Employers Committee; International Parcel Tankers Association; International Association of Dry Cargo Shipowners; International Ship Managers Association; y la International Shipping Federation solicitaron a la Organización de Naciones Unidas (ONU) que obligue a los gobiernos a combatir de forma real y efectiva el ilícito.

El pasado 23 de septiembre, en el marco de la conmemoración del Día Marítimo Mundial, en la sede de la Organización Marítima Internacional (OMI) en Londres, presentaron la campaña End Piracy Now, que con el lema ¡Ya basta!, exige la intervención de la ONU.

La iniciativa fue acompañada de casi 1 millón de firmas, en las cuales gente de todo el mundo pide al secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, que llame a los gobiernos a acciones conjuntas.

Ante la ONU, las organizaciones acusan que “ni siquiera los países cuya economía depende del mar están haciendo nada por perseguir, detener y procesar a los piratas”, explica David Cockroft, secretario general de la ITF.

“Aunque toda la presión de los piratas se ejerce contra la gente de mar, éste no es un problema exclusivo del sector. Tenemos que entender una cuestión: sin gente de mar no hay industria marítima, sin industria marítima no puede existir la economía global; no hay comercio”, subraya John Whitlow.

Marinos, carne de cañón

El Centro de Información sobre la Piratería, de la Oficina Marítima Internacional (IMB), por sus siglas en inglés, con sede en Kuala Lumpur, Malasia, registra que, anualmente, ocurren en promedio 400 casos de piratería. La cifra corresponde sólo a los casos denunciados, porque muchos armadores optan por no denunciar y negociar con los piratas una pronta recuperación de sus barcos, considerando que si denuncian el ataque, se encarecerán sus seguros marítimos.

O peor aún: por no pagar los rescates (cuyo monto mínimo es de 5 millones de dólares), los dueños de embarcaciones pequeñas, como las pesqueros, han preferido abandonar los navíos y a su tripulación.

Joseph Katende cita el caso de un barco secuestrado en Corea del Norte que fue abandonado por el armador. Cuando los marinos tenían un mes en cautiverio, la hija de uno de ellos solicitó la intervención de la ITF. “De no ser porque la familia buscó apoyo, seguirían en manos de los piratas o habrían sido asesinados”.

Si consideramos tan sólo los casos que si se denuncian, el número arroja que cada día, en algún punto marítimo, por lo menos una embarcación está siendo secuestrada, y que en los siguientes días, decenas de familias se sumarán al infierno que ya viven más de 400 en todo el mundo: la angustia perenne de saber que la vida de uno de los suyos se juega en una ruleta rusa.

La reticencia de los armadores a pagar los rescates incrementó la violencia de los piratas. En esos casos, presionan a las familias para que intercedan ante los armadores. Las leyes marítimas obligan a los armadores a brindar trabajo decente y seguro a sus marinos, lo que de ninguna manera permite la piratería.

Hasta hoy se le ha visto únicamente como un problema con impacto económico, sin embargo “el ilícito expone a los trabajadores a perder la vida por defender los intereses de los propietarios de la carga y los armadores, de manera que, en términos de costos humanos, es también muy alto, tanto que ha provocado un estrés en la industria marítima en general”, explica Wildrot.

Para el marino que sobrevive a un ataque pirata, el impacto sicológico es irreversible. Indeleble, el recuerdo de un arma apuntando a su sien permanentemente; momentos en los que pensó que cada segundo sería el último, pues nada impedía a los piratas asesinarlo, ni siquiera que se pagara su rescate. Por eso hoy muchos tripulantes han optado por dejar el oficio. Como los del Atlantic Pride, barco chipriota secuestrado el 13 de agosto de 2001 en las costas de Guayaquil, ataque en el cual el capitán recibió tres disparos y al electricista le cercenaron el brazo izquierdo de un machetazo.

En la historia que día a día inscribe la piratería moderna, el secuestro del MV Faina es uno de los más dramáticos en términos de la violencia ejercida.

En los cinco meses que duró el secuestro, sus 21 tripulantes –17 ucranianos, tres rusos y un ciudadano de Letonia– permanecieron enfermos de fiebre, salpullido y diarrea. El capitán Vladímir Kolobkov, de origen ruso, murió de una crisis de hipertensión apenas al tercer día del cautiverio.

Los días de cautiverio fueron de tensión para ambas partes. Los piratas demandaron 20 millones de dólares bajo amenaza de asesinar a un rehén por día y hundir el barco. También se registró un tiroteo entre los piratas por la tensión que les generó estar rodeados por patrulleras estadunidenses. El grupo, encabezado por el pirata Sugule Alí, mató a tres de sus compañeros que se empecinaban en rendirse. En febrero de 2009 se pagó 4 millones, la mayor parte aportada por el empresario Víctor Pinchuk, a quien Forbes registra como uno de los ucranianos con más dinero.

Hay otros casos en los que la tripulación confronta a los piratas, con el riesgo que ello implica, como la del Zhenhua 4, propiedad de la empresa China Communications Construction, que con bombas incendiarias repelió a un comando de nueve piratas que pretendía tomar el barco.

“Nosotros hemos instruido a nuestros capitanes, oficiales y marinos para que, cuando los piratas aborden, no se resistan, que les den todo lo que pidan y que si se quieren llevar el barco, que se lo lleven, porque no se van a tentar para dispararles y matarlos”, dice Thomas Tay, secretario general de la Unión de Oficiales Marítimos de Singapur.

Como refiere Jon Whitlow, el costo humano que deja la piratería es incuantificable. Los navegantes lo saben, pues aún siguen conmocionados por el asesinato del célebre explorador neozelandés Peter Blake en un ataque pirata, en las aguas de Amapá, al Norte de Brasil, el 7 de diciembre de 2001.

A bordo del Seamaster, Blake ?quien durante muchos años trabajó como investigador científico en la Fundación Jacques Costeau? exploraba las aguas del Amazonas para el Programa de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente. De pronto, cuatro piratas tomaron el barco y lo asesinaron sólo para robarse el motor de la embarcación.

La impunidad en los ataques piratas azuzó a los bucaneros a atacar todo tipo de embarcaciones. Ya no sólo los grandes buques y cargueros son su objetivo: en algunos mares, los yates, veleros y barcos turísticos se han convertido en el principal punto de recaudación.

Se intensificaron también los ataques en América, donde “los policías también se han hecho de oídos sordos o decidieron ignorar la existencia de un grave problema en sus aguas”, dice la IMB. Las aguas internacionales cercanas a las costas de Jamaica, Haití, Perú Venezuela y Brasil registran cada vez más ataques piratas.

La perla del botín

Sábado 15 de noviembre de 2008. Con el discreto viento de la mañana, la bandera de Liberia ondea en lo más alto del MV Sirius Star, un moderno e imponente navío que con sus 330 metros de longitud y su capacidad para almacenar 2 millones 200 mil barriles de crudo; es el buquetanque más grande del mundo, propiedad de Vela Internacional Marine, subsidiaria de la petrolera estatal Saudi Aramco, asentada en Emiratos Árabes Unidos.

Hace unos días que el Sirius salió de Arabia Saudita con su cargamento de 2 millones de barriles de petróleo crudo, que entregará en Estados Unidos por 100 millones de dólares. Va recorriendo, como eventualmente lo hace, el Cabo de Buena Esperanza.

Justo este sábado, el navío trasiega las costas de Somalia, ocupadas desde hace tiempo por cuadrillas de bucaneros que, a bordo de lanchas “invisibles” –llamadas así por la velocidad a la que se desplazan? asechan el instante del asalto. Cuando el Sirius se ubica a 450 millas náuticas, en las inmediaciones del puerto de Harardhere, las lanchas se desplazan ya en su dirección. Van tan rápido que es casi imposible seguirles el rastro.

Pocos minutos después de las 10 de la mañana, se produce el asalto. Una docena de piratas toma la embarcación y somete a los 25 tripulantes (19 filipinos, dos británicos, dos polacos, un croata y un saudí); obligan al capitán Marek Niski (también polaco) a detener la marcha y anclar frente a las costas de Kenya, en tierra de nadie, o mejor dicho, tierra de piratas.

La negociación con los bucaneros, encabezados por el pirata Farah Abd Jamed y la Vela Aramco, se extendió hasta 2009. El 9 de enero se pagó el rescate y el barco fue liberado.

Podría decirse que secuestrar el Sirius Star fue para los piratas como encontrar un cofre lleno de perlas. Enviaron al mundo un mensaje claro: si fueron capaces de secuestrar el petrolero más grande del mundo, podían secuestrar cualquier embarcación.

La ruta de la piratería

La base de datos del Centro de Información sobre la Piratería, que desde Malasia registra cada ataque denunciado en cualquier parte del mundo, permite hacer un mapeo de las zonas de mayor incidencia y las particularidades del modus operandi.

A pesar de los patrullajes de buques de guerra, el Sureste de África sigue a la cabeza en la incidencia de ataques. Los piratas ya no sólo atacan los buques que navegan al Este y Sur de la costa Norte de Somalia, sino que han extendido su rango de operación hasta el Golfo de Omán, en el Norte; las islas Comoras, en el Sur; las Maldivas, en el Este. En el Mar Rojo, desde el estrecho de Bad al Mandab, que separa Yibuti de la costa suroccidental de Yemen y en todo el Golfo de Adén.

En la zona de mar, han extendido sus ataques a las costas de Kenya, Tanzania, Seychelles, Madagascar y en el Océano Índico (en la parte occidental, central y oriental) hasta Madagascar.

En el Mar Arábigo y las costas de Omán y Maldivas, hasta la costa Oeste de India y Sir Lanka.

También han incrementado su nivel de violencia, ya que, para tomar los barcos cada vez, es más frecuente el uso de granadas propulsadas por cohetes (RPG).

En Lagos (Nigeria) donde las principales exportaciones son de petróleo, los piratas atacan y secuestran barcos en la costa, los ríos, puertos y aguas circundantes, estando la embarcación anclada o navegando. Los grupos que operan en esta zona son identificados como muy violentos, que al momento de tomar el barco hieren a los tripulantes para someterlos. Los ataques en la zona se han tornado tan graves, que hay peticiones de las organizaciones del sector marítimo para que se clasifiquen dichas aguas como “zona de guerra”, con las consecuentes medidas de protección.

En Conakry (Guinea), los piratas operan vestidos con uniformes militares y utilizan armas automáticas; también son violentos y agresivos.

En Douala (Camerún), se ha incrementado el secuestro de las tripulaciones.

En Asia, la zona de mayor riesgo es la zona Sur y el subcontinente Indio. La zona de Bangladesh es la que registra mayores ataques, y tienen como blanco, sobre todo, los buques atracados en puerto.

En Indonesia, los ataques se incrementan en la zona de islas, Anambas, Natuna, Mngkai. Los piratas están armados con pistolas, cuchillos y machetes.

En el Estrecho de Malaca, los ataques ocurren cuando los buques trasiegan por sus aguas. En Malasia, los piratas atacan por las tardes y noches.

En la zona del Mar de China Meridional, el blanco son los remolcadores y barcazas.

En el Estrecho de Singapur, cuando los buques están en marcha o anclados en Eastern OPL.

En Vietnam, el centro de los ataques es Tau Vung, capital de la provincia de Ba Ria-Vung Tau, el principal centro turístico de ese país.

En América, los puntos de mayor incidencia de ataques incluyen a Santos, municipio localizado en el litoral del estado de São Paulo, en Brasil, donde se ubica el puerto más grande de América Latina.

El puerto de Callao, el más importante de Perú, a orillas del Océano Pacífico.

Puerto Príncipe, en Haití.

Planteamientos de la solicitud de intervención ante la ONU:

Casi todos los días marinos mercantes son secuestrados y se arriesgan a ser heridos e incluso a morir.

Cada día, los marinos transportan sus mercancías atravesando zonas donde el riesgo a sufrir un ataque pirata es cada vez mayor.

Cada día, las familias de los marinos sufren de preocupación e incertidumbre.

Cada día, los trabajos relacionados con el mar son menos atrayentes, trabajos de los que depende la economía mundial.

Cada día, las compañías navieras y sus aseguradoras tienen que gastar más en adoptar medidas de seguridad para los buques, mayor combustible y pagos de rescate, costes que eventualmente pasan al consumidor.

Cada día, el riesgo de un desastre ecológico debido a un derrame de combustible debido a la piratería es mayor.

Cada día, la posibilidad de que la economía mundial se recupere se reduce dado el riesgo que supone la piratería.

Ante un TLCAN que para muchos expertos está caduco, los Estados se han  convertido en víctimas de los resquicios supralegales del acuerdo comercial, utilizados por muchos corporativos como medida de presión para garantizar sus inversiones o bien, para embolsarse millonarias ganancias del erario mediante juicios de conciliación internacional

La alta incidencia de demandas en su contra, bajo el Capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ha llevado a los gobiernos de Estados Unidos y Canadá a una revisión al interior de sus Congresos, del acuerdo comercial que, para muchos expertos economistas y analistas, a 16 años de su entrada en vigor, ya caducó.

“Los parlamentarios están reconociendo los abusos de las empresas y su negativo impacto económico y social”, explica Rick Arnold, de la organización Common Frontiers, una de las primeras que en la década de 1990 alertó en Canadá de la inequidad en los acuerdos  comerciales con Estados Unidos.

El Capítulo 11 del TLCAN, relacionado con la inversión, dispone la obligación de los países de otorgar a los inversionistas un trato acorde, justo y equitativo, así como protección y seguridad plena a las partes. Establece, también, que ninguna de las partes podrá nacionalizar  o expropiar, directa o indirectamente, una inversión de algún socio en su territorio ni adoptar una medida equivalente a la expropiación o nacionalización de la inversión, salvo que sea por causa de utilidad pública, sobre bases no discriminatorias, con apego a la legalidad y mediante indemnización y la aceptación de las controversias que se susciten entre los países firmantes, que serán resueltas por un laudo internacional.

A pie de letra, el apartado del acuerdo comercial parecería encaminado a un intercambio comercial justo, que garantizará a los inversionistas el buen destino de su capital en cualquier de los países firmantes; en la práctica ha significado privilegios a corporativos que  han ejercido un fuerte dumping que ha hecho quebrar o desaparecer a miles de sus competidores nacionales, monopolizando diversos sectores productivos, como el  caso del maíz o el impacto a la producción de caña de azúcar por los edulcorantes.

El Capítulo 11 se convirtió en una camisa de fuerza para todos los países firmantes, pues, ante su abdicación para ejercer su derecho nacional e internacional,  ante el mínimo intento de aplicar las leyes locales a los inversionistas extranjeros, pueden ser llevados a los tribunales  del Banco Mundial (BM) o de la Organización

Mundial de Comercio (OMC), donde se les obligar a pagar estratosféricas sumas por concepto de indemnización sobre supuestas pérdidas, además de los gastos y costas de litigios que pueden durar más de siete años, como ha ocurrido en los asuntos contra México.

Desde la entrada en vigor del TLCAN, el Centro Internacional de Arreglo de Diferendos Relativos a Inversiones (Ciadi) _del Banco Mundial_, y el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) _de la OMC_, los dos tribunales donde se juzga a los Estados por supuestas violaciones o incumplimientos a los acuerdos comerciales  internacionales, han recibido numerosas demandas contra los Estados involucrados en el TLCAN por parte de corporaciones, en su mayoría de origen estadunidense y algunas canadienses.

Cada querella es revisada por un comité arbitral integrado por tres o cinco árbitros. Según el Ciadi, los litigios tardan en promedio tres años; sin embargo, a México le ha tocado enfrentar procesos que han durando más de siete años, con las implicaciones económicas  que supone el que de fallarse el laudo en su contra, pagará a la empresa las millonarias indemnizaciones más los intereses acumulados.

En ambos tribunales, las directrices se superponen al  Estado, al gobierno y a las leyes locales. Los casos se resuelven bajo criterios estrictamente comerciales, por lo que la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (Rmalc) los define como “tribunales corporativos”. Además de que, en efecto, la mayoría de los árbitros están vinculados al sector empresarial, lo que supone un conflicto de intereses que se refleja en los criterios emitidos en los casos juzgados hasta ahora, de los cuales Fortuna hizo una revisión exhaustiva. En ninguno de ellos se han  considerado las implicaciones sociales de las operaciones o negocios no concretados, sólo las supuestas afectaciones económicas a las compañías.

El doctor Alejandro Villamar, del Consejo Ejecutivo de la Rmalc, dice que el Ciadi y el OSD son tribunales  supranacionales “que actúan bajo mecanismos poco transparentes  y casi secretos”. Especialista en el procedimiento arbitral de la OMC y el BM, Villamar explica que para los países, ser juzgados en este tipo de tribunales “es un grave retroceso, pues los criterios están plagados de absurdos,  por ejemplo: el inversionista no solamente puede argumentar violaciones a sus derechos de inversión y a la seguridad de su inversión, sino, bajo un terrible privilegio, puede demandar sus supuestas futuras ganancias, lo que en términos legales resulta un verdadero absurdo”.

En 16 años de vigencia del TLCAN, el Capítulo 11 es uno de los que han generado mayores discusiones. La reevaluación, que en el seno de sus congresos hacen Canadá y Estados Unidos, es para las organizaciones no gubernamentales de la región una muestra del negativo impacto que el Tratado ha tenido incluso para los países que supuestamente resultarían menos afectados con sus disposiciones. Tan sólo en sus primeros tres años de vigencia, el TLCAN tenía a los tres países enfrentando juicios por casi 13 mil millones de dólares, lo que encendió las alertas.

A excepción de México, las partes han tomado una serie de medidas que en esencia están encaminadas a la revisión del Capítulo 11. Aunque esto va en sentido contrario al discurso tradicional de los gobiernos de que el TLCAN  no se podía revisar, en los hechos se ha revisado. “La cuestión es muy importante porque los gobiernos se han visto  presionados crecientemente por las compañías y se han dado cuenta que el principio de ‘trato igual’ en tres países desiguales ha llevado a un perjuicio del Estado más débil, que en este caso es el mexicano, aunque aquí hay un desinterés del Legislativo por revisar el tema, como si lo hacen sus pares norteamericanos”, explica Alejandro Villamar, participante en las mesas de discusión del TLCAN y asesor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

México, el principal enjuiciado

Los disímiles efectos negativos del TLCAN se perciben también en los juicios ante el Ciadi contra los países firmantes. Con argumentos como los descritos por Villamar, México ha sido llevado al banquillo de los acusados en unas 13 ocasiones, amén de las incontables quejas e intentos de laudo declarados improcedentes.

Estados Unidos ha enfrentado tres litigios promovidos por corporaciones canadienses: el ICSID No. ARB (AF)/98/3, promovido por el gigante de los servicios funerarios The Loewen Group, Inc, y Raymond L Loewen; el ICSID No. ARB (AF)/99/2, que presentó el corporativo de bienes raíces Mondev International Ltd; y el ICSID No. ARB (AF)/00/1, promovido por el gigante del acero Adf Group, Inc. Canadá actualmente enfrente el litigo ICSID NO. ARB (AF)/07/4, promovido por las petroleras Mobil Investments Canada, Inc, y Murphy Oil Corporation.

Los casos contra México los han promovido los corporativos Metalclad Corporation; Desechos Sólidos de Naucalpan (a través de sus accionistas Robert Azinian, Kenneth Davitian y Ellen Baca); Waste Management,

Inc (que promovió el caso en dos ocasiones); Corporación de Exportaciones Mexicanas, SA de CV; CEMSA (a través de su accionista Marvin Roy Feldman Karpa); Técnicas Medioambientales (Tecmed); Archer Daniels Midland Company y Tate & Lyle Ingredients Americas; Fireman’s Fund Insurance Company; Corn Products International, Inc; Gemplus, SA SLP, SA; y Gemplus Industrial, SA de CV; Talsud SA; Bayview Irrigation District and Others; y Cargill Incorporated, entre otros. Actualmente en Washington, sede del Ciadi, las firmas Abengoa y Compañía Española de Financiación del Desarrollo (Cofides) enjuician a México ante el fracaso  de su proyecto para operar una planta de residuos peligrosos _a través de su filial Befesa_ en el municipio hidalguense de Zimapán.

En el juicio arbitral ICSID No. ARB (AF)/09/2, acusan a México de “violar el acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones”. Abengoa y Cofides reclaman 96 millones de dólares, es decir, unos 1 mil 200 millones de pesos, más los intereses que se generen en el tiempo que dure el juicio. Los argumentos de Abengoa son similares a los de las compañías Metalclad Corporations y Tecmed, que recibieron el laudo a favor por parte de los paneles arbitrales que obligó al Estado mexicano a indemnizarlas por no poder explotar sus negocios tóxicos.

Juicios y pérdidas

El juicio del consorcio estadunidense Metalclad  Corporations en contra México es para los analistas un paradigma de la manera en que se litigan los juicios en el Ciadi.

El caso derivó del fallido intento de la compañía de instalar en Guadalcazar, San Luis Potosí, un confinamiento de residuos peligrosos.

La compañía había obtenido, de las autoridades medioambientales del gobierno federal, las autorizaciones y permisos para confinar los residuos en la comunidad huasteca.

Sin embargo, el ayuntamiento le negó el permiso local de construcción, ante la inconformidad de los lugareños sobre los negativos efectos ambientales.

Si bien para las comunidades, ambientalistas y organizaciones sociales significó un triunfo, para el Estado fue enfrentar una demanda ante el Ciadi, en el caso ICSID No. ARB (AF)/97/01, que inició en enero de 1997 y concluyó en octubre de 2001, con la imposición de una “indemnización” a Metalclad por 16 millones 685 mil dólares. El monto lo ubicó como el conflicto más costoso  pagado por el gobierno federal por su política de autorizar confinamientos de residuos peligrosos, que ahora sería multiplicado significativamente si el panel arbitral del Ciadi decide fallar a favor de Abengoa.

En su juicio, Metalclad aludió a los artículos 1105 y 1110 del  TLCAN. El primero, que obliga

a las partes a otorgar “a las inversiones de inversionistas de otra parte, trato acorde con el derecho internacional, incluido trato justo y equitativo, así como protección y seguridad plenas”;

y el artículo 1110, que señala que “ninguna de las partes podrá nacionalizar ni expropiar, directa o

indirectamente, una inversión de un inversionista de otra parte en su territorio ni adoptar ninguna medida equivalente a la expropiación o nacionalización de esa inversión (expropiación), salvo que sea: (a) por causa de utilidad pública; (b) sobre bases no discriminatorias; (c) con apego al principio de legalidad”. La indemnización calificada por el doctor Pedro Medellín  Milán, coordinador de la Agenda Ambiental de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, como “inmerecida” se argumentó con base en el artículo 1117 del

TLCAN que contempla la reclamación del inversionista promoviente del laudo. ni adoptar ninguna medida equivalente a la expropiación o nacionalización de esa inversión (expropiación), salvo que sea: (a) por causa de utilidad pública; (b) sobre bases no discriminatorias; (c) con apego al principio de legalidad”.

La indemnización calificada por el doctor Pedro Medellín Milán, coordinador de la Agenda Ambiental de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, como “inmerecida”  se argumentó con base en el artículo 1117 del

TLCAN que contempla la reclamación del inversionista  promoviente del laudo. Medellín, profesor de los posgrados en Ingeniería Química, Ciencias Ambientales, Hidrosistemas y Arquitectura de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y uno de los principales opositores al tóxico confinamiento, refiere que, en el proyecto de negocios de Metacland, hubo siempre la intensión de aplicarle a México el Capítulo 11 del TLCAN, que ubica como una práctica recurrente entre el empresariado de Estados Unidos desde tiempos de Ronald Reagan.

En defensa del Estado, los abogados de la Consultoría Jurídica de Negociaciones de la Secretaría de Economía reconocieron lo que los críticos del TLCAN advertían desde antes de su firma y entrada en vigor: que el acuerdo comercial desconocía la potestad de las autoridades mexicanas, y, en caso de conflicto, se le obligaba a ser juzgado en paneles internacionales que desconocían la soberanía del país:

Bajo el argumento de que “el Estado privó a la compañía de sus derechos de uso y goce de los  bienes muebles e inmuebles de confinamiento”, y que las autoridades actuaron con “dolo” al negar a la compañía su renovación para el confinamiento de  residuos peligrosos, el 23 de mayo de 2003 el Ciadi ordenó un pago de 5 millones 533 mil 17 dólares a favor de la compañía, más un interés compuesto, capitalizable anualmente, a devengarse sobre dicha suma a partir del 25 de noviembre de 1998 a una tasa de 6 por ciento anual hasta la fecha del pago íntegro. Para el abogado Arturo Pérez, doctor en ciencias sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana, “los efectos en una resolución de este tipo ponen en entredicho la soberanía nacional y el carácter de socio comercial, toda vez que un árbitro internacional, por medio de un laudo, se convierte en un poder superior a todas las instancias jurídicas nacionales”.

El caso Cytar resultaría mucho más costoso para México,  pues el gobierno federal y estatal debieron invertir en el traslado de un pasivo ambiental de 2 mil 300 toneladas de desechos que yacían al aire libre.

Al amparo del TLCAN ante el Ciadi, se han llevado  casos lesivos para las finanzas públicas que sientan un mal precedente. Uno de ellos es el juicio ICSID No. ARB(AF)/99/01, promovido en mayo de 1999 por Marvin  Roy Feldman Karpa, dueño de CEMSA, quien alegó supuestas violaciones en su contra por la negativa de la  Secretaría de Hacienda y Crédito Público de devolverle el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) por la exportación de cigarros. El 16 de junio de 2005, México fue condenado a pagarle 18 millones 653 mil 101 pesos. Aún en los laudos no favorables a los quejosos, México ha debido asumir los gastos del litigio, como el juicio ICSID No. ARB (AF)/02/01, en el que la compañía de seguros Fireman’s Fund Insurace Company acusó al Estado de expropiarle su inversión en el Grupo Financiero BanCrecer, demandándole una indemnización de 50 millones de dólares.

O el caso Bayview Irrigation District contra el Estado mexicano, integrado en el expediente ICSID No. ARB(AF)/05/1, donde unos 40 agricultores y distritos de riego de Texas denunciaron que fueron afectados por la supuesta deuda de agua de México a Estados Unidos al retener agua de los afluentes del Río Bravo. Ello, argumentaron los promovientes, significaba la violación al TLCAN y al llamado Tratado Bilateral de Aguas entre México y Estados Unidos (relativo al aprovechamiento de las aguas de los ríos Colorado y Tijuana y del Río Bravo desde Fort Quitman, Texas, hasta el Golfo de México).

Demandaban 668 millones de dólares. Después de ocho años y recursos y abogados, costeados por la Consultoría Jurídica de la Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía, el Ciadi declaró que los quejosos no tenían legitimidad procesal para un juicio arbitral conforme al TLCAN, “pues no son inversionistas”.

Otras polémicas y cuestionadas como Talsud, SA, Gemplus SA, SLP, SA, y Gemplus Industrial,

SA de CV, representadas en México por el militar argentino Ricardo Miguel Cavallo, alias Marcelo o Sérpico, también han llevado a México ante el Ciadi.

Este caso, integrado en sendos juicios identificados con los números ARB (AF)/04/3 y ARB

(AF)/04/4, deriva de la concesión que el 27 de agosto de 1999 la Secretaría de Economía otorgó a la sociedad entre Talsud (de origen argentino) y Gemplus (la francesa líder mundial en fabricación de microchips para tarjetas inteligentes) para el Registro Nacional de Vehículos (Renave).

Tras la adjudicación, las dos empresas constituyeron la compañía Servicio Público e Operación del Registro, quedando Cavallo al frente de la concesión.

Cuando se hizo pública la concesión, la prensa ventiló el negro pasado del argentino, a quien se le atribuyen cientos de muertes y tortura durante la dictadura militar en su país.

El escándalo llevó a la Secretaría de Economía a realizar una intervención técnica al Renave el 28 de agosto de 2001.

En octubre, las concesionarias le notificaron al secretario de Economía, Fernando Canales Clarion, que demandarían a México ante el Ciadi por un “trato injusto”.

Los argumentos litigiosos de Talsud y Gemplus son que las intervenciones, la requisa, y la revocación de la concesión, llevadas a cabo por el gobierno federal a través de la Secretaría de Economía, “constituyen una violación a los principios de trato justo y equitativo, trato nacional, trato de la nación más favorecida y expropiación establecidos en los Acuerdos de Protección y Promoción Recíproca de  Inversiones”. Las empresas reclaman el pago de daños por el equivalente, conforme al porcentaje de su participación social, de las ganancias que concesionaria Renave hubiera tenido durante los 10 años de la concesión más intereses y gastos de defensa y arbitraje. El caso se fallará en los próximos días.

El amargo edulcorante

Entre los casos más perniciosos contra México se ubican los promovidos por los productores de edulcorantes, que desde la entrada en vigor del TLCAN no sólo han impactado significativamente la industria de la producción de azúcar de caña en el país, sino que además México ha sido obligado por el tribunal del Banco Mundial a pagarles millonarias “indemnizaciones”. En todos los juicios, el Ciadi ha dado la razón a las trasnacionales, aunque abiertamente éstas ejercen un dumping al amparo del TLCAN, denunciado incluso en Estados Unidos.

La pugna inició por el acceso del azúcar mexicana al mercado estadunidense y el acceso del jarabe de maíz de alta fructosa al mercado mexicano. En materia de comercio de azúcar, el TLCAN establecía  para México un arancel que se desgravaría progresivamente en 15 años, es decir, al 1 de enero de 2008, fecha en que el azúcar mexicana entraría a Estados Unidos libre  de arancel. La fructosa estaría sujeta a una desgravación también paulatina durante 10 años.

El acuerdo establecía que mientras se efectuaba la desgravación arancelaria, Estados Unidos daría acceso a todo el excedente de producción de azúcar, siempre y cuando México tuviese un superávit en dicha producción. Sin embargo, al poco tiempo Estados Unidos argumentó “modificaciones” a la disposición que supuestamente le impedían aceptar los excedentes de producción de azúcar mexicana. En respuesta, en 1997 los azucareros solicitaron una investigación antidumping encaminada a frenar las importaciones de fructosa proveniente de Estados Unidos.

Como resultado, a principios de 1998 México comenzó a aplicar medidas antidumping, lo que generó un conflicto  entre los dos países.

El 1 de enero de 2002, entró en vigor el IEPS que establecía el pago de un impuesto del 20 por ciento para las bebidas o refrescos con edulcorantes distintos de la azúcar de caña y el pago de un impuesto del 20 por ciento sobre servicios específicos relacionados con la venta o distribución de cualquier refresco o bebida con edulcorantes.

Estados Unidos promovió entonces una demanda contra México ante la OMC por supuestas violaciones al Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles.

Los corporativos, cada uno por su parte, iniciaron su embestida ante el Ciadi. En enero de 2003, la Corn Products International, Inc, entabló el juicio arbitral ICSID No. ARB(AF)/04/01. Dueña de CP Ingredientes,

SA de CV (antes Arancia Corn Products, SA de CV), estableció en San Juan del Río, Querétaro, una planta productora de fructosa. Ante el Ciadi, argumentó que el IEPS del 20 por ciento a los refrescos endulzados con edulcorantes distintos del azúcar de caña decretado por el Legislativo en 2001 “le impidió” vender fructosa al sector refresquero, su principal mercado. Reclamó que tal impuesto violaba el artículo 1102 (Trato nacional) “porque discrimina en contra de la fructosa”; 1106 (Requisitos de desempeño), “porque las embotelladoras están obligadas a utilizar insumos nacionales (azúcar)”; y 1110 (expropiación), porque el impuesto supuestamente destruyó el valor de su inversión. Demandaba un pago de 325 millones de dólares.

En octubre de 2008, el Ciadi sentenció a México a pagarle a Corn 53 millones de dólares. En un boletín oficial fechado en agosto de 2009, la compañía señalaque para esos momentos aún no sabe si reclamarán otros derechos “que prevé la legislación aplicable”.

Nueve meses después del juicio de Corn, en octubre de 2003, Ciadi radicó el de las compañías Archer Daniels Midland, Co, y Tate & Lyle Ingredients Americas, Inc, dueñas en México de la productora de fructosa

Almex, SA de CV.

Al amparo del capítulo XI del TLCAN, acusaron la supuesta violación a los artículos 1102 (Trato nacional), 1106 (Requisitos de desempeño) y 1110 (Expropiación y compensación), argumentando que las medidas adoptadas por el gobierno de México _de fijar cuotas compensatorias en contra de las importaciones de fructosa provenientes de Estados Unidos, la limitación al acceso de la cuota TLCAN de maíz amarillo para producir fructosa, y particularmente la adopción del  IEPS del 20 por ciento_ “violaban” sus derechos.

En el juicio ICSID No. ARB (AF)/04/5, demandaron una indemnización de 100 millones de dólares. El 21 de noviembre de 2007, Ciadi ordenó a México a pagarles 33 millones 510 mil 091 dólares más intereses.

El dinero de las arcas públicas mexicanas fue a parar a los bolsillos de una compañía acusada en Estados Unidos de prácticas monopólicas, por las cuales, incluso, en 1996, el gobierno estadunidense obligó a la Archer- Daniels-Midland, Co, a pagar una multa récord de 10 millones de dólares.

En el amargo caso de la fructosa estadunidense, la Cargill Incorporated también demandó su “indemnización”. En su juicio ICSID No. ARB (AF)/ 02/05, que inició en septiembre de 2004, cinco años después, el 18 de septiembre de 2009, el tribunal le ordenó a México pagarle 77 millones 300 mil dólares por supuestos daños y perjuicios, más intereses y costas. Cargill acusó que México “adoptó impuestos y otras medidas que favorecieron a los productores de azúcar nacional por encima de los estadunidenses productores de jarabe de maíz alto en fructosa”.

Ante tales resultados y el mutismo oficial del gobierno federal, mineras, siderúrgicas e industriales de todo tipo amenazan públicamente con enjuiciar a México. La minera canadiense Blackfire Exploration, Ltd, por ejemplo, ha dicho que llevará al Estado mexicano al Ciadi por la clausura de su mina de barita, ubicada en el municipio de Chicomuselo, Chiapas. En diciembre de 2009, las autoridades del gobierno de Chiapas clausuraron la mina por las probadas afectaciones ambientales.

El corporativo minero dice que demandará una indemnización de 800 millones de dólares. Son las organizaciones y grupos ambientalistas de su país sede, Canadá, las que han respondido a sus amenazas, condenando la pretensión de la compañía, a la que además se le atribuye la autoría intelectual del asesinato del ambientalista Mariano Abarca Roblero y las lesiones en contra de Orlando Velázquez Rodríguez –en noviembre de 2009_, ambos integrantes de la Red Mexicana de Afectados por la Minería.

Janet Eaton, de la organización Sierra Club de Canadá y encargada de la campaña sobre acuerdos comerciales, dice que las pretensiones de la Blackfire Exploration son una muestra más de que “el Capítulo 11 del TLCAN sólo ofrece privilegios a los inversionistas extranjeros y su aplicación de manera confidencial, en tribunales comerciales no democráticos, fuera del sistema judicial nacional, debe ser eliminada y considerada como práctica comercial desleal”.

“Si alguna vez hubo una oportunidad más clara para que los gobiernos de Canadá, México y Estados Unidos eliminen el Capítulo 11 del TLCAN, debe ser en estos momentos”, dice Janet Eaton.

En un accidentado sendero se ha convertido el programa de infraestructura y modernización carretera de la administración de Felipe Calderón. Proyectos cancelados, suspendidos o atrasados, están a la orden del día. El saldo: un millonario subejercicio presupuestal y fuentes de empleo a cuentagotas.

El programa de infraestructura carretera promovido por Felipe Calderón Hinojosa como uno de los ejes centrales de su gobierno naufraga por la mala administración, deficiente planeación y negligente ejecución de los proyectos en la Dirección General de Carreteras, detectó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al auditar el manejo de recursos públicos y el desempeño de esa área de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 del Gobierno Federal plantea incrementar la cobertura, calidad y competitividad de la infraestructura en México, para ubicarlo entre los 30 países líderes en infraestructura. Actualmente ocupa la posición 64. Bajo este argumento se determinó ampliar la gama de fuentes de financiamiento y de formas de participación público-privada, “para alentar el desarrollo de infraestructura carretera de cuota y libre”.

Con este esquema, supuestamente se “elevaría la calidad del servicio ofrecido a los usuarios, mejorarían las condiciones físicas de las carreteras, generaría un importante número de empleos directos e indirectos, modernizarían la red carretera y la conectividad, brindando continuidad a la circulación a través de la construcción de obras que permitieran mejorar los accesos a regiones, ciudades, puertos y fronteras”.

El proyecto implicaba que la SCT estableciera los mecanismos para garantizar que las obras se desarrollaran en tiempo y forma, lo que implicaba que debían considerar la planeación, presupuestación, contratación y ejecución para que cada proyecto aprobado fuera el de mayor rentabilidad social y económica.

Se definieron 100 proyectos estratégicos agrupados en tres subprogramas: Modernización Estratégica de la Red, Carreteras Interestatales y Libramiento y Accesos. Se presupuestó también que, en 2008, se destinarían 3 mil 138 millones de pesos “para ampliar la cobertura y calidad de los servicios”.

El Programa para la Modernización Estratégica de 9 mil 23 kilómetros de la Red contempla una inversión de 126 mil 569 millones de pesos, de los cuales 73 mil 76 millones de pesos corresponden a inversión federal; 21 mil 303 millones de pesos, a concesiones, y 32 mil 190 millones de pesos, al aprovechamiento de activos.

Para la ejecución de los Proyectos de Infraestructura Económica de Carreteras, los 31 Centros SCT del país recibieron en 2008 un presupuesto de 18 mil 08 millones de pesos. Ninguno de ellos cumplió a cabalidad con sus proyectos. La auditoría detectó desvío de recursos en todos los centros, además de numerosas irregularidades administrativas y fiscales que impactaron 233 proyectos.

En 38 obras hubo reducción de recursos; en cinco, los recursos fueron transferidos a otros proyectos que no tenían relación alguna; en dos proyectos, los recursos se transfirieron para otras obras del Centro SCT. Las cancelaciones y suspensiones están relacionadas directamente con deficiencias administrativas: en nueve proyectos, los funcionarios de la SCT no tenían siquiera los elementos básicos para la realización de la obra, como los estudios de factibilidad, proyectos ejecutivos, la liberación de los derechos de vía y demás requisitos. Veinte proyectos no estaban registrados en la cartera autorizada por la SHCP.

Entre las deficiencias de carácter administrativo, destaca que los recursos de 14 proyectos se etiquetaron de manera incorrecta; cuatro obras carreteras se suspendieron porque no se obtuvieron los derechos de vía; en tres no se tuvieron los permisos por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Las obras que si se iniciaron no estuvieron exentas de deficiencias: en ocho proyectos carreteros existieron atrasos imputables a las empresas contratistas; en 11 carreteras, el monto de concurso resultó menor que lo presupuestado.

Las irregulares presupuestales y desvíos de recursos afectaron 71 proyectos carreteros, ya que los recursos que estaban destinados para éstos se emplearon para finiquitos y ajuste de costos en otras obras. Afectaron también 12 proyectos en los cuales su presupuesto se transfirió a la Oficialía Mayor.

Todo ello implicó, según la ASF, violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por parte de los funcionarios adscritos a la subsecretaría de Infraestructura de la SCT.

A lo largo y ancho del país, de Baja California a Yucatán, hay carreteras que llevan meses en espera de que en ellas se coloque la primera piedra, otras que fueron suspendidas sin visos del día en que se podrán trasegar. La explicación la encontró la ASF en su revisión a los Proyectos de Infraestructura Económica de Carreteras: la deficiente administración que impera en cada centro SCT del país.

Rezago por negligencia

A propósito del subejercicio en la SCT, el diputado Pablo Escudero Morales, del Partido Verde Ecologista de México, dice que la afectación es para la población en su conjunto, pues además “del aumento en el cobro de los impuestos, la población atestigua cómo el gasto público es ejercido de manera incompleta e irresponsable”.

El impacto social que el deficiente desempeño de los funcionarios de la SCT ha tenido en el rubro carretero se traduce en la pérdida de fuentes de empleo y el rezago en ciudades y pueblos de todas las entidades del país de vías de comunicación medulares.

La CMIC registra que, en 2009, el sector perdió 185 mil empleos por la falta de aplicación de los recursos en el rubro carretero.

La infraestructura es fundamental para determinar los costos de acceso a los mercados, tanto de productos como de insumos, así como para proporcionar los servicios básicos en beneficio de la población y de las actividades productivas. Contribuye al desarrollo social, incrementa la competitividad de la economía nacional y crea fuentes de empleo.

México invierte, en promedio, el 2 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) en infraestructura, en comparación con países como Chile, que invierte el 5 por ciento, o China que destina el 9 por ciento.

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos señala que México debe destinar por lo menos el 3.2 por ciento de su PIB a la infraestructura para elevar la competitividad del país, pues una estructura deficiente puede afectar el crecimiento de una economía hasta el 5 por ciento, es decir, se determinante para que la economía de un país crezca.

Actualmente, México se ubica en el séptimo lugar a nivel regional en infraestructura carretera. La competitividad de esta infraestructura lo ubica en el número 64 entre 125 países considerados por el Foro Económico Mundial, posición que lo coloca incluso por debajo de países más pobres de Centroamérica, como El Salvador, que ocupa el sitio número 58 en infraestructura.

