Dinero del Banco Mundial para gobiernos panistas

Sin reglas de operación, la Secretaría de Salud maneja, a través del programa Procedes, 350 millones de dólares de un préstamo hecho por el Banco Mundial. El ejercicio de estos recursos ha favorecido a los gobiernos panistas de Guanajuato, Jalisco y Yucatán, además de causar daños al erario por 2 mil millones de pesos, señala la ASF

La Secretaría de Salud ejerce 350 millones de dólares (3 mil 850 millones de pesos, aproximadamente) provenientes de un préstamo otorgado por el Banco Mundial al gobierno mexicano. Sin reglas de operación ni mecanismos que permitan un control financiero de la deuda adquirida con el organismo internacional, los principales beneficiados son estados gobernados por el Partido Acción Nacional (PAN).

En 2005, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fiscalizó el 99 por ciento de los recursos, en los que encontró un supuesto daño al erario público de más de 2 mil millones de pesos.

De acuerdo con el informe Fortalecimiento de la oferta de servicios de salud 2005, el préstamo 7061-ME –que sería aplicado a través del Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud (Procedes)– no tiene “evidencia suficiente de que se contara con una planeación clara y explícita que guiara sus acciones ni con criterios de asignación de sus recursos que garantizaran una instrumentación racional del mismo”.

El documento, entregado a Contralínea por medio de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, puntualiza que la administración de la deuda, “al parecer, estuvo sujeta, sobre todo, a la capacidad negociadora y ejecutora de las autoridades estatales de salud, así como a la voluntad política de los gobiernos locales”.

Además, dice el informe de la Secretaría de Salud, “no se identificó una estrategia para apoyar de manera racional el proceso de acreditación de unidades de Seguro Popular de Salud”, considerado el brazo operativo del Procedes.

El legislador perredista Antonio Ortega Martínez, presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF en la Cámara de Diputados, critica la deuda adquirida por la administración foxista, pues “son créditos que el Ejecutivo no informa a la Cámara de Diputados: no hay un reporte detallado de los términos de los contratos ni del estado de las obligaciones que adquirimos como país”.

Irregularidades en el Procedes

La fiscalización del préstamo, concedido el 16 de mayo de 2004 al gobierno Vicente Fox, mismo que sería auditado por el organismo financiero en 2007, revela un posible daño financiero por 2 mil 188 millones 307 mil 700 pesos.

Entre las irregularidades, dictaminadas en el Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2005, se destaca que la Secretaría de Salud no realiza el seguimiento de los recursos, “a fin de vigilar la correcta aplicación y comprobación” del dinero destinado al Procedes.

Además, el máximo órgano de fiscalización constató que el Manual Operativo del programa no establece tiempos para llevar a cabo la suscripción de convenios con las entidades federativas, que ocasionaron la entrega indebida de 814 millones 181 mil 900 pesos a 10 entidades federativas.

El dictamen de la ASF señala que el Procedes tampoco establece fechas para el ejercicio de los recursos y que 1 mil 371 millones 107 mil pesos –ejercidos al cierre de la auditoría (noviembre de 2006) por 18 entidades federativas– tienen pendiente la acreditación de acuerdos de coordinación, entre los estados beneficiados y la Secretaría de Salud. De no presentarlos, el dinero debería ser enterado a la Tesorería de la Federación.

También constató que existen bienes por 2 millones 777 mil 300 pesos en el Hospital General Nezahualcóyotl La Perla, del Estado de México, adquiridos con recursos del Procedes, que incumplen con las características técnicas solicitadas.

Esta irregularidad merecía la aplicación de “penas convencionales a los proveedores; además, no se presentó la documentación comprobatoria del gasto que acredita el pago a los proveedores”, indica el informe de la ASF, encabezada por Arturo González de Aragón.

Anomalías en el sector salud

Antonio Ortega, presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF en la Cámara de Diputados, asegura que la Secretaría de Salud es una de las dependencias del gobierno federal que más observaciones recibió del órgano fiscalizador en el ejercicio 2005, y que éstas no han sido solventadas por la administración de José Ángel Córdova Villalobos.

El Sector Salud, según indica la Auditoría, registró en ese año un posible daño patrimonial de 4 mil 290 millones 922 mil 400 pesos, con Julio Frenk Mora al frente de la Secretaría de Salud y Juan Antonio Fernández Ortiz, entonces encargo del Seguro Popular.

Gustavo Leal Fernández, investigador del área de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), plantel Xochimilco, dice que ese sector se ha caracterizado por la corrupción, y “como prueba de esto vimos la inhabilitación de Fernández Ortiz, además de que no hay equipos competentes al frente de las instituciones”.

Fernández Ortiz fue inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos, luego de que la Secretaría de la Función Pública determinara que incurrió en diversas irregularidades durante el proceso de credencialización del Seguro Popular, por más de 360 millones de pesos.

Inequidad en la asignación de recursos

Respecto del crédito otorgado por el Banco Mundial a favor del Procedes, la institución internacional comunica en su página de internet que la contratación de deuda por más de 3 mil millones de pesos tenía por objetivo “lograr mayor equidad en los servicios de salud para la población que vive en zonas de alta marginación”.

No obstante, la asignación de recursos fue contraria: Guerrero –que tiene un índice de marginación “muy alto”, según datos del Consejo Nacional de Población (Conapo)–, recibió 38 millones de pesos; mientras que el gobierno de Guanajuato obtuvo 106 millones 100 mil pesos, en 2006 –cuando era gobernador el panista Carlos Romero Hicks–, pese a que la entidad tiene un índice de marginación “medio”.

