Déficit de empleos dignos asciende a los 34 millones: CAM

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En México, más de 8 millones de personas se encuentran desempleadas y cerca de 26 millones se emplean en la informalidad. De acuerdo con una investigación del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México, el déficit de empleos dignos asciende a los 34 millones. El Inegi oculta las cifras, advierte.

En el país, 8 millones 900 mil 222 personas carecen de empleo, señala el Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Ante la falta de políticas para generar empleos dignos, el Centro calcula también que 25 millones 897 mil 44 personas sobreviven empleándose en la economía informal. El déficit de empleos asciende, por tanto, a 34 millones 797 mil 266.

Las cifras obtenidas por el CAM –a partir de la construcción de una metodología realizada con base en parámetros de la Organización Internacional del Trabajo– revelan que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) oculta al 70 por ciento de los desempleados del país al contabilizar únicamente a 2.7 millones de personas “desocupadas” al tercer trimestre de 2013.

Y es que el Instituto no considera a la población “disponible” como desempleada. Para el CAM es claro que el Inegi reconoce que la tasa de desocupación que calcula no mide el desempleo. Al referirse al tema, el propio Inegi indica: “…de ahí que la desocupación abierta no sea, ni pretenda ser, la magnitud que exprese cuánta gente necesita trabajar en un lugar y momento determinados o la medida de cuán grande es el déficit de oportunidades laborales”.

Los especialistas del Centro de Análisis Multidisciplinario dicen que esto ocurre principalmente porque, de la gente que desea trabajar y no puede hacerlo, se tienen tres clasificaciones: los que activamente buscaron en el último mes y no encontraron trabajo; los que no lo buscaron porque ya se cansaron de hacerlo, es decir, que tienen una situación crónica de desempleo, y los que no lo buscan porque no creen encontrarlo.

La tasa de desocupación oficial sólo toma en cuenta a los de la primera clasificación, mientras que a los de la segunda y tercera se les deja fuera para ser clasificados como disponibles. El Inegi tampoco los incluye en la población económicamente activa (PEA).

En la Resolución sobre estadísticas de la población económicamente activa, del empleo, del desempleo y del subempleo, adoptada por la decimotercera Conferencia Internacional de Estadígrafos del Trabajo (octubre de 1982), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) define a las personas desempleadas como todas aquellas que tengan más de cierta edad especificada y que no tengan un empleo asalariado o un empleo independiente; a las disponibles para trabajar y a las que buscan empleo, es decir, que habían tomado medidas concretas para encontrar un empleo.

El Centro de Análisis Multidisciplinario formula una tasa de desempleo en la que se incorpora tanto a la población “desocupada” dentro de la PEA, como a las personas consideradas “disponibles”.

Así, para el tercer trimestre de 2013, la población desocupada reportada por el Inegi fue de 2.7 millones. A esa cifra se suman 6.2 millones de personas “disponibles” que no reporta el Instituto. “Esto quiere decir, que la población desocupada es apenas el 30 por ciento de la población desempleada. Cuando en los discursos oficiales se utiliza la desocupación para hablar de desempleo, tema para el cual no fue diseñada, se encubre el 70 por ciento de la gente que quiere trabajar y no puede hacerlo”, apunta el Centro en su Reporte 112.

Como consecuencia, señala el CAM, esta población queda también fuera de los análisis de políticas públicas realizados por instituciones gubernamentales, y se hace poco por ella, ignorando o desmintiendo su existencia y quedan en duda las actividades que ésta realiza o cuál será su futuro.

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En aumento el empleo informal

Según las cifras del Centro de Análisis, desde el inicio de la gestión de Enrique Peña Nieto, 500 mil 108 personas se ocuparon. De ellas, al menos 286 mil 160 lo hicieron en la economía informal: 57.2 por ciento de los empleos generados son empleos informales. “Lo cual desmiente que sean las reformas laborales o la acción del gobierno lo que esté actuando de manera efectiva como contención del desempleo; por el contrario, es la acción de los mismos trabajadores buscando sus medios de subsistencia lo que constituye la mayor fuente de trabajos generados en el país”.

Por medio de un análisis comparativo, el CAM da cuenta de la agudización del fenómeno en los últimos años. De 2005 a la fecha, la población desempleada ha aumentado en 45 por ciento; en términos absolutos, 2 millones 784 mil personas se han sumado a las filas del desempleo. “Desde la crisis en 2007, los niveles de desempleo se dispararon, manteniéndose siempre altos hasta hoy en día”.

Según sus cifras, al tercer trimestre de 2005, la población desempleada era de 6 millones 116 mil personas (Reporte de investigación 77 del CAM); actualmente el desempleo es de 8 millones 900 mil.

Los estados con mayor índice de desempleo son también los más asolados por la violencia: Zacatecas, con 21.5 por ciento de desempleados, encabeza la lista; le siguen Durango, con 21.1 por ciento; Michoacán, con 19.8 por ciento; Veracruz, con 19 por ciento; Nayarit, con 18.4 por ciento; Sinaloa y Tabasco, con 17.9 por ciento, respectivamente; Tlaxcala, con 17.7 por ciento; Tamaulipas, con 17.6 por ciento; Guanajuato, con 17.5 por ciento; Puebla, con 17.3 por ciento, y Chihuahua, con el 17.2 por ciento de desempleados.

Los investigadores del CAM estiman que, a casi 1 año de su aprobación, la reforma a la Ley Federal del Trabajo no ha tenido el efecto detonante que había prometido en el empleo por lo que ha sido un fracaso. “Sólo vino a legitimar formas de sobreexplotación laboral en las cuales ya incurrían varias empresas en el país.

“En México hay un mercado laboral hipertrofiado que ha caído, además, en un periodo de mayores niveles de desempleo, resultado de las políticas econó micas y laborales impuestas por el Estado mexicano.”

(La información completa aparece publicada en la edición 129 de Fortuna)