El Plan Nacional de Infraestructura planteaba colocar a México en 2012 entre los 30 países líderes en infraestructura, con proyectos estelares como el de construcción y modernización carretera. A menos de dos años de que la fecha meta nos alcance, la auditoría de la ASF a dichos programas indica que difícilmente se cumplirá dicho fin.

La auditoría evidencia que las asignaciones presupuestales para los proyectos carreteros del Plan Nacional de Desarrollo se han hecho sin que se tenga, en numerosos casos, ni siquiera los estudios de viabilidad. Refleja también que la negligencia en el desempeño de los funcionarios adscritos a los centros SCT se ha convertido en el talón de Aquiles de la secretaría que encabeza Juan Francisco Molinar Horcasitas.

Ante el evidente caos administrativo y de manejo presupuestal, la ASF pidió a la SHCP desarrollar los mecanismos de control para asegurarse de que en la conformación final del Presupuesto de Egresos de la Federación de la SCT “se incluyan únicamente los proyectos de infraestructura carretera que cuenten invariablemente con los elementos suficientes y necesarios para garantizar la ejecución de las obras, y así evitar la transferencia de recursos y los subejercicios”.

El millonario subejercicio en el rubro carretero es un tema de primer orden para la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), que en enero pasado, durante la Inauguración de la Expo Construye CMIC, en voz de su presidente, José Eduardo Correa Abreu, alertó al gobierno federal de que la burocracia le estaba ganando a la inversión.

*En el Plan Nacional de Desarrollo se pretende ubicar a México entre los 30 países con mejor infraestructura en el mundo. Hoy se encuentra en el lugar 64.

* Las irregulares presupuestales y desvíos de recursos han 71 proyectos carreteros, según la Auditoría Superior de la Federación.

* La negligencia en el desempeño de los funcionarios adscritos a los centros SCT se ha convertido en el talón de Aquiles de la secretaría que encabeza Juan Francisco Molinar Horcasitas.

*La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción ya alertó al gobierno federal de que la burocracia le está ganando a la inversión.

* La OCDE señala que México debe destinar por lo menos el 3.2 por ciento de su PIB a la infraestructura para elevar la competitividad del país; hoy, México destina 2% a este rubro.

Gracias a la mano de obra barata – jóvenes y mujeres – los centros de contacto en México, también conocidos como call centers, se ha convertido en la gran apuesta de empresas como Telefónica de España. Pero a cambio de un empleo, los mexicanos que trabajan en estos negocios están expuestos a la violación de las garantías mínimas para un empleo digno

Por tercera ocasión el teléfono suena. Usted responde ya cansado de la insistencia del operador que en el otro lado de la línea le ofrece un servicio de telefonía más económico. De que usted responda la llamada y, en el mejor de los casos, de una respuesta afirmativa depende que el joven del otro lado de la línea obtenga un bono (tal vez tres pesos) que le permita incrementar su magro ingreso de apenas 1,800 pesos al mes. La renuncia de este operador, además, se firmó junto con su contrato eventual. El peor de los escenarios.

Así, el trabajo en los call center es identificado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como uno de los más precarios dentro del sector de  las telecomunicaciones. Sin embargo, esta industria tiene dos caras: “Una es que proporciona empleo a un sector muy crítico de la sociedad que son los jóvenes, la otra cara es que se trata de una actividad no regulada, con ritmos muy fuertes de trabajo y, como se manejan vía outsourcing, sólo en algunos casos los trabajadores reciben prestaciones y el mínimo de ley”, explica Jordy Micheli Thirión, profesor-investigador del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Micheli, especialista en la operación de los centros de llamadas telefónicas, señala que para los corporativos de esta industria, como ocurre con la mayoría de las trasnacionales, “México es un paraíso laboral, producto del debilitamiento de la estructura laboral, del enorme desempleo, y de la falta de atención de las autoridades en la materia”.

Cenise Monteiro, coordinadora de “Tell Telefónica”, una campaña internacional que tiene como objetivo exigir que el Grupo Telefónica, en su empresa filial Atento, respete los derechos de los trabajadores de sus call centers, indistintamente del país donde se ubiquen, confirma que la situación que hoy enfrentan los trabajadores mexicanos es la más grave a nivel mundial. “México es el peor país en el desempeño de la empresa Atento”, dice Monteiro. Atribuye la responsabilidad a la política de la administración local, que tiene a los trabajadores bajo supervisión estricta. Se les exigen resultados poco realistas, ganan salarios muy bajos, no gozan de derechos sindicales o laborales y carecen de seguridad en el empleo.

Entre las disposiciones dictadas por el director de Telefónica en México, Francisco Gil Díaz, Atento amplió su horario y recortó el tiempo de comida de los trabajadores a 20 minutos de break, siempre y cuando permanezcan conectados durante las seis horas que dura su turno, sin un minuto de tiempo muerto. Cuantas veces se levantan al baño cada segundo es cronometrado, pues una vez que termina la jornada el supervisor les informa el tiempo de conexión que “deben” a la compañía. Se optó por despedir a las mujeres embarazadas, pues tal estado las obliga a ir frecuentemente al baño. Se recortaron las comisiones por venta de tarjetas y seguros; se incrementaron las metas de ventas diarias y los requisitos para los bonos de productividad que los hace prácticamente inalcanzables, y aunque un trabajador llegue a la meta, tampoco es garantía de que lo reciba.

El engaño en Atento, ahonda el empleado Carlos (quien pidió no mencionar sus apellidos), no sólo es para los clientes, sino para los trabajadores, pues se les prometen comisiones y bonos por productividad que nunca llegan. Félix, otro trabajador,  refiere que en el caso de la campaña de las “migraciones” de planes de telefonías, donde se les prometió una comisión de 12 pesos por cada una, en su cheque se pagaban  3 pesos y sólo ocasionalmente. O está el caso de Juan Carlos, quien desde hace seis meses espera un bono por sus comisiones por ventas de tarjetas Bancomer, Sam’s y Suburbia. Hasta hoy, el bono no ha llegado, pero le entregaron un diploma y un termo impreso con la marca de la compañía.

Entrevistados por separado, trabajadores de varios call centers de Atento denuncian “robo” de horas extras, comisiones y bonos, y la reducción del 30 al 50 por ciento de sus salarios con el argumento de la crisis mundial. Explican que en el último año se aceleró la rotación de personal y los despidos injustificados. Ahora firman su contrato junto con su renuncia en blanco para que no generen derechos, antigüedad y, sobre todo, disuadir los intentos de sindicalizarse.

La necesidad económica y los altos niveles de desempleo que azotan al país llevan a los trabajadores a aguantar no sólo el maltrato, sino agravios como la reducción a su salario sin razón aparente. En junio pasado, los trabajadores de diversos centros telefónicos del país recibieron su pago quincenal con 40 por ciento menos; cuando reclamaron, el departamento de Recursos Humanos se les dio una somera explicación: “Nos alcanzó la crisis”. Sin embargo, los estados financieros de Telefónica, por ejemplo, reportan que en el tercer trimestre de 2009 el consorcio registró “un fuerte repunte de la actividad”. En este sentido, los trabajadores acusan a Gil Díaz de “fraude” por el reparto de utilidades, ya que sólo se les han entregado entre 47 y 67 pesos.

Elizabeth, del call center de la colonia Roma, dice que de plano su supervisora les prohibió tomar agua “para que no nos levantáramos al baño”. En sus 12 meses en la compañía, la jovencita ha vivido abusos de todo tipo: tortura sicológica y acoso sexual de sus supervisores, robo de sus comisiones y bonos y el agravio que produce la tensión de sentir que en cualquier momento sin razón alguna pueden despedirla. Su testimonio es elocuente de la situación de los trabajadores en los call centers del Grupo Telefónica:

“Mi sueldo mensual es de 1,800 pesos. Lo más atractivo parecen ser las comisiones: 15 pesos por venta de tarjetas de crédito. Si cubro la cuota diaria, que son 10 tarjetas, mi comisión sería de 150 pesos al día. Vendo mucho, siempre supero la cuota, pero cuando quiero cobrar mis comisiones me dicen que han tenido problemas para entregar la tarjeta y ya no me pagan, aunque el sistema me indica que las tarjetas se entregaron sin problema. No reclamo porque a quienes lo han hecho de inmediato los despiden. Cada vez que nos depositan, corro al cajero esperando que esta vez si me lleguen mis comisiones.

“Cuando no hay tantas ventas se agudiza el acoso contra nosotros. Delante de todos mi supervisor me grita ‘¡te tardaste siete minutos en el baño!’, y me los descuenta cuando me toca el break. Una vez, según sus cálculos, sólo me quedaban dos minutos de descanso. ‘¿Qué crees?’, me dijo, ‘que sólo tienes dos minutos de break porque le debes tiempo de conexión a la compañía’. Si hay muchas llamadas en ruta aunque quieras no te dejan desconectarte ni para ir al baño, te dicen que hasta que ‘bajen’ las llamadas.

Así como les cronometran el tiempo de conexión que “le deben” a la empresa, les miden cada llamada: 300 segundos, un segundo extra detona en reprimenda, tocándoles el hombro el supervisor increpa: ‘¡Tu TDO (tiempo de llamada), ya perdiste el bono, ya no hay comisión’.

“Todo el tiempo nos ponen obstáculos para no darnos el bono de productividad: si no le insistes al cliente te penalizan. Si le insistes y no compra también te penalizan porque dicen que le insististe mucho. Si hablas pausado dicen que tu voz provoca flojera y te penalizan. Si hablas rápido también te penalizan. También te prohíben que seas muy propio porque no generas empatía con el cliente. Y hay palabras prohibidas: ‘okay’, ‘espéreme tantito’ o ‘un momentito’. Por cada una que uses te penalizan. De todos los bonos que he ganado no me han entregado ninguno, pero me dieron un diploma y un termo de Atento porque mi trabajo es muy bueno. Pero tampoco me confío. Un día te dicen que haces las cosas bien y al otro día pueden despedirte sin que sepas por qué”.

María Xelhuantzi López, catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien ha dado un seguimiento histórico al sector de los telefonistas, dice que “parece que Francisco Gil Díaz tiene la necesidad de demostrar que hay un buen manejo financiero de la empresa, es decir, que se mantengan niveles altísimos de utilidad al menor costo posible, y desde luego, ello incluye el costo laboral, porque ése es parte de su compromiso para quedar bien con Telefónica: reducir costos a expensas de lo que sea”.

Y es que la clave de la economía de un centro de llamadas radica en su estructura de costos. De acuerdo con el estudio Regulación laboral en la industria de call centers. Los casos de Atento y Tecmarketing, de los investigadores Jordy Micheli y Arnulfo Arteaga, el gasto laboral constituye más del 60 por ciento de los costos totales del call center, de allí que éstos se ubiquen “en países que tengan menores salarios pero que ofrezcan una fuerza de trabajo idónea para la operación de telemercadeo”.

En esta obcecación por ahorrar costos, la política de Gil Díaz es que todos los teleoperadores sean multifuncionales: que atiendan varias campañas simultáneamente, que produzcan en serie “el mismo trabajo que antes hacían tres personas”, dice José Antonio, quien tiene tres años en el call center de la colonia Roma.

Inestabilidad laboral

Entre los incesantes gritos de sus supervisores y las deficientes condiciones físicas de los centros (sillas y diademas rotas, insuficientes e insalubres baños de tres casetas para 500 empleados por turno, entre otras), los trabajadores enfrentan el terror de los frecuentes despidos masivos.

La incertidumbre laboral es uno de los principales factores que abonan al estrés permanente en que se desempeñan los 13,500 empleados en Atento México. Comienzan y terminan la jornada pensando que quizá es su último día. “Por recorte de personal, por tu falta de disposición, porque no pones de tu parte, porque tu supervisor ya no te quiere, porque no estás a la altura de la compañía…”, son argumentos que escuchan los trabajadores al momento de su destitución.

Producto de los despidos masivos, Atento es una compañía que permanentemente contrata personal, sobre todo para sus centros en el Distrito Federal. Los requisitos y el reclutamiento son relativamente sencillos: “ser mayor de edad, facilidad de palabra y aptitudes para venta y cobranza”. Como se contrata particularmente a los jóvenes, la principal oferta de empleo se ubica en los portales de internet. Una vez dentro, la ilusión de incluirse en el mercado laboral choca con su realidad.

La mayoría de los jóvenes entrevistados por Contralínea que fueron despedidos tenían entre ocho y 11 meses en la empresa. Antes del despido casi a todos se les impuso lo que la compañía denomina PSG, es decir, permisos sin goce de sueldo. José Manuel Sánchez, extrabajador del call center en Plaza Inn, explica:

“Ese PSG que inventaron en Atento te lo anuncia el supervisor. De un día a otro, te dice: ‘mañana tienes PSG’, y no te pagan. Te consuelan con que no te van a poner la falta ‘para que en tu expediente no diga que eres faltista’. En cambio, cuando alguien se enferma no le hacen válidas las incapacidades médicas”.

Recientemente José Manuel demandó a Atento ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal por despido injustificado; recuerda que éste ocurrió minutos después de que sus jefes lo felicitaron por su alta productividad: “Me llamaron a recursos humanos, me dijeron ‘aquí está tu renuncia, fírmala’. Pregunté y me respondieron: ‘Entraste a una rifa y resultaste elegido para tu despido’”.

La antigüedad de César Ortega también alcanzó los ocho meses, todos en el call center de Dinamarca 51. El último día su supervisor lo felicitó, le recordó que “ya casi” llegaba su monedero electrónico de regalo. “Y ahora te vas a una capacitación en Recursos Humanos, ¡baja, allí te están esperando!”, le dijo. Pero lo que César se encontró fue su notificación de despido “por reestructuración de la empresa”. Se negó a firmar y demandó a Atento.

César recuerda su trabajo con amargura: “La gente habla desesperada, no pueden solucionar sus problemas con las tarjetas, te dicen que los orienten, y si tratas de hacerlo, tienes al supervisor recordándote la política de la empresa: ‘Estamos para vender no para ayudar’”.

Cuando hay resistencia al despido, los telefonistas son literalmente expulsados por el cuerpo de seguridad de la empresa. Sus compañeros sólo saben que los corrieron porque los supervisores cuelgan sus diademas frente a la que fue su computadora, en espera de un nuevo operador. Si alguien pregunta, la respuesta siempre es la misma: “Salieron porque estaban atentando contra la empresa”.

El caso de Félix Ariel Carrillo no fue mejor: “A las 18:30, poco antes de terminar mi turno, llegó una mujer de recursos humanos a decirme que me buscaba un directivo de la empresa: era el encargado del trabajo sucio. ‘Estamos pasando por una etapa difícil, la compañía tiene problemas financieros y requiere de recorte de personal, ¡y te tocó a ti, Ariel!’. Le dije ¿problemas financieros? ¿A qué se refiere? ¡Especifique por favor! ¿Problemas financieros cuando todos los días se contrata a 15 o 20 personas y cuando nos pasamos el día vendiendo? ¿Por qué a mi? ¿Dónde está mi productividad, mis asistencias, mi calidad?…”. El hombre de traje, como le llama Ariel, no le dio respuesta.

O está el caso de Cecilia, despedida de uno de los call center de Pachuca cuando le solicitó al área contable sus hojas de retención de impuestos. “Pero es que estoy embarazada, no puede correrme”, suplicó. “Pues perfecto que estas embarazada, aprovecha tus dos meses de seguros social”, le respondió el jefe.

Discriminación, el epílogo

El desamparo laboral de los trabajadores de Atento los hace víctima de todo tipo de abusos. En el caso de las mujeres se suma la discriminación de género y el acoso sexual de supervisores y directivos, una práctica común, dicen las trabajadoras, en la mayoría de las sucursales. La presidencia de Telefónica impuso la prohibición de usar falda, escotes, zapatos abiertos, perforaciones y el cabello teñido “en colores extravagantes”, pues “las mujeres son las que provocan y luego se quejan de acoso”, recuerda Marta este argumento del personal de recursos humanos cuando le explicaron el reglamento de la compañía.

Ni el no usar el atuendo prohibido libró a Marta de ser acosada sexualmente en el call center de Sevilla, y como el acosador era su supervisor, el agravio no cesó sino hasta que concluyó la campaña y la enviaron a otro centro.

Otro fue el caso de Laura. Dice que como no cedió a la proposición de su supervisor de “ser más amable con él”, la asignó a cuatro campañas al mismo tiempo: de venta de tarjetas, de cobro y de puntos. “No te alcanza el tiempo ni para respirar, pero no quise ceder, me sentí muy ofendida”.

Las prácticas de esclavitud moderna en la compañía que presume de ser “socialmente responsable” detonaron los intentos de sindicalización. En Pachuca, el apremio fue el caso de una telefonista que tuvo un aborto en el call center: comenzó a sangrar y los directivos se negaron a que tuviera cualquier tipo de asistencia. Para sus compañeros fue el indicio de que tenían que organizarse; en los siguientes meses, uno a uno fue despedido. Hoy, más cautos, los jóvenes vencen su miedo y hacen nuevos intentos de ejercer su derecho constitucional a la libre asociación y que la compañía respete la Ley Federal del Trabajo. “Tenemos hambre, pero también dignidad”, reflexiona Jaime, uno de los telefonistas.

Contralínea y Fortuna solicitaron una entrevista con Francisco Gil Díaz a través del área de prensa del Grupo Telefónica. Luego de que se informó que se le preguntaría sobre la situación de los trabajadores de Atento, no hubo respuesta. Se buscó también a los directores de Bancomer, quienes, a través de su área de comunicación se negaron a hacer comentario alguno sobre las irregularidades que reportan los operadores de Atento; por parte del corporativo Master Card, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Llamadas peligrosas

A través de Atento, Grupo Telefónica ofrece a la banca e industria los servicios de ventas, cobranza y gestión de reclamaciones. De enero a septiembre, generó ingresos por 970 millones de euros, según sus estados financieros, con México como su segundo mercado a nivel mundial, sólo después de Brasil.

En México tiene una docena de centros (ubicados en el Distrito Federal, las ciudades de Pachuca, Monterrey y Nuevo Laredo), atendidos por 13 mil 500 jóvenes -el 76 por ciento de la plantilla laboral del Grupo Telefónica-. Entre sus principales clientes se ubica Master Card, Santander, el Grupo Financiero BBVA-Bancomer, el grupo Wal Mart con sus respectivas tarjetas departamentales, Reader’s Digest y Zurich.

Pero las jugosas ganancias que Atento obtiene en el país están plagadas de anomalías, según denuncian los trabajadores de la compañía: uso de bases de datos gubernamentales para la venta de seguros y de tarjetas de crédito sin autorización de los clientes, cargos a tarjetas por comisiones ficticias e imposición de planes tarifarios a

Un negocio en ascenso.

Los call centers concentraron 61 por ciento de las inversiones anuales en mercadotecnia directa en 2007 y 2008.

En 2007 la inversión en call centers fue de 6 mil 597 millones de pesos en México.

En 2008 los call centers llegaron a 295 mil estaciones de trabajo operando, 10 por ciento más que el año anterior.

El segmento de los call centers tenía empleados a 420 mil personas en 2008.

Los servicios de los call center fueron utilizados por 23 mil empresas en 2008.

Otros: Correo directo, Mercadotecnia por internet, Consultoría y estrategia, Bases de datos, Otros (Ventas por catálogo, Ventas directas por TV y Campañas de fidelización).

En medio de la vorágine de aumentos a los precios de los combustibles que su gobierno ha impuesto en las últimas semanas en detrimento de la mayoría de la población, la administración de Felipe Calderón, a través de la Comisión Reguladora de Energía, emitió una resolución para que los industriales del gas licuado de petróleo operen las terminales y sistemas de transporte y distribución por ducto de Petróleos Mexicanos, medida que, advierten los especialistas, acelera la privatización de los energéticos

El pasado 26 de octubre, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) emitió la Resolución 250/2009, publicada dos semanas después en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en la que “regula” la “prestación del servicio de almacenamiento de gas licuado de petróleo (GLP) en condiciones no discriminatorias, mediante el acceso abierto a los sistemas respectivos que se encuentran directamente vinculados a los sistemas de transporte o distribución por ducto o que forman parte integral de las terminales de importación o distribución de dicho producto”.

Con ésta, el organismo que encabeza Francisco Javier Salazar Díez de Sollano “autoriza” a las compañías privadas el usufructo de las terminales de almacenamiento y ductos de GLP, que en su mayoría son propiedad de Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB). Se trata de un esquema que vino cuajando desde el sexenio pasado, impulsado por el actual presidente, Felipe Calderón, a su paso como secretario de Energía (2003-2004), cuando en la Secretaría de Energía (Sener) se concibió que los consorcios gaseros usufructuarían no sólo las redes de ductos en las que ellos invertirían (autorizadas mediante las modificaciones al Reglamento de Gas Licuado de Petróleo en 1999), sino los de Petróleos Mexicanos (Pemex), aun cuando éstos son consideradas áreas de seguridad nacional. Hoy el esquema parece consolidarse mediante la resolución de la CRE.

Área medular para el manejo de los energéticos –que según el artículo 27 de la Constitución es potestad del Estado–, son las terminales, ductos, oleoductos y gasoductos, sistemas de transporte y distribución en los cuales, durante más de 50 años, Pemex ha invertido millones de pesos en su infraestructura, mantenimiento y la capacitación del personal operativo. Por ello, para los empresarios del gas, el uso de dicha infraestructura es un beneficio sobradamente lucrativo, el cual, pese a ser anticonstitucional, fue autorizado por la CRE sin que hasta ahora haya pronunciamiento alguno por parte de los directivos de la paraestatal, pese a las implicaciones del asunto.

La disposición gubernamental, que los integrantes del Comité Nacional de Estudios de la Energía califican como privatizadora y violatoria de la Constitución, vino acompañada de una reestructuración en PGPB que arrancó el pasado 4 de enero, que incluye los despidos en casi todos los centros de trabajo y la destitución del director general, Roberto Ramírez Soberón. El 4 de enero, Calderón oficializó la destitución del funcionario a quien en 2007, recién llegado a la Presidencia, le encomendó preparar la entrega de los ductos a los privados (Fortuna, 84). En su lugar, colocó a Jordy Herrera Flores, su hombre de confianza desde el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y quien fuera, precisamente, uno de sus asesores y enlace en la Sener con los empresarios del gas, reveló uno de estos empresarios en entrevista.

Los sistemas de almacenamiento de GLP, mediante planta de depósito y planta de suministro, y de distribución por ducto, son la columna vertebral para la comercialización del energético. El “acceso abierto” a dichos sistemas, asegura la CRE, “contribuirá al logro de un suministro más competitivo para los usuarios del gas licuado de petróleo”. El asunto, sin duda, es de primer orden para el país, pues se trata del principal combustible que se utiliza en los hogares.

De acuerdo con cifras de la Sener, cuatro de cada cinco familias en México usa GLP para la cocción de sus alimentos, además del uso en las áreas de servicios, industrial y el transporte; lo que coloca al país como uno de los principales consumidores a nivel mundial, además de ser productor.

Pero, al parecer, la medida calderonista está muy lejos de beneficiar a los consumidores: poco después de que la CRE “abrió” la infraestructura de almacenamiento y distribución de GLP, el precio del combustible fue uno de los primeros que registró incrementos entrado el año, y continuará subiendo, según estimaciones del Banco de México.

La infraestructura

En respuesta a la publicación de la resolución 250/2009, el representante de la Cámara Regional del Gas, que integra a distribuidores de GLP de diversos estados, Cuauhtémoc Cárdenas Blancarte, denunció que la disposición de la CRE, además de anticonstitucional, está encaminada a “entregar el patrimonio de Pemex a la iniciativa privada nacional y extranjera”.

Luego, el presidente regulador, Francisco Javier Salazar, declaró al periódico La Jornada que la Resolución tiene como objetivo “proteger” a Pemex “de cobros abusivos por parte de los propietarios de esas instalaciones”. El propósito, aseguró Salazar, “es garantizar a Pemex que cuando use las terminales, los empresarios no abusen de su condición de monopolio”.

En realidad, la mayor parte de la infraestructura a la que alude la CRE –terminales y ductos– aún es propiedad del Estado. La paraestatal posee 30 de las 31 terminales de suministro (terrestres y marítimas) que operan en el país. En ellas se almacena todo el combustible que se produce en México y el que importa el Estado a través de PMI Comercio Internacional, para su venta de primera mano. Esas terminales están conectadas al Sistema Nacional de Gasoductos (SNG), que también es propiedad de Pemex, el cual tiene una capacidad de transporte de 230 millones de barriles diarios, que, según expresa en un informe interno el hoy exdirector de la subsidiaria, Roberto Ramírez Soberón, “es suficiente” para satisfacer la demanda de GLP en la zonas de influencia por ducto.

Las 30 terminales de suministro actúan como puntos de destino y enlace entre la plataforma productiva de Pemex y la infraestructura de los distribuidores. Desde estas vía ducto y autotanque, el GLP se envía a 946 plantas de distribución propiedad de particulares, donde el combustible se almacena para ser posteriormente despachado en estaciones de servicio para carburación de vehículos, y mediante autotanques (pipas) y recipientes portátiles para todos los demás sectores.

Según cifras oficiales de PGPB, actualmente 12 mil kilómetros, que corresponden al 61 por ciento de la longitud total del SNG, son propiedad de Pemex, distribuidos en 19 entidades federativas; el otro 39 por ciento (3 mil 561 kilómetros) es privado.

La inversión que Pemex ha hecho en el SNG incluye el dotarlo de un sistema Sistema de Control Supervisorio y Adquisición de Datos de 57 estaciones de comunicación vía satélite y 80 estaciones de microondas, el cual permite monitorear en tiempo real cualquier cambio en los parámetros de operación tales como la presión, temperatura, volumen y la calidad del producto; manejar a control remoto 577 válvulas, 15 estaciones de compresión y bombeo de gas, así como la detección de fugas en tiempo real.

La mayor parte de la capacidad del SNG está reservada a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, ésta última para el manejo del gas natural. Hasta ahora, la comercialización por parte de terceros sólo se da en puntos aislados del SNG, lo que dará un diametral giro con la resolución de la CRE, que entrará en vigor en febrero próximo.

Según cálculos de la Sener, transportar el GLP vía ducto resulta mucho más barato que cualquier otro medio de transporte, pues el ducto “usualmente opera las 24 horas todos los días, mueve un mayor volumen de combustible y es más seguro”.

Sin invertir un solo peso, los empresarios se beneficiarán de la infraestructura que hace de PGPB la séptima empresa más lucrativa de México. Además, la “apertura” se da en un periodo en que la petrolera destina una considerable partida presupuestal, precisamente, a la ampliación de su sistema de transporte y distribución de GLP. La Prospectiva del mercado de gas licuado de petróleo 2005-2014, elaborada por la Sener, dice que son 4 mil 177 millones de pesos los que la Sener habrá invertido en este rubro en los próximos cuatro años.

El nuevo esquema

En la resolución publicada en el DOF el pasado 17 de noviembre, la CRE se asume como el ente que decidirá qué empresas tendrán acceso a la infraestructura de PGPB, mediante contratos que otorgará a su libre albedrío bajo los siguientes términos:

“I. La utilización de los servicios de almacenamiento estará limitada a la capacidad disponible de la planta de almacenamiento de que se trate.

“II. La capacidad disponible se entenderá como aquélla que pueda ser utilizada bajo condiciones normales de operación, que sean a su vez seguras y continuas.

“III. Los permisionarios o solicitantes de permiso presentarán a la Comisión y a la Comisión Federal de Competencia su propuesta de asignación de capacidad para la planta de que se trate. La propuesta especificará el porcentaje de capacidad que se pretenda reservar a través de contratos con usuarios, así como el plazo para ello, y aquella capacidad que se ofrecerá bajo un esquema volumétrico sin reserva de capacidad. En su caso, la Comisión aprobará la propuesta de partición de la planta para efectos de servicio, entre capacidad y volumétrico, considerando la opinión que al efecto emita la Comisión Federal de Competencia en virtud de las condiciones de competencia efectiva y libre concurrencia en el mercado relevante”.

La utilización de los servicios de almacenamiento, dice la CRE, será mediante la celebración del contrato respectivo expedido por el regulador. Por su parte, los titulares de los permisos de almacenamiento “estarán obligados a permitir la interconexión de otros permisionarios a su sistema”. Dichas interconexiones se acordarán mediante un “contrato de interconexión”, además de que los titulares de los permisos de almacenamiento podrán convenir con sus usuarios la ampliación o extensión de sus sistemas. Los contratos que se estipulen en la modalidad de almacenamiento, estipula el regulador, no podrán ser objeto de suspensión.

De acuerdo con los plazos establecidos en la Resolución, actualmente la CRE está en fase de recibir de los titulares de los permisos de almacenamiento y los solicitantes de dichos permisos sus propuestas de las tarifas de transporte y distribución de GLP por medio de ducto.

Los titulares de los permisos de almacenamiento de GLP, mediante planta de depósito y mediante planta de suministro, tienen de plazo hasta febrero próximo para que “presenten a la Comisión Reguladora de Energía, para su aprobación, una propuesta de Condiciones Generales para la Prestación de los Servicios”.

Alfonso Hickman, asesor del Senado de la República en temas energéticos e integrante del Grupo de Ingenieros Pemex Constitución del 17, explica a Fortuna que “con la resolución inconstitucional de la CRE, que indudablemente es privatizadora, se avanza en la creación de un mercado abierto supuestamente “regulado” con las partes que se le quitan a Pemex en materia de transporte, almacenamiento y distribución de gas, así como la sustracción de etapas de ese proceso en combustóleo, petroquímicos básicos y biocombustibles nacionales o importados, por la vía del artificio de “venta de primera mano”.

Pero las implicaciones del nuevo esquema no sólo serían de carácter legal, sino una cuestión de seguridad. Un subdirector de PGPB que pide el anonimato por temor a represalias explica que todas las instalaciones de GLP son consideradas como estratégicas para la industria y en ellas “se extrema el asunto de la seguridad física”, por lo que “Pemex Gas tiene especialistas en el manejo del gas licuado, ya que su manejo es mucho más peligroso que el gas natural; pero al permitir el acceso de personal ajeno a las instalaciones petroleras activas, y si las áreas no están delimitadas, se pone en grave riesgo de que ocurra algún siniestro”.

El funcionario detalla que la Resolución de la CRE hará que “gradualmente el personal de Pemex Gas deje de tener acceso a las estaciones de servicio, es decir, para ‘satisfacer las necesidades del cliente’, como dispone la Comisión Reguladora. El particular podrá operar y mantener toda la instalación para satisfacer sus propias necesidades con los riesgos y consecuencias que, claro, deberá asumir Pemex Gas, lo que significa que si provoca algún siniestro por alguna mala operación, Pemex debe intervenir para su reparación, contención, etcétera, como ha ocurrido con el gas natural, que también por disposición oficial de la Comisión Reguladora, se opera bajo ese esquema”.

Alfonso Hickman, especialista en ductos por parte del Comité Nacional de Estudios de la Energía, dice que la disposición de la CRE podría sufrir un revés si la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictamina como inconstitucional el Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, controversia promovida por la Cámara de Diputados el año pasado y que aún está en revisión.

Paralelo a la cesión de sus terminales y ductos para la “interconexión” con las compañías privadas, dentro de sus proyectos prioritarios, PGPB contratará el servicio de almacenamiento y transporte en la región Golfo-Altiplano, el servicio de almacenamiento en la terminal Tuxpan II, y en la Nueva Terminal de Distribución de GLP en La Paz, Jalisco; así como el servicio de transporte por ducto del Ducto Manzanillo-La Paz, Jalisco; todos ellos, proyectos privados que aun antes de construirse, ya tenían a la paraestatal como cliente principal.

Fortuna solicitó entrevistas con el titular de PGPB, Jordy Herrera, y con el presidente de la CRE, Francisco Javier Salazar Díez de Sollano, para que expliquen las implicaciones que la “apertura” de la infraestructura de PGPB tiene para las finanzas públicas y las funciones que tendrá PGPB con las nuevas disposiciones. Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.

Los supuestos abusos laborales que padecen los trabajadores de DHL originaron una campaña internacional encaminada a obligar al gigante de la logística y servicios exprés a suscribir un contrato colectivo global que garantice los derechos y prestaciones de sus 310 mil empleados en 220 países

El consorcio DHL Global Forwarding, líder mundial en servicios exprés, logística y mensajería, se encuentra envuelto en un escándalo. El pasado 9 de noviembre, en Bruselas, se desnudaron sus supuestas ilegales prácticas corporativas y abusos en contra de sus trabajadores, prácticamente en todas las regiones donde opera.

Lo anterior durante el lanzamiento de la campaña Respect to Workers of DHL, con la que las organizaciones Uniglobal Union (UNI) y la The International Transport Worker’s Federation (ITF) buscan obligar a DHL a que firme un acuerdo global que garantice los derechos laborales y condiciones dignas para sus 310 mil empleados en los 220 países donde opera, incluido México.

En entrevista con Fortuna, Ivonne Jackelen, coordinadora de la campaña, explica que la iniciativa derivó de las numerosas quejas y denuncias que la UNI y la ITF han recibido. Abusos en contra de los trabajadores de la compañía son motivo de la porfía; “prácticas impensables e inadmisibles”, pues DHL forma parte del Movimiento Europeo en Alemania (Europäische Bewegung Deutschland) –una red de colectivos y movimientos sociales que pugnan porque se respeten los derechos sociales en la globalización y por el combate de la precarización de la vida laboral.

DHL del ejemplo al rechazo

DHL fue fundado en 1969 en San Francisco, California, por Adrian Dalsey, Larry Hillblom y Robert Lynn. En la década de 1970 se extendió a Oriente Medio, Asia, África y América Latina; abrió también su primera oficina en Frankfurt, Alemania. En 1998, la paraestatal Deutsche Post se convirtió en accionista de DHL y cuatro años más tarde se convertiría en su accionista principal. A finales de 2002, la Deutsche adquiere las acciones totales de la compañía.

Si algo caracterizó al Deutsche Post, el servicio postal de Alemania –hasta finales de la década de 1990–, es que sus trabajadores se ubicaban entre los mejor remunerados; recibían un buen trato, pues su trabajo era considerado un servicio social. La paraestatal, que tiene su sede en el emblemático rascacielos Post Tower en Bonn, era una de las compañías de mayor arraigo en aquel país. Todo cambió cuando la Deutsche se convirtió en accionista y luego propietaria de la estadunidense DHL, ya que adoptó la política de ese consorcio.

A medida que se expandió el corporativo, sus prácticas laborales se deterioraron. En muchos países comenzó a operar mediante outsourcing, para eximir sus obligaciones patronales. Actualmente, explica Ivonne Jackelen, ni siquiera a los trabajadores alemanes se les respetan sus derechos laborales, “mucho menos a los de otras regiones”.

Recientemente, el Great Places to Work Institute –una empresa internacional de investigación y consultoría gerencia– incluyó a DHL en la lista Best companies to work for in Latin America (las mejores compañías que trabajan en América Latina), que categoriza la confianza del personal en la compañía donde labora. Sin embargo, ello contrasta con los testimonios recogidos dentro de la campaña Respect to Workers of DHL: historias de jornadas excesivas, salarios bajos y despidos injustificados.

Uno de esos casos es el de Jaime, empleado de DHL en una agencia de la avenida Reforma, en el Distrito Federal. Dice que entró a la compañía “deslumbrado” por su imagen corporativa. “En la etapa de reclutamiento, los jefes nos ofrecían maravillas”. Durante el primer mes, laboró jornadas de ocho horas diarias, como marca la ley; posteriormente (y a la fecha), debió cubrir un horario de nueve de la mañana a ocho de la noche sin pago por sus horas extras. Era eso o el desempleo.

“Que alguien me explique cuándo modificaron en México la Ley Federal del Trabajo, porque DHL se la pasa por el arco del triunfo”, se queja Jaime.

Pero su situación no dista mucho de la que viven los empleados en Europa. El caso de Connie Vandenbosch, supervisora de DHL Aviation Lost and Found para Europa, África y Medio Oriente en Bélgica, es ilustrativo:

“Nuestros servicios de oficina son muy pobres. El polvo, el ruido, la suciedad, el queroseno y el humo de los motores se cuelan al almacén y oficina. No tenemos ninguna luz natural, ventilación o calefacción y la mayoría de las herramientas que utilizamos están viejas e inservibles –explica Connie Vandenbosch–. Creemos que si la dirección de DHL espera un personal saludable, necesitamos desesperadamente un espacio de trabajo saludable.”

El trabajo de Connie incluye la gestión de los envíos que han sido mal etiquetados o que no se pueden entregar, y cargar la información en una base de datos web. También se ocupa del proceso de rastreo de envíos perdidos y repatriar a aquéllos que no pueden ser recibidos por causas como su peso o si se trata de mercancías prohibidas.

“El techo de cristal”

Mundialmente, la frase “techo de cristal” se utiliza para identificar las barreras invisibles que impiden a las mujeres llegar a los puestos más altos de dirección en una empresa. El término ha sido esgrimido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para rechazar la falta de equidad en las empresas entre hombres y mujeres.

A pesar de que los acuerdos internacionales suscritos con la OIT obligan a las compañías a la igualdad entre géneros, en DHL esta práctica discriminatoria es frecuente, denuncia Connie Vandenbosch:

“El trabajo es sucio y pesado. Si tuviéramos las herramientas de trabajo adecuadas, sería una excelente ayuda. Pero además de las malas condiciones de trabajo, el principal problema en DHL sigue siendo el fenómeno del ‘techo de cristal’, porque hay muy pocos puestos directivos para mujeres, aunque siempre en condiciones inferiores a las de los directivos hombres. Ello, aunque el 50 por ciento del personal es mujer”.

Actualmente, los trabajadores de DHL en Bruselas, como Connie, también enfrentan un futuro incierto, ya que muchas de las actividades de la compañía fueron subcontratadas a una compañía asentada en Leipzing, Alemania, con la consecuente pérdida de 1 mil empleos.

En otros países, las cosas no son mejores. En el aeropuerto de Bergamo, Italia, los trabajadores de DHL organizaron manifestaciones para exigir que se mejoraran las condiciones de seguridad. Aunque llevaban ya varios meses con ese reclamo, el asunto detonó cuando las condiciones de inseguridad por ellos denunciadas provocaron un grave accidente.

Situaciones como la anterior motivaron la creación de la Red de Trabajadores de DHL, cuyo objetivo, explican a Fortuna sus representantes, es “proteger los derechos de los empleados de DHL”. La Red demanda que el corporativo actúe de acuerdo con los principios de responsabilidad social empresarial que promueve oficialmente y que respete las leyes de los países donde opera.

Neil Anderson, jefe de UNI Postal y Logística, explica: “Los trabajadores de DHL en todo el mundo han contribuido a que la empresa sea la empresa global que es hoy. Su arduo trabajo debe ser reconocido. La compañía debe tratar con respeto a cada trabajador, independientemente de su nacionalidad. DHL no puede irse por la libre, aun en los países donde las leyes o el gobierno se hacen de la vista gorda frente a los bajos salarios, las malas condiciones y los ataques a los trabajadores que quieren hacer valer su derecho a sindicalizarse”.

Simulación corporativa

En marzo pasado, la presidencia de DHL, a cargo de Frank Appel, anunció una reestructuración global “para enfrentar la crisis”: la reducción de costos mediante el recorte de diversas prestaciones laborales, paros escalonados, reducciones salariales y despidos masivos.

Los primeros efectos se resintieron en Europa. En Finlandia, la compañía redujo las prestaciones sociales y las contrataciones formales se sustituyeron por contratación por honorarios sin aumento en los sueldos; en Suecia se redujeron las prestaciones y el pago salarial ha presentado atrasos de hasta dos meses; en Dinamarca se despidió a 222 trabajadores y al resto se le eliminaron las bonificaciones; en Estonia se redujeron las prestaciones y se congelaron los salarios.

En Francia hubo 444 despidos. Se desplazó el trabajo directo por tercerizado; en España se impuso a los trabajadores licencias de cinco semanas sin goce de sueldo; en Irlanda se sustituyó la contratación directa por outsourcing; en Inglaterra, la compañía se ha negado a pagar los salarios estipulados, despidiendo a quienes protestan; en tanto, sustituye las plazas laborales por outsourcing. En Alemania hubo 500 despidos; en Italia, 300; en Bélgica, 60; en Portugal se han ejecutado despidos masivos de los que aún no se tienen cifras exactas.

En mayo pasado, la UNI adquirió acciones de DHL para tener presencia y voto en las reuniones de consejo. Al tener acceso a las reuniones corporativas y en sus manos los estados financieros, entendieron por qué DHL ha devaluado las prácticas laborales. El corporativo se puso como meta un ahorro anual de 2 billones de euros, “usando la crisis económica como argumento para justificar el cese de sus obligaciones patronales”, explica en entrevista Ivonne Jackelen, quien participa como accionista en las juntas ejecutivas de la compañía.

Ivonne Jackelen detalla la reunión en que Frank Appel, presidente del Consejo, planteó a los accionistas su proyecto “para reestructurar y reducir costos sin necesidad económica. “Si no hubiera habido una crisis, tendríamos que inventarla”.

Así que después del análisis financiero y tras las reuniones con Appel, “entendimos que la compañía no tiene ninguna necesidad económica de reducir costos y que están usando la crisis como argumento para esconder su interés verdadero: reducir costos y ahorrar a costa del bienestar de los trabajadores”, detalla Jackelen.