Durante la gubernatura de Francisco Ramírez Acuña (afiliado también al PAN), Jalisco fue beneficiado con 80 millones 252 mil pesos. La entidad, dice el Conapo, tiene un índice de marginación “bajo”. Sin embargo, Veracruz, que tiene un índice de marginación “alto” obtuvo 47 millones 100 mil pesos.

De acuerdo con el importe ministrado a las entidades federativas del Procedes, la que más recursos recibió fue Yucatán, con 566 millones 988 mil 100 pesos. El monto fue asignado a través de ocho transferencias hechas en 2005 y 2006 al estado gobernado por el panista Patricio Patrón Laviada.

Gustavo Leal Fernández, investigador de la UAM, dice que desde la época priista –con Ernesto Zedillo al frente del gobierno federal y Juan Ramón de la Fuente en la Secretaría de Salud– se dieron este tipo de acciones, pues el Procedes es un proyecto microrregional, que “podía ser muy beneficioso a los gobernadores, ése era el esquema”.

Otro de los supuestos motivos por los que el gobierno de Vicente Fox adquirió la deuda en 2004 fue “aumentar la calidad de los servicios de salud en municipios con los menores índices de bienestar, incrementar el acceso, equidad y calidad de los servicios de salud centrales de la Secretaría de Salud y los servicios estatales de salud y desarrollar modelos de innovación en servicios que permitan disminuir los rezagos en salud”, dice la información sobre el proyecto Procedes, publicada en la página de internet del Banco Mundial.

Burocracia costosa

Entre las irregularidades detectadas por la ASF se encuentra la contratación de personal para la operación del Procedes, pues la Secretaría de Salud contó con una plantilla de 34 personas bajo el régimen de honorarios, que significaron el pago de 6 millones 430 mil 300 pesos, durante 2005.

Dicha acción, señala la ASF, contraviene el artículo 39 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, que indica: “El ejercicio del gasto público federal comprenderá el manejo y aplicación que de los recursos realicen las entidades, para dar cumplimiento a los objetivos y metas de los programas contenidos en sus presupuestos aprobados”.

En relación a lo anterior, la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud (DGPDS) proporcionó una nota informativa en la cual señala que las actividades que desarrollan 21 personas contratadas por honorarios se encuentran vinculadas a los servicios de cuidados básicos y desarrollo institucional a nivel estatal y nacional, así como para la aplicación de modelos pilotos, estudios de políticas, evaluación de impactos y administración del proyecto.

“Sin embargo, en las justificaciones no se precisa la vinculación de las actividades con el Procedes, sólo con las funciones que tiene encomendadas la DGPDS”, puntualiza la ASF.

Entidades beneficiadas injustificadamente

Además, la Secretaría de Salud transfirió 814 millones 181 mil 900 pesos a 10 entidades federativas “sin contar previamente con los Acuerdos de Coordinación, documento legal entre la Secretaría de Salud y los servicios de salud de las entidades federativas”.

Los estados beneficiados fueron: Michoacán, 367 millones; Hidalgo, 197 millones 820 mil 500; Nuevo León, 168 millones 847 mil; Campeche, 135 millones 60 mil pesos; Sonora, 106 millones 223 mil 100 pesos; Jalisco, 80 millones 252 mil 200; Estado de México, 72 millones 962 mil; Nayarit, 19 millones; Querétaro, 17 millones 626 mil, y Baja California Sur con 6 millones 160 mil 800 pesos.

La ASF determinó que la Secretaría de Salud no cuenta con el documento legal para realizar las transferencias y en “caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada procederá a la recuperación del monto observado”.

El total de recursos entregados a 28 entidades fue de 3 mil 225 millones 931 mil 300, sin que se hayan contemplado en esta asignación el Distrito Federal, Aguascalientes, Colima y Tlaxcala.

Desde el 8 de febrero se solicitó entrevista con Eduardo Pesqueira Villegas, director general del Procedes, a través de la directora de Información de la Secretaría de Salud, Patricia Gutiérrez Berumen, sin que hasta el cierre de esta edición se haya obtenido respuesta.

Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud (Procedes)

Según el Banco Mundial, con el Procedes se promueve la equidad en el acceso a los servicios de salud en áreas rurales y urbanas subatendidas, se aumenta el acceso y la calidad de los servicios de salud para las poblaciones indígenas y las personas con menores índices de bienestar; se respalda el desarrollo institucional y se desarrollan modelos innovadores de atención y salud preventiva para poblaciones vulnerables.

Además, pretende mejorar la calidad y equidad de los servicios de salud para las áreas rurales y urbanas marginadas, al otorgar atención hospitalaria básica e intervenciones de salud eficaces en función de costos, lo que incluye servicios médicos de emergencia de fácil acceso.

Y se organizan redes de atención a la salud, también se desarrolla una estrategia de comunicación para abordar las necesidades sociales básicas. Las inversiones sirven para la construcción de centros de salud, la entrega de equipamiento médico y la adquisición de suministros farmacéuticos y médicos básicos.

Transferencias estatales del préstamo del Banco Mundial

Fuente: ASF / Consejo Nacional de Población

*Recursos entregados sin acuerdo

**Recursos que podrían devolverse a la Tesofe, por no estar acreditados