Así que “los trabajadores de DHL se ven amenazados por la supresión de miles de puestos de trabajo, un futuro poco seguro y la incertidumbre respecto del manejo del impacto de la crisis económica mundial por parte de la dirección de la empresa”.

Como parte de esa política laboral, en países como Perú, la compañía ha despedido a los trabajadores que se niegan a firmar acuerdos en los que aceptan la reducción considerable de su salario, lo que ha llevado a DHL a tribunales laborales pues las leyes del país suramericano prohíben la reducción salarial.

A ojos de la comunidad europea, una de las prácticas más cuestionables de DHL es su nueva política antisindical, dada su pertenencia al movimiento europeo.

En Irlanda negoció con un sindicato de protección; en Bélgica rechazó los sindicatos y no les permitió estar presentes en algunas reuniones con los empleados; en Alemania, la dirección ha incumplido el contrato colectivo; en Inglaterra se impidió el ingreso a los sindicalistas para organizar a los trabajadores; en Austria no se respetan los derechos de los trabajadores.

Por todo ello, desde el pasado 9 de noviembre, con el lema “no aplasten a los trabajadores”, en todas las regiones del mundo se despliega la campaña en defensa de los trabajadores de DHL, respaldada por el Comité de Empresa Europeo, por los 900 sindicatos que aglutina la UNI en todo el mundo, y por los 656 sindicatos de 148 países que aglutina la ITF.

Ingo Marowsky, responsable de la Oficina Regional e Industrial de la ITF, explica que “esta campaña es acerca de los derechos de todos los trabajadores de DHL, con independencia de si están empleados directamente o de un subcontratista. Se trata de garantizar que los trabajadores de DHL tengan derechos y voz en la empresa donde quiera que estén laborando”.

Marowsky dice que otro de los objetivos es que los trabajadores tengan participación en la reestructuración anunciada por la compañía, y “la manera de lograrlo es a través del diálogo y un acuerdo con la dirección de DHL, los representantes de los trabajadores y los sindicatos en todos los países en que opera la empresa”.

Y mientras la Red recaba en todo el mundo las historias de abusos laborales que podrían llevar a DHL a ser enjuiciada en múltiples tribunales, los conductores y repartidores de DHL entregarán a los clientes prendedores con la leyenda: “Yo respeto las necesidades del cliente; asegúrese de que la empresa también respete las mías”.

La crisis del sistema político, la falta de talento e innovación y la disminución del dinamismo económico hicieron de México uno de los países menos capaces del mundo en atraer inversiones. Los costos económicos y sociales de la incompetitividad mexicana son incuantificables, advierte el Instituto Mexicano para la Competitividad

“En el siglo XXI, la competitividad de una economía radica en su capacidad para atraer y retener inversiones y talento”, define Valentín Diez Morodo, presidente del Consejo del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

La competitividad genera riqueza a un país, así que la falta de ésta tiene un alto costo y éste no sólo es económico, sino político y social, pues “la falta de competitividad se traduce en la pérdida de inversiones, riqueza, generación de empleo, y del bienestar de la población. Perder competitividad es perder bienestar”, explica el economista Rodrigo Gallegos, director de Proyectos Especiales del IMCO.

Eso es lo que ha ocurrido en México en los últimos cinco años, cuando “por causas como la poca credibilidad en el sistema político, la falta de talento e innovación y el menor dinamismo económico, el país comenzó a perder competitividad, hasta convertirse en una de las economías más mediocres del mundo, incapaz de enfrentar la crisis mundial”, explica en entrevista Gallegos, maestro en Políticas Públicas por la Universidad de Harvard. El costo es tan alto, estima, que “la falta de competitividad encamina al país al precipicio”.

El diagnóstico de Gallegos, coordinador del estudio Competitividad internacional 2009, deriva de los resultados del Índice General de Competitividad, en el cual México aparece como uno de los países menos competitivos del mundo, pues su posición cayó a su nivel más bajo de las últimas décadas, en prácticamente todos los rubros que miden el desempeño de cada país, incluso frente a economías más pobres como las centroamericanas.

Estado, malas notas

El estado de derecho es fundamental para que un país sea competitivo, porque implica la existencia y observancia generalizada de reglas claras y libertades suficientes para un desempeño económico vigoroso y ordenado, de allí que sea el primer indicador del Índice General de Competitividad. Éste es precisamente el rubro que registra mayor deterioro en el país, ya que “México sufrió un retroceso en la certidumbre jurídica, y en la interacción libre y equitativa entre individuos, empresas, instituciones, y demás participantes en la economía y la sociedad, lo que derivó en la menor inversión y sana competencia”, revela el IMCO. En consecuencia, el deterioro del estado de derecho ha hecho más alto el costo de hacer negocios en México.

Además de medir el costo que el crimen impone a los negocios, este indicador analiza la confianza que los ciudadanos tienen en el sistema de justicia y en los cuerpos policiacos. Mientras que “el mundo ha mejorado su estado de derecho”, México “se ha ubicado de manera constante entre los 15 países peor calificados”. Destaca el conflicto en San Salvador Atenco (en 2006) como una evidencia del latente deterioro de las libertades civiles y el respeto a los derechos humanos. A ello se suma el descalabro en el índice de corrupción y buen gobierno.

El IMCO detecta cuatro debilidades que restan competitividad al estado de derecho: la corrupción en primer lugar, ya que “la regulación mexicana es compleja y tardada, por lo que la corrupción está presente en muchos niveles de gobierno y, además, ésta es a costa de los ciudadanos y las empresas”. Luego, los mercados informales, pues “México es uno de los países con mayor nivel de informalidad y con un número creciente de trabajadores que se suman año con año”. Ubica en tercer lugar la calidad del estado de derecho, ya que “México se encuentra con una posición muy baja con respecto del resto del mundo y continúa declinando”.

La cuarta debilidad, dice el IMCO, es la falta de imparcialidad del Poder Judicial, el cual considera débil con respecto del resto del mundo: “La labor de los jueces no es por completo imparcial ni aislada de ciertos intereses e influencias. Del mismo modo, la ejecución y el cumplimiento de las leyes es deficiente”.

El costo ambiental

El estado general del medio ambiente como condición indispensable para generar crecimiento y desarrollo sostenibles a largo plazo es otro de los factores que hacen que un país sea competitivo. De los 48 países de todas las regiones incluidos en el Índice General de Competitividad, México ocupa el lugar 45 en el manejo de la conservación ambiental y su interacción con las actividades productivas y de consumo. La posición lo coloca sólo por arriba de El Salvador, India y Honduras, y por debajo de países más pobres como Belice y Guatemala.

Factores como el atraso en la generación de energías limpias, el reducido número de empresas certificadas como “limpias”, el incremento de las emisiones de dióxido de carbono y los desastres ecológicos en la industria del gas y del petróleo, entre los que destaca el de la plataforma Usumacinta, que la compañía Perforadora Central rentaba a Pemex en la Sonda de Campeche, dieron un revés a México en materia ambiental. Ello, dice el IMCO, “convierte nuestro mal manejo del medio ambiente en uno de nuestros mayores lastres de competitividad”.

Bienestar, otro atraso

Tener una “sociedad incluyente, preparada y sana” es otro de los factores que hacen competitivo un país. En este rubro, que mide el bienestar (sistema de salud y educación) y las capacidades de la fuerza laboral como una aproximación de la calidad y del capital humano, México se ubica en la posición 30 del Índice General de Competitividad. Uno de los factores que provocó la pérdida es el alto índice de la mortandad infantil, ya que “el nivel de niños menores de cinco años que mueren en México es mucho mayor que en otros países. En particular en zonas rurales, con poca facilidad de acceso a hospitales públicos”.

Otro factor es que se agudizó la desigualdad en la distribución de los ingresos, reflejándose en las “disparidades educativas y regionales que impiden un óptimo desempeño en la economía”. Se redujo también la Población Económicamente Activa (PEA) con nivel de licenciatura y el nivel de escolaridad efectiva, además de la participación de mujeres en el Poder Legislativo.

Empeoró también la situación de género: la participación de mujeres en la PEA es menor que en otros países y el ingreso que perciben con respecto al de los hombres es más bajo que el promedio mundial. En esta última disparidad, México sólo es rebasado por India, Turquía y los países centroamericanos.

Con un sistema de distribución “desigual y poco eficiente”, empeoró también el promedio de agua potable por habitante.

Macroeconomía inestable

La mayor volatilidad de la inflación y el crecimiento económico inestable han provocado el deterioro –desde 2001– de la macroeconomía mexicana, de tal suerte que en el rubro de “Macroeconomía estable y dinámica”, entre 2004 y 2007 México cayó dos posiciones en el Índice, colocándose en la número 30. La mayor debilidad, dice el IMCO, es que la macroeconomía de México registra “un muy bajo crecimiento económico con respecto de otros países: cerca de 4 por ciento en 10 años, y su mayor volatilidad en la última década, “lo que ofrece un panorama incierto a inversionistas, empresas e individuos para planear y tomar decisiones a corto y largo plazo”.

Las debilidades del sistema político

De 2004 a 2007, México sufrió un deterioro en la calidad de su sistema político: empeoraron la libertad y estabilidad política, el control de la corrupción y la libertad de prensa; incrementó la generación de refugiados, y se redujo sustancialmente el número de votos con los que el Ejecutivo llega al poder. Todas esas variables ubican el sistema político mexicano por debajo del promedio mundial. Ello provocó que en el rubro “Sistema político estable y funcional”, del Índice de Competitividad, México cayera de la posición 35 a la 38.

Producto “de la crisis política de 2006, que afectó la percepción del país en el mundo, pues ahora es considerado un país inestable políticamente y con más factibilidad de crisis en transferencia de poderes”, las principales debilidades del sistema político mexicano que abonan a la incompetitividad son la estabilidad y transferencia de poderes, pues “tras la elección de 2006, el nivel de confianza de los ciudadanos en las instituciones políticas se vio socavado presentando nuevo reto para recuperarse”.

La segunda debilidad es el desempeño de gobierno: “tanto en temas de control de corrupción como de transparencia y rendición de cuentas, la calificación del gobierno mexicano es baja. El sistema se percibe como opaco y deshonesto”. La tercera, la participación electoral, ya que “existe poca disposición e interés de los ciudadanos para involucrarse en un sistema donde no existe la posibilidad directa e inmediata de rendir cuentas”.

Los ataques a la libertad de prensa son considerados como otra de las debilidades que le restan competitividad al país: “El periodismo en México se ha visto ensombrecido por amenazas, secuestros y asesinatos de periodistas. Muchos de ellos están relacionados con el crimen organizado, pero también destacan algunos casos vinculados con autoridades locales. México aparece en los países más peligrosos para ejercer este oficio”.

Y por último, “la debilidad del Ejecutivo” que, en un sistema presidencialista como el mexicano, afecta “de manera relevante el desempeño del Estado”.

La primera medida para hacer que México tenga un sistema político competitivo, destaca el IMCO, es reducir la corrupción en la asignación de contratos públicos al sector privado, ya que “ha demostrado ser un obstáculo que puede ocasionar importantes perjuicios”. Propone también que la obligatoriedad en la rendición de cuentas alcance a otros poderes como los partidos políticos y los sindicatos.

El costo de los costos de producción

Otro de los factores de competitividad son los costos de producción de la economía. En el rubro “Mercado de factores eficientes”, el Índice de Competitividad califica la eficiencia con la cual los mercados de insumos para la producción surten a las actividades productivas (industria y servicios) de mano de obra, energéticos, recursos financieros y bienes de capital. En dicho rubro, México cayó de la posición 39 a la 42, por debajo de Turquía, Perú, Bolivia, Nicaragua, Guatemala y Honduras.

México tuvo su peor posición desde 2001, “resultado de mercados de factores desgatados por una de la regulaciones más rígidas del mundo, la falta de competencia y un abuso del poder monopólico del que gozan nuestros sindicatos”. Destaca el deterioro de la productividad del capital fijo, seguido por los aumentos del costo del diésel y la energía eléctrica; se encareció también el costo de la vida en el país y la mano de obra en el sector manufacturero; se incrementaron los intereses bancarios y crediticios, entre otros. En resumen, se ha deteriorado la competitividad del país y disminuido la productividad futura.

Sin clase mundial

Los sectores de transporte, telecomunicaciones y financiero son condiciones necesarias para el desarrollo de la economía de un país. En este sentido, el indicador “Sectores precursores de clase mundial”, del Índice de Competitividad, mide su calidad, eficiencia y costos. México cayó del lugar 32 al 34, es decir, perdió también competitividad en estos rubros, que, dentro del intercambio comercial internacional, día a día cobran mayor importancia.

“Lo anterior es producto de un avance lento en la infraestructura, inclusive retrocesos en el costo de la telefonía y en el índice de competencia de la banca pese a la entrada de nuevos bancos y un periodo de mayor liquidez en la bolsa de valores”.

Los rubros que registran mayor rezago con respecto del resto del mundo son: la penetración y el costo de la telefonía fija y celular; la penetración y el costo de internet; la productividad de las telecomunicaciones; la oferta de vuelos, la infraestructura portuaria, la longitud carretera; y en el sector financiero: la calidad de la banca y finanzas, la competencia de la banca y la liquidez de la bolsa de valores.

Las grandes debilidades de México en este rubro, enumera el IMCO, son las telecomunicaciones, sector que “es mas caro y menos eficiente que en el resto del mundo”; la infraestructura física –carretera, portuaria y aeroportuaria– que es una de las más limitadas del mundo con respecto de su población; y los mercados de capitales, pues considera que la Bolsa Mexicana de Valores no ha sido un elemento que permita la capitalización de empresas medianas, por esa razón, “muchas empresas con potencial deciden no entrar en ella, mientras algunas otras se han dado de baja”.

Para hacer competitivo al país en este rubro, recomienda invertir en proyectos de infraestructura de largo plazo, impulsar mayor competencia en los sectores financiero y de telecomunicaciones para aumentar su penetración.

Propone también establecer una política promotora de la competencia y más agresiva en el sector de telecomunicaciones, ferrocarriles y financiero; otorgar un mandato a favor del consumidor a los reguladores como Comisión Federal de Telecomunicaciones y separar su función política de la operativa; lograr acuerdos eficientes para la interconexión e interoperatividad de redes de comunicaciones; eliminar restricciones de inversión extranjera en los negocios de red como la telefonía fija; y hacer más eficiente el gasto público de inversión mediante la creación de una comisión federal de eficiencia presupuestal y una contabilidad nacional homogénea.

Incompetencia gubernamental

El octavo factor que mide el Índice de Competitividad es el impacto del gobierno para promover la competitividad o, por el contrario, para limitarla por medio de ciertas barreras impuestas a los mercados. En general, entre 2004 y 2007, los gobiernos de todo el mundo se volvieron más eficientes en su impulso a la competitividad mediante políticas eficaces, baja corrupción y autonomía frente a grupos de interés. No así el mexicano, cuya deficiencia provocó la caída de México de la posición 29 a la 32.

Lo anterior es el resultado de que se incrementaran los pagos extras para trámites y los costos de importación, también del deterioro de la efectividad y autonomía del gobierno y de su deficiente promoción de la competencia. De la presión fiscal y del deterioro del superávit del gobierno, pero también, de que bajaron las transferencias y subsidios. “Estas variables afectan la capacidad recaudatoria de los gobiernos y las barreras impuestas al comercio, elementos perjudiciales no sólo para la competitividad sino para la capacidad para enfrentar una crisis”.

Las debilidades del desempeño gubernamental que abonan a la incompetitividad del país, destaca el IMCO, son el tiempo y dinero que el sector privado pierde a causa de la burocracia: “Las complejidades legales y trabas burocráticas representan un enorme costo, no sólo en términos de tiempo, también de forma pecuniaria”.

En segundo lugar, la presión fiscal, ya que, explica, “la baja recaudación y la alta dependencia de la renta petrolera perjudican fuertemente al país y son un indicador de un gobierno débil y con pocas capacidades fácticas”.

Luego está la ineficiencia del gasto público en educación, ya que, a pesar de ser un país con un gasto en educación similar al de los países más avanzados, “los pésimos resultados en las pruebas de evaluación demuestran que este gasto ha sido ineficiente. La mayor parte de este gasto ha servido para aumentar la nómina de los maestros, antes que para mejorar infraestructura escolar o diseñar mejores planes de estudio”.

Incluye también la falta de autonomía del gobierno frente a grupos de presión, como parte de las debilidades que impiden la competitividad en este rubro.

Tradicionalmente, México ocupó buenas posiciones en el rubro de “Aprovechamiento de las relaciones internacionales”, otro factor de competitividad, sin embargo, en los últimos años cayó al nivel 41, ubicándose entre los últimos del mundo. Los efectos más drásticos se reflejan en la caída de la inversión extranjera directa y el menor acceso a los mercados de capitales.

De acuerdo con el IMCO, éste es uno de los factores que más impactan la competitividad de México, por su dependencia económica –importaciones y exportaciones– de Estados Unidos, lo que previamente ha sido advertido por organismos como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe e incluso el Banco Mundial, organismos que recurrentemente han sugerido al gabinete económico de Felipe Calderón que diversifique su mercado de comercio exterior para tener posibilidad de enfrentar la crisis.

Éste es uno de los rubros que más ilustra los efectos de la pérdida de competitividad del país, ya que devela que México vive un deterioro sin precedentes en su capacidad de apertura económica, inversión extranjera directa y acceso a los mercados de capital, todas ellas, variables consideradas fundamentales para el crecimiento y el desarrollo del comercio futuro.

Al respecto, el IMCO subraya que mientras que la mayoría de los países han diversificado sus mercados, México se concentra en Estados Unidos, “lo que no sólo impide al país aprovechar las ventajas del comercio internacional, sino que es altamente riesgoso y está sujeto al desempeño económico de ese país”. Por si fuera poco, se agudizó la baja recepción de inversión extranjera directa y la inversión de México en el ámbito internacional de forma totalmente desproporcional al tamaño de la economía.

El último rubro que mide la competitividad es la capacidad de los sectores económicos de un país para competir con éxito en la economía global. Sobre éste, en indicador “Sectores económicos en vigorosa competencia”, México cayó del lugar 27 al 32, derivado de una menor contribución del sector servicios al Producto Interno Bruto y a una caída en las exportaciones de alta tecnología, así como un lento crecimiento y varios retrocesos en la innovación, el menor gasto en investigación y desarrollo.

La precaria situación de la competitividad, aunada a la crisis económica global, advierte Rodrigo Gallegos, “genera un escenario angustiante con implicaciones a corto y largo plazo para el país”. Para que México se coloque en la media internacional en materia de competitividad, explica, “se requiere detonar cinco veces la productividad, y esto implica una reestructuración política, económica y social en la que la participación ciudadana es fundamental: los ciudadanos deben exigir la rendición de cuentas y que se castiguen las malas decisiones”.

Al cobijo del gobierno de Felipe Calderón, mediante 772 “permisos especiales”, corporativos extranjeros y nacionales operan una red paralela que produce y vende el 49.4 por ciento de la energía eléctrica que consume el país

Después del decreto presidencial que desaparece Luz y Fuerza del Centro (LFC), los secretarios de Gobernación, Fernando Gómez Mont; de Energía Georgina Kessel, y de Hacienda, Agustín Carstens, insistieron en que no se privatizaría el sector eléctrico. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) se encargaría de suministrar la energía eléctrica a los 6 millones de clientes que atendía LFC. En realidad, actualmente casi el 50 por ciento de la electricidad que se consume en México es privada, generada por consorcios extranjeros y nacionales, bajo la figura de productor independiente, autoabastecimiento y cogeneración.

En detrimento a la Constitución, al amparo de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, un reducido grupo de corporativos creó una industria eléctrica paralela a la del Estado, que muy pronto se convirtió en negocio redondo: utilizando parte de la infraestructura de LFC y la CFE, comenzaron a producir mucha más electricidad de la que supuestamente consumirían, para vendérsela a empresas privadas y a las dos paraestatales, pues la directriz del gobierno federal obligó a LFC y la CFE a comprarles todos sus excedentes y, encima, a precios mucho más caros del costo de la generación directa, lo que generó la subutilización de las dos compañías eléctricas estatales y el indiscriminado incremento de tarifas, según detectó en diversas auditorías la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Manuel Bartlett Díaz, exsecretario de Gobernación, explica que la privatización del sector eléctrico fue delineada en el Tratado del Libre Comercio, acorde con los lineamientos del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, durante los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo se otorgaron 99 permisos para el autoabastecimiento y la producción independiente a ingenios azucareros, fábricas de papel y a las subsidiarias de Petróleos Mexicanos.

Durante su gobierno, Vicente Fox vio en el sector eléctrico una veta de oportunidad para favorecer a los industriales e incluso se confrontó con la ASF para que no auditara los permisos que indiscriminadamente otorgaba la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Con Dionisio Pérez-Jácome Friscione –actual subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)– como comisionado regulador, el gobierno de Vicente Fox ideó que los permisos de supuesto autoabastecimiento incluyeran la figura de “asociados beneficiados”, para que un solo permiso le diera al productor privado la posibilidad de generar energía eléctrica para venderla a terceros simulando sociedades.

La subrepticia entrega de esos permisos fue denunciada por trabajadores del sector eléctrico y llevada a la tribuna legislativa por Manuel Barttlet, entonces presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República, quien documentó la anticonstitucional operación en la CRE. Según las declaraciones de Bartlett, en el Legislativo las trasnacionales del sector cabildeaban directamente “la privatización del sector eléctrico, que el Partido Acción Nacional disfrazó como reforma estructural”.

A su paso por la Secretaría de Energía, Felipe Calderón, junto con su asesor principal, Juan Camilo Mouriño Terrazo, y su asesor jurídico, José César Nava Vázquez, afianzaron la participación del capital privado en el sector eléctrico mediante el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE) 2003-2011. Para cuajar el proyecto, en 2004, Vicente Fox ascendió a Mouriño a subsecretario de Electricidad, cargo que dejó para incorporarse como coordinador de campaña de Felipe Calderón. Entonces Mouriño Terrazo y Pérez-Jácome “eliminaban” las restricciones legales en la regulación que no permitían “aprovechar al máximo las figuras de autoabastecimiento y cogeneración”, según declaró Mouriño Terrazo en una entrevista con el periódico El Universal en septiembre de 2004.

Luego, mediante su compañía Gándara-Censa, la familia Mouriño incursionaría en el sector eléctrico, al convertirse en proveedores de la construcción del parque eólico La Venta II, en Oaxaca, uno de los proyectos medulares del POISE.

Los permisos especiales que Calderón dio a los consorcios españoles (Unión Fenosa e Iberdrola, principales proveedores de energía de la CFE) cuando era secretario de Energía fueron calificados como ilegales por la ASF y el Legislativo. Sin embargo, tal acción ganó la simpatía y agradecimiento público del presidente de España, José María Aznar, y posteriormente, durante su campaña presidencial, el proselitismo en México y Europa del presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Con esos antecedentes, “no hay duda de que la extinción de Luz y Fuerza responde a la intensión de privatizar el sector eléctrico”, coinciden los integrantes del Frente de Trabajadores de la Energía (FTE), organización integrada por ingenieros, analistas y expertos en materia energética.

Como en el porfiriato

La industria eléctrica, que inició en el gobierno de Porfirio Díaz con capital extranjero, fue nacionalizada en 1960 por Adolfo López Mateos. Hasta entonces, el 70 por ciento de la producción eléctrica era generada por los consorcios American and Foreign Power Company y The Mexican Light and Power Company, a las cuales el gobierno compró sus acciones para luego decretar la exclusividad de la nación “para generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento de energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público”, mediante la adición de un párrafo sexto al artículo 27 constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1960, estipulando que en materia eléctrica “no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes naturales que se requieran para dichos fines”.

Actualmente, mediante 24 permisos como grandes productores independientes de energía, que según cifras oficiales, a julio de 2009, ha otorgado la CRE a consorcios españoles, estadunidenses, canadienses, japoneses, alemanes, franceses y belgas: Iberdrola, Unión Fenosa, Tractebel, Abengoa, Mitsubishi, Alstom, Electricitè de France, Bechtel, Intergen, que producen y venden casi la mitad de la energía eléctrica que se consume en México.

Sumado a 595 permisos de “autoabastecimiento”, 58 para cogeneración, 37 para importación, siete para exportación, tres para pequeña producción y 48 para usos continuos. La capacidad total de generación autorizada por la CRE a los privados mediante los 772 permisos especiales asciende a 166 mil 682 giga-watts-hora, que representa el 49.4 por ciento del consumo nacional. El gobierno que hoy desaparece LFC fomentó una industria eléctrica paralela privada, restándole considerables ingresos a las paraestatales LFC y CFE.

Lo anterior, explica David Bahena, especialista en temas energéticos y doctor en física por la Universidad de Praga, “implica la desnacionalización acelerada bajo figuras inventadas”.

El contrato –E/205/AUT/2002– que Pérez-Jácome Friscione entregó a Iberdrola es ilustrativo de cómo ha operado la industria eléctrica. El permiso se otorgó a la firma española bajo la figura de “autoabastecimiento”, aunque su giro es la venta de energía eléctrica. El documento esboza que serán los “socios” de la compañía los que se beneficiarán con la energía eléctrica que éste genere.

Mediante este permiso, Iberdrola vendería la energía eléctrica que produjera en la ciudad de Monterrey a las compañías Agua Industrial de Monterrey; Acerex, SA de CV; Cables Axa Yazaki, SA de CV; Cementos Apasco, SA de CV, en sus planta de Apazco, Orizaba, Ramos Arizpe y Tecomán; Cementos Mexicanos; Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, SA de CV; Fábrica de Hielo Apodaca; Cigarrera la Moderna, SA de CV; Conductores CM, SA de CV; Conductores del Norte, SA de CV; Conductores Monterrey, SA; Dolorey, SA de CV; Empaques de Cartón Titán, División Fabrica de Cajas, División Papel, División Moldeado, Fabricas Monterrey, SA de CV; Fabricas Orión, SA de CV; Fibras Químicas, SA; Galvak, SA de CV; Grafo Regia, SA de CV; Manufacturas Cifunsa, SA de CV; Manufacturas Vitromex, SA de CV; Cerámica Santa Anita, SA de CV; CINSA, SA de CV; Castech, SA de CV; Dupek, SA de CV; Filamentos Elastoméricos de México, SA de CV; Hylsa, SA de CV; Industria Química del ISTMO, SA de CV; Instrumentos Axa Yazaki, SA de CV.

Además del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Monterrey; Kir Alimentos; Lumisistemas GE, S de RL de CV; Magnekon, SA de CV; Nemak, SA; Nylon de México, SA; Axa Yazaki México, SA de CV; Polykron, SA de CV; Prolec-Ge, S de RL, de CV; Rot Química SA de CV; Sigma Alimentos Noreste, SA de CV; Sistema Ambiental Industrial, SA de CV; Talleres Industriales, SA de CV; Terza, SA de CV; Tisamatic Internacional, S de RL de CV; y Ucar Carbon Mexicana, SA de CV.

Bahena explica que la simulación de dichos permisos radica en que las trasnacionales y sus filiales son autorizadas a generar la energía eléctrica que no consumen, sino que venden a los socios que registran ante la CRE, cuya cartera van ampliando paulatinamente. Cita el caso de los permisos para el llamado “autoabastecimiento remoto”, a través de una figura legalmente inexistente: “Por ejemplo, en la zona central existe el gran problema de que las redes de distribución están al servicio de los privados, tengan o no tengan instalaciones en la región, a través de una figura jurídicamente inexistente que se lama autoabastecimiento remoto. Bajo esta figura, una trasnacional tiene su central generador en cualquier parte del país, allá produce la energía, la transmiten por las redes de la CFE y la distribuyen en el país por las redes de CFE y en la zona central por Luz y Fuerza”.

Por si fuera poco, los permisos de “autoabastecimiento” dan a las permisionarias la venia de incluir, dentro de sus planes de expansión, a cuantas empresas quieran, para el “aprovechamiento de la energía eléctrica que se genere”.

En su primer permiso como autogeneradora independiente, Iberdrola registró a 109 compañías, las cuales suministraría energía eléctrica dentro de sus “planes de expansión”. Destacan entre estos corporativos: Coca-Cola; Colgate-Palmolive; Altos Hornos de México; Kimberly Clark; Cadena Comercial Oxxo; DuPont; Femsa; Gas Natural México; Grupo Maseca; Ideal Standard; Petrocel; Polycyd; Protexa; Tubacero, los cuales dejaron de comprarle la energía eléctrica al Estado para comprársela a la compañía española.

595 autoabastecedores

Algunas de las empresas eléctricas que producen y venden energía eléctrica a la CFE y la hoy extinta LFC bajo la figura de “autoabastecedores” son: Iberdrola; Unión FENOSA; Endesa; Enertek; Transalta; Tractebel; AES Mérida III; Mexicana de Hidroelectricidad Mexhidro; Mecox Resources; Central Saltillo, SA de CV; Energía Azteca VIII; Electricidad Águila de Tuxpan; Electricidad del Itsmo; Hidoreléctrica del Pacífico; Termoeléctrica Peñoles; Fuerza y Energía de Naco-Nogales; Proveedora de Electricidad de Occidente; Impulsora Mexicana de Energía; Bticino de México; Energía Nacional.

Consorcios de telefonía, cerveceras, supermercados, tiendas departamentales, cadenas de cines, ensambladoras, entre otras, concentran el resto de los permisos para producir su propia energía eléctrica y venderle la que les sobre al Estado. Con 102 permisos, Teléfonos de México concentra el 15 por ciento de estas concesiones, seguido de Wal Mart, con 100 permisos; Bimbo, con 25 permisos; Cinemex, con 19; Liverpool, con 15; Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, con cinco permisos.

El resto lo tienen Cargill de México; Ford Motor Company; Cadbury Admas México; Nestlé; Productos Marinela; Barcel; Tía Rosa; Grupo Gamesa; Sigma Alimentos; Cervecería del Pacífico; Júmex,

El Palacio de Hierro; los Supermercados Internacionales Heb; Costco; las tiendas Soriana y Unilever; Bayer de México; Procter&Gamble Manufacturas; Becton Dickinson de México; Sony; Panasonic de México; Samsung; Mabe; Sanyo; Kenworth; Kodak; el corporativo Alfa; Bridgestone/Firestone de México; Médica Sur; en el ramo hotelero, el Grupo Posadas (de los hoteles Fiesta Americana), entre otros.

A medida que se incrementaron los permisos para la producción privada, las paraestatales dejaron de percibir considerables ingresos por esos clientes que producen su propia energía o la compran a los privados. La afectación más cuantiosa fue para LFC, pues de los 772 permisos, 141 de autoabastecimiento y cogeneración se entregaron en sus áreas de influencia (Distrito Federal, el Estado de México, Hidalgo y Morelos) a corporativos que tienen un alto consumo de electricidad: Telmex, Wal Mart, Cinemex, Liverpool y Barcel, principalmente. En consecuencia, LFC dejó de percibir sus ingresos como proveedor de energía de esos consorcios. Aunado a que, según denunció el dirigente del SME, Martín Esparza, dependencias del gobierno federales, hoteles y diversas empresas instaladas en el Distrito Federal no pagan el suministro de electricidad.

En este sentido, Javier Sáinz, del FTE, considera que el principal motivo de desarticular al SME vía la desaparición de LFC “es terminar con la resistencia a una segunda privatización del sector eléctrico desde la generación hasta la distribución”.

La octava cláusula de los permisos de “autoabastecimiento” obliga a la CFE y LFC a comprar a la empresa los excedentes de producción. Mientras que la cláusula nueve da a las permisionarias la “obligatoriedad” de venderle a la CFE la energía eléctrica requerida para el servicio público “cuando por caso fortuito o fuerza mayor dicho servicio se vea interrumpido o restringido”, como ocurre hoy día con la LFC. Lo que supondría que la energía que suministrará la CFE a los 6 millones de clientes que tenía la paraestatal será mercado ahora de las privadas, con la CFE como intermediaria.

CFE, negocio privado

Durante el sexenio de Vicente Fox, trabajadores de la CFE denunciaron ante el Legislativo que Elías Ayub subutilizada la infraestructura de la paraestatal para comprar toda la producción a las empresas privadas. Cuando auditó a la compañía, la ASF comprobó la subutilización en beneficio de las privadas y a costa no sólo de la paraestatal, sino directamente de los consumidores. El organismo cuantificó en el sexenio de Vicente Fox un crecimiento del 143.9 por ciento de energía comprada a particulares y una disminución media anual del 4.3 por ciento en la que genera la CFE.

En sus revisiones al POISE, al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2001-2006, al Programa Sectorial de Energía (Prosener) 2004-2013 y al Programa de Egresos de la Federación en materia de generación de energía, la ASF encontró que entre 2002 y 2004, Elías Ayub había cedido el 22.3 por ciento de la generación de energía eléctrica a los privados, de acuerdo con los reportes de Generación, Compra e Importación de Energía Eléctrica.

Más aún, la ASF descubrió que la CFE sobreestimaba la demanda nacional de energía eléctrica y compraba más electricidad, impactando los costos promedio de generación y encareciendo la energía eléctrica para los consumidores. La tendencia en los años subsecuentes ha sido la misma. La CFE estimó que para el periodo 2005-2013 la demanda de energía eléctrica crecería en promedio anual de 5.6 por ciento, al pasar de 171 mil 509 gigawats a 265 mil 40 gigawats en 2013. Sin embargo, sobre la base de las estimaciones de la ASF, el incremento en la demanda es sólo de 2.5 por ciento.

De su revisión al POISE, la ASF estimaba que para finales del actual sexenio (en 2012), la CFE habría perdido por lo menos el 34 por ciento de la producción de energía y sus respectivos ingresos, en beneficio de corporativos como las españolas Unión Fenosa e Iberdrola, la japonesa Mitsubishi, la canadiense Transalta, el grupo francés EDF. Ello, advertía la ASF, daría incertidumbre a las tarifas sobre todo de los pequeños consumidores.

La ASF auditó los permisos especiales que ya entonces la CRE entregaba indiscriminadamente. Identificó diversas irregularidades en las que incurrían los productores privados. En respuesta, Vicente Fox presentó un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la ASF. Sin entrar al fondo del asunto, la SCJN dictaminó que la ASF se había “excedido en sus facultades” al revisar dichos permisos.

Tarifas artificiales

Como parte de las justificaciones para extinguir LFC, el secretario Agustín Carstens argumentó que de no hacerlo se habrían incrementado las tarifas eléctricas, con lo que en un momento de álgida crisis se pretendió que los consumidores aceptaran la medida.

Durante su desempeño como senador en la LIX Legislatura, como parte del análisis que hizo al proyecto de privatización del sector eléctrico propuesto por Vicente Fox, Manuel Barttlet viajó a los países de América Latina en donde se privatizó la industria eléctrica. Lejos de haber sido la solución a la oferta de energía, dice, “se convirtió en un severo problema. Del servicio público se pasó a la conformación de monopolios privados: el libre mercado no existe, no hay competencia, se encamina a la concentración o al menos al acuerdo; las tarifas no bajan: las empresas privadas buscan maximizar ganancias”.

En México no ha sido diferente. En los últimos siete años, los productores privados han impuesto a la CFE tarifas mucho más altas al costo que tendría la generación directa; en consecuencia, a partir de 2006, los consumidores debieron pagarle a la CFE las tarifas más caras del mundo: 0.8 centavos de dólar por kilowat/hora más que en Estados Unidos.

Sergio González Broca, especialista en tarifas eléctricas y extrabajador de las paraestatales del sector eléctrico por 40 años, explica que las tarifas eléctricas en México se han incrementado a medida que avanza la privatización. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico coincide que en México se paga la electricidad a los precios más altos del mundo.

José Luis Apodaca, miembro fundador del Observatorio Ciudadano de la Energía, AC, detalla la incidencia de los productores independientes en las tarifas eléctricas. Señala que el aumentar la capacidad instalada en generación entre 2000 y 2008, con una tasa anual de 4.4 por ciento, casi el doble de la requerida, “significó una inversión no requerida de 5 mil millones de dólares, cuyos cargos fijos habrán de cubrirse a los productores independientes, aunque no generen la energía comprometida; estos cargos, a su vez, se repercuten a los usuarios en las tarifas”.

Agrega que algunos de los descalabros económicos que tuvo LFC fueron las altas tarifas que le impuso LFC a la electricidad que le trasladaban las empresas privadas: “Si a la CFE le cuesta 0.60 el kilowat de la electricidad que proviene de la producción independiente, se la vende a LFC a más de 0.90 centavos”. Así que, los productores privados, asegura Apodaca, sólo han encarecido los costos en la electricidad.

El costo social que para el Grupo México representó la muerte de 65 mineros en Pasta de Conchos no mermó sus multimillonarias ganancias: numerosas concesiones para la explotación minera en todo el país le fueron entregadas por los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón después de la tragedia

En vísperas de ser enjuiciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la tragedia de Pasta de Conchos, el gobierno de Felipe Calderón ha comprometido con el Grupo México de Germán Larrea 73 concesiones para la explotación de minas, propiedad de la nación, en 13 entidades del país para los próximos 50 años.

A 40 meses del derrumbe en la Mina Ocho que sepultó a 65 trabajadores de Industrial Minera México, SA (IMMSA), filial del Grupo México, sería la primera vez que se juzgue al Estado mexicano por sus vínculos con una trasnacional; sin embargo, el gobierno de Felipe Calderón no parece estar dispuesto a obligar a la empresa a rescatar los cuerpos de los mineros, principal reclamo de los deudos.

En el caso de Pasta de Conchos que se discutirá en la CIDH, ya en marzo pasado la Organización Internacional del Trabajo (OIT) determinó la responsabilidad del Estado en las 65 muertes, por solapar las inseguras condiciones con las que desde hace varias décadas el corporativo opera la explotación del complejo minero de carbón.

Los amigos de Marta

En medio de la tragedia, el 21 de febrero de 2006, dos días después del derrumbe en Pasta de Conchos, la Secretaría de Economía (SE) otorgó la concesión 227114 para explotar la mina Chalchihuites, Zacatecas, de mayo de 2006 a mayo de 2056. Entonces, tres altos ejecutivos de Grupo México, Valentín Diez Morodo, Francico Javier Soni Ocampo y Gilberto Perezalonso Cifuentes, eran también integrantes de la Fundación Vamos México, de Marta Sahagún, con cargos de asociado honorario, comisario suplente, y miembro del Comité de Vigilancia, respectivamente.

En mayo, el Grupo México recibió las concesiones 227216 y 227217 para explotar por 50 años las minas El Rey I y El Indio I, en Huajicori, Nayarit. En junio obtuvo nueve concesiones para las minas El Indio Fracción I, El Indio Fracción II, El Indio 2 y El Indio 3, en Huajicori, Nayarit; para las minas Mixteca, en San Marcos Arteaga, y Mixteca I en San Juan Numi, Oaxaca; y para las minas La Fe 12, Nueva Rosita 6 y Nueva Rosita 3, en San Juan de Sabinas, Coahuila, es decir, estos últimos, predios aledaños a Pasta de Conchos.

En agosto recibió la concesión 227851 para explotar la mina El Capiro, en Taxco de Alarcón, Guerrero. En septiembre, la 227960 para La Noria, en General Pánfilo Natera, Zacatecas.

En octubre, cuando ya en toda la región carbonífera de Coahuila se oían los reclamos contra la empresa que se negaba a sacar los cuerpos de la mina, el gobierno federal le otorgó la concesión 228219 para la mina Nueva Rosita 18, en el municipio de Múzquiz, Coahuila. Ese mismo mes obtuvo la concesión 228255 para la mina Rosario II, en Rosario, Sinaloa; y la concesión para la mina San Antonio 5, en Aquiles Serdán, Chihuahua.

En noviembre, las concesiones 228325 para la mina Abrego 10, en Guadalcázar, San Luis Potosí, y la 228478 para la Nueva Rosita 5, en San Juan de Sabinas.

Año de bonanza

Si la administración de Vicente Fox fue generosa con Larrea, la de Calderón superó sus expectativas. Aunque en 2007 la SE decretó la suspensión definitiva de las operaciones en Pasta de Conchos, ese mismo año Grupo México recibió 30 nuevas concesiones para explotar las minas en Coahuila, San Luis Potosí, Guerrero, Zacatecas y Nayarit.

En febrero recibió las concesiones 228925 y 228976 para las minas Nueva Rosita 16, en Progreso Coahuila, y Corima, en General Trias, en Chihuahua. En marzo la 229144 para la mina Nueva Rosita 10, en Abasolo, Coahuila. En mayo la concesión para las minas Unificación y El Llano 2, en San Luis Potosí; y Tenantla, en Eduardo Neri, Guerrero. Un mes después para otro lote de la mina Unificación.

En agosto, las minas Unificación Tetipac 14 y Unificación La Odisea 7, en Guerrero; y en Zacatecas las minas Unificación Chalchihuites 1, Chalchihuites 2, Chalchihuites 3, Chalchiuites 5, y Unificación Tetipac 13. En Coahuila, las minas Nueva Rosita 2, Nueva Rosita 11 Nueva Rosita 12, Nueva Rosita 13 y Nueva Rosita 15. Un mes después, la concesión 230641 para la mina San Rafael, en San Luis Potosí.

En octubre, las minas Ahualulco 3, Ahualulco 3 fracción 1, El llano 1 y El llano 3, en San Luis Potosí. En Zacatecas, las minas Ojocaliente, Unificación Chipinque 18, Unificación Chipinque 19 y Unificación Chipinque 20. En noviembre, las minas Unificación Minas 11 y Unificación Las Pilas 3 en Rosamorada, Nayarit; y Nueva Rosita 14, en Progreso, Coahuila.

En 2008, cuando Grupo México era juzgado por la OIT, Calderón autorizó 23 concesiones más para la explotación de minas de zinc, carbón, cobre, oro y plata en siete entidades del país. Ese año, Germán Larrea entró a la lista de Forbes como el tercer mexicano más rico. Obtuvo concesiones para las minas de Zacatecas: Unificación Chepinque 16, Unificación Chalchihuites 6, Unificación Chalchihuites 7, Unificación Chalchihuites 8, Unifiación Chalchihuites 9, Unificación Chalchihuites 11, Unificación Chalchihuites 13, Chipinque 21, El Brinco y Mi Nueve.

En San Luis Potosí: Unificación Pedernal 18, Unificación Pedernal 19, Unificación Pedernal 20, Unificación Pedernal 21. En Michoacán: las concesiones 231821 y 231987 para dos predios mineros denominados Unificación Angangueo. En Sonora la Soncar 6 y Soncar 7; en Coahuila, la Nueva Rosita 8; en Nayarit, la Unificación Minas 12; en Durango, la mina Astillero.

En este año ha recibido 18 concesiones para explotar las minas zacatecanas: Unificación Peñón Blanco 1, Unificación Peñón Blanco 2, Unificación Peñón Blanco 3, Unificación Peñón Blanco 4, Unificación Milagros 11, Unificación Milagros 15 y Sombrerete 6. Además, la Unión Ábrego 11, Unificación Ábrego 12, Unificación Ahualulco 4, Unificación Ahualulco 5, Unificación El Llano 4 y la Unificación El Llano 5, en San Luis Potosí.

En Coahuila, la mina La Guadalupana fracción 1; En Durango, la mina El Portento, así como un segundo predio de la Socar 6; la mina Los Arrastres, en San Felipe, Guanajuato; y la mina Unificación San Diego 4, en Michoacán.

Pasta de Conchos, millonario yacimiento

Pasando por alto la suspensión de la SE, recientemente Grupo México tomó posesión de Pasta de Conchos, yacimiento valuado en 200 millones de dólares, mediante una maniobra que operó su asesor Rogelio Montenayor Seguy, principal protagonista del Pemexgate en tiempos de Fox, exdirector general de Petróleos Mexicanos y exgobernador de Coahuila.

La operación de Montemayor consistió en armar la supuesta venta de los activos en Pasta de Conchos, a través de una invitación a diversos corporativos mexicanos y extranjeros. El concurso estuvo plagado de incongruencias, como lo fue el resultado final, cuando se anunció a la familia Montemayor como la ganadora en la compra de la planta lavadora de carbón, uno de los activos principales del complejo minero.

En la región carbonífera se conocía a la famila Montemayor como transportista y no en el ámbito de la explotación minera. Dada la relación de Montemayor Seguy con Larrea, se desataron rumores de que la venta era una simulación para ocupar de nuevo Pasta de Conchos.

El 17 de marzo de 2009, los Montemayor constituyeron la firma Industrial de Carbón Signum, SA, PI, de, CV, en la que aparecen como accionistas los hermanos Rogelio Javier y Salvador Juan Montemayor García, hijos de Montemayor Seguy.

En medio de un operativo policiaco, que involucró a más de 200 elementos de la policía estatal y ministerial de Saltillo, Monclova, Piedras Negras, Acuña y Sabinas, el pasado 31 de julio los representantes de Montemayor Seguy tomaron posesión de Pasta de Conchos y se propusieron echar a andar la planta en los próximos días.

Cristina Auerbach, representante legal de los deudos de los mineros, asegura que Grupo México y la empresa de los Montemayor violaron el decreto federal de la SE, que prohíbe todo trabajo o actividad minera en Pasta de Conchos por las condiciones de inseguridad, e invalida la transacción mercantil entre IMMSA y Signum.

Recuerda que actualmente la concesión de IMMSA para explotar Pasta de Conchos está en litigio y el Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa podría revocar la concesión, según el expediente 8409.

Industrial de Carbón Signum es una empresa que sólo opera en el papel, es decir, no tiene infraestructura alguna. Está domiciliada en el número 205 de la calle Nicolás Jiménez, en la popular colonia El Seis, en Nueva Rosita, en la planta alta de la Secretaría de Fomento Agropecuario del gobierno del estado, justo al lado de las instalaciones del Grupo México en Sabinas.

El obispo de Coahuila Raúl Vera denuncia que la relación contractual entre IMMSA y Signum fue una simulación para tomar posesión de la mina. “De pronto aparece Rogelio Montemayor que dizque compró la lavadora, pero él es un embajador del Grupo México para recuperar nuevamente el territorio”.

Javier Martínez Valadés, delegado regional del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, confirma que los Montemayor carecen de registro para la explotación del sector minero.

Fortuna solicitó a Grupo México que explicara las condiciones en las que se dio la transacción con Montemayor, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. Por su parte, el secretario Gerardo Ruiz Mateos se negó a emitir su posición respecto de la violación a la suspensión de operaciones en Pasta de Conchos por parte de Larrea y Montemayor.

Las prácticas del Grupo México tienen hoy al empresario Germán Larrea bajo la lupa de la Organización de las Naciones Unidas, que a través de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos tomó en sus manos el caso Pasta de Conchos, expuesto en septiembre pasado por las viudas, en Ginebra, Suiza, sede del organismo.

Grupo México, descalabro internacional

La irregular y cuestionada conducta corporativa de Grupo México derivó en la reciente sentencia de un juez de Brownsville que condenó al consorcio que preside Germán Larrea a restituir a los accionistas de la empresa estadunidense American Smelthing and Refining Company (Asarco), exfilial de GM, sus acciones en la firma peruana Southern Copper.

La pugna se origina en 1999, cuando el Grupo México, mediante su filial American Mining Corporation, adquirió la legendaria minera estadunidense Asarco, fundada en 1899 en Tucson, Arizona. Larrea tomó el control total de la compañía, que tenía una participación accionaria en la peruana Southern Cooper Corporation, una de las principales productoras de cobre del mundo.

Mediante una oscura adquisición, en 2003 la American Mining Company se hizo de todo el control de la peruana, a la que denominó Southern Perú Cooper.

Bajo la administración de Larrea, Asarco se declaró en bancarrota, acogiéndose al capítulo XI de la Ley de Quiebras por un adeudo 3 mil millones de dólares que acumuló en multas ambientales. El juez Daniel Tellechea, de Corpus Christi, Texas, quien declaró la quiebra, dividió la empresa en tres partes: una para el gobierno de Estados Unidos, otra para Grupo México, y otra para los accionistas minoritarios. Pero los accionistas emprendieron un juicio contra la mexicana por la supuesta venta fraudulenta de la Southern a un precio mucho menor al real.

Los accionistas acusaron a Larrea de “conspiración fraudulenta”. Después de varios años de litigio, el juez condenó a Grupo México a restituirles sus acciones y a pagarles los daños provocados por el despojo y los intereses que éste generó. (ALP)

El incremento en la pérdida de capital humano es uno de los saldos negativos de la administración de Felipe Calderón. Desde 2007, México se colocó como el principal expulsor de cerebros en el ámbito mundial

En los últimos años, las regiones de América Latina y el Caribe experimentaron la pérdida sin precedente de su población altamente calificada, es decir, con niveles de licenciatura, maestría y doctorado. Mientras que en la década de 1990 el continente africano ostentaba la mayor tasa de emigración de ese tipo, desde 2007 América Latina y el Caribe asumieron ese lugar: actualmente, el 11.3 por ciento de las personas con niveles educativos altos residen fuera de su país de origen, según cifras del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (Sela), organismo intergubernamental con sede en Caracas, Venezuela, integrado por 26 países del continente.

La emigración del capital humano, llamada comúnmente fuga de cerebros, no es nueva, sin embargo, “como fenómeno masivo sí lo es, pues en los últimos años registró mucho mayor incidencia y dinamismo que la migración no calificada”, dice el organismo.

En México detonó en el primer año del gobierno de Felipe Calderón, cuando se ubicó como el país con mayor fuga de cerebros del mundo: 1 millón 357 mil 120 personas, según el informe La emigración de recursos humanos calificados desde países de América Latina y el Caribe, elaborado por el Sela y difundido en su sede hace unas semanas. Éste determina que la ausencia de oportunidades laborales con salarios dignos para los profesionistas egresados de las universidades públicas y privadas masificó la emigración calificada. Es el saldo del primer periodo de gobierno del autonombrado “presidente del empleo”.

Jorge Fernández Santillán, director del Centro de Investigaciones en Humanidades del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, señala que la diáspora masiva que coloca a México como el país con el índice más alto en fuga de cerebros “es responsabilidad de los últimos gobiernos que, a toda costa, han impuesto el modelo neoliberal”.

Agrega que “por la falta de trabajo se está expulsando el capital intelectual, y la culpa la tiene el gobierno por seguir implantando el modelo neoliberal: que todo lo dicte el mercado y que el Estado intervenga lo menos posible. Ese modelo, que provocó un grave estropicio, principalmente en los sectores educativo y laboral, hace mucho tiempo que pasó a mejor vida, pero México es el único país del mundo donde se sigue implantando sin interrupciones”.

Ante la ausencia de opciones laborales, “las personas de mayor calificación tienen derecho de escoger dónde realizar sus proyectos de vida, pero principalmente a que sus países de origen les den las oportunidades para hacerlos sentir necesarios al desarrollo y la innovación. Esto es particularmente sensible entre los jóvenes. Si este último derecho no se concreta, entonces la idea de salir es natural”, dice Jorge Martínez Pizarro, especialista de la Comisión para América Latina y el Caribe (Cepal) en temas migratorios, e investigador de ese organismo en su sede, Santiago de Chile.

La Cepal, brazo regional de la Organización de las Naciones Unidas, identifica que, además de las bajas retribuciones, el desempleo abierto y el subempleo, la desalarización y la terciarización –también llamada outsourcing–, consideradas en la denominada “flexibilización laboral” (esquema generalizado en el país a partir del gobierno de Vicente Fox), son factores que propician la fuga de cerebros. Ello, subraya, tiene como consecuencia “la erosión de la masa crítica de conocimiento y la repercusión sobre el crecimiento económico de los países de origen, debido a la pérdida de los recursos invertidos en educación”.

La diáspora del siglo XXI

De 1990 a 2008 la migración “calificada” promedio en América Latina se incrementó 155 por ciento, seguida de África, con 152.4 por ciento, y Asia, con 144.8 por ciento. En México llegó al 270 por ciento, con lo que en la actualidad el 16 por ciento de los cerebros mexicanos reside en el exterior, principalmente en Estados Unidos, país que aglutina a 4 millones 143 mil emigrantes calificados; es decir, el 25 por ciento de los cerebros emigrados a Estados Unidos son mexicanos. Con esa cifra, México es el país con más cerebros emigrados hacia las naciones desarrolladas, siendo al interior de la región latinoamericana y caribeña el país con más migrantes calificados y el sexto a nivel mundial, indica el Sela.

El organismo alerta que la ausencia de oportunidades laborales para los contingentes de profesionales, recién egresados de las universidades públicas y privadas, suscita su emigración. Explica que a nivel mundial, el número de migrantes con nivel de escolaridad alto creció 111 por ciento al pasar de 12.5 millones de individuos en 1990 a 25.9 millones en 2007; mientras que el incremento de los migrantes con nivel de escolaridad bajo fue del 39 por ciento y los de escolaridad media, 76 por ciento. Por lo que “se observa un incremento de los migrantes con nivel de escolaridad alto por encima de los migrantes con nivel de escolaridad medio y bajo”. Es decir, que la tendencia es hacia la expulsión del personal más calificado.

Jorge Fernández Santillán, doctor en ciencia política por la Universidad Nacional Autónoma de México y en filosofía política por la Universidad de Turín (Italia), y autor de libros de filosofía, ciencia política y administración pública, explica el fenómeno migratorio:

“Tiene que ver con que nos encontramos en una etapa en que la fuerza de trabajo sin calificación o técnica ya no es bien remunerada; nos encontramos en la llamada sociedad del conocimiento y lo que crea riqueza ya no es tanto la producción, sino la educación. Hay que tomar en cuenta que dos terceras partes de toda la economía mundial ya son una economía del conocimiento, así que la fuga de cerebros va a seguir incrementándose”.

Cerebros subutilizados

La diáspora del siglo XXI tiene dos grandes efectos negativos: cuando los cerebros abandonan su país, en sí “es una pérdida sólo por el hecho de haberse formado en el país de origen, que éste haya invertido recursos, particularmente si se trata de sistemas de educación públicos, que no están siendo aprovechados” –determina el Sela–; y el segundo: su subutilización en el país destino ya sea porque se desempeñan en ocupaciones que no corresponden con su nivel de calificación o simplemente por inactividad involuntaria.

De cada 10 nativos en Estados Unidos (principal país destino de los cerebros emigrados), en promedio seis consiguen una ocupación acorde con su formación; la probabilidad para los emigrantes se reduce a tres de cada 10. Pero la situación más grave la enfrentan los mexicanos y centroamericanos, en ese orden, ya que “la mayoría de estos migrantes presentan niveles de desperdicio formativo entre el 70 y 84 por ciento”, dice el informe.

El promedio de grado académico de doctor para los cerebros de origen europeo es del 18.6 por ciento, seguido de los africanos, con el 16.3 por ciento; los asiáticos, con 15.5 por ciento; los nacidos en América Latina, con el 11.4 por ciento. A nivel regional, los de países como Nicaragua, Costa Rica, Honduras, Cuba, República Dominicana, Jamaica, Bahamas y San Vicente presentan mayores porcentajes con grado de doctor que la población nativa de Estados Unidos.

En el caso de las regiones Andina y Suramérica, todos los países sin excepción rebasan el 10 por ciento de migrantes con grado de doctor, destacando los casos de Colombia, con 15 por ciento; Chile, 16.2 por ciento; Uruguay, 24.1 por ciento; Argentina, 24.5 por ciento; y Paraguay, con 44.6 por ciento. Pero ni con esos porcentajes logran los puestos que tienen los estadunidenses de menor nivel académico. Aunque sólo el 9.3 por ciento de estos últimos cuenta con grado de doctor, tienen más oportunidades de empleo mejor remunerado.

El desperdicio de talentos o brain waste –concepto que alude al desaprovechamiento de las habilidades o niveles formativos– es uno de los hallazgos más relevantes que hizo el Sela, según el citado informe. Detalla que la incorporación de cerebros en ocupaciones que se encuentran por debajo de su nivel educativo, o que no corresponden con las habilidades y experiencia profesional, afecta, en primer lugar, a los mexicanos: mientras que el promedio de brain waste es del 60.9 por ciento, en el caso de los mexicanos llega al 75 por ciento.

Si bien “la imposibilidad de acceder a un trabajo es expresión del desperdicio formativo, la inserción deficitaria en el mismo es una manifestación mucho más grave del fenómeno”, manifiesta el Sela. En este contexto, el 75 por ciento de los cerebros mexicanos se emplea en actividades por debajo de su nivel educativo: con honorarios reducidos, niveles de calificación inferiores o con menores niveles de productividad, lo que para la Organización Internacional del Trabajo en realidad es una forma de subempleo.

El Sela descubrió otro drama que viven los mexicanos, que los aleja cada vez más del sueño americano: mientras que el promedio de desempleo en Estados Unidos para los cerebros extranjeros es del 3.1 por ciento, en el caso de los mexicanos llega al 3.5 por ciento.

Detectó también que a nivel subregional, “los inmigrantes en Estados Unidos con formación universitaria en México y en algún país de Centroamérica tienen desempeños más pobres, en comparación no sólo con los nativos, sino también con migrantes originarios de otras subregiones. Por el contrario, quienes proceden de Suramérica se encuentran en condiciones laborales más benéficas”.

Al respecto, Fernández Santillán, exinvestigador de la Universidad de Harvard, explica que “la realidad internacional le está cobrando al dogmatismo neoliberal su empecinamiento en mantener al país hundido en el atraso, porque hoy nos encontramos que los centroamericanos y suramericanos se desarrollan específicamente en la sociedad del conocimiento, mientras que nosotros estamos muy mal parados a nivel mundial porque tenemos un gobierno dogmático y una oligarquía que no permite el desarrollo de la sociedad mexicana, y esto está representado muchas dificultades en nuestro país”.

De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población, los mexicanos más calificados residentes en Estados Unidos son 475 mil posgraduados. De éstos, según cifras de la American Community Survey, el 74.4 por ciento (328 mil 261) tiene empleo; el 3.5 por ciento (15 mil 420) está desempleado; y el 22.1 por ciento (97 mil 373) está inactivo.

La American Community Survey detalla que sólo el 35 por ciento se emplea en actividades calificadas: ingenieros, doctores, administradores, educadores, científicos, entre otros; el 27 por ciento, en actividades con calificación técnica: carpinteros, electricistas, cocineros, terapeutas de masajes, agentes de bienes raíces; y el 38 por ciento, sin calificación: empleados u oficinistas de archivo-burócratas, trabajadores de la construcción, representantes de servicio al cliente, cuidadores de niños, limpiadores de casa, empleadas domésticas. El resultado es que sólo tres de cada 10 cerebros mexicanos en Estados Unidos labora en su área de formación.

En contraste con países más pobres como Belice, cuyos cerebros empleados en trabajos con calificación alta representan el 53 por ciento; Haití, que llega al 45 por ciento; y todos los del Caribe –Santa Lucía, San Vicente, Barbados, Trinidad y Tobago, Jamaica, Bahamas, Guyana, Antigua Barbuda y Granada–, que hasta el 67 por ciento logra puestos acordes al más alto nivel educativo.

Se concluye entonces que la fuga de cerebros es cada vez más costosa debido al desperdicio formativo que acentúa una situación paradójica con respecto de la migración calificada, ya que “mientras los países de origen pierden estos recursos humanos, las economías receptoras no logran aprovecharlas adecuadamente”, determina el Sela.

La Cepal coincide en que “el desperdicio formativo profundiza las pérdidas asociadas a la emigración calificada y menoscaba las posibilidades de efectos benéficos asociados al retorno y a la vinculación con las diásporas”.

Gobierno expulsor

El Sela considera que las políticas gubernamentales deben orientarse a minimizar los costos de la migración y maximizar sus beneficios. Detalla que “al persistir el desperdicio de talentos en las sociedades de destino, muy difícilmente podrán emanar efectos de retroalimentación que redunden en beneficios para las sociedades de origen. El desperdicio formativo entonces profundiza las pérdidas asociadas a la emigración calificada y menoscaba las posibilidades de efectos benéficos asociadas al retorno y/o a la vinculación con las diásporas de dichos recursos humanos calificados”.

Los especialistas en migración calificada auguran que, no obstante que los países destino no ofrecen futuros muy prometedores para los cerebros mexicanos, la tendencia a abandonar el país irá a la alza, ya que, explican, la política neoliberal del gobierno de Felipe Calderón es el principal factor de fuga actualmente.

El problema, identifica Gustavo López Castro, miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) en el área de migración, “es que México no tiene una política migratoria de Estado; sólo se responde coyunturalmente en tiempos de elecciones, en las temporadas de crisis económica en Estados Unidos, en circunstancias de urgencia, en las oleadas temporales de transmigrantes (que usan a México sólo como paso). Pero no hay una política que, por ejemplo, aporte una perspectiva transversal a las políticas de salud, educación, derechos humanos y administración de la justicia”.

El Sela recomienda que para frenar la fuga de cerebros y evitar la dependencia científica del extranjero, los gobiernos deben invertir como mínimo el 1 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) en actividades de ciencia y tecnología, como motor de desarrollo con inclusión social en los países de origen; además de desarrollar “una auténtica política de Estado en materia de recursos humanos altamente calificados”.

Pero la administración de Calderón –siguiendo la política de Fox de convertir a México en un país maquilador en el que la innovación prácticamente quedó descartada– destina apenas el 0.4 por ciento del PIB (unos 3 mil 958 millones de dólares). La cifra lo ubica como el país más rezagado en inversión en investigación y desarrollo, entre las naciones que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

El reciente informe OECD Regions at a Glance 2009 ubicó también a México en el último lugar en cuanto a personal destinado a las áreas científicas y tecnológicas y en registro de patentes. Así que la decisión gubernamental de no invertir en desarrollo científico y tecnológico “aleja al país cada vez más del contexto internacional”, explica Fernández Santillán.

Gustavo López, doctor en sociología por la Universidad de Toulouse-Le Mirail, subraya que “el proceso de globalización, que implica la circulación libre de capitales y mercancías, debería permitir la libre circulación del trabajo también, pero, sobre todo, implica la responsabilidad del Estado de incentivar con políticas públicas el desarrollo educativo y científico y, al mismo tiempo, las posibilidades de empleo para los egresados universitarios. De manera tal que los licenciados, maestros y doctores tengan acceso a satisfactores sociales y económicos que les permitan tener una vida digna en su país. Pero el actuar miope y utilitarista del gobierno federal lo hace desincentivar la investigación científica”.

Fernández Santillán, miembro del SNI, coincide en que “mientras nuestro gobierno siga rechazando el apoyo a la ciencia y tecnología, y a la educación en general, vamos a seguir viendo por un lado la emigración masiva de gente sin educación a la que se le va a pagar cada vez menos, y también la sustracción de los recursos humanos más calificados”.

El reto, además, explica Jorge Martínez Pizarro, de la Cepal, “es cómo el gobierno va a retener o retornar los recursos humanos calificados, sin medidas represivas, con trabajo y reconocimientos, o más realistamente, cómo va a vincularlos al país sin obligarlos a regresar a un medio que suele no ofrecer oportunidades y al que ellos mismo podrían contribuir a abrirlas a futuro”.

López Castro cita un ejemplo: “Platicaba con Juan José, un historiador egresado de una universidad de México –le apena que diga de cuál universidad salió– que vive en Manhattan. Me decía que anhela regresar al país, y lo único que quiere es tener un empleo remunerado, siquiera por la mitad de lo que gana preparando ensaladas en Manhattan, y tener seguro social, y la posibilidad de comprar una casa. Le pregunté cuánto es lo que aspira ganar, me dijo que 15 mil pesos al mes. Es decir, ni eso gana un profesionista en México, y es responsabilidad del gobierno” el crear las condiciones para que los gane.

Organismos internacionales identifican a México como el gran perdedor de la crisis económica mundial. El desempleo, la caída en la inversión extranjera directa, el desplome del comercio binacional, la devaluación de la moneda, la significativa pérdida del poder adquisitivo y la histórica reducción de remesas conducen al país a una depresión similar a la de 1929, advierten analistas

Hace cinco semanas que Norma quedó desempleada. La fábrica donde trabajaba, en el Estado de México, cerró. La pensión que concibió durante 20 años se desvaneció en los últimos 16 meses, a partir de que el patrón les informó que recortarían los horarios y el salario, luego que harían paros escalonados, y después anunció la quiebra; ni un quinto de liquidación.

Norma vive otro drama: su esposo, que coloca durock en Estados Unidos, lleva lo que va del año en proceso de paros escalonados. “Ahora nos manda (dinero) un mes sí y otro no, pero lo que me apura es que así empezamos en la fábrica y luego la cerraron”.

Camina de casa en casa pidiendo una docena de ropa que lavar, planchar; limpiar pisos, lavar trastos o cuidar niños. Difícilmente alguien la emplea. Ante la pérdida del poder adquisitivo y el incremento real del 49 por ciento de la canasta básica (según se desprende de un estudio del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados), el contratar a terceros en labores domésticas se convirtió en un lujo. “El patrón nos explicó que, si conseguía un préstamo o una ayuda del gobierno, podría abrir de nuevo”, se consuela Norma. Difícilmente eso sucederá. Cada día en todo el país su historia se ve multiplicada.

La Confederación de Cámaras Industriales dice que las industrias maquiladoras, automotriz, de autopartes, electrónica, eléctrica, metalmecánica, bienes de capital, entre otras, están devastadas. Que, en el mejor de los casos, “paros técnicos, ajustes de personal, aumento en la capacidad ociosa, problemas de liquidez e incertidumbre dominan buena parte de su presente y futuro inmediato”.

Lejos de las declaraciones del presidente Felipe Calderón y su gabinete económico, que aseguran que México ya superó lo peor de la crisis económica, los analistas, organismos nacionales e internacionales, calificadoras e incluso algunas instancias gubernamentales prevén que el último trimestre de 2009 y todo 2010 se incrementará el desempleo y la desaceleración del comercio internacional.

Dada la falta de certidumbre que ofrece el Estado mexicano, el flujo de la inversión extranjera directa disminuirá; el desempleo aumentará y caerán más las remesas. Se esperan también menores ingresos por turismo. Todos ellos son indicadores que, según los analistas, llevan al país directo hacia una depresión.

“Nada parece indicar que habrá medidas político económicas que tiendan a suavizar los efectos de esta crisis. No hay un replanteo del estilo de crecimiento; no hay una nueva forma de gestión de las exportaciones, tampoco actividades orientadas a fortalecer el mercado interno, ni se ha visto el fortalecimiento de las industrias internas que generen empleos”, dice María Teresa Aguirre Covarrubias, especialista en economías emergentes en la globalización.

La investigadora de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), experta en ciclos económicos, explica: “La depresión de una economía es cuando hay varios trimestres consecutivos en decrecimiento, que puede llegar a ser alrededor de un año. La economía mexicana ha decrecido todo el año y de forma más prolongada, y todo parece indicar que no mejorará, así que sin lugar a dudas entraría en etapa de depresión. La razón principal es nuestra fuerte dependencia de la economía estadunidense: 25 por ciento de cada peso viene de ese país. Si aquella economía está en crisis, la nuestra va a seguir en crisis, y hay bastantes probabilidades de que el próximo año Estados Unidos entre en una fase de depresión”.

Autora del libro Historia económica de México, Aguirre Covarrubias explica que la depresión que se avecina tendría efectos similares a la de 1929, y detalla la manera en que el comportamiento de la banca incide en este eventual escenario de depresión: “En México el crédito en el último trimestre ha estado decreciendo, incluso lo más fuerte de los bancos comerciales, que es el crédito al consumo, también decreció. La gente no tiene crédito y, como perdió el empleo o tiene menos ingresos, deja de pagar sus deudas. Los banqueros entraron en pánico y prestan menos, y sin dinero ni crédito la gente compra menos. Ante esta situación de ausencia de créditos, desempleo y caída en las exportaciones, no hay propuestas reales del gobierno para reactivar la economía y tampoco se está impulsando la producción nacional”.

Gerardo Esquivel, investigador y docente del Centro de Estudios Económicos de El Colegio de México, dice que “tanto los integrantes del gabinete económico como los analistas han desestimado los efectos de la crisis en México”. Asegura que el país entró ya en una fase de depresión. Explica que ello se observa particularmente en los estados maquiladores como Coahuila, Chihuahua, Baja California y Tlaxcala, donde desde el año pasado iniciaron los despidos masivos.

En mayo pasado, Coahuila se colocó como el estado con el mayor nivel de desempleo del país, con la tasa de desocupación de 8.56 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), seguido de Chihuahua, Aguascalientes y Nuevo León, indica la Encuesta nacional de ocupación y empleo.

La calificadora Standard & Poor’s prevé que, ante la contracción de la economía y la reducción presupuestal, en 2010 serán los gobiernos locales y los municipios los que enfrenten “la prueba más difícil en muchos años” respecto de las decisiones que tendrán que tomar para balancear sus presupuestos ante la que podría ser la mayor reducción de las transferencias federales.

Futuro laboral

Al dar a conocer su última evaluación del impacto de la crisis en la economía mexicana, en junio pasado, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) advirtió que el desempleo continuará por lo menos durante todo 2010. “Seguimos en contracción; los números de desempleo seguirán creciendo principalmente en la región de América Latina”, dijo José Ángel Gurría, titular de ese organismo.

La OCDE calcula que durante 2010 el desempleo en México será del 6.9 por ciento. Raúl Feliz, economista del Centro de Investigación y Docencia Económicas, estima que de concretarse el pronóstico de la OCDE, se perderán en promedio 1 millón de empleos formales. José Luis de la Cruz, investigador del Tecnológico de Monterrey, calcula que con esa cifra más de 3 millones de personas estarían desempleadas.

Este año el desempleo alcanzó su nivel más alto de los últimos 13 años, reveló recientemente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Al mes de mayo, el desempleo afectó al 5.31 por ciento de la PEA –cifra similar al 5.5 por ciento que alcanzó en 1996–; 478 mil 847 mexicanos perdieron su empleo, y se sumaron a los 2 millones de desempleados que hasta esa fecha había en el país.

Cada día, 1 mil 643 mexicanos pierden su empleo: el Banco de México dice que, entre enero y diciembre de 2009, 600 mil mexicanos habrán perdido su trabajo. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), México es el país que este año reportará el mayor nivel de desempleo de la región, seguido por Colombia y Chile; en contraste con países como Brasil, Uruguay y Venezuela que exhiben niveles estables de empleo.

Los sectores más afectados son el industrial, que representa el 15 por ciento de la PEA, y el comercio, con el 20 por ciento.

En sectores como las fábricas de la industria del transporte, el desempleo llega al 21.1 por ciento; los fabricantes de muebles, 14.3 por ciento; la maquinaria, 14.1 por ciento; la industria de la transformación, 8.4 por ciento; los obreros, 9.7 por ciento; los administrativos, 5.1 por ciento anual.

La remuneración promedio para los trabajadores que aún tienen empleo, según el Inegi, ha tenido una contracción real del 1.2 por ciento anual, que incluye la pérdida del 2.7 por ciento de las prestaciones sociales, el 1.8 por ciento en las remuneraciones a los empleados y el 1.3 por ciento al pago que perciben los obreros.

El gran perdedor

El Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (Sela), organismo intergubernamental con sede en Caracas, integrado por 26 países, identifica a México como el más afectado por la crisis económica mundial, originada en Estados Unidos. Esto se debe a la fragilidad económica y la dependencia de su modelo exportador, particularmente hacia el mercado estadunidense. La crisis se propagó a todos los rubros de producción, e incide de manera directa en el empleo.

En su informe La acentuación de la crisis económica global: situación e impacto en América Latina y el Caribe, difundido en mayo pasado, el Sela documenta la falta de certidumbre que los inversionistas tienen de la política económica del gobierno de Felipe Calderón.

Destaca que en tan sólo seis meses, del 22 de abril al 27 de octubre de 2008, la Bolsa Mexicana de Valores sufrió la peor caída de su historia: cercana al 50 por ciento, al pasar el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de 32 mil 39 a 16 mil 868 unidades. Posteriormente, al 1 de enero de 2009, el IPC se ubicó en un máximo de 23 mil 250 puntos. A partir de entonces “continuó con su errático comportamiento dentro de una tendencia gradual a la baja”, lo que la ha llevado a perder en el transcurso de 2009 cerca del 12 por ciento del valor con el que inició el año, para ubicarse en los 20 mil 542 puntos, dice el Sela.

Como parte de la inestabilidad de la economía mexicana, que ha ahuyentado a los inversionistas, el organismo detalla que, en un lapso de siete meses, la moneda sufrió una severa devaluación de más del 50 por ciento en el mercado cambiario con respecto del dólar, al pasar de 9.94 pesos por dólar el 8 de agosto de 2008 a 15.35 pesos por dólar el 11 de marzo de 2009. Si bien a partir de esa fecha el peso comenzó a ganar terreno lentamente, hasta ubicarse en 14.21 unidades por dólar, su depreciación se ha mantenido en más del 40 por ciento.

Por primera vez en 10 años, el Banco de México intervino en el mercado cambiario. Su gobernador, Guillermo Ortiz, subastó en sólo tres días 8 mil 900 millones de dólares (más de la mitad de los 17 mil millones que se subastaron durante todo 2007), y mantuvo una subasta de 100 millones de dólares diarios hasta finales de mayo. A pesar de esa medida, que mermó significativamente las reservas, el tipo de cambio peso dólar alcanzó máximos históricos.

La caída del PIB

En marzo pasado, cuando anunció que el crecimiento económico global caería bajo cero, el director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció que, con tal indicador, 2009 sería el año “de peor desempeño en la vida de la mayoría de nosotros”. La estimación para los países de América Latina y el Caribe era una de contracción en el Producto Interno Bruto (PIB) entre 0.5 y 1.0 por ciento.

Los indicadores del Banco de México, que en diciembre de 2008 auguraban una caída en el PIB del 0.11 por ciento, han tenido que cambiar: el desplome se pronostica hasta menos 6.3 por ciento. La OCDE dice que caerá hasta 8 por ciento, su descenso más profundo desde 1932. En contraste, economías como Perú, Panamá, Bolivia y Cuba crecerán este año 3 por ciento, según la Cepal.

Como consecuencia de la caída del PIB, la pérdida de empleo y la reducción de ingresos, el gasto de consumo privado ha registrado una contracción promedio del 9 por ciento. La OCDE dice que para 2010 se contraerá 6.8 por ciento.

Comercio binacional, factor negativo

En su informe La acentuación de la crisis económica global: situación e impacto en América Latina y el Caribe, el Sela dice que otra de las razones por las cuales la crisis ha impactado de manera más significativa a México que al resto de los países de la región es su dependencia del comercio binacional.

En 2008, el Banco Mundial (BM) advirtió que la crisis impactaría severamente el comercio exterior de los países latinoamericanos y caribeños. Las exportaciones caerían alrededor de 2.1 por ciento y las importaciones, 3.9 por ciento. Se alertó que el país más afectado sería México, ya que destina al mercado estadunidense el 84 por ciento de sus exportaciones y el 54 por ciento de sus importaciones.

Uno del los sectores más impactados es el automotriz. En lo que va del año las exportaciones, que representan el 55 por ciento de esa industria, han caído 41.5 por ciento, de acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz y de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. La producción total se ha desplomado 41.7 por ciento y las ventas nacionales, 30.6 por ciento.

Otro sector afectado es el del petróleo, que constituye el 16 por ciento de las exportaciones. En el primer trimestre del año Petróleos Mexicanos registró una pérdida neta de 1 mil 900 millones de dólares, comparados con la utilidad neta de 3 mil 300 millones obtenidos en el mismo periodo del año anterior. Al igual que el petróleo, materias primas como el cobre, la soya, el café, el azúcar, el maíz y el trigo también han sufrido significativos decrementos en su precio en el mercado internacional.

María Teresa Aguirre Covarrubias destaca que uno de los errores del gobierno de Calderón ha sido dar la espalda al mercado latinoamericano, al que destina sólo el 4 por ciento de sus exportaciones. “El gabinete económico está muy convencido del modelo exportador que recibieron y, aunque este modelo se está cuestionando en todo el mundo, acá no se ha hecho ninguna vinculación con América Latina, no se busca la manera de colocar allá los productos mexicanos. Por estar volcados en el mercado estadunidense, se olvidaron del latinoamericano que ahora es el más estable”.

El Sela dice que los acuerdos regionales, como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América son los que han permitido a los países de Centro y Suramérica sortear la crisis.

Para la investigadora de la UNAM, las políticas gubernamentales se han centrado, “erróneamente”, en generar estímulos a las exportaciones como motor de la economía, por ello, “se deprimieron los salarios para supuestamente hacer más competitivas las exportaciones, por eso la canasta básica se encareció y los salarios se mantienen sin aumento. Pero esa política no está dando buenos resultados y lo único que genera es más pobreza”.

La acentuación de la pobreza

Más de 50 millones de mexicanos padecen pobreza y en los próximos meses la cifra podría crecer, como alerta el Banco Mundial: al concluir este año, unos 200 millones de personas en el continente habrán caído en pobreza, como consecuencia de los aumentos en los precios que entre 2008 y 2009 han registrado los alimentos y combustibles.

Antonio Bolaños, investigador de la UNAM, especialista en finanzas públicas y pobreza extrema, dice que, “en este escenario de crisis, los programas del combate a la pobreza deberían tener un mayor gasto público. Las medidas para conservar el empleo deben ser más profundas y las políticas en relación al salario deben corregirse. No ha ocurrido así, y lo que tendremos al final de esta crisis es que será más profunda la disparidad entre los ricos y pobres”.

Evalúa que, “ante la falta de medidas anticíclicas, la crisis anulará toda posibilidad de que millones de mexicanos puedan mejorar su calidad de vida. Muchos de ellos, que tenían ingresos regulares, prácticamente caerán en la pobreza, y de los millones que ya estaban en pobreza extrema, su situación se agravará aún más. Es decir, el futuro es el subdesarrollo y un franco retroceso económico, político y social”.

El doctor en economía Gerardo Esquivel destaca que dentro del “mal diagnóstico” que el gabinete de Felipe Calderón ha hecho de la crisis “no está considerando el impacto social, lo cual es un error muy grave”. Explica: “Es muy preocupante que no hay una conciencia clara de que estamos en la crisis más grave de los últimos 80 años, que la caída del empleo parece imparable y ello obviamente va a traer severas implicaciones sociales”.

Alerta que “los impactos sociales que deja una crisis no se ven inmediatamente, sino con cierto rezago, porque cuando una persona pierde el empleo, pasa meses tratando de incorporarse al mercado laboral, si no lo logra, vienen los problemas personales, sociales, conductas antisociales. Eso es lo que vamos a ver al final del año, pero sobre todo en 2010. Ante la incapacidad del gobierno de generar posibilidades de empleo suficientes para incorporar a toda la población al mercado laboral, se generará un caldo de cultivo propicio para la inestabilidad social, y esto se ha subestimado por completo”.

Durante una reciente reunión en Montreal, Dominique Strauss-Kahn, director gerente del FMI, advirtió que la crisis económica “fácilmente puede conducir a disturbios sociales, inestabilidad política e incluso la guerra”.

El ámbito fiscal

La calificadora Standard & Poor’s ha dicho que podría bajar las calificaciones de México “si el gobierno no resuelve en este año los factores que limitan su margen de maniobra fiscal. Tensiones adicionales sobre su posición de financiamiento externo, tales como las derivadas de los problemas en los sectores bancario o corporativo, también presionarían a la baja las calificaciones”.

Adelanta que hay altas posibilidades de que el Congreso “no resuelva adecuadamente la falta de flexibilidad en la política fiscal de México”. Por ello, calcula que durante 2010 la posición fiscal del país se verá aún más deteriorada ante la dependencia presupuestaria de los ingresos petroleros, la ausencia de ahorros fiscales significativos y una baja base tributaria no petrolera. Aunado a que, según sus estimaciones, el próximo año la deuda externa de México (neta de activos líquidos) tenderá a situarse por arriba del 40 por ciento de los ingresos de la cuenta corriente.

“También esperamos el deterioro en la posiciones fiscales y externas de México”, dice José Covallari, director de calificaciones corporativas de Standard & Poor’s.

Gerardo Esquivel observa que el país debe aplicar “programas agresivos”, sobre todo en el ámbito fiscal. “Que (las autoridades) actúen ya y que vean en América Latina una opción real de comercio exterior”.

Caen remesas

Como consecuencia directa de la crisis económica y la falta de empleo en Estados Unidos, en mayo pasado México registró la caída del 19.8 por ciento en el envío de remesas –la principal fuente de divisas después del petróleo–, la más baja de los últimos 12 años, según estimaciones del Banco de México.

El presidente de la Reserva Federal de Boston, Eric Rosengren, advirtió –durante una conferencia de prensa en Bruselas, en junio pasado– que el desempleo en Estados Unidos se incrementará en 2010, cuando llegue al 10.1 por ciento. En tanto, los informes de organismos internacionales señalan que al ser México el principal receptor de remesas, según cifras del Banco Mundial, será también el más afectado. El Fondo Monetario Internacional pronostica que el próximo año caerá en 10 por ciento el envío de remesas al país.

El Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (Sela) señala que en los últimos dos años miles de mexicanos en Estados Unidos perdieron su empleo, vieron reducidos sus ingresos o fueron víctimas directas de la crisis del sector hipotecario: un informe del Centro para Aprendizaje Responsable estima que una de cada 12 hipotecas que se concedieron a hispanos (casi la mitad mexicanos) en 2005 y 2006 terminará en un embargo hipotecario.

Desde 2007, en los primeros meses de la crisis, el crecimiento de las remesas comenzó a debilitarse. En 2008 prácticamente no aumentaron, sin embargo continuó su envío, porque la mayoría de migrantes echó mano de sus ahorros para compensar el desempleo y la caída de sus ingresos, documenta el Sela. Pero ya en 2009 los envíos registraron una reducción del 5 por ciento: 448 mil 913 hogares mexicanos (casi una cuarta parte de los receptores) dejaron de recibir remesas. La pérdida para México ascendió a 1 mil 600 millones de dólares, que corresponde al 0.2 por ciento del Producto Interno Bruto.

El estudio Recesión global, migraciones y remesas: efectos sobre las economías de América Latina y el Caribe, elaborado por el Sela y difundido recientemente, indica que México es el país más afectado por la caída de remesas (seguido de Colombia). Entre 2007 y 2009, los receptores –que dependen en gran media de ese ingreso– registraron pérdidas de hasta el 65 por ciento de sus ingresos. Además, los ahorros de los migrantes cayeron en promedio de 4 mil 600 dólares en 2007 a 3 mil 500 dólares en 2008, y a 2 mil 500 dólares en 2009.

En términos de índices de desempleo, los migrantes de México y Centroamérica –en ese orden de incidencia– han sufrido de manera desproporcionadamente mayor que los de otras regiones. En 2008, el desempleo de los connacionales alcanzó el 7.70 por ciento, ello debido a que el 43 por ciento se desempeña en los sectores devastados por la crisis: industria y construcción. De acuerdo con datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, hasta el año pasado los migrantes mexicanos ocupaban 13 de cada 100 empleos en el sector de la construcción y siete de cada 100, en el industrial.

Aunado a ello, indica el Sela, “aumentó el sentimiento de rechazo contra los inmigrantes y, también, las deportaciones efectuadas por el gobierno”. En una encuesta elaborada por el Sela, la tercera parte de los migrantes encuestados señaló que las redadas y otras acciones relacionadas han afectado sus envíos de remesas, por el hecho de que los funcionarios policiales y las empresas exigen documentos de identificación. (ALP)

Aumenta cartera vencida en bancos

Luego de que entre 2003 y 2007 los bancos otorgaron indiscriminadamente tarjetas de crédito, constriñeron los préstamos. Ante la falta de liquidez, registran históricas suspensiones de pago del 11 por ciento promedio en sus carteras, de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Al mes de mayo, según datos de la CNBV, la cartera vencida por tarjetas de crédito sumaba 33 mil millones de pesos (MDP). La de crédito a la vivienda, 300 mil MDP; la cartera de crédito al consumo, 426 mil MDP.

Además, la cartera vigente de consumo presentó una disminución de 2.12 por ciento, con un saldo de 385 mil MDP; mientras que el saldo vencido se elevó 4.76 por ciento, a 41 mil MDP; esto hizo que el índice de morosidad llegara a 9.62 por ciento. Desde finales del año pasado, algunos bancos hablaron de planes de reestructuración para disminuir la tasa de morosidad. (ALP)

La Secretaría de la Función Pública ha inhabilitado 684 compañías por irregularidades penales, fiscales, administrativas y de desempeño, pues presentan fianzas, pólizas y facturas apócrifas, incumplen contratos y mienten sobre su situación fiscal en los procesos de contratación de 264 dependencias y entidades de la administración pública federal, principales compradoras de insumos, arrendamientos y servicios, entre las que destacan, por el volumen de compras, Pemex y el IMSS

En su afán de recibir contratos gubernamentales, algunas empresas incurren en irregularidades: desde mentir sobre su situación fiscal, justificar su incumplimiento contractual o simular la competencia, hasta ilícitos del orden penal como el uso de documentos apócrifos para acreditar fianzas, pólizas o recibir pagos adicionales. El mal desempeño de los contratistas de gobierno es identificado por Transparencia Internacional como uno de los factores que fomenta la corrupción y contribuye al irregular manejo de los recursos públicos.

Estas prácticas “afectan directamente al bienestar de toda la sociedad”, señala la organización en su estudio Contrataciones públicas en América Latina: nueve informes de país miden riesgo de corrupción, en el que explica que las irregularidades en la contratación pública conducen a “la distorsión de una justa competencia empresarial, al malgasto de recursos escasos, al abandono de las necesidades básicas, a la perpetuación de la pobreza y desigualdad”.

Según sus estimaciones, los países de todo el mundo gastan en promedio hasta un 70 por ciento de su presupuesto en contratos públicos, relacionados con la provisión de bienes, obras o servicios y alcanzan los 4 billones de pesos cada año. De esta cifra, calcula Transparencia Internacional, entre 10 y 25 por ciento, es decir, hasta 1 billón de pesos, “se pierde por corrupción”. En algunos casos, la cifra puede alcanzar hasta el 40 y 50 por ciento del valor del contrato.

El organismo internacional ubica a México entre los primeros del orbe en niveles de corrupción, práctica que involucra las contrataciones gubernamentales. No obstante, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha impuesto apenas 684 sanciones en lo que va del sexenio de Felipe Calderón; de éstas, casi el 30 por ciento ha logrado ampararse contra el impedimento a recibir contrataciones. Ello se deriva en parte de lo burocrático del proceso desde que los órganos internos de control radican una irregularidad, hasta que resuelven la inhabilitación. Una vez inhabilitada, la empresa puede obtener amparos temporales o definitivos contra la aplicación de la ley.

Si una compañía agota todas las instancias, el proceso para su inhabilitación “en firme” puede llevar hasta cinco años, explica en entrevista César Chávez Flores, director general de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas de la SFP.

La dilación y laxitud en las sanciones son para algunos contralores los principales obstáculos para sanear la contratación pública, pero sobre todo para inhibir la reincidencia. Al respecto, Marco Antonio Díaz, quien durante más de 10 años se desempeñó como contralor de la SFP en distintas entidades del gobierno federal, explica: “El primer problema es la oportunidad de la sanción: se sanciona como tres años después de que pasó la situación y, durante todo ese tiempo, la compañía sigue recibiendo contratos. El segundo es la ejemplaridad y la oportunidad de la acción, y esa no se aplica. Por ejemplo, en asuntos tan delicados como el uso de documentos falsos, es deber de cada entidad remitir el asunto a la procuraduría, ya que esa situación constituye un fraude y a quien lo comete se le debe inhabilitar, pero sobre todo sancionar penalmente, y no ocurre así, todo se reduce a la sanción de la contraloría”.

César Chávez coincide con el impacto negativo de la dilación en los procesos de inhabilitación. “Si hay una empresa que incurrió en un acto ilegal, debe ser sancionada como una forma correctiva. Si la sanción no se hace efectiva, sino después de mucho tiempo, por todos los medios de defensa con que cuenta la empresa se está difiriendo el impacto de una sanción, y, por tanto, la posibilidad de que se evite la impunidad”.

La ley indica que para que un proveedor pueda participar en una licitación, invitación o adjudicación directa debe estar al corriente de sus obligaciones fiscales. Ésta es la falta de mayor incidencia de los proveedores del gobierno federal, según el registro de la SFP, le siguen el uso de documentos apócrifos, el incumplimiento de contratos y la negativa a formalizar contrataciones adjudicadas.

Las sanciones

La inhabilitación más larga, por cinco años, la enfrenta Importaciones, Productos y Servicios. Ésta fue impuesta por el Órgano Interno de Control (OIC) en Pemex Petroquímica (de octubre de 2008 a octubre de 2013), porque “proporcionó información presuntamente falsa al señalar que los extintores Ansul, modelo Red Line, poseían 29 segundos de tiempo de descarga, cuando en realidad eran de 51 segundos y logró que el 23 de octubre de 2006 se le adjudicara el contrato CB-400-RM40002047/06”.

También, por cinco años (de noviembre de 2008 a noviembre de 2013), el OIC de la Secretaría de Educación Pública inhabilitó a Limpieza y Fumigaciones Especializadas. El expediente 0006/2004 documenta que presentó una póliza de responsabilidad civil supuestamente falsa. Se le impuso una multa de 1 millón 357 mil 200 pesos.

Le sigue Mexicana Digital de Impresión, inhabilitada en marzo de 2008 por un periodo de cuatro años 11 meses por la contraloría interna en Nacional Financiera, porque “actuó con dolo y mala fe durante la vigencia de los contratos de prestación de servicios 167/03 y 0020, cuyo objeto fue proporcionar servicios de impresión y entrega de reportes de cómputo central”.

Por cuatro años también, en octubre de 2007 se inhabilitó a Actitud Positiva en Toner, proveedora de insumos de cómputo de secretarías de Estado, institutos de salud, órganos desconcentrados y paraestatales. La contraloría interna del Instituto de Seguridad y Servicio Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) determinó que presentó documentos falsos de las empresas que supuestamente garantizaban el abasto de los bienes ofertados.

Ese mismo mes inhabilitó por cuatro años al Grupo Constructor Cinco, derivado del expediente 0032/2007, que documenta que “no cumplió con el avance de obras programado, carecía de materiales y personal para realizar la obra e injustificadamente suspendió totalmente la ejecución de los trabajos”. En marzo de 2008 inhabilitó por cuatro años a Grupo Ariesa (proveedora de servicios inmobiliarios), por el supuesto uso de documentos falsos.

Prácticas fraudulentas

El uso de documentos apócrifos para respaldar experiencia, cubrir una fianza o póliza o cobrar montos adicionales son prácticas usuales de los contratistas del gobierno, e involucra a quien incurre en ella en un supuesto delito penal. Agencias de viajes, compañías de servicios petroleros, constructoras e inmobiliarias se ubican entre las proveedoras con mayor incidencia, revela la SFP.

En junio de 2007 el OIC en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) inhabilitó por tres años a Constructora Greicon, contratada para la reconstrucción de carreteras, por el uso de fianzas apócrifas, acreditado en el expediente 0003/2007. Ese mismo año fue inhabilitada por segunda ocasión al comprobarse la misma irregularidad.

En abril de 2008 el OIC en el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) inhabilitó por tres meses a Rixa Fumigaciones, que presentó una supuesta fianza apócrifa de Afianzadora Insurgentes para el contrato CS/015/2008. En diciembre, el OIC en Pemex Exploración y Producción (PEP) inhabilitó por un año a Constructora Robhe por el uso de pólizas de cumplimiento y de responsabilidad civil supuestamente falsas, para respaldar su contrato 418813859.

En marzo pasado la SFP inhabilitó por un año a Viajes Contoy, porque “proporciono información falsa y actuó con dolo al haber presentado fianza expedida por Afianzadora Insurgentes, siendo que la misma no correspondía a las registradas en esa afianzadora”.

En abril, el OIC en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) inhabilitó a Materiales y Construcciones Bairev, derivado de los expedientes 0145/2008 y 0146/2008, en los que documenta que “presentó pólizas de fianza presuntamente falsas en el procedimiento de contratación”.

Proveedores fantasma

En la industria petrolera es común que las compañías usen documentos apócrifos de sus supuestos proveedores para respaldar sus propuestas técnicas y económicas. Algunas empresas inhabilitadas son: Proveeduría y Comercializadora Hernández Estrada, en Pemex Petroquímica; Grupo González Priego y Glez Construcciones, en Refinación.

El pasado 23 de abril, el OIC en PEP inhabilitó a Saint Martin Construcciones por “uso de documentación apócrifa para participar en una licitación”. El día 29, a Promotora Ambiental del Sureste, por la misma irregularidad, según el expediente 0153/2008. En mayo, el OIC en Refinación inhabilitó a Comercializadora Industrial Veracruzana por presentar “documentación falsa”, misma que, según la contraloría, no fue reconocida por las empresas que supuestamente la expidieron.

También usan cédulas profesionales apócrifas para acreditar a su personal: en lo que va del año se ha inhabilitado a Construcciones y Recubrimientos Uva, Koper’s, SA de CV, Servicios Industriales de Tula, Sisa Servicios Industriales, Mexcolurs Internacional, y Proyectos y Cimentaciones Tacana.

Licitaciones dudosas

El auditor Marco Antonio Díaz dice que para sanear las contrataciones públicas “se tienen que conjugar los pecados de los proveedores con los pecados de los funcionarios”. Explica que entre el 40 y 50 por ciento de los casos que integran las contralorías involucra a servidores públicos en corresponsabilidad con los contratistas, “ya sea por complicidad u omisión”, pues “su obligación es cerciorarse que desde la fase de la licitación se actúe con apego a la ley, y la omisión también es corrupción”.

Muchas inhabilitaciones de la SFP derivan del uso de documentos apócrifos durante el proceso de licitación o la formalización de los contratos. Por ejemplo, en marzo de 2007 el OIC en la Secretaría de Relaciones Exteriores inhabilitó a Electro Industria, porque “presentó documentación falsa en su propuesta técnica en la licitación pública para la adquisición de material de ferretería y eléctrico”. En septiembre de ese año, el OIC en el ISSSTE inhabilitó a Azteca Seguridad Privada (expediente 0010/2006), porque “proporcionó información falsa”.

El 22 de febrero de 2008, el OIC en PEP le rescindió a Servicios de Protección Ecológica el contrato 414103809, por el mismo motivo; se le inhabilitó por un periodo de dos años y seis meses (expediente 0166/2004). En mayo, a esa misma compañía se le rescindió el contrato 414103832, toda vez que “en el proceso de licitación y durante la vigencia del contrato, proporcionó información falsa”; se le inhabilitó también por 30 meses.

La misma irregularidad llevó a las contralorías en ASA, SCT, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), PEP y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a inhabilitar a las proveedoras Servicio de Medición y Control, Desarrollos Codev, Construcciones y Desarrollos Burban, Constructora Angula, Proveedora Pydda, y PD Oilfield Services.

En febrero pasado, el OIC en el ISSFAM inhabilitó al Grupo Proveedor de Suministros, porque el 18 de agosto de 2008, en la invitación internacional abierta A/I3P/08 para la adquisición de consumibles de cómputo, presentó una carta respaldo de Hewlett-Packard de México “apócrifa, hecho que fue sustentado por el representante legal” de HP.

Hay empresas que usan documentos falsos para acreditar su experiencia. Por esa causa, en abril de 2007, el OIC en Petroquímica inhabilitó a Construcciones Especializadas Miral. Y en marzo pasado, el OIC en Luz y Fuerza a Constructora Spectrum, ya que “anexó copia de un supuesto contrato celebrado con Productores de Leche Pura, SA de CV, empresa (que) niega haber tenido relación comercial con el proveedor”.

Ya en la ejecución de los contratos, también es común falsificar documentos para acreditar los trabajos. La contraloría detectó en la Comisión Nacional del Agua que los proveedores Iván Carmona Maury, Diana Carmona Álvarez y Manufacturera Textil Superior entregaron cuatro reportes de laboratorio supuestamente emitidos por Intertek Testing Services de México, laboratorio certificado, mismo que negó haberlos emitido y acreditó el fraude. Fueron inhabilitados por 17 meses, 14 meses y 19 meses, respectivamente, por “falsificación en su contenido, firma y papelería”.

Otras usan facturas alteradas o apócrifas para cobrar montos adicionales, como Ferrovial del Istmo, inhabilitada por la contraloría en Petroquímica, de marzo de 2008 a septiembre de 2009.

Incumplimiento contractual

Transparencia Internacional considera el incumplimiento contractual como un foco rojo de posible corrupción por factores como haber contratado a una empresa sin capacidad técnica y económica para los bienes o servicios encargados, o sin que cubriera los requisitos de ley. Esto, además, según la organización, impacta directamente en las finanzas públicas y a la población cuando se trata de obras sociales.

En la SFP el incumplimiento contractual es un motivo de inhabilitación. La sanción más larga es la que aplicó el OIC en Luz y Fuerza a Vosper Thornycroft Controls, inhabilitada del 30 de noviembre de 2006 al 30 de agosto de 2011 (expediente 0119/2005).

Otras, inhabilitadas por la entrega de bienes fuera de tiempo, de bienes o servicios distintos a los contratados, o por el abandono parcial o total de los trabajos, según la SFP, son: Corporación Mueblera y Comercial Azteca, Corporativo Hatum, Tubos y Aceros, Corporación de Ingenieros Civiles y Arquitectos Mexicanos, Suministros Internacionales de Equipos, Bicideporte Casa Rosas, Comercializadora de Medicamentos Spite, Uniforme y Calzado Risars, Tel Cast, y Novedades Siglo XXI.

Un caso peculiar es el de Constructora Nac, que incumplió un contrato que le adjudicó la Procuraduría General de la República; se le autorizaron convenios modificatorios y adicionales y todo lo incumplió, así que en enero de 2008 se le inhabilitó por 18 meses.

El que un contratista no cumpla con sus obligaciones también puede tornarse en quebranto patrimonial. Por ejemplo, según acreditó la contraloría en el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), la compañía Servicios en Seguridad Privada, Jurídicos y Contables “permitió la entrada de personas ajenas al inmueble de la delegación del Conafe en Hidalgo, generando la sustracción de diversos bienes y títulos nominativos que fueron cobrados el día 31 de julio de 2007”. En mayo de 2008 se le inhabilitó (durante siete meses) por incumplimiento al contrato AD11150016-002-07-A.

Hay otros casos de compañías que atrasan la entrega de bienes o servicios para obtener un incremento al pago. Por ejemplo, la contraloría en la Secretaría de Economía inhabilitó a Comercializadora Trebón de enero a abril de 2009, porque no entregó los insumos pactados, argumentando cotizaciones erróneas: alegó que el precio acordado equivalía apenas al 33 por ciento del costo.

Práctica que se pasa por alto por la mayoría de las contralorías, la subrogación es considerada también incumplimiento contractual. Hasta ahora, sólo SYS Construcciones ha sido inhabilitada por esta causa –en abril de 2008– por el OIC en Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) (expediente 0202/2006), ya que “incurrió en violaciones al artículo 47 de la LOPSRM (Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma), porque otra compañía hizo los trabajos que se le encomendaron”.

Competencia simulada

Otra práctica contraria a las leyes que regulan la contratación del gobierno es la simulación de la competencia: cuando las empresas que participan en una licitación acuerdan por lo bajo las propuestas técnicas y económicas o cuando en un concurso participan dos o más compañías del mismo consorcio o capital accionario.

Para los auditores, la simulación “es el segundo rubro que requiere mayores mecanismos de control, porque muchas empresas se conjugan para imponerle a la entidad precios encarecidos ilegalmente”, dice Marco Antonio Díaz.

César Chávez coincide en que la confabulación entre los contratistas “es otra forma de actuar con dolo para simular un concurso que en realidad no existe”. Se trata, explica, “de la colusión entre los hipotéticos licitantes con la finalidad de inflar artificialmente los precios o para repartirse el mercado, y eso, además de ser una conducta infractora de la Ley de Adquisiciones, es infractora de la Ley Federal de Competencia”.

“No es tan fácil detectar ese tipo de acuerdos anticompetitivos y que implican una actuación deshonesta, dolosa por parte de los licitantes, pero sí mantenemos una supervisión y un acuerdo incluso con la propia Comisión Federal de Competencia para revisar que las licitaciones públicas y los modelos a través de los cuales se licita no permitan ese tipo de acuerdos”, explica.

La contraloría en Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) es la que más inhabilitaciones ha hecho por esa causa.

Se trata de concursos por invitación, donde las compañías presentaron propuestas técnicas y económicas con el mismo contenido y forma: “Con igual redacción, signos gramaticales y errores ortográficos, que hace presumir un posible acuerdo entre ambas”, concluyen los dictámenes de inhabilitación de Protección Ambiental Internacional, Diseño y Construcción de Tanques y Líneas, Mecánica Industrial y Transformación, Suministro de Insumos del Sureste, y Filtración Industrial Especializada.

Los casos más recientes: en marzo inhabilitó a Rafael Veytia Gaytan (expediente 0005/2009), ya que “actuó con mala fe al presentar documentación con similitudes en sus propuestas con el proveedor Antonio González Cruz”; y a Apolinar González Palma (expediente 0091/2008), porque en el proceso de contratación número CSGR161/08 “presentó documentos iguales en contenido y forma a las demás empresas participantes”.

César Chávez Flores, de la SFP, agrega que un problema frecuente es el de las compañías que, una vez que se les ha adjudicado un contrato o una partida presupuestal, se niegan a suscribirlo por causas imputables a ellas, “principalmente cuando sólo se les entrega una parte del presupuesto y consideran que no les conviene”. Empero, ello impacta en la gestión de recursos y, sobre todo, en la ejecución de proyectos o cobertura de servicios. La inhabilitación por este motivo alcanza los tres meses.

Un caso explícito fue el de Distribuidora Eléctrica Calafia, que “no formalizó el contrato que le fue adjudicado (por la CFE), argumentando que no era de su conveniencia económica la adjudicación por partidas, sino por paquete completo”. Se le inhabilitó entre abril y julio de 2008. Las sancionadas en lo que va del año son Ingeniería de Sistemas Aplicados, Heartcat, Ingeniería Ambiental Integral, y Grupo Industrial Predent.

Las reincidencias

En menos de dos años, Hipertecnología en Computación fue inhabilitada en dos ocasiones. La primera por el OIC en el Instituto Nacional de Pediatría (de abril de 2008 a abril de 2009), por no formalizar el contrato P/S/M/7/3/2007, y en marzo pasado por el OIC en Agroasemex, porque “presentó información falsa de sus obligaciones fiscales”.

En julio de 2006, el OIC en ASA inhabilitó por tres meses a Grupo Servicios Unidos en Máquinas Automáticas, por “no estar al corriente en sus obligaciones fiscales”. En abril de 2008, porque “presentó información falsa de resultados de tela falsos”.

En diciembre de 2006, el OIC en el ISSSTE inhabilitó por seis meses al Grupo de Profesionales en Mantenimiento, por no formalizar el contrato DRP/LP110/110/05. En marzo de 2008 lo inhabilitó hasta octubre de 2010, porque incumplió con los reportes y facturación del contrato que le fue asignado un contrato.

La compañía Espárragos Inoxidables de México fue inhabilitada durante seis meses en febrero de 2006 porque no formalizó un contrato adjudicado por Pemex Refinación (expediente 0135/2004); en enero pasado, por no formalizar uno que le asignó PEP.

Un caso peculiar es el de la proveedora de medicamentos Buffington’s de México. Se le abrieron cuatro expedientes (0013/2005, 0007/2005, 0203/2006, 0073/2006) por no formalizar los contratos D40366, D40802, D50086, que le adjudicó el IMSS y, porque según la contraloría, “presentó información falsa respecto de encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales”. Se le inhabilitó de junio a septiembre de 2007, luego de marzo a junio de 2009.

La reincidencia también es frecuente en el uso de documentos apócrifos, aunque se trata de un delito penal. Es el caso de Arrendadores y Servicios del Sur, inhabilitada por la SCT para el periodo de diciembre de 2006 a diciembre de 2009, porque proporcionó una póliza de garantía apócrifa. En enero de 2007 la inhabilitó para el periodo de febrero de 2007 a febrero de 2011, por la misma causa.

A sabiendas de que están inhabilitadas, algunas compañías participan en procesos de licitación, lo que podría derivar en nuevas sanciones. En diciembre de 2005, el OIC en el ISSSTE había inhabilitado a Corporativo Nacional Mexicano (expediente 0048/2005), porque “proporcionó información falsa respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales”. En marzo de 2007 la inhabilitó de nuevo porque licitó sin haber pagado la multa de su inhabilitación. En diciembre de ese año, la misma contraloría inhabilitó año a Kanmlimp, porque “presentó propuesta en una licitación pública a sabiendas de que se encontraba inhabilitada por la Secretaría de Desarrollo”.

En julio de 2007, Corporativo de Servicios Empresariales y Gastronómicos fue inhabilitada durante tres meses por el OIC en la Secretaría de Gobernación, tras acreditarse que la compañía firmó un contrato para el servicio de alimentos, “a sabiendas de que estaba impedido por encontrarse inhabilitada por el área de responsabilidades del Instituto Nacional de Bellas Artes”.

En julio de 2008, el OIC en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación inhabilitó a Ferretería Modelo México durante tres meses, porque en marzo de ese año participó en una licitación pública aunque estaba imposibilitada por la contraloría en la SRE.

Recientemente, la contraloría en el IMSS sancionó a Reactivos y Aparatos Químicos, para el periodo de marzo de 2009 a junio de 2012 (expediente 0527/2008), ya que “se condujo con falsedad y dolo al actuar como interpósita persona y ubicarse en la hipótesis prevista en la fracción VII del articulo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público”, relativo a que socios inhabilitados no pueden participar de las contrataciones del gobierno.

Dolo y mala fe

En julio de 2007, el OIC en el ISSSTE inhabilitó a Erik Zenón Molina, quien supuestamente “actuó con dolo y mala fe al pretender cobrar el cheque número 0010167, teniendo pleno conocimiento de que se encontraba alterado, durante la vigencia del contrato CT-01210083004”.

En agosto de 2008, la contraloría en el IMSS inhabilitó por dos años a la firma Alfonso Marhx, SA de CV, “ya que actuó con dolo ante la delegación estatal en Puebla del IMSS, con motivo de la licitación publica nacional 00641237-061-07, ya que presentó carta de respaldo de su propuesta técnica que resultó ser apócrifa”.

En diciembre, el OIC en PGPB inhabilitó por seis meses a Gauss y Jib, SA de CV, que le proporciona servicios de construcción, por actuar “con dolo y mala fe” durante una contratación. (ALP)

El impacto social de la corrupción

Las irregularidades en la contratación gubernamental impactan directamente a los grupos más vulnerables de la sociedad en la provisión de servicios.

Transparencia Internacional documenta que los países en desarrollo “son, a menudo, los grupos de la sociedad más vulnerables que acaban pagando por la existencia de corrupción en la contratación pública, ya que son los que más necesitan de políticas públicas y servicios”.

Detalla que: “Si, por ejemplo, un puente se rompe porque el contrato para su construcción se aprobó de forma ilegítima a una empresa no capacitada, o si los niños en edad escolar no tienen acceso adecuado a materiales didácticos porque los fondos del gobierno destinados a la compra de libros de texto son desviados por individuos deshonestos, es evidente que las víctimas de estas prácticas corruptas son los ciudadanos”.

Un ejemplo es la contratación que la Sedesol hizo con Ramírez Mantilla y Asociados, en noviembre de 1998, para la construcción de 215 viviendas para los grupos indígenas de la Reserva Territorial de Atlixcayotl, Puebla, pero sólo construyó 179. La Sedesol le otorgó una prórroga y tampoco cumplió. Fue casi una década después de que se le asignara el contrato que la contraloría interna la inhabilitó, de mayo de 2007 a octubre de 2009.

Otro caso es el de Jaesvi. Según el Órgano Interno de Control en Pemex Exploración y Producción, incumplió el contrato 416903834 “para la construcción de caminos de acceso y localizaciones de desarrollo Tepetitán nueve y 11, del programa estratégico de gas del Activo Integral Macuspana”, lo que impactó en la producción de la paraestatal. Por ello (expediente 0355/2005), se le inhabilitó de diciembre de 2008 a junio de 2010.

Las irregularidades de las prestadoras de bienes o servicios a los sistemas de salud pública se cuentan entre las más riesgosas por el área de trabajo que involucra. Farmacéuticas, distribuidoras, importadoras, laboratorios no están exentos de contravenir la ley, lo cual, en muy pocos casos les ha valido su inhabilitación principalmente en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

El registro de la Secretaría de la Función Pública revela casos de laboratorios que mienten respecto de la composición química de sus productos. Por esta causa se ha inhabilitado a la trasnacional World Lab y la Distribuidora Ceppi.

En noviembre de 2007, dicha contraloría inhabilitó durante tres meses a Proclinics (expediente 0453/2004), por supuesta “falsedad al manifestar que sus productos cuentan con 50 por ciento de contenido nacional”. El 14 de enero de 2008, la inhabilitó por segunda ocasión (expediente 0191/2004), para el periodo de enero de 2008 a mayo de 2010, porque “presentó carta apócrifa de la empresa Cepillería y Aseo Real como respaldo de su propuesta técnica en la licitación publica internacional número 00641139-075-03”.

En noviembre de 2008 (expediente 0142/2007), inhabilitó a Prodifarma Promociones y Distribuciones Farmacéuticas, entre el 19 de noviembre de 2008 y el 19 de mayo de 2011, porque “proporciono información falsa al respaldar su propuesta técnica con un registro sanitario cancelado o revocado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios”.

También, al Instituto Regional de Tratamiento del Cáncer (de noviembre de 2008 a abril de 2010), porque “actuó con dolo al manifestar que contaba con todos los equipos para proporcionar servicios de radioterapia y braquiterapia, cuando en realidad carecía de la fuente radioactiva para su funcionamiento”.

En febrero pasado, inhabilitó del 2 de marzo de 2009 al 2 de junio de 2011 al Grupo Mexlab, que surte al Instituto de Productos Médicos y de Laboratorio, ya que “presentó un registro sanitario apócrifo”.

El caso más reciente: la contraloría interna en el Instituto Nacional de Pediatría inhabilitó, de mayo de 2009 a mayo de 2010, a Cel Medical Distribución, porque “ofertó un equipo que analizaría el componente de la bilirrubina y se comprobó que no es así”. (ALP)

Directivos de la compañía de mensajería y paquetería Estafeta responden a las observaciones que la Auditoría Superior de la Federación les hizo dentro del informe a su revisión especial por servicios prestados por autoridades aeronáuticas a las líneas aéreas mexicanas concesionadas, que durante 2007 operaron en territorio mexicano

En febrero pasado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo pública su revisión a la cuenta pública 2007, en la cual incluyó la auditoría especial que hizo respecto de las aerolíneas regulares que operaron en el mercado mexicano durante ese año.

Dentro de sus resultados, publicados por Fortuna en abril pasado, la ASF solicitó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) que auditara a las 18 firmas concesionadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Dirección General de Aeronáutica Civil), y a los órganos internos de control abrir indagatorias al SAT.

Fortuna solicitó al SAT información sobre las observaciones que le hiciera la ASF, sin que hasta la fecha haya una posición al respecto. En entrevista, Ingo Babrikowski, director general de Estafeta Mexicana, y José Antonio Armendáriz, del Grupo Estafeta, explican que su situación tributaria es completamente regular.

En 2008 Estafeta tributó 134 millones de pesos de ISR/IETU; 96 millones de pesos en seguridad social y 341 millones de pesos de Impuesto al Valor Agregado.

La ASF detectó un supuesto faltante en el pago de derechos que recepcionó el Servicio a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam) en 2007 y pidió al SAT auditar a las aerolíneas.

Respecto de sus pagos de derechos por el uso, goce y aprovechamiento del espacio aéreo mexicano al Seneam, los directivos de Estafeta exhiben documentos de las cuotas pagadas al área adscrita a la SCT.

Respecto de sus cuotas patronales, la compañía tiene a sus trabajadores en los padrones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). José Antonio Armendáriz explica que “nosotros tenemos a todo nuestro personal, tanto de tierra como del aire, registrados ante el IMSS.

El Grupo Estafeta está formado por varias empresas, una que maneja la distribución, otra la aérea, otra la comercial, las inmobiliarias y de servicios, y el personal de todas está en orden en cuanto a sus obligaciones tributarias, incluyendo sus obligaciones de seguridad social y prestaciones en general; la auditoría podría revisar los registros de cada una”.

El director general explica la política de Estafeta: “Nadie puede ingresar al trabajo si previamente no se le ha dado de alta ante el IMSS. Nosotros estamos al día. El 20 de febrero de este año están fechados nuestros dictámenes sobre los Estados Financieros del grupo”, sin observaciones del auditor externo.

Armendáriz habla de las complicaciones que enfrenta el sector de carga en México: “No hay aeropuertos adecuados para operar carga; es un problema serio que ya lo ha advertido la ASF en relación con el desarrollo de aerolíneas de bajo costo”.

En cuanto a los servicios de navegación aérea, explica que un problema es que en los aeropuertos mexicanos los horarios de aterrizajes y despegues se registran de forma manual, pues “mientras se sigan registrando de esta forma van a surgir diferencias” entre lo que registran los aeropuertos y lo que declaran las compañías ante Seneam.

“Nosotros a la fecha actual hemos aclarado ante el Seneam las diferencias surgidas en nuestras declaraciones”, detalla.

Cita que otro de los problemas que enfrentan las aerolíneas, en especial las de carga, son los limitados horarios de operación de los aeropuertos (por ejemplo de 7:00 a 19:00 horas), por lo que todavía se hace necesario la extensión de horarios, ya que el servicio de carga se opera fundamentalmente durante la noche.

No obstante, Armendáriz considera que para efectos de orden en los mercados y sana competencia en la aviación, deben de revisarse los criterios aplicables para las operadoras de vuelos de fletamento, tanto nacionales como internacionales.

“Cada año, las aerolíneas concesionadas tenemos una verificación mayor, a fondo, de parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil.

Hemos tenido experiencia de que salimos bien de nuestras inspecciones, que implican la revisión de cada avión, su mantenimiento y reparación, así como de la actualización de instrumentos jurídicos con base en los cuales operamos y la situación financiera que garantice la permanencia del servicio, pero esa revisión no se les hace a las empresas fleteras”.

La ASF solicita al SAT auditar las 18 aerolíneas que operaron durante 2007; ello al observar supuestas irregularidades fiscales en la recaudación por los servicios que les prestó la SCT. A juicio de la ASF, la corresponsabilidad alcanzaría al mismo SAT, por lo que también pidió al OIC investigar a los funcionarios responsables.

Entre 2007 y 2008, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) suspendió las concesiones a las compañías Aerocalifornia, Jett Paquetería, Avolar Aerolíneas, Líneas Aéreas Azteca, Aerolínea Nova Air y Aerolíneas Mesoamericanas (que operaba con el nombre comercial Alma), por deficiencias en sus sistemas de seguridad y adeudos fiscales. La mayoría dejó de pagar su “uso del espacio aéreo” prácticamente desde los primeros meses en que entró al mercado, es decir, en 2005, lo que por ley impedía la operación. Sin embargo, la suspensión se aplicó hasta que casi todas se vieron envueltas en accidentes.

Pero no sólo esas firmas operaron con supuestas irregularidades fiscales, sino las 18 concesionarias autorizadas por la Dirección General de Aeronáutica Civil durante 2007: Aerolitoral, Aerovías de México, Compañía Mexicana de Aviación, Consorcio Aviaxa, Jett Paquetería, Grupo Aéreo Monterrey, Transportes Aeromar, Líneas Aéreas Azteca, Estafeta Carga Aérea, Aero Transporte de Carga Unión, Avolar Aerolíneas, Vuela Compañía de Aviación, ABC Aerolíneas, Aerolíneas Mesoamericanas, Aerovías Caribe, Aerotransportes Más de Carga, Aeroenlaces Nacionales, Aerocalifornia.

Esto lo revela la auditoría especial que en diciembre pasado realizó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), hecha pública en marzo pasado, en la cual determinó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) deberá auditar a todas éstas.

El rezago fiscal no sólo sería responsabilidad de las compañías, sino de los funcionarios del SAT que no atendieron las peticiones de la SCT, la cual, a través de su unidad jurídica, les solicitó intervenir a fin de que las empresas regularizaran su situación o, bien, que la SCT les suspendiera parcialmente o cancelara las concesiones. Por ello, la ASF determinó que funcionarios del SAT habrían incurrido en supuestas irregularidades en su desempeño y pidió la intervención del Órgano Interno de Control (OIC) para abrir las investigaciones y, en su caso, fincar responsabilidades.

Los adeudos

Las aerolíneas que prestan el servicio de transporte público regular deben, mensualmente, pagar sus derechos por el uso, goce y aprovechamiento del espacio aéreo mexicano a Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), área adscrita a la SCT. El pago se cuantifica por cada kilómetro volado, según la envergadura de la aeronave o como cuota única mensual por cada nave según su tamaño; para recepcionarlo la Administración General de Recauda ción, la Unidad de Gobierno Electrónico y Política de Tecnologías de la Información y Seneam, dependientes del SAT, de la Secretaría de la Función Pública y de la SCT, respectivamente, instalaron el proyecto “E5cinco”, que consiste en el procesamiento por medio de internet de los pagos electrónicos de derechos, de productos y aprovechamientos.

La primera irregularidad detectada por la ASF fue que el Seneam eximió a Jett Paquetería del pago de sus derechos por uso, goce y aprovechamiento del espacio aéreo mexicano, aunque dicha compañía prestó servicio durante ese año fiscal.

De las 17 aerolíneas “que Seneam consideró que debían hacer el pago”, sólo cinco pagaron a tiempo y ocho excedieron el plazo en más de una ocasión.

Las morosas fueron Aerovías de México, Concesionaria Vuela (Volaris), Grupo Aéreo Monterrey (Magnicharters), Aero Transporte de Carga Unión, ABC Aerolíneas (operadora de Interjet), Aerolíneas Mesoamericanas, Aerotransportes Más de Carga y Aeroenlaces Nacionales. Aunque a todas se les impusieron multas, sólo la mitad de ellas cubrió los adeudos, el resto no pagó ni los derechos ni los recargos. El desglose es el siguiente: Consorcio Aviaxa pagó los derechos de enero a mayo de 2007 por 69 millones de pesos, de los cuales 68 millones 468 mil pesos eran por derechos y 77 mil pesos por recargos. De junio a diciembre la aerolínea no hizo pago alguno; no obstante, continuó utilizando el espacio aéreo. En ese periodo acumuló un adeudo de 89 millones 183 mil pesos.

Otra de las deudoras fue Avolar, que entre enero y diciembre de ese año acumuló 72 millones 312 mil pesos, y Aerocalifornia, 79 millones 835 mil pesos. Mientras, Líneas Aéreas Azteca tuvo un adeudo de 11 millones de pesos, correspondientes a los periodos de enero a marzo de 2007, ya que entre abril y diciembre no hizo operación alguna debido a la suspensión temporal de sus servicios por cuestiones de seguridad.

Las omisiones del SAT

Durante 2007, por medio de 34 oficios el Seneam comunicó al SAT que Consorcio Aviaxa, Avolar Aerolíneas, Aerocalifornia y Líneas Aéreas Azteca se negaban a pagar el derecho de uso, goce o aprovechamiento del espacio aéreo. Desde los primeros atrasos, según la Ley Federal de Derechos, la SCT, a través de la Unidad de Asuntos Jurídicos, debió haberles suspendido el uso del espacio aéreo.

Ante la ASF, la SCT acreditó que el SAT no le remitió la información relativa al requerimiento de pago de los derechos, según la Resolución Miscelánea Fiscal para 2007. Por ello, la ASF determinó que al no informar a la SCT del requerimiento de dicho impuesto, el SAT incumplió con las reglas de la Miscelánea Fiscal.

En cambio, desde septiembre de 2007, en oficios emitidos mes con mes hasta marzo de 2008, comunicó al SAT los adeudos de Aviaxa; desde abril de 2007 y en oficios remitidos hasta febrero de 2008, los de Avolar; en oficios emitidos desde abril de 2007 y hasta marzo de 2008, los de Aerocalifornia; y desde el mes de abril hasta el mes de junio, los adeudos de Líneas Aéreas Azteca.

En agosto de 2008, el jefe de la Unidad de Política de Ingresos de Hacienda, Juan Manuel Pérez Porrúa, informó que hasta ese mes, 570 millones de pesos habían ingresado a las arcas públicas de los adeudos de las líneas aéreas.

Pero en diciembre de ese año, cuando la ASF auditó la cuenta pública 2007, no se encontró prueba documental de varios de los pagos que supuestamente Aviaxa, Avolar y Aerocalifornia habían realizado; incluso se detectó que varias de las aerolíneas tampoco habían pagado durante 2008. Por ello, determinó que el SAT debe aclarar el destino de 253 millones de pesos de los supuestos pagos y que el brazo de Hacienda deberá auditar a las cuatro aerolíneas.

Al determinar supuestas irregularidades de funcionarios del SAT, el OIC pidió investigar y, en su caso, fincar responsabilidades administrativas sancionatorias a los funcionarios del SAT “que no informaron a la SCT el requerimiento del pago del derecho por parte de cuatro aerolíneas”, ya que las concesiones debían ser suspendidas y en su caso rescindidas desde que dejaron de pagar su uso del espacio aéreo.

En el caso de las compañías que pagaron el impuesto, la ASF detectó un faltante de 6 millones 121 mil pesos, por ello solicitó al SAT auditar a Mexicana de Aviación, Transportes Aeromar, Aerolíneas Mesoamericanas, Aerovías del Caribe, Aerotransportes Carga Unión y Estafeta Carga Aérea.

Dicho monto es adicional al adeudo por 4 millones de pesos que arrastraba Estafeta, la cual no pagó el citado impuesto en tanto se resolvían dos juicios de amparo (1021/2006-II y 1207/2006/VII), que se resolvieron el 8 de agosto de 2007 y el 26 de febrero de 2008, respectivamente, en contra de la compañía de mensajería y paquetería.

Auditoría a Jett Paquetería

El 5 de julio de 2007, el avión Jet Sabreliner 1 matrícula XATFL, de la empresa Jett Paquetería, SA de CV, se salió de la pista al intentar despegar del Aeropuerto Internacional de Culiacán, en Sinaloa.

Se impactó en un cercado perimetral, se subió a la carretera Culiacán-Navolato, chocó con tres vehículos, entre ellos una Hummer militar, y se estrelló en un taller mecánico a 50 metros del aeropuerto. El saldo fue de 10 personas muertas. Según documentó el periódico El Debate, de Culiacán, la empresa estaba involucrada en 11 accidentes en seis estados.

El 6 de julio, la Dirección General de Aeronáutica Civil declaró la suspensión temporal de la línea aérea, al amparo de la concesión TAN-OR-JPQ, para prestar servicio de transporte público regular de carga y correo.

En su auditoría, la ASF detectó que de forma irregular el Seneam no le requirió de su obligación de pago de los derechos por el uso, goce o aprovechamiento del espacio aéreo mexicano a pesar de ser una línea aérea que prestó el servicio de transporte público en el ejercicio fiscal 2007, por lo que pidió al SAT auditar a la compañía que tiene su sede en Laredo, Texas, y oficinas en San Luis Potosí, México.

Opacidad en suministro de combustible

Gilberto López Meyer

Según la normatividad, ASA debe facturar el suministro de combustible y el cliente debe pagar en los siguientes ocho días a partir de que se factura y a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquel en el que se le suministró el combustible.

En el caso de las aerolíneas que no tienen contrato firmado con ASA, éstas deben pagar en efectivo cada vez que le suministre el combustible.

A su vez ASA debe enterar el pago a la Tesorería de la Federación (Tesofe).

En 2007 ASA reportó ante la Tesofe recaudaciones por 15 mil millones de pesos, sin embargo, no precisó cuáles aerolíneas pagaron y cuáles no. Ante la ASF, ASA justificó que no está obligada a llevar un control de pagos por cliente. Empero, el órgano de fiscalización consideró que los funcionarios de ASA incurrieron en supuestas irregularidades a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y pidió al OIC abrir investigaciones al respecto.

La ASF destaca que Líneas Aéreas Azteca tenía facturas sin cubrir por suministro de turbosina desde hacia un año y ASA le siguió suministrando combustible.

En abril de 2007, el organismo demandó a la aerolínea por el adeudo del combustible. En junio el juez cuarto de distrito en materia civil resolvió procedente la demanda y condenó a la aerolínea a pagar el adeudo. Sin embargo, para diciembre de 2008, cuando se auditaron los ingresos, consigna la ASF, no se encontró prueba documental que acreditara que dichos pagos se realizaron.

Al respecto, la ASF determinó que “ASA debe aclarar y proporcionar la documentación justificativa y comprobatoria” de 6 millones 430 mil pesos por concepto del pago de facturas por suministro de combustible a Líneas Aéreas Azteca.

Incumplimientos ante el IMSS

Para verificar el cumplimiento de sus obligaciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la ASF revisó los registros patronales de las 18 aerolíneas que operaron durante el ejercicio fiscal 2007. Verificó que 17 de ellas registraron a sus trabajadores ante el IMSS, pero Avolar Aerolíneas no registró a ninguno. Por ello, el 5 de diciembre de 2008, la Coordinación de Fiscalización del IMSS solicitó a la Subdelegación Poniente, dependiente de la Delegación San Luis Potosí, una visita domiciliaria a las oficinas de la aerolínea para determinar los movimientos afiliatorios y los créditos fiscales, ya que, se comprobó, ese año la compañía operó con personal subordinado.

De las 17 aerolíneas que registraron a sus trabajadores ante el IMSS, ni Estafeta Carga Aérea ni Jett Paquetería pagaron sus cuotas correspondientes.

Como resultado, el pasado 5 de diciembre la Coordinación de Fiscalización del IMSS pidió a las delegaciones del instituto, donde se ubican las oficinas centrales de cada una de la compañías, realizar visitas domiciliarias para revisar sus movimientos aleatorios y créditos fiscales.

De las 15 aerolíneas que cubrieron sus cuotas patronales, 12 lo hicieron de forma atrasada, en detrimento del artículo 39 de la Ley del Seguro Social. Dichas firmas fueron: Aerocalifornia, Aeroenlaces Nacionales, Aerolíneas Mesoamericanas, Aerolitoral, Aerovías del Caribe, Aerovías de México, Compañía Mexicana de Aviación, Consorcio Aviaxa, Grupo Aereomonterrey, Líneas Aéreas Azteca, Transportes Aeromar, y Vuela Compañía de Aviación.

En diciembre pasado, la Coordinación de Servicios Administrativos y de Mejora Continua de Procesos Recaudatorios notificó a la ASF que Compañía Mexicana de Aviación, Líneas Aéreas Azteca, y Aeroenlaces Nacional tenían adeudos por 1 millón 500 mil pesos. De éstos, 1 millón 476 mil pesos corresponden a Líneas Aéreas Azteca.

Mexicana, privilegiada

Para garantizarse el suministro, abastecimiento y succión de combustible, a cargo de ASA, las aerolíneas están obligadas a dejar fianzas que garanticen el cumplimiento de los contratos que a este respecto suscriben con ASA por periodos anuales.

La ASF detectó que funcionarios de ASA autorizaron a la Compañía Mexicana de Aviación una fianza 30 por ciento menor a la que correspondía, según el suministro para 2007. Mexicana pagó 870 millones cuando la fianza era de 130 millones de pesos.

El órgano de fiscalización dictaminó que la línea aérea infringió la garantía de su contrato, y señaló que ASA debió rescindir el contrato a Mexicana. Por ello, solicitó al OIC abrir en Aeropuerto y Servicios Auxiliares una investigación para determinar la responsabilidad y, en su caso, fincar las responsabilidades a los funcionarios que no rescindieron el contrato de suministro de combustible pese a su incumplimiento.

Dentro de los proveedores del gobierno federal, en el sector de las aerolíneas, Mexicana ha sido la más beneficiada del sexenio de Felipe Calderón, con 22 contratos cuyo monto asciende a 188 millones de pesos. Entre 2007 y 2009, 15 de estos contratos, que suman 53 millones de pesos, se le adjudicaron sin licitación pública.

Pese a sus ganancias, la aerolínea no ha cubierto sus obligaciones patronales.

En octubre de 2007 la Subdelegación del IMSS en Puerto Vallarta, Jalisco, embargó a Mexicana de Aviación por el crédito 078000276, correspondiente al periodo 03-2007, con importe de 1 mil pesos, consistentes en equipo de cómputo.

La aerolínea presentó una demanda de nulidad ante la Primera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, radicada con el número 2612/07-07-01-4. Se suspendió el procedimiento administrativo de ejecución con garantía de embargo.

En noviembre, la Subdelegación Juárez, en Guadalajara, emitió otro mandamiento de embargo a Mexicana de Aviación, por adeudos de 2006 y 2007 que ascendían a 20 mil pesos.

No era la primera vez que la aerolínea presentaba atrasos. En julio de 2007 –según documenta la ASF– la misma Subdelegación del IMSS en Guadalajara emitió otro embargo sobre un vehículo marca Ford, tipo camión, y 10 equipos de cómputo, por adeudos en las cuotas que desde febrero de 2004 registraba la compañía.

Fortuna solicitó entrevistas con los voceros de las aerolíneas, al igual que con los representantes del SAT, ASA y la SCT, para hablar sobre las observaciones hechas por la ASF. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Hace 39 años nació en Estados Unidos la primera aerolínea de bajo costo (ABC) del mundo. De acuerdo con datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, éstas se multiplicaron entre 2001 y 2005, en que surgieron más de 150 líneas aéreas, 100 de ellas en Europa y Asia; el resto en Estados Unidos, Canadá y América Latina.

En México, en julio de 2005, la SCT otorgó las primeras concesiones para este tipo de aerolíneas, con rutas de vuelo nacionales. La Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (Profeco) refiere que la entrada de las ABC se cubrió un mercado de consumidores que antaño hacían recorridos por dichas rutas vía terrestre. El auge duró poco. Dos años después vinieron los primeros colapsos de compañías como Líneas Aéreas Azteca, Aladia, Aerocalifornia, Avolar, Alma y Magnicharters, algunas por sanciones de la SCT, otras por decisión propia suspendieron de manera parcial o total sus operaciones.

De 2007 a la fecha, las quejas presentadas ante la Profeco en contra de líneas aéreas han representado, en promedio, el 5 por ciento del total que anualmente recibe la procuraduría. De éstas, las ABC motivan el grueso de las querellas.

En entrevista Martha Carrillo, directora de Conciliación y Programas de la Profeco, explica que en 2007 detonaron las quejas contra el sector aerolíneas.

Con más de 5 mil quejas representaron el 4.2 por ciento. En 2008, con 6 mil quejas, representó el 5 por ciento. Las principales demandadas fueron Aerocalifornia, Alma, Avolar y Magnicharters. Los motivos: deficiencias en la entrega del producto o servicios, cambios, devoluciones o modificación.

Respecto de 2009, hasta el 28 de febrero, la Profeco había acumulado ya 1 mil 3 quejas. Martha Carrillo explica que la mayoría se deriva de incumplimientos en el servicio durante 2008.

De acuerdo con la Ley Federal de Protección al Consumidor, en caso de incumplimiento en el servicio, el usuario tiene un año a partir de que se debió otorgar el servicio para interponer una queja ante la Profeco. Así que, actualmente, explica Carrillo, “estamos recibiendo quejas por Aerocalifornia que salió en julio de 2008, por Magnicharters, en junio de ese año, al igual que Avolar; por Alma que salió en noviembre de 2008 y Aladia, en octubre”.

Conciliaciones, medida Insuficiente

Martha señala que en 2008, año que ha registrado mayor número de quejas contra las aerolíneas, el 39 por ciento se resolvió vía conciliación.

“Prácticamente la labor de la procuraduría, en esos casos, es meramente de información y de apoyo a los consumidores sobre alternativas que ellos podrían tener para poder volar. Esperamos que no exista ninguna eventualidad, como el cese que hubo en 2007 y 2008. Si ocurre, la opción de los consumidores es que acudan con nosotros. Estaremos muy atentos por si hay una afectación a los consumidores y brindarles atención. Es importante que sepan que a los usuarios de aerolíneas los protege la Ley de Aviación Civil, la cual establece la indemnización como consumidores”.

En general, los quejosos ante Profeco reportan maltrato, cambios de vuelos, incumplimientos en las devoluciones o bonificaciones, cobros indebidos, deficiencia en los servicios, y, en el caso de las aerolíneas de transporte, extravíos o deterioro en los envíos. (ALP)

El manejo que se habría dado a los donativos y donaciones de Pemex durante el gobierno de Felipe Calderón hace de esta partida presupuestal una de las más susceptibles al uso electorero en 2009, indican especialistas.

En los dos primeros años del gobierno de Felipe Calderón, la administración de Petróleos Mexicanos (Pemex), que encabeza Jesús Reyes Heroles, otorgó de forma discrecional 3 mil millones de pesos de donativos en efectivo y donaciones en especie (gasolina, diésel y asfalto) a gobernadores y alcaldes propuestos por la gerente de Desarrollo Social, Yolanda Guadalupe Valladares Valle, miembro activo del Partido Acción Nacional (PAN), llevada a Pemex por Juan Camilo Mouriño Terrazo. Documentos internos de la paraestatal en poder de Fortuna evidencian un sesgo partidista en el destino de los millonarios recursos.

Y es que, “aunque se supone que los donativos y donaciones deben destinarse para resarcir el impacto de Pemex en las comunidades afectadas y ayudar al desarrollo social y productivo, en realidad la entrega de estos recursos responde más al uso que le den los funcionarios de Pemex y a las presiones políticas del gobernador o de los presidentes municipales”, explica Kristina Pirker, de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

En 2007, Fundar –institución independiente dedicada a la investigación, difusión y enseñanza de lo relacionado con la democracia y la participación ciudadana– develó el uso discrecional que los funcionarios de Pemex hacían de las donaciones y donativos. Entre 1995 y 2006, se habían entregado 9 mil 527 millones 900 mil 890 pesos a los principales estados con actividad petrolera. Fundar revisó el caso de Tabasco, que en ese periodo recibió 2 mil 125 millones 183 mil 330 pesos sin que los alcaldes ni los gobernadores beneficiados comprobaran en qué los invirtieron.

En respuesta al informe, la recién llegada administración de Pemex se comprometió a que normalizaría la situación. Por el contrario, con Valladares Valle al frente de la Gerencia Corporativa de Desarrollo Social (GCDS), el sesgo partidista se superpuso en la asignación de donativos y donaciones y, sobre todo, se incrementó la dilación en la rendición de cuentas por parte de sus receptores, según se desprende de los documentos internos de la GCDS. Además, para los ayuntamientos panistas aumentó el monto y la posibilidad de permutar asfalto y gasolina por dinero en efectivo, lo cual está prohibido por los lineamientos de Pemex en la materia.

ASF señala discrecionalidad

A finales del sexenio de Vicente Fox, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) alertó que los donativos y donaciones que manejaban diversas dependencias del gobierno federal (Pemex, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en ese orden de incidencia) se habían convertido en la caja chica para funcionarios que los usaban a libre albedrío y sin dar cuenta a nadie.

La práctica debía cancelarse, debido a que las millonarias erogaciones tenían impacto negativo en las finanzas públicas, además de que no había claridad de su destino, observó el órgano de fiscalización. Pasando por alto el señalamiento de la ASF, la administración de Felipe Calderón aumentó el monto de los recursos operados por esta vía y también la opacidad en su destino.

En el caso de Pemex, se incrementó casi ciento por ciento. Entre 1995 y 2006 se distribuyeron 9 mil 527 millones 900 mil 890 pesos en donativos y donaciones (en porcentaje del 50 por ciento efectivo y el 50 por ciento en especie); entre 2007 y 2008, el monto alcanzó los 3 mil millones de pesos (80 por ciento en dinero y 20 por ciento en especie).

Entre enero de 2007 y diciembre de 2008, Valladares Valle dispuso la distribución de esos recursos entre los gobernadores Juan Manuel Oliva Ramírez, Jorge Carlos Hurtado Valdez, Andrés Rafael Granier Melo, Fidel Herrera Beltrán, José Natividad González Parás, Eugenio Hernández Flores, José Guadalupe Osuna Millán, Humberto Moreira Valdés, Félix Arturo González Canto, Virgilio Mendoza Amezcua, Miguel Ángel Osorio Chong, Luis Armando Reynoso Femat, Ulises Ruiz Ortiz, y una cuarentena de alcaldes panistas y priistas. Según los oficios de Pemex que obran en poder de Fortuna, cada asignación fue dispuesta por Yolanda Valladares Valle, posteriormente aprobada por Rosendo Villarreal Dávila y ratificada por el Consejo de Administración.

Los lineamientos de Pemex estipulan que los donativos y donaciones se destinan a obras y programas de beneficio social para las comunidades impactadas por su actividad. El monto que debe destinarse a cada entidad, más específicamente a cada municipio, depende de indicadores como el volumen de producción petrolera, el número de trabajadores petroleros, los pasivos ambientales, la población impactada y el índice de marginación según el Consejo Nacional de Población. En realidad, son los gobernadores y alcaldes quienes los recogen directamente y manejan a su consideración.

Dado que se trata de recursos públicos, por su naturaleza jurídica deben ser transparentados y fiscalizados, de acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; pero ni la administración de Pemex ni los receptores dan vistas de rendición de cuentas. Por ejemplo, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la GCDS declaró que en 2007 había donado 915 millones de pesos, pero el monto contabilizado al interior de Pemex asciende a 1 mil 702 millones 59 mil 330 pesos, consta en documentos oficiales de la petrolera. De éstos, 915 millones fueron en efectivo, 640 mil 648 millones 38 mil pesos en asfalto, 145 mil 524 millones 408 mil pesos en combustible y 886 mil 683 pesos en bienes no especificados.

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) busca blindar los donativos y donaciones de Pemex, para evitar su uso con fines electorales; por ende, la falta de fiscalización, tanto de su asignación como de su destino final, hacen de dichos recursos un foco rojo durante 2009, por los procesos electorales.

Documentos obtenidos por Fortuna revelan que Valladares Valle otorgó recursos a municipios y estados en los cuales no se realizan actividades petroleras, liberados en periodos en los cuales se desarrollaban procesos electorales, sin que la FEPADE hiciera observación alguna al respecto.

Uno de estos casos es el del municipio de Pantepec, ubicado en la Sierra Norte de Puebla. En agosto de 2007, cuando se desarrollaba la campaña para elegir alcalde, Pemex autorizó a la alacaldía, entonces a cargo del priista Ismael Pérez Cruz, un donativo por 1 millón 245 mil 574 pesos (1 millón 127 mil 50 en asfalto y 118 mil 524 pesos en combustible). En octubre, el panista Gerardo Parra Soto ganó la elección; en agosto de 2008, se le otorgó un donativo por 6 millones de pesos. Desde entonces, Pérez Cruz fungía como asesor de Parra Soto, según periódicos locales.

Cuando terminó el trienio de Pérez Cruz, saltaron las demandas por supuesto fraude en la obra pública, principalmente en la que el alcalde le asignó a su compadre Jacobo Tobilla. Entre la obra pública cuestionada estaba la pavimentación de las calles a las cuales supuestamente se aplicaría el asfalto donado por Pemex. Según las crónicas locales, la mayor inconformidad de los lugareños era que el alcalde panista protegió a su asesor a fin de evitar que se le fincaran responsabilidades penales.

La asignación de fondos de Pemex en periodos electorales ocurrió también en Francisco Z. Mena, vecino de Pantepec. En agosto de 2007 se le otorgaron recursos por la misma cantidad. En 2008, a Venustiano Carranza, otro municipio del área, también sin infraestructura de Pemex, se le otorgó un donativo por 5 millones 389 mil 338.

Durante el proceso electoral de 2007 en Veracruz, cuando se renovaron ayuntamientos y Congreso local, Valladares Valle designó recursos a siete municipios panistas, en los cuales el blanquiazul ratificó su triunfo.

Al ayuntamiento de Las Choapas se le otorgaron 4 millones 605 mil 984 pesos; a Ixhuatlán del Sureste, 1 millón 965 mil 645 pesos; Cerro Azul, 1 millón 842 mil 393 pesos; Boca del Río, 1 millón 686 mil 113 pesos; Moloacán, 1 millón 686 mil 113 pesos; Alvarado, 1 millón 423 mil 362 pesos; Castillo de Teayo, 237 mil 49 pesos.

Un caso peculiar fue el del alcalde de Alvarado, Pedro Delfín Almeida, para quien Valladares gestionó los recursos por los mismos días en que se le involucraba en un escándalo cuando, en los albores del proceso electoral, se descubrieron, en un predio propiedad de su tía Victoria Almeida Rosas, más de 1 mil despensas que el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, el Fondo de Desastres Naturales y el Programa Oportunidades habían enviado para los damnificados por las lluvias que azotaron el municipio en 2006. Entonces Delfín Almeida declaró que de su bolsillo repondría todos los víveres. Por esos días, Pemex le liberó una parte de los recursos, la otra la recibió su sucesor, el también panista Bogar Ruiz Rosas.

Armando Flores, investigador de Política Social del centro de estudios Taylor Nelson Sofres y analista de Transparencia Internacional, advierte que la asignación de donativos y donaciones de Pemex, en periodos electorales, fomenta la corrupción “y atenta contra la democracia”. Aunque los funcionarios saben de las restricciones en el manejo de este tipo de recursos, dice, “siempre buscan darle la vuelta a las instancias de fiscalización para utilizar los recursos de las instituciones a favor de su partido”.

Por su parte, el legislador Jesús Romero López, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática en Oaxaca, denuncia que la asignación de recursos no responde a las necesidades de las comunidades impactadas por la actividad petrolera, “sino a intereses políticos”. Explica que “es claro que los donativos son asignados con tintes partidistas”.

Cita el caso de los municipios ubicados en las inmediaciones de la Refinería Antonio Dovalí Jaime (Santo Domingo Tehuantepec, San Pedro Huilotepec, San Blas Atempa, Juchitán de Zaragoza, Santa María Jalapa del Marqués, Asunción Ixtaltepec, Santa María Mixtequilla, San Juan Guichicovi y Salina Cruz), impactados por las actividades industriales. Aunque la Dovalí genera ingresos por 175 mil millones de pesos al año, sólo algunos municipios aledaños reciben donativos, y éstos son en cantidades ínfimas. Ello, explica el legislador, “tiene que ver con que algunos de estos municipios son de administraciones perredistas, y aunque el impacto de las actividades de Pemex es muy fuerte, no se les apoya”.

En efecto, entre 2007 y 2008, de todos los ayuntamientos impactados por las actividades petroleras en Oaxaca, sólo dos de administración perredista alcanzaron recursos; el monto no llegó ni a los 400 mil pesos. En cambio, en los ayuntamientos panistas, aunque en algunos casos su actividad petrolera es menor, los apoyos llegaron a los 42 millones de pesos.

Algunos de los estados y ayuntamientos panistas favorecidos por Valladares Valle según el orden cronológico de su asignación son los siguientes:

En abril de 2007, otorgó 1 millón 462 mil 299 pesos al ayuntamiento de Abasolo y 1 millón 520 mil 379 pesos a Celaya. En el mes de agosto dispuso 5 millones 111 mil 423 pesos en asfalto y combustible para el panista José Guadalupe Osuna Millán, gobernador de Baja California; y al ayuntamiento guanajuatense de Valle de Santiago, 1 millón 525 mil 106 pesos.

Al de Morelia, 4 millones 321 mil 491 pesos; Tlalnepantla, 2 millones 711 mil 419 pesos; Cuernavaca, 2 millones 415 mil 107 pesos; San Juan del Río, 1 millón 245 mil 574 pesos; Querétaro, 1 millón 610 mil 71 pesos; Tepetitlán, 1 millón 406 mil 581 pesos; Ciudad Valles, 1 millón 465 mil 843 pesos; a la alcaldesa Rubia Idalia Quintanilla, de Los Aldamas, 1 millón 465 mil 843 pesos.

En diciembre de ese año autorizaron 4 millones 145 mil 667 pesos en asfalto para el gobernador panista de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat; a la alcaldesa panista de Loreto, Rosalía Romero de Aguiar, 2 millones 507 mil 560 pesos; a Juan Manuel Oliva, gobernador de Guanajuato, 4 millones 179 mil 267 pesos; al alcalde de Cortázar, 835 mil 854 pesos; en Hidalgo, 835 mil 854 pesos al ayuntamiento de Cuautepec de Hidalgo y 1 millón 504 mil 536 pesos a Huasca de Ocampo. Además de 3 millones 9 mil 73 pesos al municipio mexiquense de Tecamac. A Cuauhtémoc Calderón Galván, alcalde de Zacatecas, 1 millón 337 mil 366 pesos.

De los ayuntamientos impactados por Pemex en Sonora, únicamente se otorgaron donativos a Huatabampo y Nogales, ambos administrados por panistas. Al primero, que desde 2006 encabeza el contratista de Pemex César Bleizeffer Vega (propietario y administrador de Planta de Gas Carburación LP de nombre comercial BCA Combustible y de Integradora de Gas Carburación Sonora-Sinaloa) se le asignaron 668 mil 683 pesos en asfalto. A Nogales, que encabeza Marco Antonio Martínez Dabdoub, 1 millón 337 mil 365 pesos.

En junio de 2008, Valladares dispuso que se otorgaran 2 millones 154 mil 707 pesos al ayuntamiento de Mexicali; 2 millones 461 mil al de Chihuahua; 1 millón 255 mil 144 a Ramos Arizpe; 1 millón 723 mil 655 pesos a Celaya; 1 millón 911 mil 568 pesos a León; 693 mil 214 pesos a Tepetitlán; 940 mil pesos al ayuntamiento de La Piedad; 2 millones 210 mil 928 pesos a Uruapan.

En la sesión del Consejo de Administración de agosto de 2008 se autorizaron donativos por 351 millones de pesos y donaciones por 208 millones de pesos. De éstos, Valladares Valle dispuso que una parte se le otorgara a un listado de panistas que incluían a:

Luis Armando Reynoso Femat, 4 millones 145 mil 667 pesos; José Guadalupe Osuna Millán, 7 millones 301 mil 31 pesos. A los alcaldes de Ensenada y Tijuana, 1 millón 217 mil 363 pesos y 3 millones 356 mil 433 pesos, respectivamente. A Soto la Marina, 270 mil 806 pesos; Apizaco, 1 millón 503 mil 311 pesos; a Castillo de Teayo, 7 millones de pesos; a Texistepec, 1 millón 052 mil 837 pesos.

Al ayuntamiento de Pichucalco, 6 millones de pesos; al de Hidalgo del Parral, 829 mil 133 pesos; a José Erandi Bermúdez Méndez, alcalde de Pénjamo, 139 mil 815 pesos; al de Ocotlán, 1 millón 11 mil 554 pesos; a José Alfonso Martínez Vázquez, de Zamora, 1 millón 385 mil 140 pesos. Al ayuntamiento de San Luis Potosí, 1 millón 385 mil 140 pesos; al de Tamuín, 889 mil 844 pesos.

Asignaciones millonarias

A finales de 2007, la administración de Pemex presentó un informe ante el Senado de la República en el cual aseguró que se había eliminado la discrecionalidad priorizando la asignación de acuerdo con la importancia de cada estado para la industria petrolera. Pero en julio de 2008, durante su participación en el debate sobre la reforma energética, Arturo González de Aragón, auditor superior de la Federación, denunció que de los recursos públicos se seguían otorgando donativos sin fundamento jurídico alguno. Dijo que “el exceso en la discrecionalidad de servidores públicos de Pemex en el otorgamiento de préstamos y donativos” contribuía a los manejos “turbios” respecto del dinero petrolero.

Pero la asignación de dichos recursos es sólo una parte de su dudoso manejo: la otra tiene que ver con su destino final. Según los lineamientos de Pemex, es obligación de los beneficiarios comprobar de manera mensual el avanece en la aplicación de los donativos y donaciones, y de los funcionarios de la GCDS su verificación, so pena de suspenderlo de manera parcial o cancelarlo de forma definitiva. Al respecto, los informes de la GCDS develan la dilación de la comprobación en la mayoría de los recursos que entregó Valladares Valle en 2007 y 2008.

Por el volumen de recursos destaca Campeche, precisamente el estado natal de la funcionaria, al cual destinó 600 millones de pesos (423 millones 368 mil pesos fueron en efectivo y el resto en especie), los cuales fueron recibidos por Jorge Carlos Hurtado Valdez y José Ignacio Seara Sierra, gobernador del estado y alcalde de Ciudad del Carmen, respectivamente. Según se destinarían a obra pública, que entre otros incluía “apoyar la pavimentación con concreto hidráulico de calles y avenidas, fomentar el fortalecimiento de proyectos productivos, e infraestructura caminera”, además de “apoyar a los pescadores de altura y ribereños del municipio de Carmen”.

Aunque pertenecen a dos partidos políticos distintos (Jorge Carlos Hurtado Valdez al PRI y José Ignacio Seara Sierra al PAN), ambos funcionarios estarían vinculados políticamente a Yolanda Valladares Valle.

Hasta diciembre de 2008, la GCDS reportaba “cero” avance en el desarrollo de la obra pública para la cual se les asignaron los recursos; tampoco había reportes de la comprobación. Pero además, hace unos meses la Secretaría de la Función Pública abrió la investigación INV.ADMA DE/028/2008/

NA/036 respecto de los supuestos manejos irregulares de los fondos de Pemex que recibieron Hurtado Valdez y Seara Sierra, quienes, por cierto, en diciembre de 2009 concluirán sus respectivas administraciones.

Lo anterior se derivó de una denuncia por supuesto fraude que presentaron diversas organizaciones pesqueras isleñas, las cuales debían recibir los recursos que cobraron el gobierno del estado y el alcalde de Ciudad del Carmen. Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos da curso a una queja que presentó la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola Delegación Ciudad del Carmen, identificada con el número 2007/755/55/2/Q, también por las supuestas irregularidades en la distribución de los fondos petroleros en la entidad.

En abril de 2008, la revista Proceso documentó que de los donativos de Pemex, 6 millones de pesos habrían ido a parar a los bolsillos de la familia Mouriño, cuando Hurtado Valdez y Seara Sierra les compraron vales de gasolina suscritos por la empresa ESGES, SA de CV, del corporativo GES. Dichos vales fueron entregados a los pescadores afectados por el derrame de crudo en el accidente de la plataforma Usumacinta, en octubre de 2007.

Javier Aguillón Osorio, representante del sector pesquero en la villa de Isla Aguada, declaró a la corresponsal de Proceso en Campeche, Rosa Santana, que Valladares Valle se había comprometido a entregarles dichos recursos en efectivo, pero que cuando finalmente liberó los recursos les fueron entregados como gasovales, válidos únicamente en las gasolineras del GES.

Tamaulipas, entre los más beneficiados

Los informes de Pemex respecto del estado de Tamaulipas, tercer receptor de recursos, después de Campeche y Tabasco, revelan que se trata de otro foco rojo en la rendición de cuentas. En 2007 recibió 302 millones 248 mil 551 pesos, que equivalen al 20 por ciento de los donativos y donaciones que se otorgaron ese año. Hasta septiembre de 2008 había recibido 187 millones de pesos. Según los registros de Pemex, hasta diciembre pasado no se tenía el informe del avance en la disposición de dichos recursos.

Involucrado en el supuesto embarazo de urnas a favor de Felipe Calderón en el proceso electoral de 2006, por línea de Elba Esther Gordillo, el panista Eugenio Javier Hernández Flores es el gobernador norteño que ha obtenido la mayor partida de los donativos y donaciones de Pemex en la actual administración.

El 17 de enero de 2007, recién iniciado el gobierno calderonista, Hernández Flores remitió a Reyes Heroles un oficio donde le solicitaba 413 millones de pesos en efectivo “para obras de desarrollo social”, además de 35 mil toneladas de asfalto, 2 millones de litros de gasolina magna y 6 millones 780 mil litros de diésel. Según Pemex, ese año se le otorgaron 302 millones 248 mil 551 pesos: 167 millones en efectivo y el resto en asfalto y combustible. En 2008, hasta el mes de septiembre el monto alcanzaba los 186 millones 786 mil 508 pesos: 107 millones en efectivo y el resto en asfalto y combustible.

A nivel de alcaldías, una de las más beneficiadas fue la de Reynosa, cuando ésta era dirigida por el panista Francisco García Cabeza de Vaca. En marzo de 2007 se le otorgaron 34 millones 917 mil 197 pesos; de ellos, 20 millones en efectivo y el resto en asfalto y combustible. El 28 de junio de ese año, Valladares Valle le otorgó otros 20 millones de pesos y 3 mil 500 toneladas de asfalto en un acto público en el cual la funcionaria explicó que eran adicionales a los recursos que se le habían designado al gobierno estatal e inicialmente a Reynosa.

Permutas por efectivo

Identificado por el político Manuel Bartlett como un “activo promotor de los ilegales Contratos de Servicios Múltiples y del proyecto de reforma energética de Felipe Calderón”, a José Natividad González Parás se le cuenta entre los gobernadores más beneficiados con los donativos y donaciones de Pemex, aunque, según los indicadores de la paraestatal, Nuevo León no es identificado como “con influencia petrolera alta”.

En 2007, la entidad recibió 94 millones 938 mil 988 pesos en efectivo y especie. Para 2008, hasta el mes de septiembre en que la GCDS dio cuenta de sus erogaciones a ese estado, el monto alcanzaba los 58 millones de pesos, los cuales se le liberaron mediante diversos cheques de Scotiabank Inverlat, pese a que González Parás no había rendido cuentas del dinero ni el asfalto y combustible que recibió en 2007, según se desprende de un oficio interno de la GDS (número 098/08), signado por la propia Valladares Valle al gobernador.

En Nuevo León, a los ayuntamientos gobernados por panistas, Valladares Valle dio otros privilegios: les permitió cambiar sus donaciones en especie (asfalto y gasolina) por efectivo, lo que contraviene los lineamientos internos que asientan que “por ningún motivo” los donativos o donaciones podrán ser permutados.

Uno de estos casos fue el de Cadereyta, a cuyo alcalde, Edelmiro Cantú Sada, le “canjeó” las toneladas de asfalto que equivalían a 20 millones de pesos, las cuales le habían sido autorizadas por el Consejo de Administración, por el dinero en efectivo. El 17 de septiembre de 2007, Valladares gestionó que la Gerencia de Administración Financiera le tramitara un cheque por otros 10 millones de pesos que, según el oficio DCA-GCDS-331/07, le fue autorizado por el Consejo de Administración en la sesión del 30 de abril.

Las actividades proselitistas del presidente municipal han sido la constante a lo largo de su gestión, sobre todo para promover al senador Fernando Elizondo Barragán al gobierno del estado en el proceso electoral que tendrá lugar este año. Por ejemplo, cuando inauguró un auditorio en Cadereyta, que se construyó con recursos de Pemex, Cantú Sada incluyó en su discurso:

“Fernando, si hay alguien que puede recuperar esa gubernatura eres tú y te digo aquí, delante de la gente, que tendrás todo mi apoyo; no solamente el mío, sino el de mi familia que te conoce y te aprecia; y repito, vamos contigo hasta el final.”

Valladares también le canjeó al alcalde de Santa Catarina, Dinosio Herrera Duque, 1 millón de pesos que el Consejo de Administración había autorizado en asfalto.

Al analizar los datos de Pemex obtenidos por Fortuna, Kristina Pirker, responsable de la investigación de Fundar que reveló la malversación de recursos de Pemex en Tabasco en la pasada administración, señala que “es evidente la malversación de fondos o desvío de recursos”.

De entrada, dice, “Pemex deberá responder por qué continuó otorgando dinero a entidades como Tabasco sin tener una prueba de la eficacia de los donativos otorgados al estado, y no es el único caso. Los lineamientos estipulan que un beneficiario que no ha comprobado bien el ejercicio de los recursos, no puede solicitar nada al siguiente año. Se tendrá que explicar por qué los funcionarios siguen otorgándolos sin tener control de su destino.”

En estos momentos, dice la representante de Fundar, “el riesgo es que se utilicen los donativos de Pemex con fines electorales: se supone que son para proyectos de desarrollo social, pero son operados por los gobernadores y alcaldes directamente, así que, ¡claro que se presta para su uso electoral!”

Fortuna solicitó una entrevista con la gerente de Desarrollo Social, Yolanda Valladares Valle, para hablar del manejo que ha dado a los recursos de Pemex. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. Se buscó también a alcaldes y gobernadores que se citan en este artículo, sin respuesta hasta este momento.

Donativos a Tabasco

El informe de Fundar y, posteriormente, las inundaciones que en diciembre de 2007 azotaron Tabasco, pusieron al descubierto la supuesta malversación de los millonarios donativos y donaciones que Pemex otorgó a los gobernadores Roberto Madrazo Pintado y Manuel Andrade Díaz, para la infraestructura en calles y carreteras.

La paraestatal informó a la Cámara de Diputados federal que a dichos gobernadores se les entregaron 1 mil 970 millones de pesos, en efectivo y especie, para realizar obras de infraestructura y de protección contra inundaciones. El desastre evidenció que los recursos no se aplicaron. Tampoco se aclaró su destino.

Desde su llegada a Pemex, Yolanda Guadalupe Valladares Valle tuvo conocimiento de la supuesta malversación de los fondos de Pemex en ese estado, por la documentación que le requirió la Secretaría de la Función Pública como parte de las indagatorias que abrió al respecto, según consta en oficios de la GCDS en poder de Fortuna. Los lineamientos en la materia estipulan que los incumplimientos en las obras sociales o la falta de rendición de cuentas obliga la suspensión de los apoyos. Valladares Valle continuó entregando recursos.

En 2007, Valladares gestionó para el gobernador en turno, Andrés Granier Melo y seis alcaldes de la entidad, donativos por 318 millones 45 mil 952 pesos, es decir, Tabasco recibió en promedio casi 1 millón de pesos por día. De estos recursos, Granier Melo –familiarizado con este tipo de donativos desde que se desempeñó como alcalde de Centro (2000-2003)– recibió de manera directa 274 millones 329 mil 615 pesos (150 millones en efectivo y el resto en especie).

Ante el Consejo de Administración de Pemex se justificó la autorización para proyectos como “la instrumentación de programas de desarrollo social”, o “el fomento al empleo, la salud y la protección al medio ambiente”, sin que se aclarara exactamente en qué se aplicarían. Cabe señalar que uno de los requisitos para obtener los apoyos, según los lineamientos de Pemex, es que al momento de presentar la solicitud se debe justificar la viabilidad técnica y social a atender, así como los beneficios sociales en caso de ser otorgados.

Más aún, las peticiones de Valladares respecto de estos recursos, previo a la elaboración de los diversos cheques de Scotiabank Inverlat, a cuenta de los donativos, especifican que el dinero sería gastado según lo dispusiera el Ejecutivo local, conforme a su ejercicio fiscal.

A propósito del escándalo de las inundaciones, cuando el Legislativo federal solicitó a Jesús Reyes Heroles un informe de la comprobación que habían presentado gobernadores y alcaldes, que incluía los primeros 10 meses de la gestión de Valladares Valle, la administración de la petrolera reconoció que no había evidencia de que los recursos se hubieran aplicado.

El 18 de diciembre de 2007, Valladares tramitó 5 mil toneladas de asfalto que supuestamente se utilizarían para reparar, pavimentar y reencarpetar las carreteras y vialidades afectadas; eran las mismas a las cuales se les había destinado recursos antes del desastre, de acuerdo con documentos internos de Pemex.

El 1 de agosto de 2008, Valladares Valle declaró a la prensa local que Andrés Granier no había comprobado en qué gastó el 50 por ciento de los recursos que le otorgó desde 2007, y que los proyectos que el gobernador había presentado a inicios de ese año para obtener recursos durante 2008 no tenían “sustento social”.

“Ya está demostrado que el reparto de dinero, de ganado, el reparto de pollitos no inciden en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población y lo que nosotros estamos pidiéndole al gobierno de Tabasco es que presente proyectos que demuestren sustentabilidad”, declaró la funcionaria.

Pero entre enero y septiembre de 2008, la campechana les entregó otros 153 millones 288 mil 414 pesos. El grueso de los donativos se autorizó en el mes de junio: a Andrés Granier, 26 millones 310 mil pesos; a Evaristo Hernández Cruz, alcalde de Centro, 38 millones 129 mil 972 pesos; a Sebastián Izquierdo Gómez, de Paraíso, 21 millones de pesos; a Nicolás Belizzia Aboaf, de Centla, 16 millones 89 mil 32 millones; a Francisco Sánchez Soberano, de Cunduacán, 15 millones de pesos; a Óscar Ferrer Abalos, de Huimanguillo, 13 millones de pesos; y a Avenamar Leyva Gómez, de Nacajuca, 9 millones de pesos. En agosto se otorgaron otros 15 millones de pesos al alcalde de Centro.

De acuerdo con documentos oficiales de Pemex, hasta diciembre pasado el estatus de comprobación tanto del gobierno como de los municipios de Tabasco estaba en “cero por ciento”.

Fortuna solicitó una entrevista con el gobernador Andrés Granier respecto a los señalamientos que hiciera Valladares Valle de la falta de rendición de cuentas de los fondos que ha obtenido de Pemex. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. (ALP)

Fuente: Revista Fortuna | No. 73 | 15 de febrero de 2009 | México

A través de Gerardo Ruiz Mateos, actual secretario de Economía, entre 2007 y 2008 el presidente Felipe Calderón operó en Pemex Gas y Petroquímica Básica las licitaciones y contratos mediante los cuales, a partir de 2010, empresarios privados se encargarán de la producción, almacenamiento, distribución y comercialización del gas, además de que explotarán comercialmente el Sistema Nacional de Gasoductos, zona toral del manejo del energético, revela a Fortuna una fuente de alto nivel de Pemex.

Como parte del denominado Acuerdo Nacional a Favor de la Economía Familiar y el Empleo, el pasado 7 de enero Felipe Calderón anunció la reducción de un 10 por ciento al precio del gas licuado de petróleo (GLP) para “fortalecer la economía de las familias mexicanas”. En la espiral de aumentos, la tarifa promedio del energético fue de 10 pesos por kilogramo, lo que significa que la medida presidencial con la que, aseguró, “se mejorarán las condiciones de vida de todos los mexicanos”, generará un ahorro de 1 peso por cada kilo de gas que consuma una familia, lo que equivaldría a 100 gramos de tortillas.

La providencia resulta una nimiedad frente a los grandes negocios que Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) entregará a la iniciativa privada: la producción de gas, la operación de las terminales de regasificación, el almacenamiento en terminales, el servicio de transporte y distribución por ducto y la comercialización del energético.

Enero inició con una feria de licitaciones en Petróleos Mexicanos (Pemex). Tal como lo documentó Fortuna (15 de abril de 2008), la naturaleza de la reforma energética de Felipe Calderón, aprobada por el Congreso de la Unión en octubre pasado, estaba encaminada a convertir a la paraestatal en una administradora de contratos. Aunado a ello, por órdenes del presidente, PGPB dejará en manos de terceros prácticamente todas sus operaciones. Así, la subsidiaria, ubicada entre las cinco principales generadoras de ingresos al país, se convertirá en un nicho de negocios para empresarios nacionales y extranjeros.

Lo anterior está detallado en el “portafolio” de negocios de la subsidiaria, elaborado por su director Roberto Ramírez Soberón, cuya copia obra en poder de Fortuna. El documento revela que, a partir de 2010, PGPB se limitará a emitir concesiones y contratos de servicios y de obra pública. Las empresas privadas operarán también el Sistema Nacional de Gasoductos (SNG).

Aunque Pemex es un organismo descentralizado, no fue el Consejo de Administración ni los directivos quienes definieron la planeación de PGPB para los próximos 20 años, sino el mismo Felipe Calderón, quien por medio de Gerardo Ruiz Mateos, actual secretario de Economía, habría impuesto a Roberto Ramírez Soberón los proyectos de infraestructura y contratos que la subsidiaria emitirá para dejar a los empresarios áreas de negocio exclusivas de Pemex; algunos de éstos, como los gasoductos, ni siquiera fueron especificados en la reforma energética. La velada privatización de PGPB se da en un momento en que la tendencia mundial apunta a la sustitución del gas por el petróleo. Especialistas –como Álvaro Ríos Roca, secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía– han definido que así como el petróleo fue el combustible del siglo XX, en el XXI lo será el gas natural.

El cabildero

Exdirector de la empresa fabricante de autopartes Automotive Moulding de México, hoy Linde Pullman México, establecida en Querétaro, Gerardo Ruiz Mateos se adhirió como militante del Partido Acción Nacional (PAN) en 1995.

Su amistad con Felipe Calderón lo llevó al primer círculo presidencial, en áreas clave de Los Pinos. Según Lino Korrodi, en su libro Me la jugué, desde que Calderón presidió el PAN, Ruiz Mateos era su “hombre de confianza”. Quizá por ello, el 4 de diciembre de 2006 lo nombró coordinador de Gabinetes y Proyectos Especiales de la Oficina de la Presidencia de la República.

El 6 de agosto de 2008, Calderón lo designó secretario de Economía, en sustitución de Eduardo Sojo, oficializado con un discurso pródigo de halagos, pronunciado en la Residencia Oficial de Los Pinos. Entonces, el presidente dijo: “Lo que me motiva a designar a Gerardo Ruiz, además de ser uno de mis colaboradores más importantes y cercanos, es el hecho de que ha sido un empresario que ha vivido y sufrido en carne propia la condición de las empresas en México y ha estado al otro lado del mostrador. Sabe lo que hay que hacer: desregular la economía y liberar las fuerzas productivas del país para detonar el crecimiento”.

Antes de su ascenso, entre enero de 2007 y agosto de 2008, Ruiz Mateos frecuentó las oficinas corporativas de Pemex para ordenar a los directivos de las subsidiarias los proyectos que debían “requerir” para las siguientes dos décadas, cuyos contratos ya tenían destinatario. No había objeción; eran órdenes del presidente. Las licitaciones se harían públicas a partir de 2009, reveló a Fortuna una fuente de alto nivel de la paraestatal.

Entonces, Ruiz Mateos despachaba en la Oficina de la Presidencia de la República, hasta enero de 2008 tuvo como jefe inmediato a Juan Camilo Mouriño Terrazo y cuando éste partió al Palacio de Covián, ocupó su cargo. Los modelos de negocio que, asegura el informante, Ruiz Mateos gestionaba, a nombre del presidente, en PGPB no tenían que ver precisamente con las necesidades de la subsidiaria, “pero sí con los intereses de los grupos empresariales cuyos vínculos estrechó desde que fue secretario de Energía”. El asunto no es menor. Según su posición financiera, PGPB es la séptima empresa más importante de México en cuanto a la generación de ingresos (después de Pemex corporativo, Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación, Cemex, CFE, y Wal-Mart México) y la empresa más grande de América Latina. Genera ingresos anuales por 20 mil 520 millones de dólares en promedio, el 59 por ciento por venta de gas natural, el 25 por ciento por gas licuado de petróleo, y el 16 por ciento por petroquímicos básicos, azufre y otros.

El funcionario de Pemex, testigo del cabildeo del hoy secretario de Economía, asegura que en un primer momento Roberto Ramírez Soberón se opuso a la ordenanza presidencial, “porque simplemente no había manera de que eso se aprobara, porque era demasiado evidente que favorecía a ciertos grupos empresariales”. Sin embargo, al cabo de los meses, tras una larga y constante perorata de Ruiz Mateos, “y a cambio de que no lo despidieran –dice–, el ingeniero Ramírez Soberón cedió a la –supuesta– imposición del presidente”.

El informante

No son pocos los directivos de Pemex inconformes con el manejo que Felipe Calderón ha dado a la paraestatal. Desde su puesto, nivel 46, éste funcionario conoce el teje y maneje de la empresa.

La reunión del funcionario (quien cuenta con 29 años de servicio y sólo se encuentra dos escalafones abajo del director general) con reporteros de Contralínea y Fortuna ocurrió en octubre de 2008 y tuvo por objeto revelar los negocios que desde Los Pinos se ordenarían en Pemex.

La Cadillac Escalade gris con vidrios polarizados se detuvo frente a la puerta principal del Hotel Marquís Reforma.

De la lujosa camioneta descendió el funcionario. Giró para quedar de frente al interior del vehículo, del respaldo del copiloto extrajo su saco, se lo colocó, ajustó la corbata, las mancuernillas y echó una última mirada a la imagen delineada por el reflejo del cristal. Pasaban de las nueve de la mañana; 10 minutos después de la hora acordada, ingresó al restaurante.

—El ingeniero (Roberto Ramírez Soberón) ni siquiera sabe si pueda jubilarse.

Le falta un año, pero ya pusieron precio a su cabeza –soltó mientras tomaba pequeños tragos de su café capuchino.

—¿Qué le piden? –se le inquirió.

—Quieren los ductos. El presidente necesita que saque el asunto de los ductos, que los privados se encarguen de ellos, que operen sus propias redes privadas y que Pemex les pague por contrato.

—¿Se lo dijo el presidente directamente?

—Los presionó todo el año pasado. Siempre que llega un presidente quiere hacer sus negocios –decía alternando datos sobre las finanzas del área a su cargo.

—Toda esa bola de chamacos babosos que están en Los Pinos, están endiosados –susurró–. Le dijeron que si no se licitan rápido le van a pedir su renuncia.

—¿Quién se lo dijo?

—Gerardo Ruiz Mateos, el que llegó a la Secretaría de Economía a sustituir a Sojo.

—¿Le dijo que eran órdenes del presidente?

—(Ruiz Mateos) Lo fue a ver desde que estaba en la Oficina de la Presidencia, como mensajero de Los Pinos. Se le puso al tú por tú, le gritó y el ingeniero no se dejó –explicó el informante.

—¿Por qué le interesa tanto al presidente?

—Porque son para los empresarios que lo ayudaron en la campaña. Ya están repartidas las zonas de ductos para cada uno de sus amigos. Es uno de los negocios de su sexenio, el otro son las terminales privadas, porque los gaseros se quejaron de que sólo a Jesús Zaragoza le rentara su planta de Manzanillo. El acuerdo fue que a varios de ellos se les rentarán sus instalaciones.

Aseguraba que varios directivos estaban “agobiados” porque “tenemos que pagar las facturas a las que Calderón se comprometió”.

—¿Qué facturas tiene que pagar Ramírez Soberón?

—Las de Soni (Gas, propiedad de Salvador Oñate), de Tomza, de Zeta… Es que todos los gaseros están coludidos y a todos los apoya, los recibe en Los Pinos ¡Ellos le ordenan qué hacer! Y en el caso del gas natural es lo mismo, sólo que aquí se trata de consorcios extranjeros: Repsol, Gas Natural, ¡ya se repartieron todo!

Aún no se aprobaba la reforma energética. En Pemex ya se detallaban los contratos. El funcionario relató la exigencia de los gaseros a Calderón “¿Y ahora nosotros tenemos que arreglárnosla para que él quede bien”, se quejaba. El sol que anunciaba el medio día se colaba por los cristales de las amplias ventanas que circundan Los Canarios, como se filtran por el claro de las jaulas, principal atractivo del restaurante que se promueve como la alegoría de una enorme jaula que alberga las aves. El funcionario explicó que debía regresar a su oficina, en la torre ejecutiva, para revisar los contratos que, aseguró, “contra su voluntad”, Ramírez Soberón adjudicaría a partir de enero para salvar su puesto.

Los contratos

Los proyectos y el esquema de contratos que operará PGPB entre 2009 y 2030 fueron plasmados en un documento que se presentó ante el Consejo de Administración el 7 de octubre de 2008, en el Día de la Energía.

El documento –cuya copia obra en poder de Fortuna– confirma que Pemex y sus trabajadores dejarán la cadena industrial para que los privados se encarguen del procesamiento del energético, endulzamiento de gas y condensados, así como de la recuperación de azufre en los 10 centros procesadores: Pajaritos, Morelos, La Venta, Ciudad Pemex, Cactus, Nuevo Pemex, Cangrejera, Burgos, Poza Rica y Matapionche.

La subsidiaria tiene actualmente una cartera de 895 clientes en la venta de gas natural: el 43 por ciento es Pemex, el 31 por ciento el sector eléctrico, el 20 por ciento el industrial. En el GLP, el 86 por ciento es del sector residencial, comercial e industrial; el 14 por ciento, automotriz. Respecto a la producción de petroquímicos básicos, azufre y otros, la cartera incluye a 91 clientes industriales y de exportación.

SNG, codiciado

El Sistema Nacional de Gasoductos es conocido como la columna vertebral del aparato de distribución de PGPB. Cuando se desempeñó como secretario de Energía (en la administración de Vicente Fox), Calderón había consentido que los empresarios gaseros instalaran redes privadas o en modelos de asociación con PGPB. Al SNG se conectaron ocho sistemas de gasoductos privados: Mayakán, Mier-Monterrey, Chihuahua, Tamaulipas, Palmillas-Toluca, Del Río, Del Bajío, y Naranjos- Tamazunchale. Su extensión –3 mil 561 kilómetros– equivale al 39 por ciento de la longitud actual del SNG.

El nuevo esquema plantea la desincorporación de activos de distribución de Pemex Gas para que sean los privados quienes operen todo el SNG: 8 mil 980 kilómetros de la red de ductos de gas natural y 1 mil 847 de gas licuado de petróleo, además de las 28 terminales de distribución.

“Era mayo de 2008. Ruiz Mateos llegó a gritarle al ingeniero (Ramírez Soberón) que se les acababa el tiempo, que urgían los contratos de los ductos, que el presidente estaba muy interesado”, detalló la fuente de alto nivel de Pemex. “El interés del presidente es que cada empresa maneje sus propios gasoductos de manera libre, sin tener que entrar al sistema de asociación con Pemex Gas, porque ésa fue la prebenda que le pidieron los gaseros que desde que estuvo en Energía lo apoyaron en su carrera política”.

Comentó que a partir de 2011, “Pemex pagará a las privadas por el energético que transporte por sus ductos” (como ya lo habían documentado las revistas Contralínea y Fortuna). El asunto tiene otras implicaciones: durante los últimos cinco años la paraestatal invirtió millones de pesos en el mantenimiento del SNG, pagó a la trasnacional DuPont por instalar sus programas de seguridad (Contralínea 96), e invirtió en la instalación y mantenimiento del sistema SCADA.

El portafolio de negocios de PGPB, fechado en octubre de 2008, especifica que en los próximos meses se construirán gasoductos “para desarrollar nuevos mercados”. Se habla de 10 proyectos de infraestructura para el mercado de gas natural que transportarán 7 mil 400 millones de pies cúbicos diarios. La inversión estimada es de 1 mil 975 millones de dólares, comenzarán a operar entre 2010 y 2011. Todos serán privados.

Respecto del GLP, actualmente las terminales de almacenamiento y el SNG propiedad de Pemex Gas tienen capacidad de operar 242 millones de barriles diarios, cantidad que, según información de la subsidiaria, cubre el ciento por ciento de la demanda de almacenamiento y transporte del energético; no obstante, se emitirán concesiones y contratos para que las empresas privadas entren también a esta área.

Se tienen programados siete proyectos de infraestructura que incluyen: terminales de recibo, de almacenamiento y de distribución; ductos e infraestructura para el transporte por cabotaje. Todos serán privados. La inversión se estima en 610 mil millones de dólares. Según PGPB, cuatro de estos proyectos son considerados prioritarios: el transporte de GLP por la región Golfo-Altiplano, en el cual PGPB contratará a la propietaria el servicio de almacenamiento y transporte. La terminal de almacenamiento Tuxpan II, con cuyos propietarios contratará el servicio de almacenamiento.

El tercero es la nueva Terminal de Distribución de GLP en la Paz, Jalisco, con la cual contratará también el servicio de almacenamiento. El cuarto es el ducto Manzanillo-La Paz, construido por una empresa privada a la cual PGPB le pagará por el servicio de transporte del energético.

El esquema dejará mayores ganancias a las compañías de distribución de gas que controlan el mercado mexicano: Grupo Zeta Gas, Soni Gas, Grupo Tomza, Gas Uribe, Vela Gas y Gas Nieto, ya que éstas son las propietarias de dichos proyectos.

Actualmente, por la sola venta del energético, como intermediarios entre Pemex y el consumidor final, dichas empresas obtienen ganancias estimadas por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en 6 mil 500 millones de dólares anuales, en un mercado en el que, según ha documentado la Comisión Federal de Competencia, “no hay condiciones de competencia”.

A ese lucrativo negocio se sumarán ahora los montos que PGPB les pagará por el almacenamiento y el uso de sus sistemas de distribución. Una de las empresas que opera ya con este esquema es el consorcio Zeta Gas, dirigido por el empresario Jesús Alonso Zaragoza López, que renta a PGPB su terminal de almacenamiento de Manzanillo.

Sin beneficios sociales

Actualmente, México es uno de los mayores productores de gas en el mundo. De acuerdo con la clasificación del BP Statistical Review of World Energy, Pemex ocupa el lugar número 19 en la producción del energético; sin embargo, los consumidores pagan la tarifa más alta a nivel internacional. Ésta se determina por la suma del precio de venta de primera mano (de PGPB a los distribuidores), que lo define Pemex con base en los precios internacionales, específicamente los de Estados Unidos, cuyo costo es el más caro del mundo. A este precio se suman los costos de distribución desde las instalaciones de Pemex a las plantas de los distribuidores de gas, más el margen de comercialización y el Impuesto al Valor Agregado.

“A ello se suma el costo que los consumidores pagan por el monopolio en la distribución de gas”, explica la diputada Valentina Batres, integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, “porque el hecho de que sólo un grupo de gaseros controle el mercado encarece el energético”.

Actualmente, el precio de referencia de Texas, considerado el más alto del mundo, es de 4.50 pesos en promedio, así que más del doble de lo que se paga en México es el costo de que sean terceros y no PGPB quien distribuya el energético directamente. Pese a ello, el pasado 12 de enero, en respuesta al Acuerdo anunciado por Calderón, los gaseros que integran la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas exigieron su parte: en inserciones de prensa en distintos diarios de circulación nacional reclamaron un aumento al margen comercial de por lo menos 20 por ciento. Al respecto, la legisladora Valentina Batres denuncia que “Felipe Calderón consiente estos monopolios porque no tiene visión de Estado ni visión de país. Calderón no está pensando en cómo desarrollar económicamente al país, pero sí en cumplirle a los empresarios, de allí su política entreguista”.

Desde inicios de 2008, ante el incremento en los precios de los energéticos, los industriales demandaban subsidios gubernamentales al gas; “primero se protegerán las finanzas de los más pobres”, respondía el subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía, Jordy Herrera Flores. Aseguraba que el gobierno federal ayudaría a los hogares más pobres con una compensación económica para mitigar la volatilidad en los precios de los alimentos y combustibles.

“En lo que podemos dar certeza es que aún en este escenario complejo de alzas tan importantes en el costo de los insumos energéticos, estamos haciendo prevalecer la política de ayudar a los mexicanos que más lo necesitan”, decía el encargado de coordinar las redes de la campaña presidencial de Felipe Calderón. Por esas mismas fechas, el presidente aseguraba que mantendría el subsidio a los combustibles “para amortiguar el efecto de la inflación en los consumidores más pobres”. Cinco meses después, se conocería a los primeros beneficiados de la recientemente aprobada reforma energética.

El 31 de octubre, en el marco del 40 Foro Nacional de la Industria Química, evento en el que participó el director general de Pemex, Jesús Reyes Heroles, el presidente Felipe Calderón y la secretaria de Energía, Georgina Kessel, anunciaron las tarifas preferenciales en el precio de gas a los industriales, “como un logro de la reforma”. Un documento de PGPB revela que desde agosto de 2008 se había ordenado la tarifa preferencial a los industriales. Hasta enero dispuso la reducción al energético que, según la Profeco, consume el 78 por ciento de la población.

Al respecto, Valentina Batres asegura que la reducción en las tarifas de GLP “son sólo paliativos que no tendrán ningún efecto real en la economía de la población, porque esto que ya estamos viviendo es apenas el principio de los costos que deberemos asumir por la privatización disimulada de la principal empresa del Estado”, concluye la también secretaria de la Comisión de Gobernación en el Congreso de la Unión. Se solicitó una entrevista con el secretario de Economía, Gerardo Ruiz, para hablar sobre la supuesta presión que ejerció al director de PGPB por ordenanza del presidente Felipe Calderón. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Dependencia energética

A partir de este año, PGPB licitará la construcción de una planta de endulzamiento de gas y la construcción de siete plantas de recuperación de líquidos. Se contratarán también cuatro plantas de fraccionamiento de gas que operarán en Poza Rica y en la región sur de Burgos, además de una planta de producción de azufre. El pasado 5 de enero se anunció la licitación para la construcción de una planta criogénica en el Complejo Procesador de Gas Poza Rica, con capacidad para procesar 200 millones de pies cúbicos diarios de gas natural; con ella se plantea “aumentar la oferta de gas en el país”.

La justificación calderonista de que la reforma energética haría autosuficiente a Pemex en recursos y producción se diluye en las proyecciones oficiales de la paraestatal. En el caso de PGPB, aunque los privados se encargarán prácticamente de toda la operación a cambio de millonarios pagos, ni se producirá más gas ni significará para los consumidores finales beneficio alguno.

El documento de PGPB estima un déficit en la producción de gas, aún con todos los nuevos proyectos: en los próximos 10 años, la importación crecerá un 26.8 por ciento. El estimado es que las importaciones de gas, que en 2008 fueron de 360 mil millones de pies cúbicos por día, en 2017 se incrementarán a 663 mil millones de pies cúbicos por día. En el caso del GLP, la perspectiva es que hacia 2017 se estarán importando 37.4 miles de barriles por día. (ALP)

Rechazo del Legislativo

Las instalaciones petroleras y el manejo mismo de los energéticos son considerados por el Estado mexicano como un asunto de seguridad nacional, por ello, la diputada Claudia Lilia Cruz advierte del “riesgo” que significa el que las empresas privadas se encarguen de operar las terminales de almacenamiento y gasoductos en PGPB.

Coincide con Valentina Batres en que ello es parte de la privatización que una fracción del Poder Legislativo intentó evitar con su rechazo a la reforma energética.

“Los diputados y senadores que participamos en la movilización en contra de la privatización denunciamos que ya en la práctica había muchos avances en algunos de los artículos que estábamos legislando, y que la reforma estaba llena de trampas e ilegalidades, porque dejaba abierta la puerta para que las empresas privadas obtuvieran los grandes contratos en sectores prohibidos por la Constitución. Aún en el proyecto que se aprobó, se rechazó terminantemente que los ductos fueran operados por privados, porque estas áreas son de seguridad nacional. Ahora, al ver que Pemex Gas prepara ya proyectos y contratos para los empresarios, nos corrobora que teníamos razón: el principal motivo de la reforma era la privatización”.

Por su parte, Valentina Batres destaca el impacto que tendrán en el presupuesto los contratos y licitaciones que Pemex Gas comenzó a emitir en los primeros días de enero: “Vemos el tipo de licitaciones que están haciendo y nos damos cuenta que no les interesa fortalecer a la empresa paraestatal, porque no actúan como funcionarios públicos, sino como empresarios privados; además, como no son empresarios exitosos por sí, sino que sus ganancias están basadas en el dinero del erario público, inventan las necesidades de obra y de servicios en Pemex para financiar los negocios de sus hijos, amigos y gente que los apoya políticamente”. La legisladora por el Partido de la Revolución Democrática condena que “en plena crisis económica, y a costa del erario, Felipe Calderón está cumpliendo sus compromisos”.

Reflexiona que, “en general, la reforma energética apuesta al debilitamiento de la paraestatal, toda vez que en lugar de generar condiciones para fortalecer a la empresa, la dejan como mera contratista de servicios ante particulares”.

“Los efectos negativos del contratismo”, dice la legisladora, repercutirán gravemente en las finanzas públicas, “porque en el gobierno de Fox con los excedentes petroleros se pudo sortear los malos manejos, los sobrepagos millonarios, los fraudes en las contrataciones, pero hoy enfrentamos una etapa de recesión, el precio del petróleo va a la baja y no habrá excedentes este año; así que cada contrato irregular impactará como nunca”.

Aunado a que, dice por su parte Claudia Cruz, “en la reforma energética no hay nadie que regule acciones de las empresas privadas: si yo te estoy dando a través de esta legislación la concesión para que tú puedas almacenar, operar, controlar el gas o el petróleo, solamente Pemex va a estar entregando contratos, pero no va a regular a las contratistas ni va a decir si lo están haciendo bien o no.

“El problema también es que si tú das una concesión para hacer un asunto determinado, la administración pública simple y llanamente se va a deslindar, e incluso ahora Pemex ni siquiera va a poder demandar a las empresas que incumplan un contrato, porque todo se diseñó a favor de las contratistas, nunca se pensó en fortalecer a la empresa”. (ALP)

Documentos internos de Pemex revelan que además de la Usumacinta, las otras plataformas que Perforadora Central renta a Pemex –Tonalá y Grijalva– presentaron deficiencias desde que fueron arrendadas sin que se rescindiera uno solo de los contratos, otorgados por adjudicación directa.

El pasado 31 de octubre, Petróleos Mexicanos (Pemex) divulgó sus conclusiones respecto del accidente de la plataforma Usumacinta, propiedad de la compañía Perforadora Central, que en 2007 cobró la vida de 22 trabajadores en la Sonda de Campeche. Según dictaminó el Battelle Memorial Institute, la empresa está libre “de toda responsabilidad”.

De acuerdo con el estudio –pagado con recursos de la paraestatal–, los culpables fueron los mismos trabajadores fallecidos. El dictamen señala que el fuerte oleaje y el pánico de la tripulación ocasionó que abrieran las escotillas de los botes salvavidas (conocidos como mandarinas), lo que habría provocado su muerte.

Ese mismo día, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) dijo que algunos de los trabajadores fallecidos utilizaban libretas de mar apócrifas; es decir, que no habían acreditado los cursos donde se les capacita en las medidas de seguridad en plataformas o embarcaciones costa afuera, y en los cuales se certifica que saben nadar en condiciones extremas, trabajar en altamar y conducirse en eventuales situaciones de alerta. Los cursos para obtener la libreta de mar –requisito indispensable que expide la Dirección General de Marina Mercante de la SCT– tienen un costo que va de los 4 mil a los 6 mil pesos, y los ofrecen las compañías locales en “paquete” para las compañías.

Tras el dictamen oficial, Perforadora Central –que recibe de Pemex en promedio 6 millones de pesos diarios por el arrendamiento de sus plataformas– fue penalizada con una sanción administrativa, en discordancia con el siniestro, que es calificado por las organizaciones marítimas internacionales como uno de los más graves del mundo en la industria del petróleo y gas, y atribuido por la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF, por sus siglas en inglés) “a la corrupción en la empresa Petróleos Mexicanos” (Contralínea. Periodismo de investigación, 111).

Las autoridades federales determinaron que no procedía la inhabilitación de la compañía pese a la magnitud del siniestro. Ni el fallo que dio la denominada comisión independiente implicaría el incumplimiento del contrato 421006828, bajo el cual Perforadora Central rentaba a Pemex Exploración y Producción (PEP) la Usumacinta. Y es que, de acuerdo con las cláusulas contractuales, de forma previa la subsidiaria debió verificar la capacidad técnica, avituallamiento e infraestructura de la plataforma; certificar la capacitación de los oficiales y tripulación que trabajarían en ésta durante el periodo estipulado –del 20 de junio de 2007 al 18 de junio de 2010–, ya que todos estos conceptos estaban incluidos en la tarifa de renta diaria.

Entre las causales de accidente, la denominada “comisión independiente” cita: “No se tenía conciencia de que un evento meteorológico como el que afrontó la plataforma Usumacinta pudiera ocasionar que ésta se desplazara tanto  respecto a su posición original. No se tenían considerados correctamente los riesgos a los que se encuentran expuestas las plataformas del tipo de la Usumacinta (MAT-Cantilever), especialmente en situaciones de inestabilidad potencial de la plataforma”. Tampoco “se tienen instrumentos que detecten el movimiento de las plataformas. La capacitación de todo el personal para reaccionar en forma apropiada y segura en caso de emergencias no fue la adecuada. No se tuvo el conocimiento de cómo actuar dentro de los botes salvavidas y de las maniobras que deben realizarse ni de cómo sobrevivir en el mar. Los líderes de los botes no contaban con los conocimientos y la autoridad para mantener el orden y controlar el pánico”.

Tampoco se contaba “con el equipo necesario para operaciones de rescate durante un fenómeno meteorológico severo. Los barcos que asistieron durante el accidente no contaban con el equipamiento y la capacidad de hacer un rescate eficiente, por lo que no era atinado que se acercaran a los botes salvavidas”.

Todos los requerimientos que la comisión alude están considerados en el contrato de arrendamiento signado entre Perforadora Central y PEP, y son también requisitos mínimos según las normas internacionales de seguridad para trabajos offshore, tasados por la contratista en la renta que cobraba a PEP, la cual oscilaba en 1 millón 500 mil pesos diarios.

El dictamen se da a un año del siniestro y a menos de un mes de que Carlos Morales Gil adjudicara a Perforadora Central dos nuevos contratos por 73 millones de pesos para el transporte de personal en la Sonda de Campeche. Además de las plataformas Usumacinta, Grijalva y Tonalá, dicha compañía le arrienda los barcos Don Javier, Don Enrique, Don Fausto, Don Rodrigo y Don Francisco.

En respuesta al dictamen, trabajadores asignados a la Sonda de Campeche –tanto de Pemex como de las contratistas– enviaron un documento a la Presidencia de la República donde denuncian la supuesta complicidad entre un grupo de funcionarios y exfuncionarios de la paraestatal con Perforadora Central. Entre ellos señalan al director de PEP, Carlos Morales Gil; el exsubdirector Héctor Leyva Torres; el subdirector de la Región Marina Noreste, Javier Hinojosa Puebla; el exadministrador de Activos, Jorge Andrés Pérez Fernández; el gerente de Mantenimiento Integral, José Guadalupe de la Garza Zaldívar, y sus subordinadas: la superintendente Martha Alicia Castañeda y Mireya Juanita Miranda; y el coordinador de Control Marino, Javier Vizcarra Moreno.

Todos ellos, señalan, habrían avalado la operación de la Usumacinta pese a sus deficiencias y, por ello, piden al presidente que se les investigue. Citan en su denuncia: “Licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos: no puede permitir este engaño, no puede permitir dejarse llevar por un dictamen que no considera la situación de fondo, perdería credibilidad. Es indignante esta declaración de culpabilidad con los muertos que no hablan. No se puede permitir que esta declaración se olvide y pase a la historia como un caso más de impunidad. La culpabilidad debe recaer en quien dirigió desde el centro de Control Marino, desde un escritorio, desde un micrófono, en tierra, en Ciudad del Carmen: el capitán Javier Vizcarra Moreno, coordinador de Control Marino, quien dirigió las operaciones mientras duró la contingencia de la Plataforma Usumacinta”.

Aseguran que cuentan con videos donde se revela la responsabilidad de los funcionarios y que en algún momento los proporcionarán como evidencia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), ante la cual, aseguran, plantean presentar una denuncia en contra de los funcionarios citados y de la contratista.

Omisiones

La falta de capacitación o las deficiencias en el equipo de seguridad, que determinó el dictamen, debieron haber sido detectadas desde el momento en que se supervisó la plataforma, es decir, previo a que entrara en operaciones, ya que estos servicios los cobraría Perforadora Central a PEP.

El 18 de junio de 2007, cinco empleados de PEP (Cuauhtémoc Valdez González, Raúl Escareño, Fernando Arturo Pérez Sarabia, Esperanza Flores Cobos, Ricardo Gael León Hernández) hicieron el chek list a la Usumacinta. Fortuna  obtuvo el acta de revisión. Los documentos revelan que no hicieron pruebas básicas de seguridad porque la plataforma carecía del equipo para ello. Cita que no se le hicieron las pruebas al sistema de detección de gas sulfhídrico, gas combustible, detección de humo y fuego, “por falta de kit de prueba”. Las pruebas debían hacerse en las áreas de riesgo: área de máquinas, piso de perforación, presas y contrapozo, oficinas, comedor, pasillos y área habitacional.

Los documentos asientan que, en el ámbito de seguridad, únicamente se visualizó que hubiese lanchas y equipo salvavidas; sin embargo, éste no se puso a prueba ni se aplicó el programa de mantenimiento, como correspondía a la verificación.

De acuerdo con la normatividad, desde aquel momento los supervisores de PEP debieron haber detectado si el personal estaba capacitado, tanto para los trabajos asignados como para su estancia en las plataformas. Deberían realizarse simulacros para saber la reacción de los trabajadores. Debieron acreditarse tanto las libretas de mar como toda la documentación y certificación de los trabajadores, que tampoco se hizo. Según el chek list, durante la supervisión, Perforadora Central tampoco presentó certificados del paquete básico de seguridad industrial ni registros de mantenimiento al equipo de seguridad.

Las deficiencias en la Usumacinta no eran para los supervisores de PEP algo nuevo. Documentos de Pemex obtenidos por Fortuna revelan irregularidades que presentó en anteriores plazos del arrendamiento. Entre 2001 y 2007 se rentó sin que se le sometiera a un solo proceso de licitación. El 20 de agosto de 2001 se le otorgó el contrato 411001830 para el periodo del 1 de enero de 2002 a junio de 2004, por 33 millones de dólares.

El 21 diciembre de 2004, Carlos Arnoldo Morales Gil, la contrató de nuevo por adjudicación directa, para el periodo del 22 de diciembre al 19 de junio de 2005, con el documento 411004817, por 5 millones de dólares.

El documento de verificación, fechado el 20 y 21 de diciembre, asienta que el helipuerto requería de correcciones para cumplir las normas mínimas de seguridad. La iluminación era deficiente, la señalización incorrecta. No tenía documentación que avalara los procedimientos y programas de emergencia. Requería de mantenimiento tanto en la infraestructura como en los equipos de seguridad. La grúa requería un cambio de cables.

En detrimento de las cláusulas contractuales y de las normas internacionales, no cumplía con el equipo mínimo de seguridad y estaciones contraincendio certificados por la Sociedad de Clasificación ABS o “alguna casa clasificadora perteneciente a la International Asociation Clasifacation Society y US Coast Guard”. Al respecto, el documento asienta que ni siquiera tenía extintores; incluso se le dio una venia al 5 de enero de 2005 para cubrir el requisito. Respecto a los sistemas de drenaje de aceites y aguas negras, los supervisores detectaron que “se necesita mejorar el sistema por estar en malas condiciones”.

En esta ocasión tampoco se supervisó la documentación de los 60 tripulantes de la plataforma: si contaban con uniformes y equipo especial de trabajo; tampoco se revisó si sabían utilizar los equipos salvavidas ni si estaban capacitados para casos de emergencia. En la plataforma no había botes salvavidas, chalecos, equipos de seguridad ni de primeros auxilios. Las grúas de la plataforma requerían de cambiar sus cables. Se detectaron fallas también en los equipos de perforación.

El 9 de mayo de 2005, un mes antes de que concluyera el contrato, se le adjudicó otro: el 411005807, por 31 millones de dólares, para el arrendamiento del 15 de agosto de 2005 al 14 de agosto de 2007. El chek list está fechado el 2 y 3 de septiembre de 2005. El documento registra las mismas deficiencias que el correspondiente al contrato anterior, lo que supondría que las fallas no se corrigieron e incluso registraron un mayor deterioro.

El chek list indica que la zona del helipuerto no tenía marcadas las rutas de emergencia ni tampoco la señalización en ruta de acceso normal. No contaba tampoco con el plano de diseño del helipuerto, como marca la norma aeronáutica.

El contrato indica que la plataforma debía tener dos grúas tipo marino. Desde hacía más de un mes que Perforadora Central facturaba a Pemex la renta del equipo completo, pero no tenía una de las grúas. El contrato que PEP asignó, y por el cuál le pagaba 500 mil pesos diarios, estipulaba que todo el mobiliario debía ser nuevo, Perforadora Central no cumplía tal condición.

La zona de almacenamiento y líneas de descarga no tenía mantenimiento anticorrosivo. El almacén de productos químicos estaba ocupada por materiales y herramientas; no tenía planta desaladora de agua. No había separador de aguas aceitosas. La unidad de equipo de bombero no tenía mantenimiento anticorrosivo ni mecánico. Las válvulas registraban fugas. Faltaban tanques dosificadores de aditivos. El quemador ecológico presentaba deficiencias.

El mayor deterioro se registraba en la zona habitacional. Según el contrato, debía haber tres oficinas para el personal de PEP: este rubro también se incumplía. Tampoco tenía el software ni el hardware facturado a PEP.

La verificación está firmada por Cuauhtémoc Valdez González, Ulises Córdova Santamaría, Mauro Martínez Marcial, Enrique Cano Sánchez, Jesús Barrera Matus, Nelfo Reyes Domínguez, José González Dueñas, Gabriel Gómez Lucero, Víctor Manuel García Echavarría, Eduardo Ramírez Hernández y José Luis Sánchez Rodríguez.

Supuestamente, los 31 millones de dólares que se le pagaron por el contrato 411005807 consideraban su arrendamiento hasta el día 14 de agosto de 2007, pero en junio de ese año PEP le adjudicó el contrato para el periodo del 20 de junio de 2007 al 18 de junio de 2010. En el mes de octubre, es decir, apenas tres meses de que entrara por tercera ocasión consecutiva en arrendamiento, ocurriría el accidente.

Tragedia anunciada

Desde 2003, el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), organización que forma parte de la Coalición Internacional de Organizaciones para los Derechos Humanos en las Américas y también del Capítulo Mexicano de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Desarrollo y Democracia, documentó las anomalías de Perforadora Central que, a la postre, el dictamen de la comisión independiente incluiría en las causales del siniestro.

Manuel Padrón Flores, coordinador del Cereal, explica que por ello “no nos sorprendió el accidente de la Usumacinta”. Reflexiona: “No fue extraño, más bien era como una tragedia anunciada, un accidente que se dejaba venir y con unas consecuencias como las que se tuvo y no porque sean cosas mágicas ni que tengan que ver solamente con las cuestiones climatológicas, sino por las condiciones de seguridad en las cuales laboraban, y laboran, los trabajadores de Perforadora Central. Las condiciones en las cuales acceden a las plataformas los trabajadores son sin capacitación clara, sin que conozcan las normas de seguridad; pero la compañía los contrata así porque entre menos capacitación tenga, habrán de ser más sobreexplotados”.

Explica que, desde 2004, Cereal denunció las anomalías ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), pero que ésta se limitó a someras visitas en las cuales daba fe de que “todo estaba en orden”. En efecto, las actas de inspección de la STPS –cuya copia obra en poder de Fortuna– revelan que en sus visitas los delegados de la Secretaría no supervisaron ni la capacitación ni las condiciones laborales ni de seguridad e higiene y avalaron un sindicato que los trabajadores denunciarían como sindicato blanco. En las visitas no supervisó ni la capacitación ni las condiciones laborales ni de seguridad e higiene.

El caso fue documentado también por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la Organización de las Naciones Unidas en su Informe sobre las violaciones a los derechos humanos laborales en México.

Fallas en otras plataformas

Las deficiencias no se circunscribían a la Usumacinta, según revelan las actas de supervisión de las plataformas Tonalá y Grijalva.

Respecto a la Tonalá, se arrendó mediante el contrato 411004800 signado el 31 de diciembre de 2003 por 78 millones de dólares, para el periodo del 12 de marzo de 2004 al 30 de noviembre de 2007; se supervisó el 11 de marzo de 2004. Las actas asientan que el helipuerto no tenía ningún tipo de señalización que marca la norma.

En el área médica no había tanque de oxígeno; en la zona de operación no había montacargas; las bombas de seguridad no tenían sistemas de arranque; el equipo de bombeo no tenía sistema de mezclado; el equipo de perforación estaba incompleto; no tenía instalado el sistema que proporcionara los volúmenes de combustible. Al igual que la Usumacinta, la Tonalá tampoco contaba con el equipo de seguridad para cuantificar concentraciones de gas sulfhídrico.

Un día antes de que concluyera el contrato, se le adjudicó otro también de manera directa, para prorrogar su arrendamiento del 1 de diciembre de 2007 al 29 de noviembre de 2010 (contrato 421006843). El monto: 205 millones de dólares; se supervisó el 30 de noviembre de 2007. Se detectó que no tenía mantenimiento anticorrosivo. En el área del helipuerto no había instrucciones de seguridad para los pasajeros en rutas de acceso, carecía de mantenimiento y las luces de seguridad eran deficientes. En el sistema de gas los tanques estaban corroídos. En la zona habitacional los colchones estaban en mal estado, el agua potable salía amarrillenta.

En la plataforma Grijalva se detectaron anomalías similares. Se arrendó el 3 de junio de 2005 sin licitación pública de por medio, mediante el contrato 411005808, por 7 millones de dólares, para el periodo del 6 de junio al 31 de diciembre de ese año. Se verificó el 5 de junio. La zona habitacional no tenía el mobiliario inventariado; el instrumental médico estaba en malas condiciones; el equipo de radiotransmisión no estaba completo, tampoco el equipo de cómputo. Respecto al equipo de seguridad, las balsas inflables no estaban en buenas condiciones.

El equipo de perforación estaba incompleto. Los detectores de gas sulfhídrico no operaban.

Dos días antes de que concluyera el plazo contractual, PEP le adjudicó otro contrato (411005832) –también sin licitación pública de por medio– para el periodo del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2007. El documento de supervisión está fechado el 29 de diciembre de 2005. Los hallazgos se relacionan con los sistemas de seguridad: en el helipuerto no estaba instalado el equipo de combate de incendio, tampoco había herramienta para casos de accidentes; no había equipo de combate de incendio agua-espuma. El sistema de detección de gas sulfhídrico tenía deficiencias.

En otros artefactos marítimos, que en ese sexenio rentó a PEP, Perforadora Central flexibilizó las normas de seguridad. Por ejemplo, en el denominado EP01, arrendado mediante el contrato 411005826, del 15 de julio de 2006 al 26 de septiembre de 2008, el helipuerto no tenía equipo de combates de incendio, de acuerdo con la verificación que se le hizo los días 12 y 13 de agosto.

En otras, se registraron omisiones de carácter legal. En la Grijalva, por ejemplo –rentada para el periodo del 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2010, con el contrato 421007801– se detectó que no tenía las licencias de software. Su renta genera a la compañía ingresos por 1 millón 300 mil pesos diarios.

Las inobservancias al Órgano Interno de Control

Carlos Arnoldo Morales Gil, director de PEP, tenía conocimiento de las irregularidades vía los órganos internos de control, que en 2004 comprobaron que la citada compañía no cumplía las normas de seguridad ni protección ambiental, lo que enrarece su decisión de contratar sus plataformas sin procesos de licitación.

En una auditoría realizada en 2004, la SFP determinó que el quipo de seguridad utilizado “por el ciento por ciento” de los trabajadores de Perforadora Central “no es de calidad ni es seguro”.

Cita la auditoría que la causa principal de esta anomalía era “la debilidad en la supervisión efectuada de quien tiene la responsabilidad en PEP para vigilar el cumplimiento a las normas, reglamentos y condiciones pactadas en los contratos de las empresas contratadas”. Y como segunda causa: “Falta de compromiso de los proveedores ante sus trabajadores”. La SFP observaba que “el no cumplimiento a las normas y procedimientos en materia de seguridad industrial y protección ambiental por parte de los proveedores ha tenido un efecto negativo, ya que el factor de riesgo e índice de accidentes es mayor para los trabajadores de las compañías”.

El acta de la SFP cita a Jorge Andrés Pérez Fernández como uno de los funcionarios responsables de que la contratista corrigiera sus malas prácticas, las cuales, según Función Pública, implicaban también el incumplimiento a los contratos. Los trabajadores de la Sonda de Campeche piden al presidente Calderón que se investigue a Andrés Pérez.

En un documento, identificado con el número SPC/0429/2004, dirigido por el subgerente de Perforación por Contrato, Jorge Fernández Villaseñor, a los representantes de Perforadora Central, les “exhorta” a “cumplir las cláusulas de los contratos de arrendamiento”. Explica que en cumplimiento a las observaciones del Órgano Interno de Control en PEP –que detectó anomalías en la plataforma Grijalva, entre ellas “que el equipo no es de calidad y no es seguro”– se hace un atento exhorto a sus representadas para que cumplan con las normas, reglamentos y condiciones pactadas en los contratos, en lo que el equipo de seguridad de su personal debe ser “suficiente, seguro y de buena calidad”. No obstante, ninguno de los contratos le fue rescindido.

Las organizaciones de defensa de los trabajadores de la Sonda de Campeche, adheridas al Frente Unido de Marinos Mercantes, describen que recibieron “como un balde de agua fría” la resolución del dictamen avalado por el químico Mario Molina, ya que éste, explican, no considera la problemática que padecen los trabajadores, la cual ha sido documentada también por las organizaciones internacionales, y en algunos casos, como el de Perforadora Central, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la Organización Internacional del Trabajo.

Enrique Pacheco Georges, dirigente de la Asociación Sindical de Oficiales de Máquinas de la Marina Mercante Nacional e integrante del Frente Unido de Marinos Mercantes, denuncia que “la corrupción de los funcionarios, que desde el sexenio pasado controlan PEP, tiene como consecuencia que la petrolera incurra en violaciones a las leyes laborales, específicamente los artículos 153 A en el capítulo 3 bis, y artículo 194 de la Ley Federal del Trabajo, y violaciones a los acuerdos, convenios y leyes internacionales en materia de seguridad, en las pérdidas materiales y en los casos más graves, como el de la Usumacinta, a pérdidas humanas”.

Por su parte, Manuel Padrón Flores, del Cereal, explica: “Creíamos que con la presencia de una persona con la autoridad moral como es Mario Molina, se iba a profundizar en las causas, se iba a avocar a todo aquello que compete a la vida de los trabajadores; vemos que lamentablemente el dictamen solamente hace un juego sucio a la compañía, le hace un favor a las autoridades laborales, porque no es posible que vayamos a aceptar que la responsabilidad del accidente se debió a la misma actitud de descuido de los trabajadores; pero no están contempladas todas las circunstancias en las cuales laboraban los trabajadores ni tampoco las acciones y actitudes que la misma empresa tenía para sus empleados, es decir, la sobreexplotación de los trabajadores mas allá de lo que humanamente es posible”.

Pero lo más lamentable, dice Padrón Flores, es que la resolución “deja un precedente para que cualquier accidente que ocurra. Las compañías saben que podrán culpar a sus trabajadores, es decir, a partir de esto se va a criminalizar las acciones de los trabajadores acusándolos de irresponsables, sin que se investiguen las causas de fondo, lo que garantiza a las compañías la impunidad. Al final, la Usumacinta es un caso similar a Pasta de Conchos, donde se continuará la impunidad, y eso contribuye también a la mayor corrupción en la empresa Petróleos Mexicanos”.

Fortuna solicitó una entrevista a los directivos de Pemex, Jesús Reyes Heroles y Carlos Morales Gil, lo mismo que a los directivos de Perforadora Central. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

A la redacción de esta revista han llegado diversos mensajes de sobrevivientes del accidente de la plataforma Usumacinta. Uno de ellos comenta que luego del siniestro “reubicaron a un grupo de trabajadores; a otros, los corrieron y no tuvieron ayuda sicológica ni monetaria. A nosotros los obreros sólo nos dieron tres meses de ‘ayuda sicológica’ y 12 mil pesos de indemnización. Los funcionarios de Pemex y los de la empresa nos hicieron firmar un documento donde decía que no podíamos demandar a nadie, sólo a Pemex”. Según el trabajador, al paso de los meses a él lo despidieron. Él y sus compañeros buscaron una indemnización, pero Perforadora Central “nunca nos recibió ni en las oficinas de Campeche ni en la ciudad de México”. (ALP)

Mientras que el Congreso de Estados Unidos busca poner candados y una estricta vigilancia al rescate bancario, en México, durante 10 años, según datos de la SHCP, el IPAB ha consumido en promedio el 10 por ciento del PIB anual sin un sistema de rendición de cuentas. Si el Legislativo lo aprueba, en 2009 el IPAB manejará 265 mil millones de pesos

Durante sus 10 años de operación, el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) –que sustituyó al Fobaproa, instituido por Carlos Salinas de Gortari en 1990– ha incrementado sus costos de operación. Dentro del paquete presupuestal que se discute en el Congreso, el secretario de Hacienda y presidente de la Junta de Gobierno del Instituto planea que éste maneje 265 mil millones de pesos.

La diputada Valentina Batres Guadarrama, integrante de la Comisión de Hacienda, advierte que la insistencia de Agustín Carstens de capitalizar el IPAB tiene como finalidad “inyectar capital al Instituto, del que tiene poder absoluto: sólo él y su grupo más cercano sabe lo que pasa, porque prevén el periodo de crisis que se avecina y no quieren renunciar a los privilegios que les han dado a sus amigos y compadres con recursos del erario. Quieren recetarnos otro Fobaproa (Fondo Bancario de Protección al Ahorro Bancario)”.

En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) plantea que el IPAB tenga una disponibilidad inicial de 35 mil millones de pesos; otros 31 mil millones de pesos de los apoyos del gobierno federal para ahorradores y deudores de la banca; otros 3 mil 200 millones de ingresos derivados de intereses por inversiones; y 187 mil millones de pesos mediante nuevos créditos para “refinanciamiento”.

De éstos, 34 mil 587 millones 36 mil 893 pesos estarían destinados a los pagos de la deuda; 9 millones 700 mil pesos a la asistencia de funcionarios; 2 mil 166 millones 187 mil 362 pesos a reserva de protección al ahorro; 14 millones de pesos a gastos de administración.

En ese mismo periodo pagará  65 mil 351 millones de pesos por intereses y comisiones de la deuda.  En ese mismo periodo, Hacienda proyecta que el Instituto tendrá pérdidas, también por la reserva de protección al ahorro, por 3 mil 874 millones de pesos.

Durante 2009, según la SHCP, el IPAB tendrá un gasto programable por 528 millones 422 mil 928 pesos, de éstos, 378 millones 95 mil 903 pesos serían para servicios personales; 5 millones 476 mil pesos para materiales y suministros; 137 millones 386 mil 65 pesos para servicios generales. Es decir que cada día de operación del IPAB costará a los mexicanos poco más de 1 millón de pesos.

Incosteable, el presupuesto solicitado

Analistas económicos coinciden en que, dada la recesión en Estados Unidos y el monto que el secretario Carstens pretende que maneje el IPAB, es necesario revaluar los costos del rescate bancario mexicano y que el IPAB transparente sus operaciones para evitar otro millonario quebranto como el que provocó el Fobaproa.

El economista y sociólogo Alejandro Álvarez Bejar, responsable del proyecto “Crisis Financiera y Patrones de Readecuación y Especialización Productiva en los Sistemas Industriales de la Región Centro-Norte de México”, de la UNAM, cuantifica que hasta ahora el monto invertido en el rescate mexicano es de 130 mil millones de dólares, es decir, cerca de 1.5 billones de pesos.

“Es una cifra vergonzosa cuando vemos que la economía no crece o tiene un crecimiento mediocre, cuando se ha llegado a los niveles más altos de desempleo y que se habla de la excelencia educativa cuando las escuelas se están derrumbando”, dice.

Gerardo Esquivel, doctor en economía e investigador del Colegio de México, señala que en el contexto de la situación financiera nacional no sería conveniente que el Legislativo destinara mayores recursos al IPAB, dado que no se justifica su destino. Por su parte, Jorge Estefan Chidiac, presidente de la Comisión de Hacienda, asegura que el monto solicitado por la SHCP no se aprobará.

La deuda

Independientemente de los recursos que se le aprueben, el comparativo de los estados financieros del Instituto asienta que para cubrir la deuda privada convertida en pública en el periodo comprendido entre 1999 y 2008, el gobierno federal le debió haber asignado un presupuesto promedio de 700 mil millones de pesos para cubrir sus pasivos.

Además, para compensar el déficit presupuestal, se le han inyectado recursos por medio de préstamos bancarios y de la colocación de Bonos IPAB en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). En términos financieros, a medida que más se prolonga la deuda, más crece el monto de los intereses y, por ende, crece más la deuda.

En octubre de 2002, el legislador José Antonio Magallanes Rodríguez, secretario de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados, denunció en el Congreso que ilegalmente la SHCP estaba destinando onerosos recursos al IPAB, dentro del Presupuesto de Egresos, para “subsidiar la operación de los bancos”, y que el IPAB estaba incluyendo pasivos no considerados en el programa de rescate para “inflar” los recursos fiscales asignados al IPAB desde su creación en 1998.

Aunque el objetivo del IPAB en 1999 era sanear el sistema bancario mexicano con la venta de los propios activos del Fobaproa, en el sexenio de Vicente Fox y en lo que va de Felipe Calderón paulatinamente redujo las operaciones por concepto de las cuotas de bancos y venta de activos, para ampliar el rubro de operaciones a cuenta del erario público, según los estados financieros. Por ello, Álvarez Bejar lo define como “un parásito financiero”.

De acuerdo con los estados financieros de 1999 a 2008, sus activos demuestran que para 1999 se requerían ingresos por 655 mil 215 millones de pesos, considerados 92 mil 573 millones de pesos dentro de las operaciones del IPAB, y los otros 562 mil 642 millones de pesos, es decir, el 86 por ciento, vía presupuesto de egresos.

Para 2000, la estimación era de 650 mil 107 millones de pesos; de éstos, 83 mil 75 millones de pesos, por operaciones del IPAB; los otros 567 mil 32 millones de pesos, es decir, el 87 por ciento, vía presupuesto. En 2001, la estimación era de 681 mil 917 millones de pesos, 58 mil 154 millones ingresados vía operaciones del IPAB, los otros 623 mil 753 millones, es decir, el 91 por ciento, vía presupuesto.

En 2002 se estimaban 698 mil 997 millones de pesos, 58 mil 181 millones de pesos vía IPAB, y los restantes 640 mil 816, es decir, el 92 por ciento, vía presupuesto. En 2003 se estimaban 802 mil 541 millones de pesos, 113 mil 892 millones de pesos vía IPAB, y el resto, 688 mil 649 millones de pesos, es decir, el 86 por ciento, vía presupuesto.

En 2004, del total de los 748 mil 207 millones de pesos, vía IPAB ingresarían 106 mil 942 millones de pesos; el resto, 651 mil 265 millones de pesos, es decir, el 87 por ciento, vía presupuesto. En 2005, el estimado era de 739 mil 517 millones de pesos: el 18 por ciento, 60 mil 753 millones de pesos, vía IPAB; el 92 por ciento, 678 mil 764 millones de pesos, vía presupuesto.

Para el último año de gobierno de Vicente Fox se estimaron 774 mil 621 millones de pesos: el 18 por ciento, 61 mil 774 millones de pesos, vía IPAB; 92 por ciento, 712 mil 847 millones de pesos, vía presupuesto.

En el primer año de gobierno de Felipe Calderón, la proyección fue de 752 mil 351 millones de pesos: vía IPAB, 38 mil 989 millones de pesos, y vía presupuesto, 713 mil 362 millones de pesos, es decir, el 95 por ciento. En 2008, los ingresos se calculan en 759 mil 611 millones de pesos: vía IPAB sólo el 5 por ciento, 37 mil 300 millones de pesos; el otro 95 por ciento, 722 mil 311 millones de pesos, vía presupuesto de egresos.

Los estados financieros de 1999 a 2008 revelan que el IPAB obtuvo ingresos por 451 mil 678 millones de pesos provenientes de cuotas recibidas de las instituciones, productos financieros, resultados por posición monetaria, recuperación de derechos de fideicomisarios y los recursos recibidos del Fondo IPAB. La diferencia entre los recursos presupuestados y los recibidos son considerados por el IPAB como pérdidas.

Para cubrir el hueco presupuestal, en una primera etapa adquirió millonarios créditos bancarios. Según sus estados financieros, de 1999 a la fecha, el IPAB ha pagado 103 mil 692 millones de pesos por préstamos bancarios a HSBC y Serfin. Para algunos bancos, los intereses que les paga el Instituto de la cartera Fobaproa representan sus principales activos en México. Los bancos acreedores serán los beneficiaros directos de 65 mil millones de pesos por los intereses que el IPAB les pagará en 2009.

Paralelamente, el IPAB comenzó a emitir sus propios bonos y a colocarlos en la BMV. Los bonos IPAB son emitidos por el fideicomiso del Instituto a plazo de 1 mil 50 días, con corte cada 28 días, y tasas de interés igual a los de los Cetes en moneda nacional y a la tasa de interés Libor para la moneda extranjera. Su vencimiento va de tres a 10 años. Los primeros bonos IPAB vencieron en 2008, los emitidos a largo plazo (hasta el día de hoy) vencerán en 2015.

La deuda en bonos

En los últimos ocho años, el IPAB ha emitido bonos por 723 mil 230 millones de pesos. En 2009, el pago de éstos representará uno de los rubros más costosos para la hacienda pública, ya que en ese año vence el 20 por ciento del monto colocado en la BMV: 143 mil 636 millones de pesos, de los que 761 millones de pesos son intereses.

Tan sólo en 2008 se debieron pagar 74 mil 247 millones de pesos, que corresponde a 73 mil 900 millones de pesos del importe colocado, y 347 millones de intereses devengados. En 2009, el monto será de 143 mil 636 millones de pesos; en 2010, 149 mil 761 millones de pesos. Hacia el 2015, se deberán haber pagado los 723 mil 230 millones de pesos, lo que significa que el presidente que suceda a Calderón deberá asumir una deuda de 140 mil millones de pesos por los bonos IPAB, más los que se emitan en lo que resta de este sexenio para cubrir lo que se debe actualmente.

Según datos de la SHCP, durante una década, el IPAB ha consumido en promedio el 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país. La deuda del IPAB ha representado el 22 por ciento de la deuda pública.

Entre 1999 y 2008 –según el estado de egresos– el IPAB ha pagado 579 mil 722 millones por los intereses por concepto de compra de cartera y saneamiento financiero del Fobaproa. Otros 259 mil 003 millones por reconocimiento de pérdidas por los programas de saneamiento financiero y compra de cartera. Los recursos asignados a instituciones financieras en liquidación o quiebra ascienden a 194 mil 907 millones de pesos.

Las pérdidas por concepto de quebranto derivado de las cuentas incobrables del programa de compra de cartera y saneamiento financiero ascienden a 166 mil 623 millones de pesos. Los recursos destinados al saneamiento de instituciones intervenidas ascienden a 60 mil 402 millones de pesos.

Las pérdidas por valores adquiridos en moneda extranjera ascienden a 53 mil 650 millones de pesos y las pérdidas de acciones adquiridas a los bancos intervenidos ascienden a 29 mil 450 millones de pesos. Por cuotas “para cubrir las obligaciones garantizadas”, el gasto asciende a 7 mil 381 millones de pesos.

El gasto corriente del IPAB por pago de nóminas, recursos materiales y servicios generales y por asesoría, asciende a 22 mil 674 millones de pesos, es decir, en promedio 2 mil 200 millones de pesos. Esto quiere decir que el gasto que en su década de operación ha tenido el IPAB en el rubro de manejo administrativo asciende al presupuesto obtenido vía egresos de la federación durante 1999. Otros gastos personales, de los cuales el IPAB no precisa en qué se han erogado, ascienden a 9 mil 104 millones de pesos.

El pago de nómina a los funcionarios de alto nivel ha sido uno de los más costosos. La secretaria ejecutiva recibe, en promedio, 150 mil pesos de sueldo, más gastos de alimentación, seguro de gastos médicos mayores, prima vacacional, automóvil y uso de teléfonos celulares. Los mismos beneficios son para los vocales. Los secretarios adjuntos, directores generales y adjuntos reciben un salario de 110 mil pesos, y otros 5 mil pesos por gastos administrativos.

Según los estados financieros, las cuentas incobrables del Fobaproa, a junio de 2008, han representando un quebranto por 328 mil 32 millones de pesos.

Los grupos de los cuales se adquirió cuentas incobrables son: Banco Unión, por 138 mil 722 millones de pesos; Banca Cremi, por 53 mil 79 millones de pesos; Banco del Oriente, por 30 mil 147 millones de pesos; Abaco Grupo Financiero, por 25 mil 435 millones de pesos; Grupo Financiero del Sureste, por 19 mil 592 millones de pesos; Grupo Financiero Asemex, por 16 mil 726 millones de pesos; Banco Obrero, por 11 mil 983 millones de pesos; Banco Interestatal, por 11 mil 192 millones de pesos.

Además de cuentas incobrables de Banco Capital, por 10 mil 722 millones de pesos; Grupo Financiero Pronorte, por 9 mil 205 millones de pesos; Grupo Financiero Cremi, por 1 mil 923 millones de pesos; Mexival Banpaís, por 527 millones de pesos; Estrategia Bursátil, por 370 millones de pesos; Walworth de México, por 322 millones de pesos; Mandatos Obrero-Dina, por 78 millones de pesos; y “otras cuentas” –no especificadas– por 78 millones de pesos.

El quebranto de los activos adquiridos por concepto de los fideicomisos de Banco Santander, Banco Mercantil del Norte, HSBC y Nacional Financiera asciende a 63 mil 375 millones de pesos. El monto más alto corresponde al Banco Mercantil del Norte, cuyo quebranto asciende a 62 mil 745 millones de pesos; HSBC de México, por 455 millones de pesos; Banco Santander, por 128 millones de pesos; Nacional Financiera, por 44 millones de pesos; los otros 3 millones de pesos corresponden a otras cuentas no especificadas.

A ello se suman los pasivos contingentes que se derivan de los litigios laborales y juicios en contra de las instituciones rescatadas, que mediante los contratos de compra venta el IPAB asumió como obligaciones de pago, que ascienden a 3 mil 200 millones de pesos.

Desincorporación de activos

En 2008, el IPAB prácticamente concluyó la venta de los activos –bienes muebles, inmuebles y cartera de crédito– que entre 1994 y 1995 fueron trasladados al Fobaproa. La diputada Valentina Batres Guadarrama define a este periodo como “la segunda etapa del fraude Fobaproa”.

La legisladora explica que “en un primer momento del rescate bancario se desperdiciaron recursos públicos en rescate de deudas personales; pero la voracidad de los panistas hizo que el IPAB se convirtiera en su “caja chica”.

De acuerdo con declaraciones que ante el Legislativo hizo la secretaria del IPAB, María Teresa Fernández Labardini, la recuperación fue de poco menos del 30 por ciento del valor que los activos tenían al momento del rescate. Sin embargo, las estimaciones de algunos auditores externos consultados por el Legislativo son que por cada peso se recuperaron apenas 17 centavos.

Según Labardini, la desincorporación de los activos representó ingresos por 106 mil millones de pesos. En contraste, en 2001 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) cuantificó el costo del rescate bancario en 1 billón 200 mil millones de pesos, monto que ascendería en promedio al 20 por ciento del PIB; ello significa que, considerando las estimaciones de la ASF, la recuperación es menor al 10 por ciento.

Una de las operaciones que malbarató activos sucedió en junio de 2002. Entonces, el IPAB vendió a la Fundación Humanismo Político Acción Civil, del Partido Acción Nacional, el edificio ubicado en el número 136 de la avenida Paseo de la Reforma en 88 millones 207 mil 959 pesos. Éste fue pagado con recursos del Poder Legislativo. La transacción de la denominada Torre Azul fue operada por el entonces senador Diego Fernández de Cevallos.

Mediante supuestas licitaciones y subastas públicas, el IPAB enajenó los activos físicos y financieros, bienes inmuebles y muebles del Fobaproa durante 10 años. Otro caso polémico es el de Construcciones Prácticas, a la cual el IPAB le remató bienes muebles e inmuebles en cinco entidades del país, operación que habría beneficiado a los hijastros del expresidentes Vicente Fox, Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún y sus socios Miguel Khoury Simman.

Otro favorecido fue Cosme Mares Hernández, señalado por el Legislativo como supuesto prestanombres del entonces presidente Vicente Fox. Mares adquirió el predio El Tamarindillo, en la comunidad El Ticuiz, Michoacán. Los terrenos estaban dentro de la cartera de “activos grises” de Banca Serfín, considerados así por su supuesto “poco valor estratégico o comercial”.

Además está el de Mexicana de Aviación, compañía aérea vendida en el sexenio de Vicente Fox al Grupo Posadas, de Gastón Azcárraga, por 165 millones de dólares y con una deuda de 294 millones de dólares.

El empresario Olegario Vázquez Raña, propietario del consorcio Grupo Ángeles, benefactor de la Fundación Vamos México, de Marta Sahagún, adquirió por 254 millones de dólares los Hoteles Camino Real, propiedad del Banco Unión.

Durante el sexenio de Calderón, en octubre de 2007 el IPAB vendió al consorcio estadunidense Citigroup, la línea aérea Aeroméxico por 249 millones de dólares; este costo se cubrió con recursos del propio IPAB: pagarés del Fobaproa adquiridos por Banamex, institución bancaria adquirida por Citigroup en 2001.

La hipoteca de la nación

Después de la crisis económica y financiera de 1994, el gobierno de Ernesto Zedillo decidió utilizar al Fobaproa para llevar a cabo el rescate del sistema bancario nacional. Para ello se crearon programas para apoyar a los deudores de la banca y programas para apoyar a los bancos.

El apoyo se dio en dos modalidades: mediante los llamados Programas de Capitalización y Compra de Cartera (PCCC), que consistieron en incrementar el capital de los bancos mediante la sustitución de un activo financiero de baja calidad (carteras con problemas) por pagares emitidos por el Fobaproa. Estos apoyos se dieron a Banamex, Bancomer, Bital, Banorte y Serfin. La otra vía fueron los Programas de Intervención y Saneamiento, que operaron mediante la aportación de capital contra la participación accionaria, en la que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores asumió el control de 12 instituciones financieras, entre septiembre de 1994 y agosto de 1997.

Paralelamente se realizaron procesos de saneamiento de los bancos, que consistían en el otorgamientos de líneas de crédito para que éstos pudiesen cumplir con sus obligaciones, ser rehabilitados y posteriormente vendidos. Las instituciones financieras beneficiadas fueron: Serfin, Atlántico, Banco del Centro, Promex, BBVA y Santander.

Para 1997, la deuda representaba el 40 por ciento del PIB, y significaba dos terceras partes del Presupuesto de Egresos de la Federación 1998, y el doble de la deuda pública interna. En 1999, los activos que adquirió el IPAB del Fobaproa ascendían a 655 mil 215 millones de pesos. Supuestamente se recuperaría por lo menos el 50 por ciento con la posterior desincorporación de activos.

La deuda se incrementó. Cuando la Ley del IPAB obligó al canje de pagarés de capitalización y compra de cartera, a cargo del Fobaproa, por obligaciones a cargo del recién creado IPAB, el monto se había incrementado a 876 mil 254 millones de pesos, según registró la ASF en su revisión a la cuenta pública correspondiente a ese año y publicada en marzo de 2001. Entre las irregularidades, destaca que en el caso de algunos bancos, como Banamex, la adquisición de la cartera por parte del Fobaproa se hizo con todo e intereses moratorios.

Fortuna solicitó una entrevista con la secretaria técnica del IPAB. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

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Secreto bancario a modo
Durante 10 años, los dos secretarios ejecutivos que ha tenido el IPAB en los gobiernos panistas –Mario Beauregard con Vicente Fox, y María Teresa Fernández Labardini, con Felipe Calderón– se han negado a transparentar los adeudos de los grandes corporativos que entraron al Fobaproa, bajo el amparo de la Ley de Protección al Ahorro Bancario que, según ellos, no faculta ni obliga al Instituto a hacer pública información que está protegida por los secretos bancario y fiduciario.
Incluso, las auditorías que el Congreso ha solicitado han sido obstruidas por los funcionarios del Instituto, pues argumentan que sus operaciones están blindadas por los artículos 117 y 118 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Un ejemplo es el del consorcio Zeta Gas, que entró a las cuentas del Fobaproa. En una entrevista concedida en 2007 a las revistas Contralínea y Fortuna, el presidente del corporativo, Jesús Alonso Zaragoza López aseguró que para esas fechas, tanto él como su hermano Miguel Zaragoza López habían liquidado sus adeudos al IPAB, luego de varias reestructuraciones de la deuda. Sin embargo, se negó a proporcionar los documentos respectivos. Estos mismos se solicitaron al IPAB y éste los negó, alegando secreto bancario.
El blindaje al IPAB no se ha ceñido a las decisiones de los secretarios ejecutivos o de los titulares de Hacienda, Francisco Gil Díaz y Agustín Carstens. En abril de 2003, la Presidencia de la República promovió una controversia constitucional en contra de la Cámara de Diputados y de la ASF, por los resultados obtenidos en las auditorías practicadas al Fobaproa-IPAB.
Carlos Altamirano, exdirector general de política presupuestal en la SHCP, dice que por lo menos ahora que el IPAB vendió todos los activos del Fobaproa, debe transparentar las operaciones: “En la venta de los activos nunca hubo rendición de cuentas, ahora creo que es justo que se transparente porque ya todos los mexicanos los pagamos y la sociedad mexicana tiene derecho a que se transparente, que se sepa quién se quedó con todo lo que la sociedad pagó”.
La toma de decisiones sobre las operaciones del Instituto queda en manos de su secretaria Ejecutiva y de la Junta de Gobierno, integrada por el secretario de Hacienda, Agustín Carstens Carstens; el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez; el presidente de la CNBV, Guillermo Babatz Torres, y cuatro vocales designados por el Ejecutivo Federal: Carlos Enrique Isoard y Viesca, Ernesto Zamarripa Morones, Jorge Eduardo Familiar Haro, Jorge Alejandro Chávez Presa. (ALP)

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Efectos de la recesión estadunidense

Aunque el presidente Felipe Calderón aseguraba que la crisis de Estados Unidos no afectaría al país, algunos de los organismos oficiales han dado cuenta ya de los primeros efectos. El pasado 1 de octubre, el Banco de México reportó la caída de las remesas en 12.2 por ciento, en comparación con el mismo periodo en 2007, y advirtió que el descenso se incrementará en los próximos meses.

El organismo, que preside Guillermo Ortiz Martínez, explicó que el fenómeno se deriva de que “el debilitamiento de la actividad económica en Estados Unidos ha sido más agudo en sectores con mayor presencia de trabajadores inmigrantes mexicanos”.

Dos días después, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos informó la pérdida de 159 mil empleos, la cifra más alta de los últimos seis años. Entre los rubros más golpeados citó el manufacturero, de la construcción, la producción industrial y el comercio minorista. De acuerdo con la Oficina del Censo de Estados Unidos, los inmigrantes mexicanos representan en promedio el 10 por ciento de la mano de obra en estas áreas. En la construcción son el 13.8 por ciento y en la manufactura el 7.3 por ciento.

El economista Germán Rojas Arredondo, director de la licenciatura en economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México, explica que además de las remesas, la recesión afectará también las exportaciones.

Alejandro Álvarez Béjar, investigador visitante del Center for US-Mexican Studies, University of California-Berkeley, explica que aún cuando el gobierno de Felipe Calderón ha asegurado que el sistema financiero mexicano está prácticamente blindado, el hecho de que dentro del sistema bancario se tenga al Citigroup como principal grupo financiero, y a los españoles Santander y BBVA, en cuyo país de origen se habla ya de extensiones de crisis, “hace prácticamente emergente que el Ejecutivo haga un diagnóstico serio para tomar previsiones”. (ALP)

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Políticos, entre los beneficiarios

En 1999, el IPAB atrajo en bloque 12 instituciones bancarias que habían sido intervenidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Un año después, atrajo Banca Quadrum. Las que según el instituto aún están en liquidación son Banco del Atlántico, Banco Anáhuac, Banco Capital y Banca Quadrum. En quiebra: Banca Cremi, Banca Unión, Banco Obrero, Banco del Oriente, Banca Interestatal y Estrategia Bursátil.

El importe que el IPAB asumió de montos irrecuperables de dichos bancos, según datos del IPAB, a 2008 ascienden a 400 mil 711 millones de pesos. Aunado al quebranto, el “seguimiento, avance, evaluación de los procesos de liquidación o quiebra” tendrá en 2009 un costo de 49 millones 256 mil 154 pesos.

Entre los beneficiados en este esquema estaban los Fox Quesada, Creel Cobián, Labastida Ochoa, y las compañías de Fauzi Hamdan Amad. Todo ello fue decisivo para que los legisladores, entre quienes se encontraban los políticos enumerados, aprobaran el proyecto del Ejecutivo. (ALP)

Tradeco es una de las principales beneficiadas con contratos del Programa Nacional de Infraestructura, al cual se destinarán 422 mil millones de pesos anualmente. Detrás hay una historia de tráfico de influencias, conflictos de intereses, incumplimiento de contratos en Pemex y SCT. La contratista se perfila como la constructora del sexenio.

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A dos años de iniciado el gobierno de Felipe Calderón, la compañía constructora Tradeco –que tiene como accionista mayoritario a Federico Alberto Martínez Urmeneta, hijo del exdirectivo de Petróleos Mexicanos (Pemex) Federico Martínez Salas– se perfila para ocupar el lugar que el sexenio pasado tuvo Cosme Mares y sus compañías Facopsa y Fastec: ser la constructora del sexenio, favorecida con onerosos contratos del gobierno federal. Todo ello, pese a que Tradeco arrastra un historial de incumplimientos en la ejecución de obra, daño patrimonial, tráfico de influencias, conflicto de intereses y supuestos fraudes en México y Centroamérica.
Tradeco supone otra historia de tráfico de influencias y conflicto de intereses en Pemex. Ésta involucra a Federico Martínez Salas, quien el sexenio pasado fue uno de los funcionarios con mayor poder en la paraestatal, donde ocupó los puestos de director ejecutivo del Proyecto Cantarell, subdirector de Proyectos de Producción Primaria de la Dirección Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos, subdirector de Ingeniería y Desarrollo de Obras Estratégicas de Pemex Exploración y a Producción (PEP), y director corporativo de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos de Pemex; y a su hijo Federico Alberto Martínez Urmeneta, accionista mayoritario y representante de Tradeco ante el gobierno federal.
En el periodo en que Martínez Salas tuvo a su cargo la obra de ingeniería, infraestructura y construcción de Pemex, su primogénito obtuvo contratos del mismo rubro, que ascienden a más de 3 mil millones de pesos, tanto en Pemex como en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), lo cual es contrario a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (LFRSP) y a la de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma (LOPSRM), que prohíben a cualquier funcionario o sus familiares hasta en cuarto grado participar en las contrataciones del gobierno.
Aunado al conflicto de intereses –que según la LFRSP invalidaría todos los contratos y causaría la inhabilitación hasta por 20 años, tanto del funcionario como de la compañía–, el sexenio pasado Tradeco acumuló numerosas investigaciones integradas por los órganos internos de control, tanto en la SCT como en Pemex, por incumplimientos en sus contratos que incluso derivaron en algunas penalizaciones.

La contratista
El 18 de febrero de 1992, según escritura pública 8215, formalizada ante el notario 14 de Ciudad Nezahualcóyotl, Felipe Alfredo Beltrán Santana, se constituyó la empresa Trade Comercializadora, SA de CV, con un capital social de 10 mil pesos. En octubre de 1997, se modificó la denominación por la de Tradeco Infraestructura, SA de CV.
Su accionista mayoritario es Federico Alberto Martínez Urmeneta, quien también preside el Consejo de Administración; como vicepresidente aparece Sergio Toscano del Olmo; como secretario, Hilario de Jesús Orozco Unzieta; como tesorero, Luis Arturo Navarro Hernández; y como vocal, Yves Loustalot Laclette Macías. Tradeco opera, además, las subsidiarias Tradeco Ambiental, Marcadores de Pavimento y BestLabor.
Tradeco ingresó como contratista del gobierno federal en el mismo periodo en que Federico Martínez Salas, exdirectivo de ICA, se incorporó a la función pública. En el sexenio en que su papá estuvo en Pemex, Federico Alberto Martínez Urmeneta recibió contratos por cerca de 1 mil millones de pesos de la petrolera y por unos 2 mil millones de pesos de la SCT.
Por ejemplo, el 22 de octubre de 2003 Pemex Refinación le adjudicó un contrato por 379 millones de pesos para “trabajos de modernización” de la refinería de Minatitlán, por un periodo de 19 meses. En diciembre de 2005, la misma subsidiaria le adjudicó un contrato por 35 millones de pesos para la conservación y mantenimiento del poliducto en el derecho de vía y en el interior de las instalaciones superficiales del poliducto de Salamanca-Guadalajara.
En junio de 2006, la Región Sur de PEP le adjudicó el contrato 425026901, por 189 millones 128 mil 771 pesos, para la “inspección, rehabilitación y certificación de ductos en el activo integral Macuspana”. Dos meses después, la misma área le otorgó el contrato 425026938, por 150 millones de pesos, para la “inspección, rehabilitación y certificación de ductos del Activo Integral Bellota-Jujo”, en Tabasco, del 6 de octubre de 2006 al 18 de diciembre de 2008.
También en agosto de 2006, la Superintendencia del Sector Operativo Atasta, de PEP, en Macuspana, Tabasco, le otorgó el contrato 428236849, por 96 millones 781 mil 567.49 pesos, para la “rehabilitación de los sistemas de desfogue de gas y condensados” en el centro de distribución de gas marino en Ciudad Pemex, vigente del 11 de septiembre de 2006 al 8 de mayo de 2007.

Los contratos en la SCT
El 21 de enero de 2005, en una sesión del Consejo de Administración de Pemex, en la que estuvieron presentes Francisco Gil Díaz, entonces secretario de Hacienda; Pedro Cerisola, de Comunicaciones y Transportes; y Fernando Canales Clariond, de Economía, ascendieron a Martínez Salas a la Dirección Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos de la paraestatal. Para Tradeco se tradujo en el incremento en el número de contratos y montos del gobierno federal.
En febrero la SCT le adjudicó un contrato por 73 millones de pesos para la construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto asfáltico y obras complementarias en el entronque Tihuatlén, de la carretera México-Tuxpan. Ese mismo mes, el centro SCT en el Estado de México le adjudicó un contrato por 83 millones de pesos para la construcción del entronque Lomas Verdes II, ramal e incorporación a Lomas Verdes en la carretera Chamapa-Lechería.
En agosto, la Administración Portuaria Integral (API) de Puerto Vallarta le otorgó un contrato por 189 millones de pesos para la construcción de un muelle en la zona hotelera del puerto. Ese año la Secretaría de la Función Pública (SFP) abrió una auditoría al proceso de licitación, integrada en el expediente 0455/2005, en la cual se comprobaron irregularidades en la asignación.
En octubre, la API Lázaro Cárdenas le otorgó un contrato por 494 millones de pesos para construir el puente sobre el brazo derecho del Puente Albatros, en el recinto portuario de Lázaro Cárdenas. Ese mismo mes, el centro SCT en Tabasco le otorgó un contrato por 256 millones 912 mil pesos, para la construcción de dos escolleras y dragado marítimo del Puerto Frontera, obra con la cual, supuestamente, el gobierno federal reactivaría las operaciones en ese puerto. En torno a este contrato, Tradeco incurriría en incumplimientos que hasta la fecha mantienen paralizada esa zona del puerto.
En noviembre de 2005, el centro SCT en Sinaloa le adjudicó un contrato por 40 millones de pesos para la construcción del túnel Copala, en la carretera Durango-Mazatlán. En diciembre, el mismo centro contrató a Tradeco para construir otro tramo del túnel, mediante un contrato por 55 millones de pesos.
Además de Pemex y la SCT, otras dependencias del gobierno federal otorgaron millonarios contratos a la constructora en el periodo en que Federico Martínez Salas era funcionario público, en contravención a la LFRSP y la LOPSRM. Entre ellas, el Comité Administrador del Programa Federal de Reconstrucción de Escuelas, que en julio de 2005 le asignó un contrato por 33 millones de pesos para “la demolición, construcción, acabados e iluminación del edificio principal para la librería Bella Época”. En diciembre de ese mismo año, Aeropuertos y Servicios Auxiliares contrató a Tradeco para realizar trabajos de drenaje en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
El 15 de septiembre de 2006, la delegación SCT en el estado de Guerrero adjudicó a Tradeco y su subsidiaria Marcadores de Pavimento, el contrato 6-L-CB-O-595-W-0-6 para colocar señalamientos en diversos subtramos carreteros. El trabajo, que se hizo en sólo tres meses, costó a Comunicaciones y Transportes 78 millones 917 mil 275 pesos.

La participación de Calderón
En agosto de 2006, en una reunión con integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Martínez Salas, entonces director corporativo de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos, definió con la agrupación gremial una prospectiva de proyectos que Pemex realizaría en el periodo 2007-2016.
En enero de 2007, 20 días después de que Jesús Reyes Heroles ingresara como director general de Pemex, Martínez Salas dejó la paraestatal para participar en el diseño de los proyectos de infraestructura, considerados en el Programa Nacional de Infraestructura (PNI) 2007-2012, al cual, según datos de la Presidencia de la República, el gobierno de Felipe Calderón destinará 422 mil millones de pesos anuales en los sectores energía (263 mil 500 millones de pesos), comunicaciones y transportes (124 mil 800 millones de pesos) y agua (33 mil 700 millones de pesos).
Luego, Martínez Salas fue designado vicepresidente nacional de la CMIC. De acuerdo con datos de esta organización, Martínez Salas está a cargo de las relaciones con las siguientes dependencias: del gobierno federal, SCT, Comisión Nacional del Agua, Instituto Mexicano del Seguro Social y Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales; del gobierno del Distrito Federal, las secretarías de Transporte y Vialidad, la de Obras y Servicios, y las jefaturas delegacionales. También se encargará, entre 2008 y 2009, de la promoción de negocios con la iniciativa privada.
El nuevo cargo de su papá, ahora en el sector privado, resultó muy conveniente para el directivo de Tradeco. Su empresa ha sido hasta ahora la principal beneficiada con el PNI.

El caso Baluarte
Tradeco fue beneficiada con el último contrato que otorgara el secretario Pedro Cerisola Weber en la SCT. En noviembre de 2006, una semana antes de que concluyera el sexenio, la delegación en Sinaloa le adjudicó un contrato por 1 mil 113 millones de pesos para que construyera un tramo del Puente Baluarte, en el kilómetro 157 de la carretera Durango-Mazatlán, en el límite de los estados Durango y Sinaloa.
La premura con la que se adjudicó el contrato, pese al oneroso monto, derivó en que el Órgano Interno de Control abriera una indagatoria al proceso de licitación. En marzo de 2007, la SFP concluyó que la asignación había sido irregular y determinó que Tradeco debía devolver a la SCT el adelanto que había recibido a cuenta del contrato.
Mientras la SFP emitía su fallo, el presidente Felipe Calderón ubicaba a la compañía Tradeco, oficialmente encargada de la obra, como ejemplo de su programa carretero. A finales de 2007, la SCT determinó que la constructora continuara con la obra, definida por la Presidencia de la República como la “insignia” de Felipe Calderón en este rubro. Sin embargo, el monto que Pedro Cerisola Weber estipuló en 1 mil 113 millones de pesos, en el gobierno de Felipe Calderón –según información de la SCT– costará 1 mil 700 millones de pesos.
El pasado 21 de febrero, en el poblado El Salto, Pueblo Nuevo, Durango, Calderón Hinojosa dio “banderazo de salida” al arranque de los trabajos del Puente Baluarte, que será la estructura más alta de América Latina y una de las más grandes del mundo; definido por Luis Téllez como “el puente más importante y emblemático de esta administración”.
En la administración de Calderón, las adjudicaciones directas han sido la vía más frecuente por la cual Tradeco ha obtenido contratos. Por ejemplo, el 29 de octubre de 2007, el centro SCT en Nayarit le otorgó, sin licitación pública de por medio, el contrato 7-R-CF-A-558-W-0-7 para que colocara los señalamientos en el tramo San Pedro Ixcatan-Jesús María, de la carretera Ruiz-Zacatecas. Se le pagaron 64 millones 780 mil 841 pesos.
El 30 de noviembre de 2007, la Coordinación de Proyectos Hidroeléctricos de la Comisión Federal de Electricidad le otorgó la adjudicación directa 071015, por 21 millones 500 mil pesos, para retirar la tierra del cerro desgajado en la comunidad Juan de Grijalva, en Chiapas. Los trabajos se efectuaron entre el 17 de noviembre y el 31 de diciembre de 2007.
En marzo pasado, la Dirección General de Obras Públicas y Servicios de la Secretaría de Seguridad Pública le otorgó por adjudicación directa el contrato F/OM/DGOPS/OP/AD/005/2008, por 30 millones 26 mil pesos, para la excavación y cimentación del edificio Plataforma México, en el predio ubicado en avenida Constituyentes 919, delegación Álvaro Obregón, del 3 de marzo de 2008 al 31 de mayo de 2009.
En mayo de este año, la Dirección General de Carreteras Federales contrató a Tradeco para realizar “estudios y proyectos” de la carretera Durango-Mazatlán. El monto: 2 mil 56 millones 689 mil 291 pesos, recursos que según la SCT le serán pagados con dinero del Fondo Nacional de Infraestructura.
En julio, el centro SCT en Sinaloa le asignó a Tradeco un contrato por 1 mil 700 millones de pesos para construir otro tramo del Puente Baluarte en la supercarretera Durango-Mazatlán, que formará parte de un corredor transversal que unirá a Mazatlán con Matamoros y conectará al Pacífico con el Golfo de México y hasta Estados Unidos.

Incumplimientos en contratos
En el periodo en que Federico Martínez Salas se desempeñaba como director corporativo de Pemex, la empresa de su hijo presentó atrasos en los trabajos que se le asignaron mediante los contratos 428232849, 425026901 y 425026938; sin embargo, ninguno de los tres le fue rescindido. Si los incumplimientos de la constructora con la petrolera del Estado fueron frecuentes, en la SCT las prácticas no eran mejores.
Uno de los casos que sobresale fue el que se registró el año pasado en la API de Dos Bocas, Tabasco. En octubre de 2005, la SCT le había otorgado un contrato por 385 millones de pesos para la construcción de dos escolleras y que dragara el río Grijalva, con lo cual, se reactivaría el puerto Frontera.
En la ejecución de la obra, que supuestamente debía concluir en diciembre de 2006, Tradeco se atrasó por varios meses, luego, la constructora exigió a la API incrementos al monto del contrato original, argumentando el incremento en sus costos por “las condiciones climatológicas”. Sin embargo, el director de la API, Aquiles Reyes Quiroz, se negó a avalar los incrementos.
Tradeco abandonó los trabajos; en respuesta, la API denunció a la contratista ante la SFP. Según declaró el director de la API a los medios de comunicación locales, Tradeco “pretendía cobrar sin haber realizado los trabajos del puerto de Frontera”. La obra fue suspendida.
En 2007, personal de Función Pública fiscalizó los avances de la obra. Encontró deficiencias, por ejemplo, la constructora dragó en un canal lateral del puerto antes de construir sus escolleras, lo que provocó que el área dragada se volviera a llenar de sedimentos y sólo alcanzara una profundidad de cuatro metros y no los 8.5 metros que requería la obra. Encontró también que se le autorizaron dos prórrogas para complementar las obras, pero la constructora tampoco culminó la obra.
Para el momento en que la SFP abrió la indagatoria, según le reportó la API, Tradeco había ej